STC7677-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7677-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-01106-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 15 de junio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida a nombre de Coopservicios Asociados CTA contra la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Domino del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de C\u00facuta y las dem\u00e1s autoridades, partes e intervinientes reconocidas en el proceso de dicha naturaleza con radicado n\u00ba 2017-00032 (ED 534). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Un abogado que dijo actuar como \u00abapoderado de Coopservicios Asociados CTA\u00bb, reclam\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales \u00abde petici\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb que estima lesionados por la colegiatura convocada. <\/p>\n
2. Expuso, en s\u00edntesis, que, al interior del proceso de extinci\u00f3n de dominio indicado en p\u00e1rrafos precedentes, dentro del cual se dict\u00f3 fallo desfavorable a los intereses de la Sociedad Inversora Tercer Mundo Ltda., mediante auto de 9 de mayo de 2022 el juzgado cognoscente acogi\u00f3 una petici\u00f3n suya de corregir la parte resolutiva de la sentencia que, para ese momento, ya hab\u00eda alcanzado firmeza ante la extemporaneidad del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la persona jur\u00eddica afectada. <\/p>\n
Contra dicha determinaci\u00f3n interlocutoria, afirm\u00f3, el apoderado de la aludida inversora y su depositario con funciones de liquidador interpusieron recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. El primero lo desat\u00f3 la c\u00e9lula judicial el 13 de mayo de aquel a\u00f1o manteniendo su decisi\u00f3n, mientras que las alzadas fueron resueltas el 3 de noviembre siguiente por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el sentido de (i) declarar desierta la formulada por el profesional del derecho y (ii) rechazar de plano la que present\u00f3 el representante legal de la empresa afectada. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, por virtud de la correcci\u00f3n del fallo, una anotaci\u00f3n registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien objeto de extinci\u00f3n \u00abdeb[\u00eda] ser cancelada por sustracci\u00f3n de materia\u00bb, motivo por el cual solicit\u00f3 al juzgado de conocimiento que efectuara la respectiva comunicaci\u00f3n a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u00abanul\u00e1[ndola] o cancel\u00e1[ndola]\u00bb; sin embargo, dijo, ello \u00abno ha sido posible ya que se requiere la constancia de ejecutoria del auto de 9 de mayo de 2022 por el que se corrigi\u00f3 la sentencia o la comunicaci\u00f3n por parte de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio\u2026 que los recursos presentados contra dicho auto fracasaron\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, agreg\u00f3, el 13 de diciembre del a\u00f1o anterior solicit\u00f3 a la secretar\u00eda de la aludida corporaci\u00f3n \u00abse me informe y de ser el caso se certifique o expida constancia sobre la ejecutoria del numeral segundo del auto proferido\u2026 el 3 de noviembre de 2022 mediante el cual se rechaz\u00f3 de plano el recurso presentado por el depositario\u2026 o se me informe si contra dicho numeral\u2026 se present\u00f3 alg\u00fan recurso que se encuentre pendiente por resolver\u00bb, petici\u00f3n que reiter\u00f3 el pasado 23 de enero sin que a la fecha hubiera obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se ordene a la colegiatura convocada que \u00abdentro del t\u00e9rmino que [se] considere pertinente d[\u00e9] respuesta a [su] solicitud\u2026 o, en su defecto, [que] comuni[que] al juzgado de origen\u2026 el resultado de los recursos presentados contra el auto proferido\u2026 el 9 de mayo de 2022 por el cual corrigi\u00f3 la sentencia [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Un magistrado de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dijo no haber lesionado ninguna garant\u00eda superior del accionante por cuanto la solicitud de certificaci\u00f3n fue formulada directamente a la secretar\u00eda de esa corporaci\u00f3n, dependencia que inform\u00f3 que, \u00abmediante correo electr\u00f3nico del 6 de febrero de 2023\u00bb, atendi\u00f3 el requerimiento del quejoso. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, advirti\u00f3 que la actuaci\u00f3n no ha sido retornada al juzgado de primer grado por cuanto se encuentra surtiendo el recurso de s\u00faplica interpuesto por el liquidador de la persona jur\u00eddica afectada contra la decisi\u00f3n de rechazar la apelaci\u00f3n por \u00e9l formulada. <\/p>\n
