STC7671-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7671-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 20 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andr\u00e9s Ernesto Ben\u00edtez Tiriat contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y los Juzgados Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Conocimiento, Veinticinco Penal Municipal de Control de Garant\u00edas y Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de esta capital; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las Comisiones Nacional y Seccional de Bogot\u00e1 de Disciplina Judicial y los intervinientes reconocidos en el proceso penal 2018-00582. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental de defensa, como componente del debido proceso. <\/p>\n
2. Relat\u00f3, en s\u00edntesis, que dentro de la causa penal que se adelant\u00f3 en su contra por las conductas punibles de utilizaci\u00f3n de menores de edad para la comisi\u00f3n de delitos y el concurso de hurtos calificados agravados atenuados, en el que fue condenado a 120 meses de prisi\u00f3n1, el defensor que lo represent\u00f3 en las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medidas de aseguramiento2, \u00abestaba suspendido del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u00bb, de all\u00ed que no hubiera \u00abejercido en debida forma\u00bb su defensa. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que contra el referido profesional del derecho formul\u00f3 queja disciplinaria pues \u00able cobr\u00f3 una gruesa suma de dinero como honorarios, asisti\u00f3 a las audiencias preliminares y no volvi\u00f3 a aparecer al proceso\u00bb actuaci\u00f3n que culmin\u00f3 con fallo sancionatorio adoptado por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00ba de septiembre de 2021, ratificado por la Comisi\u00f3n Nacional el 30 de noviembre de 2022. <\/p>\n
3. Para el actor, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abogado\u2026 no pod\u00eda acudir a las diligencias preliminares realizadas el 18 de enero de 2018 y al hacerlo no s\u00f3lo enga\u00f1o al accionante, sino tambi\u00e9n a la administraci\u00f3n de justicia, indujo en error al Se\u00f1or Juez 25 Penal Municipal de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 D.C. y la consecuencia de su conducta fue ilegitimar el proceso en el que intervino como defensor del accionante, no solo por no ejercer de manera id\u00f3nea su derecho de defensa, sino porque no se evidencia en su actuar ninguna diligencia por recaudar medios probatorios o evidencias f\u00edsicas, sino que no pod\u00eda asistirlo como defensor, no pod\u00eda ejercer su derecho de postulaci\u00f3n y su conducta fue no solo enga\u00f1osa con su defendido, sino dolosa contra la administraci\u00f3n de justicia, ilegitim\u00f3 el proceso por su proceder, viol\u00f3 el derecho fundamental del debido proceso, el derecho de defensa, que como sabemos es un derecho fundamental que debe respetarse con todo rigor [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abse declare la nulidad de pleno derecho, del proceso, por violaci\u00f3n al derecho fundamental, al debido proceso, a la violaci\u00f3n del derecho de defensa y se restablezca el derecho de la libertad [sic]\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. Una servidora adscrita al despacho del magistrado ponente de la sentencia de segundo grado, inform\u00f3 que la apelaci\u00f3n formulada contra el fallo condenatorio proferido contra el ac\u00e1 gestor, fue desatada el 22 de enero de 2021 en el sentido de confirmarlo, sin que contra tal decisi\u00f3n el interesado hubiera interpuesto el recurso extraordinario, raz\u00f3n por la que el expediente fue devuelto a la c\u00e9lula judicial cognoscente el 5 de mazo de aquel a\u00f1o. <\/p>\n
2. La Juez Veintid\u00f3s Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, luego de hacer un breve recuento de la actividad procesal adelantada en esa instancia, resalt\u00f3 que el abogado que asisti\u00f3 al gestor en las audiencias preliminares, \u00abno realiz\u00f3 ninguna actuaci\u00f3n ante [ese] estrado\u2026 ya que\u2026 una vez se convoc\u00f3 para verificaci\u00f3n de allanamiento a cargos\u2026 se recibi\u00f3 de manera f\u00edsica en la secretar\u00eda del despacho memorial del accionante en el que manifiesta que revoca el poder otorgado\u2026 y solicita la designaci\u00f3n de un defensor p\u00fablico\u00bb, de all\u00ed que en el tr\u00e1mite adelantado en sede de conocimiento, Ben\u00edtez Tiriat hubiera estado representado por un profesional del derecho designado por el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica, el cual impugn\u00f3 la sentencia condenatoria. <\/p>\n
