STC7676-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7676-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01468-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 10 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Christian Fernando Umbarila Rubio contra los Juzgados Trece Civil del Circuito y Diecinueve Civil Municipal de esta ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Defensor\u00eda \u00abP\u00fablica\u00bb, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el coercitivo n\u00b0 2021-00287. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abFAVORABILIDAD, LEGALIDAD [Y] DEFENSA\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que el 6 de mayo de 2021, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de esta capital libr\u00f3 mandamiento de pago a su favor y en contra del Conjunto Residencial Torres de San Rafael, por la suma contenida en el pagar\u00e9 aportado con la demanda; teniendo en cuenta que no se encontraba integrado el contradictorio, por auto del 1\u00b0 de febrero de 2022 fue requerido para que lograra la notificaci\u00f3n efectiva de la parte demandada, so pena de dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n prevista en el art. 317 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que atac\u00f3 sin \u00e9xito a trav\u00e9s de los recursos ordinarios, pues mediante prove\u00eddo del 10 de marzo siguiente se decidi\u00f3 no reponer lo resuelto y negar la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, por lo que interpuso reposici\u00f3n y queja, pero el 5 de abril de ese a\u00f1o se mantuvo lo determinado, y por auto del 27 de enero de 2023 el Juzgado Trece Civil del Circuito de la misma localidad declar\u00f3 bien denegada la alzada. <\/p>\n
Refiere que por auto del 30 de junio de 2022, la juez cognoscente neg\u00f3 la solicitud de tener por notificada por conducta concluyente al extremo demandado, decisi\u00f3n que tambi\u00e9n cuestion\u00f3 infructuosamente, pues mediante prove\u00eddo del 22 de agosto siguiente se decidi\u00f3 no reponer lo resuelto y negar el recurso subsidiario, por lo que interpuso reposici\u00f3n y queja, pero el 29 de noviembre de esa misma anualidad se resolvi\u00f3 mantener la decisi\u00f3n, y, por auto del 26 de abril de 2023 el Juzgado Trece Civil del Circuito de esa urbe, declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n; pese a que insisti\u00f3 nuevamente en su petici\u00f3n, por auto del 25 de mayo de los corrientes se neg\u00f3 nuevamente tener por notificado al extremo demandado por conducta concluyente, el que tambi\u00e9n debati\u00f3 in\u00fatilmente a trav\u00e9s de los recursos ordinarios. <\/p>\n
Finalmente alega, que aunque solicit\u00f3 al despacho que le fuese concedido amparo de pobreza, su petici\u00f3n fue despachada desfavorablemente el 2 de noviembre de 2022, determinaci\u00f3n que atac\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pero por auto del d\u00eda 29 del mismo mes y a\u00f1o se mantuvo inc\u00f3lume lo resuelto y se desestim\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada, interponiendo reposici\u00f3n y queja, siendo concedido este \u00faltimo recurso ante el superior el 9 de febrero de 2023. <\/p>\n
3. En consecuencia pretende, que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente (i) \u00abCONCEDER AMPARO DE POBREZA a [su] favor\u00bb; (ii) \u00abREVOCAR la decisi\u00f3n de: ORDENAR: \u201c(\u2026) Obed\u00e9zcase y c\u00famplase lo resuelto por el Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de la ciudad en prove\u00eddos de fecha 27 de enero y 26 de abril de 2023\u00bb; (iii) \u00abtener por notificado por Conducta Concluyente al demandado CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE SAN RAFAEL\u00bb; y, (iv) \u00abEnviar a mi correo electr\u00f3nico link del proceso 2021-00287\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, tras relacionar detalladamente cada una de las actuaciones surtidas al interior del coercitivo cuestionado, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n, habida cuenta que \u00abel actor pretende desconocer las decisiones que se han proferido con el debido sustento normativo y f\u00e1ctico, a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de amparo con fines de seguir eludiendo los requerimientos que ha efectuado el juzgado para imprimir celeridad al tr\u00e1mite y agotar las etapas subsiguientes\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Trece Civil del Circuito de esta capital se opuso a la prosperidad del amparo, en la medida que \u00aben el texto de la acci\u00f3n de tutela no se indica cual (sic) es la raz\u00f3n o la conducta observada conculcatoria de derechos fundamentales, aunado a que la actuaci\u00f3n surtida por este Despacho se encuentra en un todo ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el auxilio tras considerar, que \u00abel promotor constitucional, no solo ha tenido a su alcance todos los recursos de ley, sino que adem\u00e1s los ha utilizado de manera profusa en el discurrir del proceso. Se constat\u00f3 que el estrado convocado resolvi\u00f3 todas y cada una de las peticiones del demandante al punto de no tener ninguna solicitud por pronunciamiento de fondo. Aunado a que las decisiones de las cuales se duele el gestor en la s\u00faplica constitucional han sido materia de examen en doble instancia judicial y en esos prove\u00eddos en modo alguno se vislumbran desafueros o arbitrios que abran paso a la intervenci\u00f3n de esta Colegiatura en sede de amparo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante para reiterar los argumentos iniciales, y se\u00f1alar que el fallo constitucional de primer grado \u00abcarece de las condiciones necesarias de la sentencia congruente, teniendo en cuenta que: a) No se ajusta a los hechos antecedentes que motivaron la tutela ni a los derechos impetrados, por errores de hecho y de derecho, en el examen y consideraci\u00f3n de la petici\u00f3n; b) Se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, como lo establece la ley; c) Se funda en consideraciones inexactas cuando no totalmente err\u00f3neas; d) Incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho, en lo fundamental, al no tener por notificado por conducta concluyente al extremo demandado, ni conceder al gestor amparo de pobreza, dentro de la ejecuci\u00f3n seguida por \u00e9ste contra el Conjunto Residencial Torres de San Rafael (2021-00287). <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expuesto que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto -ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, pronto se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, habida cuenta que la controversia que plante\u00f3 el actor resulta infundada, pues aunque \u00e9ste se duele de que se haya negado tener por notificado por conducta concluyente al Conjunto Residencial Torres de San Rafael, y, que no le haya sido concedido amparo de pobreza, el expediente remitido por la autoridad cognoscente criticada da cuenta que, el 17 de julio de 2023 el accionante solicit\u00f3 el \u00abRETIRO DE LA DEMANDA\u00bb, ingresando el asunto al despacho el d\u00eda 25 siguiente. <\/p>\n
De este modo, aunque el actor soport\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n superior en las decisiones emitidas por las autoridades judiciales convocadas en el tr\u00e1mite del cobro con radicado n\u00b0. 2021-00287, la realidad procesal muestra que al invocarse el retiro de la demanda ante el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogot\u00e1, por las mismas razones aqu\u00ed expuestas, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica tra\u00edda a este mecanismo especial de protecci\u00f3n desvirt\u00faa la esencia de la acci\u00f3n de tutela, la cual se justifica en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En efecto, al pretender el se\u00f1or Umbarila Rubio que se dejen sin valor ni efecto unas decisiones al interior del litigio que \u00e9l mismo pidi\u00f3 finiquitar, lo reclamado va en contrav\u00eda de la funci\u00f3n del amparo, que no es otra que la de garantizar que los derechos esenciales reciban una efectiva protecci\u00f3n como valores jur\u00eddicos que gu\u00edan el actuar de las autoridades en cada caso concreto. <\/p>\n
En situaciones como la del caso sub judice, la decantada jurisprudencia de esta Corte ha relievado que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC671-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 02698-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan probado las exigencias que lo hagan posible en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada recientemente, entre otras, en STC4649-2023, 17 may., rad. 00063-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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