STC7659-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7659-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00288-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 28 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Karina Calonge G\u00f3mez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba y los sujetos procesales intervinientes en el proceso de dicha naturaleza 2022-00036. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y los principios \u00abde la verdad conocida y la buena fe guardada\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que Karina Calonge G\u00f3mez formul\u00f3 queja disciplinaria respecto del Juez Primero Promiscuo Municipal de Ceret\u00e9 fundada en las irregularidades que, a su juicio, rodearon la tramitaci\u00f3n del proceso ejecutivo 2018-00291 promovido en su contra por Bancolombia. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de C\u00f3rdoba, corporaci\u00f3n que, con auto de 21 de julio de 2022 dispuso su terminaci\u00f3n anticipada y el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Contra esa determinaci\u00f3n la quejosa interpuso recurso de apelaci\u00f3n, desatado por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el pasado 21 de febrero en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. Calonge G\u00f3mez acude a este instrumento alegando la incursi\u00f3n, por parte de la colegiatura de segundo grado, en defecto f\u00e1ctico pues considera que los juzgadores disciplinarios no analizaron a profundidad los medios de convicci\u00f3n allegados, los cuales daban cuenta de los errores cometidos por el funcionario denunciado al darle \u00abun manejo equivocado a [la] prueba legal representada en un hecho notorio y no resolver de fondo ni a solicitud de parte, un incidente de nulidad -acreditado el 1 de julio de 2020- y por declararse impedido invocando como causal una enemistad grave, tema sobre el cual efectu\u00f3 una amplia disertaci\u00f3n dejando entrever que si entre ella y el juez nunca existi\u00f3 una relaci\u00f3n de amistad, por contera tampoco podr\u00eda existir una de enemistad. <\/p>\n
As\u00ed, luego de insistir por qu\u00e9 a su juicio no debi\u00f3 haberse archivado el asunto, sino que correspond\u00eda \u00absancionar\u00bb al funcionario querellado, presentando su particular visi\u00f3n sobre los hechos denunciados y las pruebas que aport\u00f3, solicit\u00f3 que se disponga la \u00abvincula[ci\u00f3n] a un proceso disciplinario de inmediato por el bien de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado integrante de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial pidi\u00f3 desestimar el resguardo por cuanto, \u00abla accionante en su extenso y confuso escrito de tutela, trae nuevamente los mismos argumentos que ya fueron debatidos en todas las instancias procesales\u00bb, pretendiendo convertir esta herramienta en una tercera instancia, lo cual va en contrav\u00eda de su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
2. Similares observaciones y petici\u00f3n formul\u00f3 el magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional Disciplinaria de C\u00f3rdoba quien agreg\u00f3, adem\u00e1s, que las decisiones adoptadas no adolecen de defecto alguno por cuanto \u00abest\u00e1n dentro del marco de los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia judicial\u2026 obedecen a una interpretaci\u00f3n razonable, plausible y sustentada [en] las normas jur\u00eddicas aplicadas y a una valoraci\u00f3n probatoria atendiendo los postulados de la sana cr\u00edtica y persuasi\u00f3n racional\u00bb. <\/p>\n
3. Finalmente, la Procuradora 137 Judicial II Penal de Monter\u00eda pidi\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite habida consideraci\u00f3n que, (i) \u00abpara la \u00e9poca de los hechos\u2026 no estaba adscrita y tampoco actu\u00f3 en calidad de Ministerio P\u00fablico ante el despacho de los magistrados de esa comisi\u00f3n, ni en primera ni en segunda instancia, por lo tanto, no\u2026 conceptu\u00f3 y menos\u2026 intervino en el\u2026 asunto\u00bb y (ii) carece de legitimaci\u00f3n en la causa pues no fue \u00abquien presuntamente permiti\u00f3 o vulner\u00f3 los derechos fundamentales\u2026 [de] la parte actora\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Tras analizar a profundidad las decisiones adoptadas por las autoridades disciplinarias, tanto en primera como en segunda instancia, desestim\u00f3 el amparo constitucional al considerar que las mismas \u00abcontienen argumentos razonables, pues\u2026 [se] estudi\u00f3 el acontecer f\u00e1ctico presentado en la demanda, el discurrir procesal surtido, las conclusiones a las cuales se arrib\u00f3, para enseguida analizar las pruebas y el ordenamiento normativo regulador del asunto disciplinario\u00bb, con independencia de que \u00abse amold[en] o no a las expectativas de la interesada, t\u00f3pico que, por principio, es extra\u00f1o a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la quejosa insistiendo en sus planteamientos iniciales relativos a las supuestas irregularidades que rodearon en proceso ejecutivo adelantado en su contra, las cuales no fueron advertidas por las autoridades disciplinarias. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial vulner\u00f3 las prerrogativas superiores de Karina Calonge G\u00f3mez, al interior del proceso disciplinario 2022-00036 en el que fue quejosa, con la expedici\u00f3n del auto del pasado 22 de febrero a trav\u00e9s del cual confirm\u00f3 la terminaci\u00f3n anticipada y el archivo de la causa dispuesta por la Comisi\u00f3n Seccional del departamento de C\u00f3rdoba el 21 de julio de 2022. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite este instrumento de defensa contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, la gestora, si bien aduce que las providencias adoptadas por las comisiones disciplinarias adolecen de defecto f\u00e1ctico, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en la presunta responsabilidad atribuible al funcionario querellado por no compartir las decisiones que este profiri\u00f3 al interior del tr\u00e1mite ejecutivo en el que fue demandada, tema que, como lo advirti\u00f3 la Sala constitucional a quo, fue agotado y resuelto al interior del respectivo proceso por los funcionarios competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed, se observa que la intenci\u00f3n de la querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento, as\u00ed como de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que le est\u00e1 vedado al juez de tutela, so pretexto de examinar una presunta lesi\u00f3n de derechos fundamentales, entrar a revisar las decisiones adoptadas por los funcionarios ordinarios, las cuales se encuentran amparadas por los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues este instrumento no fue concebido como un medio de impugnaci\u00f3n adicional o paralelo a aquellos consagrados en el ordenamiento procedimental <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en la providencia objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre la quejosa y la autoridades disciplinarias en torno a la presunta responsabilidad del Juez Primero Promiscuo Municipal de Ceret\u00e9. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado dada la improcedencia de lo pretendido por la demandante, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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