STC7666-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7666-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00184-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 7 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cD\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00ba \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el proceso de aumento de alimentos que en su contra instaur\u00f3 \u201cE\u201d, y a favor de su menor hijo -quien actualmente cuenta con 4 a\u00f1os de edad-, \u00abel d\u00eda 13 de abril [de 2023] me escribe (\u2026) pregunt\u00e1ndome que si no me notifiqu\u00e9 de la demanda, lo cual me sorprendi\u00f3 mucho, toda vez que lo hace despu\u00e9s de vencidos los t\u00e9rminos lo que denota su mala fe, porque si la intenci\u00f3n de ella fuera otra diferente a que yo pudiera ejercer mi derecho de defensa y contradicci\u00f3n, me hubiera preguntado antes teniendo en cuenta que la se\u00f1ora demandante es abogada\u00bb. <\/p>\n
Que tras revisar su correo y observar que \u00aba la fecha tengo m\u00e1s de 400 sin leer en \u201cotros correos\u201d (\u2026), el 15 de marzo [de 2023] envi\u00e9 un memorial al Juzgado \u201c00\u201d de Familia, [manifestando] que no hab\u00eda sido notificado en debida forma, [y] el d\u00eda 28 de marzo se envi\u00f3 contestaci\u00f3n de la demanda, toda vez que desde que fue radicada vulnera el debido proceso [porque] no me fue enviada con sus anexos, [ni] se cumpli\u00f3 con lo dispuesto [en] el Decreto 806\/2020 art\u00edculo 8\u00bb. <\/p>\n
Que, seg\u00fan la demandante, \u00abel correo si fue recibido a lo cual es verdad, pero nunca lleg\u00f3 a la bandeja principal del correo electr\u00f3nico, como tampoco nunca fue acusado el recibido como deber ser para que la notificaci\u00f3n pueda surtirse en debida forma -ley 2213 [de 2022]-, art\u00edculo 8, [y] fue abierto el d\u00eda 14 de marzo [de 2023] porque \u201cE\u201d me escribi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Que el 23 de abril de 2023, como consecuencia del recurso de reposici\u00f3n formulado por su contraparte, el juzgado revoc\u00f3 el auto del 12 de abril que lo tuvo notificado por conducta concluyente, decret\u00f3 las pruebas y convoc\u00f3 a audiencia concentrada para el 12 de octubre de 2023. <\/p>\n
3. Pretende, se \u00abdecrete la nulidad de todo lo actuado teniendo en cuenta que desde el principio se vulner\u00f3 el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, dijo que \u00abel despacho atento a las garant\u00edas de orden legal y constitucional de las partes involucradas y m\u00e1xime que se encuentran inmersos los derechos de un menor de edad, considera que se ha llevado a cabo el tr\u00e1mite acorde con los postulados normativos vigentes, [y que], en [su] sentir, la acci\u00f3n que debi\u00f3 promover el accionante no es propiamente la constitucional, ya que le asiste la v\u00eda de nulidad procesal\u00bb. <\/p>\n
2. \u201cE\u201d, se opuso a lo pretendido aduciendo que \u00abdesde el 21 de febrero del a\u00f1o en curso [su apoderada] le hab\u00eda notificado en debida forma al se\u00f1or \u201cD\u201d el auto admisorio de la demanda de conformidad con los art\u00edculo 291 del C.G.P y el art\u00edculo 8 de la Ley 2213 de 2022, y al consultar en la p\u00e1gina de la Rama ese mismo d\u00eda en horas de la noche observ\u00e9 que no hab\u00eda registro de recepci\u00f3n de memorial le pregunt\u00e9 al tutelante sino hab\u00eda contestado la demanda tal y como puede observarse en el pantallazo que aporta este, mas no le pregunt\u00e9 si se hab\u00eda notificado de la demanda porque \u00e9l ten\u00eda conocimiento de esta desde el 12 de diciembre de 2022, toda vez que al no tener medidas cautelares le fue enviada copia de la misma cuando fue presentada para reparto\u00bb. <\/p>\n
Respecto a la afirmaci\u00f3n del querellante, en el sentido de que \u00aba la \u201cfecha tiene m\u00e1s de 400 correos sin leer en otros correos\u201d, entonces denota que simplemente no revisa los mensajes que le llegan a su correo electr\u00f3nico, aun siendo este un correo institucional\u00bb, y acot\u00f3 que \u00abel se\u00f1or \u201cD\u201d fue notificado en debida forma tal y como puede observarse de la notificaci\u00f3n personal v\u00eda mensaje de datos (correo electr\u00f3nico) mediante la plataforma de la empresa Servientrega S.A., misma que fue reportada al Juzgado en memorial adjuntando la constancia de env\u00edo de la demanda, sus anexos y auto admisorio, as\u00ed como el acuse de recibido de la notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de esa ciudad, conceptu\u00f3 que \u00abla tutela debe ser concedida, toda vez que, si bien el Decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022 se\u00f1alan que no es necesario la confirmaci\u00f3n de recibido, para que la notificaci\u00f3n tenga eficacia, si es necesario que la parte haya revisado la bandeja de correos y constante que fue vista por el notificado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el resguardo al advertir que \u00abno se atendi\u00f3 la exigencia de la subsidiariedad, pues la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026) s\u00f3lo es posible luego de que se hayan agotado los medios judiciales ordinarios, lo que no se dio en este caso [porque], el [accionante] no interpuso recurso de reposici\u00f3n frente al auto cuestionado, el mismo que era eficaz por cuanto en aquel no se resolvi\u00f3 el remedio horizontal interpuesto por su contraparte; adem\u00e1s, tampoco elev\u00f3 solicitud de declaratoria de nulidad en los t\u00e9rminos establecidos en los art\u00edculos 133, 134 y 135 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el demandante para insistir en los argumentos de su demanda tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la salvaguarda satisface el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el reclamante, al continuar el tr\u00e1mite del juicio de aumento de cuota alimentaria n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, pese a las supuestas irregularidades en su vinculaci\u00f3n procesal como demandado. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el resguardo no procede contra decisiones judiciales, ya que al juez del amparo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo resuelto o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. La Corte Constitucional enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, porque frente a la supuesta indebida notificaci\u00f3n del demandado en el pleito alimentario objeto de cuestionamiento, la acci\u00f3n desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, al enfilarse el reproche contra el convocado porque en sentir del actor inobserv\u00f3 lo prevenido en el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, \u00ab[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales (\u2026)\u00bb, en tanto considera que no fue notificado en los t\u00e9rminos que dicha disposici\u00f3n consagra, el impedimento gen\u00e9rico en comento emerge de manera di\u00e1fana, en la medida en que el interesado no refut\u00f3 tal situaci\u00f3n mediante el pertinente medio ordinario de defensa, pese a que contaba con representante judicial previamente constituido. <\/p>\n
En efecto, la precitada disposici\u00f3n legal consagra que la notificaci\u00f3n personal, \u00abse entender\u00e1 realizada una vez transcurridos dos d\u00edas h\u00e1biles siguientes al env\u00edo del mensaje y los t\u00e9rminos empezar\u00e1n a contarse cu\u00e1ndo el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje, [y que para ello] se podr\u00e1n implementar o utilizar sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los correos electr\u00f3nicos o mensajes de datos\u00bb, y en su inciso final prev\u00e9: \u00ab[c]uando exista discrepancia sobre la forma en que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n, la parte que se considere afectada deber\u00e1 manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enter\u00f3 de la providencia, adem\u00e1s de cumplir con lo dispuesto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Se resalta y subraya. <\/p>\n
Ciertamente, el expediente digital evidencia que el hoy querellante no hizo uso de dicha herramienta jur\u00eddica en procura de que se accediera a la nulidad pretendida. Esto, porque admitida la demanda el 10 de febrero de 2023, el demandado realiz\u00f3 su primera intervenci\u00f3n en el proceso solicitando un nuevo conteo de t\u00e9rminos para responder la demanda, aduciendo las circunstancias en que conoci\u00f3 de esta, y ante ello, con auto del 12 de abril de 2023, el estrado dispuso tenerlo notificado por conducta concluyente. <\/p>\n
No obstante, al verificar que el 21 de febrero de 2023 la demandante hab\u00eda acreditado la notificaci\u00f3n personal de su contraparte, v\u00eda reposici\u00f3n as\u00ed lo plante\u00f3, dando lugar a que el accionado, mediante prove\u00eddo del 23 de abril de 2023, dejara sin efectos el auto del 12 de abril, provocando tras ello un nuevo c\u00f3mputo del t\u00e9rmino de traslado a partir de la modalidad de notificaci\u00f3n que la actora acredit\u00f3, el decreto de pruebas y la convocatoria a audiencia conforme al canon 392 del estatuto adjetivo, concordante con el tr\u00e1mite previsto en los preceptos 372 y 373 de la misma codificaci\u00f3n. <\/p>\n