2. El secretario de la referida Sala Especializada pidi\u00f3 desestimar el resguardo por ausencia de la lesi\u00f3n atribuida por el quejoso habida consideraci\u00f3n que atendi\u00f3 su solicitud, incluso antes de promover la presente tutela. <\/p>\n
3. El Juez Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de C\u00facuta, deprec\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese despacho por cuanto \u00ablos hechos narrados por el accionante\u2026 son totalmente ajen[os] a cualquier acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esta judicial, al punto que ninguna de las pretensiones\u2026 guardan relaci\u00f3n con las facultades legales y constitucionales de este operador judicial\u00bb. <\/p>\n
4. Igual solicitud formularon el director jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho y la gerente de Asuntos Legales de la SAE S.A.S. quienes adujeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al estimar que \u00abno exist[\u00eda] afectaci\u00f3n alguna en relaci\u00f3n con la solicitud radicada\u00bb puesto que la misma \u00abfue atendid[a], en su integridad\u2026 a trav\u00e9s de informe secretarial enviado v\u00eda correo electr\u00f3nico\u00bb inclusive con antelaci\u00f3n a la formulaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el profesional del derecho quien, luego de excusarse por \u00abno haber revisado el correo\u00bb y no haberse percatado de la respuesta ofrecida por la autoridad querellada, resalt\u00f3 que la misma se tornaba insuficiente de cara al amparo deprecado pues, \u00abpara cesar la amenaza o vulneraci\u00f3n de [sus] derechos fundamentales\u2026 es necesario que el Tribunal comunique [al juzgado] de manera oficial el resultado de los recursos presentados contra el auto\u00bb, omisi\u00f3n que, en sus palabras, \u00abest\u00e1 impidiendo que el juzgado contin\u00fae con los tr\u00e1mites que deben realizarse en virtud de la correcci\u00f3n de la sentencia, los cuales son necesarios para continuar el proceso ejecutivo en el que se cobra una deuda a cargo de la sociedad afectada y a favor de Coopservicios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el promotor estaba facultado para incoar la presente acci\u00f3n de tutela en representaci\u00f3n de Coopservicios Asociados CTA y, de superarse lo anterior, si la corporaci\u00f3n judicial convocada lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas al no haber comunicado al despacho de primera instancia \u00abde manera oficial el resultado de los recursos presentados contra el auto\u00bb que corrigi\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
2. Del derecho de postulaci\u00f3n <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando esta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93) precis\u00e1ndose que, en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que, al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: <\/p>\n
\u00ab[L]a falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). Subrayado y resaltado fuera del texto. <\/p>\n
Esta Corte, adem\u00e1s de compartir la anterior postura, en repetidas oportunidades ha sostenido que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al asunto en esta sede de conocimiento, se advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, precisando que lo ser\u00e1 porque el memorialista \u2013 Manuel Rangel Gamboa \u2013 carece de poder especial para actuar, en este caso, en representaci\u00f3n de Coopservicios Asociados CTA e invocar, por las concretas causas que motivan la denuncia, la salvaguarda de los derechos fundamentales, por lo que en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En dicho sentido, cuando se trata de acciones de tutela en que se act\u00fae por conducto de apoderado judicial, el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 la Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que aun cuando quien formula el resguardo hubiere actuado como apoderado de alguna parte o interviniente en el tr\u00e1mite fustigado, dicha circunstancia no lo habilita para pretender la protecci\u00f3n constitucional, pues los derechos \u00absin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de [este], y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuaci\u00f3n de car\u00e1cter jurisdiccional, en la medida en que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirma la negativa de la salvaguarda, pero no por las razones expuestas por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, sino porque Manuel Rangel Gamboa carec\u00eda de poder especial para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos de Coopservicios Asociados CTA, ante la falta de acreditaci\u00f3n de los presupuestos m\u00ednimos de configuraci\u00f3n del apoderamiento judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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