STC7670-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7670-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00807-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Cesar Ignacio Acosta Salazar contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caquet\u00e1 y los intervinientes en el juicio disciplinario radicado 2021-00081. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, invoca el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caquet\u00e1, mediante sentencia de 10 de octubre de 2022 (rad. 2021-00081) lo sancion\u00f3 disciplinariamente con \u00ab13 meses de suspensi\u00f3n como abogado, por incumplimiento a los deberes que consagran los numerales 8, 10 y 18-literal c, del art\u00edculo 28 y la incursi\u00f3n en las faltas descritas en los art\u00edculos 34 literal d) y art\u00edculo 37 numeral 1\u00b0 de la ley 1123 de 2007 a t\u00edtulo de culpa, y el art\u00edculo 34 literal c) a t\u00edtulo de DOLO, en concurso material heterog\u00e9neo\u00bb. <\/p>\n
Refiere que, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina, en sede de apelaci\u00f3n (fallo de 17 de mayo de 2023), revoc\u00f3 parcialmente la decisi\u00f3n de primera instancia, en el sentido de absolverlo de la falta consagrada en el literal c, del art\u00edculo 34 de la ley 1123 de 2007 \u2013 en concordancia con los deberes de los numerales 8 y 18 literal c \u2013, pero confirm\u00f3 en lo dem\u00e1s, estableciendo una sanci\u00f3n definitiva de doce (12) meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n. <\/p>\n
Acusa los referidos pronunciamientos de constituir v\u00edas de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria; critica especialmente el fallo de segundo grado dictado por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial porque, \u00abno dio valor a la prueba pericial, incluyendo el testimonio del psic\u00f3logo Bensair Silva Bernal, como el informe tecnipsicol\u00f3gico (sic) (\u2026)\u00bb, y que en t\u00e9rminos generales realiz\u00f3 un an\u00e1lisis \u00abcontrario a la sana cr\u00edtica y contrario a la experticia psicol\u00f3gica\u00bb a partir de la cual se habr\u00eda demostrado que, para el momento en que incurri\u00f3 en las faltas a sus deberes profesionales, se hallaba influido por un trastorno de estr\u00e9s post traum\u00e1tico derivado de un atentado contra su vida en el a\u00f1o 2017, \u00abpatolog\u00eda que seg\u00fan su descripci\u00f3n, se refleja en cualquier momento, [\u2026] pero es claro que para finales de 2017, acorde a la valoraci\u00f3n del psiquiatra, a finales del 2018 y comienzos del 2019 y ese periodo de tratamiento en el que fungi\u00f3 como tratante el psic\u00f3logo Silva Bernal, se tiene como periodo en el que presuntamente [lo] responsabilizan como comprometido de unas conductas que estaban por fuera de su \u00f3rbita de razonamiento mental normal [\u2026] diagnosticada el 23 de enero de 2019\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n sostiene que la segunda instancia omiti\u00f3 examinar los testimonios de los quejosos en contraste con la prueba de descargo, lo cual fue requerido en el recurso de alzada interpuesto. <\/p>\n
Explica en extenso cu\u00e1les son las causas y s\u00edntomas del trastorno psicol\u00f3gico que le fue diagnosticado, el cual le habr\u00eda impedido autodeterminarse o ser consciente plenamente de los deberes y obligaciones adquiridos en su labor litigiosa. <\/p>\n
En suma, considera que no se apreci\u00f3 que se hallaba en condici\u00f3n de inimputabilidad por el trastorno mental padecido, encuadr\u00e1ndose su situaci\u00f3n en una de las causales de exclusi\u00f3n de la responsabilidad disciplinaria (numeral 7, art\u00edculo 22, ley 1123 de 2007). <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00abse revoque la decisi\u00f3n [en su contra] emitida por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial de 17 de mayo de 2023, como consecuencia del an\u00e1lisis objetivo del material probatorio obrante en el proceso disciplinario radicado [2021-00081]; (\u2026) se [le] absuelva de todos los cargos; (\u2026) se ordene a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, y a los Consejos Seccionales de Disciplina Judicial, adelanten procesos en forma objetiva, ajustando los procedimientos y decisiones a los principios rectores de la ley 1123 de 2007 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia atacada de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada en el asunto en cuesti\u00f3n, la cual aduce estuvo suficientemente motivada y en la que resolvi\u00f3 \u00abcada uno de los reparos formulados por el apelante\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo alegado por el accionante manifest\u00f3 que no se pod\u00eda considerar la causal de exclusi\u00f3n de la responsabilidad invocada \u00abpues no prob\u00f3, como en extenso se indic\u00f3 en la sentencia de segunda instancia que estuviera en estado de inimputabilidad en los momentos en que transgredi\u00f3 los deberes y materializ\u00f3 las faltas disciplinarias (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, contrario a lo afirmado por Acosta Salazar, la Comisi\u00f3n revis\u00f3 el concepto y testimonio del sic\u00f3logo Bensair Silva Bernal, \u00abconcluyendo que, del informe y el testimonio del psic\u00f3logo, no se identificaba que el trastorno de estr\u00e9s post traum\u00e1tico con el que fue diagnosticado el investigado, lo hubiera puesto en estado de inimputabilidad para atender los deberes que como abogado le fueron