En segundo lugar, el all\u00ed demandado no s\u00f3lo omiti\u00f3 formular la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, sino que dej\u00f3 de interponer recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 23 de abril de 2023, donde se invalid\u00f3 la notificaci\u00f3n por conducta concluyente para declararse enterado bajo la modalidad reglada en el canon 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, y con ello, no tener contestada la demanda por su extemporaneidad. <\/p>\n
Entonces, independientemente de que al tenor de lo previsto en los art\u00edculos 132 a 138 del estatuto adjetivo general, esta Sala ha enfatizado que cuando el interesado no invoca la referida causal de nulidad procesal en su primera intervenci\u00f3n, esta se tiene por saneada (CSJ STC8733-2017, STC18651-2017, STC15542-2019, STC926-2020 y STC080-2023, entre otras), es evidente el comportamiento omisivo del hoy tutelante, al no intentar la reconsideraci\u00f3n de lo decidido por el juzgado con la invocaci\u00f3n del recurso horizontal. <\/p>\n
3.2. Sobre este proceder, la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado que cuando una persona invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la improcedencia del auxilio -por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato-, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, en la medida en que no se advierte motivo alguno que justifique su incuria, quedando, por tanto, sujeta a las consecuencias de la decisi\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional precis\u00f3 que la tutela: <\/p>\n
\u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En cuanto al escenario adecuado para controvertir asuntos propios del litigio criticado, esta Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada en STC3448-2023, 13 abr., rad. 00024-01, entre otras). <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n a la aptitud del recurso que actualmente se consagra en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, la Corte, en criterio que se mantiene vigente, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC, 20 feb. 2014, exp. 00201-00, citada entre otras muchas en STC6751-2023, 12 jul., rad. 00042-01). <\/p>\n
De otro lado, en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la protecci\u00f3n transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad de los medios ordinarios de defensa que el quejoso desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de un da\u00f1o con las caracter\u00edsticas que se\u00f1ala la jurisprudencia constitucional para su prosperidad bajo tal modalidad: <\/p>\n
\u00abun perjuicio tendr\u00e1 car\u00e1cter irremediable cuando (\u2026) en el contexto de la situaci\u00f3n concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es cierto e inminente. Es decir, que \u201csu existencia actual o potencial se infiera objetivamente a partir de una evaluaci\u00f3n razonable de hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones especulativas\u201d de suerte que, de no frenarse la causa, el da\u00f1o se generar\u00e1 prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significaci\u00f3n para el afectado. (iii) Se requiere de la adopci\u00f3n de medidas urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y proporcional a la inminencia del da\u00f1o ya que, de no tomarse, la generaci\u00f3n del da\u00f1o es inevitable\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, con soporte en lo anteriormente precisado, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, toda vez que no supera el esencial requisito de la subsidiariedad, por cuanto el accionante no hizo uso de los mecanismos de defensa judicial que legalmente estaban a su disposici\u00f3n para rebatir la actuaci\u00f3n objeto de censura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC7666-2023 Magistrado Ponente STC7666-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2023-00184-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75356","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75356","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75356"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75356\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}