Solicit\u00f3 denegar la salvaguarda en lo que a ese juzgado ata\u00f1e, por cuanto \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Veinticinco Penal Municipal de Control de Garant\u00edas tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del resguardo por desatender los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad pues, de un lado, la presunta vulneraci\u00f3n que alega el actor data del a\u00f1o 2018 cuando se celebraron las audiencias concentradas, al tiempo que la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta a su defensor de confianza de ese entonces lo fue en septiembre de 2021 y, de otro, no realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna al respecto al interior de la causa penal pese a conocer la situaci\u00f3n particular del abogado incluso antes de que se profiriera el fallo condenatorio de primer grado. <\/p>\n
4. La Fiscal Treinta y Uno Seccional, adscrita a la Unidad de Delitos contra la Seguridad P\u00fablica de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a informar sobre las actuaciones surtidas en la primera instancia del proceso objeto de escrutinio. <\/p>\n
5. La Procuradora 372 Judicial I Penal dijo que lo pretendido por el accionante es \u00abutilizar [la tutela] como un mecanismo complementario o adicional a los ordinarios donde el asunto se finiquit\u00f3 razonablemente en doble instancia judicial, sin que se hiciera uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, pues la supuesta nulidad fue alegada en el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo condenatorio y desestimada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al desatarlo. <\/p>\n
6. Finalmente, las Comisiones Nacional de Disciplina Judicial y de la Seccional de Bogot\u00e1 dieron cuenta de la actuaci\u00f3n disciplinaria adelantada contra el abogado que represent\u00f3 al ac\u00e1 quejoso en las audiencias preliminares (2019-06559) en la que fue sancionado con suspensi\u00f3n de ocho meses para ejercer la profesi\u00f3n por \u00abtrasgredir el deber profesional estipulado en el numeral 14 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir en la falta establecida en el art\u00edculo 39 de la misma ley, al encontrarse incurso en la incompatibilidad del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 29 ib\u00eddem, a t\u00edtulo de dolo\u00bb; asimismo, solicitaron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esas corporaciones por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva en tanto no se les atribuy\u00f3 lesi\u00f3n alguna. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal no accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n constitucional por desatender los presupuestos de (i) subsidiariedad, puesto que el gestor no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n e (ii) inmediatez, habida cuenta que el prenombrado \u00abya sab\u00eda\u2026 con anterioridad de la situaci\u00f3n de su defensor, pues como se advierte de la demanda, luego de que \u00e9l radicara la queja disciplinaria anex\u00f3 certificado de antecedentes disciplinarios del 18 de octubre de 2019\u00bb. <\/p>\n
Al margen de ello, resalt\u00f3 que, de acuerdo con la pac\u00edfica jurisprudencia de esa Sala, \u00abla defensa\u2026 asumida por un abogado sancionado disciplinariamente\u00bb no se traduce en una irregularidad sustancial que conduzca a la invalidaci\u00f3n del proceso \u00abtoda vez que las actuaciones conservan su validez y ello se debe a que el art\u00edculo 25 del Decreto 196 de 1971, excluye dicha consecuencia\u00bb. <\/p>\n
Con todo, al examinar la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto objeto de censura determin\u00f3 que la actuaci\u00f3n de dicho letrado, se limit\u00f3 a asistir al quejoso a las audiencias preliminares de legalizaci\u00f3n de captura, formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento adelantadas ante el juez de control de garant\u00edas, sin que este aclarara \u00aben qu\u00e9 aspectos el profesional del derecho incumpli\u00f3 con sus deberes y qu\u00e9 acciones u omisiones pudieran desfavorecer [su] situaci\u00f3n, como par que bajo alguno de los principios rectores de las nulidades resultara necesario dejar sin efectos el tr\u00e1mite penal por la eventual configuraci\u00f3n de alguno de los defectos espec\u00edficos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, reproduciendo en su integridad los argumentos consignados en el libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades judiciales encartadas lesionaron las prerrogativas fundamentales de Andr\u00e9s Ernesto Ben\u00edtez Tiriat, dentro del proceso penal que se adelant\u00f3 en su contra, al condenarlo sin percatarse de que supuestamente no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica por cuanto, en las audiencias preliminares, estuvo representado por un abogado que se encontraba suspendido disciplinariamente para ejercer la profesi\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. De la incuria <\/p>\n
La procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Andr\u00e9s Ernesto Ben\u00edtez Tiriat acudi\u00f3 al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la defensa, como componente del debido proceso, que considera quebrantado por las autoridades judiciales accionadas por cuanto permitieron que la actuaci\u00f3n penal seguida en su contra se adelantara y culminara con sentencia condenatoria (en ambas instancias) sin percatarse que al momento de celebrarse las audiencias preliminares ante el juez de control de garant\u00edas, el profesional del derecho que lo represent\u00f3 se encontraba suspendido para ejercer la abogac\u00eda. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, la acci\u00f3n de tutela se caracteriza por la prevalencia del presupuesto de la subsidiariedad y su inobservancia ocurre cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios -lo que constituye incuria- o porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la primera modalidad puesto que el accionante, pese a tener a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda, injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la informaci\u00f3n brindada por los funcionarios cognoscentes, Ben\u00edtez Tiriat no acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, escenario propicio para que el Tribunal de cierre, en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico, examinara la presunta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que hoy alega por esta v\u00eda subsidiaria, con lo que se mostr\u00f3 de acuerdo con lo decidido por las instancias ordinarias, permitiendo con ello que los fallos proferidos en su contra alcanzaran firmeza. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales es improcedente, salvo que se presente alguna de las \u00abcausales gen\u00e9ricas de procedibilidad\u00bb a las que ha hecho referencia la jurisprudencia constitucional, pues su finalidad es la protecci\u00f3n de derechos fundamentales que resulten vulnerados cuando en el curso del proceso el funcionario judicial act\u00fae y decida de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los que la decisi\u00f3n es emitida desbordando el \u00e1mbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jur\u00eddico, siempre que no se disponga de otro medio de defensa, y no la de revivir oportunidades o momentos procesales precluidos ni restablecer t\u00e9rminos de ejecutoria que permitan la impugnaci\u00f3n de las decisiones que se perdieron por la inactividad de la parte interesada pues, de lo contrario, este instrumento supralegal contrariar\u00eda principios y valores superiores como la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
De modo que, como no se hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para esta Corporaci\u00f3n se reafirma la inviabilidad de la presente acci\u00f3n de tutela, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991, sin que pueda ser de recibo la afirmaci\u00f3n del querellante de que el defensor p\u00fablico designado a solicitud suya no ejerci\u00f3 adecuadamente su labor, pues de lo aportado, se pudo observar que particip\u00f3 activamente en el proceso, al punto que apel\u00f3 la sentencia condenatoria de primer grado, inclusive, proponiendo una nulidad por indebida representaci\u00f3n en las audiencias preliminares, la cual fue desestimada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al resolver la alzada. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, se ratificar\u00e1 el fallo confutado pues, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n en el ejercicio del medio de defensa ordinario queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 el 21 de agosto de 2020, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de aquel distrito judicial el 22 de enero del a\u00f1o siguiente, contra la cuan NO se formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Adelantadas el 15 y 16 de enero de 2018. <\/p>\n
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