conferidos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente se\u00f1al\u00f3 que, con la demanda tutelar, el actor \u00abpresenta nuevos medios probatorios, adosando un concepto psicol\u00f3gico del 10 de julio de 2023, situaci\u00f3n con la cual se demuestra el \u00e1nimo de utilizar la jurisdicci\u00f3n constitucional para obtener un nuevo pronunciamiento y constituirla como tercera instancia de decisi\u00f3n, para lo cual no es procedente el uso de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura inform\u00f3 que, la sanci\u00f3n disciplinaria que le fue impuesta al aqu\u00ed accionante fue anotada y comenzar\u00e1 a regir a partir del 21 de julio de la presente anualidad, lo cual le fue comunicado al sancionado el pasado 17 del mismo mes. Por lo dem\u00e1s, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el accionante dentro del juicio disciplinario radicado 2021-00081, al sancionarlo con 12 meses de suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado (sentencia del 17 de mayo de 2023 que confirm\u00f3 parcialmente la del a quo \u2013 Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caquet\u00e1), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria, concretamente por no apreciar de manera correcta la prueba pericial indicativa de la configuraci\u00f3n de la causal de exclusi\u00f3n de la responsabilidad disciplinaria relativa a la condici\u00f3n de inimputabilidad. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha indicado que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en ese ejercicio. <\/p>\n
3. La sentencia disciplinaria cuestionada. <\/p>\n
Efectuado el examen pertinente a los argumentos de la queja constitucional y a las piezas procesales allegadas, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que el fallo atacado se aprecia coherente, razonable y motivado. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, la corporaci\u00f3n acusada dej\u00f3 sentado que, contrario a lo aducido por la primera instancia, correspond\u00eda abordar de manera directa el examen del testimonio del profesional en psicolog\u00eda Bensair Silva Bernal, tratante del disciplinado, a fin de establecer si el padecimiento mental que le diagnostic\u00f3 en 2019 pudo haber determinado el comportamiento desidioso y\/o negligente con el cumplimiento de sus obligaciones profesionales. <\/p>\n
Previamente, repas\u00f3 el concepto de inimputabilidad como causal excluyente de la responsabilidad en materia penal y disciplinaria, referida al \u00abtrastorno mental [\u2026] transitorio o permanente [que] debe tener la entidad suficiente para afectar el razonamiento mental que demuestre la incapacidad de comprender los actos que realiza\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que de acuerdo con el recaudo probatorio encontr\u00f3 una valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica del enjuiciado del 10 de mayo de 2017, en la que se describ\u00edan algunos s\u00edntomas asociados a la depresi\u00f3n y ansiedad, relacionados con el atentado que sufri\u00f3 ese mismo a\u00f1o, pero que no le diagnostic\u00f3 en ese momento un trastorno de estr\u00e9s postraum\u00e1tico. <\/p>\n
En cuanto a las declaraciones del profesional en psicolog\u00eda resalt\u00f3 que este, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) luego de haberlo auscultado y realizado cuatro terapias entre los meses de enero y abril de 2019, evidenci\u00f3 que su paciente padec\u00eda un trastorno de estr\u00e9s postraum\u00e1tico, generado como consecuencia del atentado que hab\u00eda sufrido en el a\u00f1o 2017. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, en su concepto como psic\u00f3logo profesional, el estado de \u00e1nimo del doctor Acosta Salazar era complejo, que se ve\u00eda muy afectado en su condici\u00f3n personal, que era una persona sin ganas de hacer las cosas y carec\u00eda de las condiciones necesarias para poder trabajar, situaci\u00f3n que empez\u00f3 a cambiar solo hasta mediados de 2019. <\/p>\n
Igualmente se tiene que, producto del deplorable atentado que sufri\u00f3 el disciplinado, fue medicamente incapacitado por un periodo de tiempo superior a 6 meses, de modo que al finalizar el a\u00f1o 2017 no sigui\u00f3 estando en esa condici\u00f3n, por lo que la presunci\u00f3n de capacidad legal le era predicable\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que los quejosos denunciaron que el abogado disciplinado, a quien confirieron poder para instaurar demanda de reparaci\u00f3n directa, permiti\u00f3 el rechazo de la misma al no atender el requerimiento del juez administrativo de subsanar algunos vicios de forma, y luego, por su inactividad, dej\u00f3 caducar la acci\u00f3n, perdiendo aqu\u00e9llos la oportunidad de reclamar por esa v\u00eda jur\u00eddica. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la Comisi\u00f3n que, de acuerdo a la valoraci\u00f3n conjunta del acervo probatorio, hab\u00eda claridad en relaci\u00f3n con una afectaci\u00f3n mental del disciplinado en los a\u00f1os 2017, 2018 y 2019, no obstante, resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se evidencia que la presunci\u00f3n de capacidad atribuible a los mayores de edad, fuera desvirtuada y el profesional disciplinado estuviera afectado estructuralmente durante el periodo de tiempo comprendido entre finales del a\u00f1o 2017 y mediados del 2019. <\/p>\n
Es as\u00ed que de acuerdo con la descripci\u00f3n de la condici\u00f3n patol\u00f3gica que sufri\u00f3 el disciplinable, las pruebas coinciden en referir, que se trataba de una afectaci\u00f3n que se presentaba por espacios de tiempo, que no era permanente, sino que exist\u00edan detonantes que lo situaban en estados cr\u00edticos, sin que se probara que espec\u00edficamente en las fechas en que se cometi\u00f3 la falta imputada, el disciplinado se encontrara en un estado en que su condici\u00f3n volitiva y cognitiva, no le permitieran comprender la ilicitud de su conducta y, que adem\u00e1s, fuera determinante para su actuaci\u00f3n, de modo que no se acredit\u00f3 que durante las actuaciones reprochadas al abogado se encontrara en estado de inimputabilidad\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces que, para que la afectaci\u00f3n de los elementos volitivo y cognitivo se constituyan en estado de inimputabilidad, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) deben tener una entidad superior que conlleve a la p\u00e9rdida de la conciencia y autodeterminaci\u00f3n del sujeto disciplinable, que debe estar presente espec\u00edficamente en el momento en el que se predica la comisi\u00f3n de la falta, en este caso del 24 de enero de 2019 al 8 de febrero de 2019 periodo que se le concedi\u00f3 el Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia para subsanar la demanda sin haber cumplido con el deber, y del 30 de julio de 2019 al 6 de agosto de 2019 periodo en el cual fue rechazada la primera demanda y present\u00f3 nuevamente el medio de control habiendo operado el fen\u00f3meno de la caducidad, sin que se hubiese demostrado el estado de inimputabilidad en ese periodo de tiempo, ni en los momentos en que dio la informaci\u00f3n equivocada a sus mandantes. En consecuencia, no se acredit\u00f3 la inimputabilidad del disciplinado para que pueda ser aceptado el cargo propuesto\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, contrario a lo alegado por el tutelante, la comisi\u00f3n realiz\u00f3 un contraste de los dichos de los querellantes y los descargos del disciplinado en cuanto a que, s\u00ed habr\u00eda rendido informes oportunos sobre el estado del proceso, no obstante aclar\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no lo hizo con veracidad, pues minti\u00f3 respecto del avance del proceso, por una parte al inicio de la relaci\u00f3n en el a\u00f1o 2016, cuando le manifestaba a su cliente que estaba avanzando en los tr\u00e1mites para adelantar el proceso y luego de la presentaci\u00f3n de la demanda en el a\u00f1o 2018, cuando le manifestaba de manera espor\u00e1dica que las cosas iban bien, hasta que perdieron comunicaci\u00f3n y le revel\u00f3, posterior al rechazo de la demanda, que se hab\u00eda perdido el proceso por falta de papeles que no se allegaron. <\/p>\n
En este sentido se tiene que se trat\u00f3 de una falta continuada, pues durante toda la relaci\u00f3n los pocos informes que otorg\u00f3 a su cliente no fueron veraces, con lo cual incumpli\u00f3 los deberes a la honradez definidos en los numerales 8\u00ba y 18\u00ba c) del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, actuaci\u00f3n calificada a t\u00edtulo de dolo, sin que se evidenciara causal que lo eximiera de responsabilidad al rendir esos informes de manera equivocada\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme lo visto, no se revela prima facie la disonancia argumental que el gestor pregona de la corporaci\u00f3n accionada, ya que las consideraciones expuestas por aqu\u00e9lla no se advierten arbitrarias, ni se hallan desprovistas de soporte legal o f\u00e1ctico, pues, como puede observarse de lo rese\u00f1ado, tom\u00f3 los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n en el recurso de apelaci\u00f3n y las pruebas practicadas en el juicio disciplinario para otorgarles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de hacer prevalecer una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas por sobre la del juzgador, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
De igual forma, valga destacar que al juez constitucional le est\u00e1 vedado interferir, por mera diferencia de opiniones o discrepancia de criterios en asuntos que el legislador asign\u00f3 a un funcionario espec\u00edfico, en este caso a la autoridad jurisdiccional encargada de adelantar las investigaciones correctivas contra los titulados en derecho, funcionarios judiciales o particulares que de manera transitoria ejercen funciones p\u00fablicas, salvo que se presenten desviaciones jur\u00eddicas o f\u00e1cticas protuberantes y relevantes en la decisi\u00f3n, las cuales no se observan en el caso de an\u00e1lisis. En ese particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a ruegos de similar tenor, con suficiencia ha precisado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 mar. 2010, rad. 00367-00, reiterada el 3 jun. 2011, rad. 00974-01 y el 18 ene. 2012) Se resalta. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n recriminada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto se\u00f1alando una determinada tesis o interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico o las pruebas sustituy\u00e9ndolo, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7670-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7670-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00807-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Cesar Ignacio Acosta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75360","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75360"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75360\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}