{"id":75367,"date":"2024-05-20T22:41:16","date_gmt":"2024-05-20T22:41:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc7678-2023\/"},"modified":"2024-05-20T22:41:16","modified_gmt":"2024-05-20T22:41:16","slug":"stc7678-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/20\/stc7678-2023\/","title":{"rendered":"STC7678 2023"},"content":{"rendered":"<p>STC7678-2023<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>LUIS ALONSO &nbsp;RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado &nbsp;ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC7678-2023 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00ba &nbsp;11001-02-03-000-2023-02845-00 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en Sala de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp;<\/p>\n<p>Decide la Corte la &nbsp;acci\u00f3n de tutela promovida por &nbsp;Mario &nbsp;Alberto Restrepo Zapata contra &nbsp;la &nbsp;Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de &nbsp;Pereira; &nbsp;tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el &nbsp;Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, las &nbsp;Comisiones Nacional y Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, &nbsp;la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda &nbsp;del Pueblo, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de &nbsp;Umbr\u00eda, la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de &nbsp;Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Oficina Judicial de Pereira, &nbsp;as\u00ed &nbsp;como las dem\u00e1s partes e intervinientes &nbsp;en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2023-00004. &nbsp;<\/p>\n<p>ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El &nbsp;libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n &nbsp;de su garant\u00eda fundamental de debido proceso, con ocasi\u00f3n &nbsp;de la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3, &nbsp;porque el expediente se reparti\u00f3 al tribunal el 12 de julio de &nbsp;2023, para surtir la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer &nbsp;grado; pero, a la fecha, no se ha dictado fallo, desconociendo los &nbsp;t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En &nbsp;consecuencia, pidi\u00f3, en lo fundamental, que \u00abse &nbsp;ordene terminar la acci\u00f3n inmediatamente[,] amparado [en &nbsp;el] &nbsp;art 37 ley 472 de 1998\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>RESPUESTA &nbsp;DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADO &nbsp;<\/p>\n<p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La Corte &nbsp;Constitucional precis\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la &nbsp;causa por pasiva, comoquiera que \u00abno &nbsp;es la autoridad competente para tramitar o resolver las pretensiones &nbsp;formuladas por el accionante, de acuerdo con las funciones &nbsp;constitucionales que establece el art\u00edculo 241 de la &nbsp;Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. De hecho, en el presente caso es &nbsp;posible concluir que esta Corporaci\u00f3n no est\u00e1 &nbsp;legitimada por pasiva, toda vez que ni por acci\u00f3n ni por &nbsp;omisi\u00f3n ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por &nbsp;el accionante\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>2. El Juzgado &nbsp;\u00danico Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda &nbsp;relat\u00f3 las actuaciones del proceso y adujo que \u00abno &nbsp;hay razones para acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n de &nbsp;tutela, pues debe considerarse que no existe mora por un lado en la &nbsp;actuaci\u00f3n de reparto, pues no se puede echar de menos, la &nbsp;abundante carga laboral que tiene la oficina de asignaciones, pues, &nbsp;recibe todos los procesos de todo el Distrito Judicial de Risaralda. &nbsp;Ahora &nbsp;bien, el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira &nbsp;(\u2026) &nbsp;cuenta con un t\u00e9rmino de 20 d\u00edas h\u00e1biles para &nbsp;tomar la decisi\u00f3n, sin embargo, esto no es \u00f3bice, bajo &nbsp;el marco de la contextualizaci\u00f3n contempor\u00e1nea, se &nbsp;aplique el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del &nbsp;Proceso\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. El Procurador &nbsp;12 Judicial II para Asuntos Civiles sostuvo que \u00abno &nbsp;se evidencia que esta entidad por acci\u00f3n u omisi\u00f3n haya &nbsp;quebrantado los derechos fundamentales del accionante con ocasi\u00f3n &nbsp;de los hechos que sirven de fundamento a la solicitud tuitiva, al &nbsp;punto que le\u00edda \u00e9sta no aparece fundamento f\u00e1ctico &nbsp;alguno que apunte a cuestionar el actuar de la Procuradur\u00eda &nbsp;General de la Naci\u00f3n\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, &nbsp;indic\u00f3 que \u00abla &nbsp;H. Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de &nbsp;Pereira no haya resuelto la segunda instancia de la acci\u00f3n de &nbsp;popular con radicado 66088318900120230000401 instaurada por el se\u00f1or &nbsp;Mario Alberto Restrepo Zapata contra Bancolombia, obedece, entre &nbsp;otras razones a que, de conformidad con la consulta de procesos &nbsp;nacional unificada, el asunto fue radicado en la secretar\u00eda de &nbsp;la aludida Sala y repartido al H. Magistrado Jaime Alberto Zaraza &nbsp;Naranjo, el d\u00eda 12 de julio de 2023, ingresando al despacho al &nbsp;d\u00eda siguiente, por lo que a la fecha ni siquiera han &nbsp;transcurrido los 20 d\u00edas que el art\u00edculo 37 de la Ley &nbsp;472 de 1998 otorga para dirimir la apelaci\u00f3n. As\u00ed las &nbsp;cosas, la tutela resulta pretempor\u00e1nea, al margen que, en mi &nbsp;sentir no cumple el requisito de subsidiariedad, pues ni siquiera se &nbsp;ha solicitado al Magistrado sustanciador, proceder a impartir el &nbsp;tr\u00e1mite de rigor a la alzada, dictando auto que la admita\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>4. La Personera &nbsp;Municipal de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda dijo que \u00abel &nbsp;escrito tiene la connotaci\u00f3n de una queja disciplinaria en &nbsp;contra del Tribunal Sala Civil Familia del Honorable Tribunal &nbsp;Superior de Pereira, no siendo esta Personer\u00eda la autoridad &nbsp;competente para adelantar las actuaciones disciplinarias\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>5. La Oficina &nbsp;Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n &nbsp;arguy\u00f3 que \u00ablas &nbsp;acciones reguladas por la Ley 472 de 1998 deben desarrollarse con &nbsp;acatamiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial, &nbsp;publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia; con respeto por el &nbsp;debido proceso, siendo una obligaci\u00f3n del juez impulsarla &nbsp;oficiosamente y producir una decisi\u00f3n de m\u00e9rito; &nbsp;circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que en todo caso, &nbsp;corresponder\u00e1 su valoraci\u00f3n al juez constitucional &nbsp;dentro de la acci\u00f3n popular discutida\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>6. La Directora de &nbsp;la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del &nbsp;Consejo Superior de la Judicatura expuso que \u00abcon &nbsp;fundamento en las funciones constitucionales y legales que se &nbsp;indicaron anteriormente, se considera que no es viable endilgar &nbsp;alguna responsabilidad a esta Corporaci\u00f3n en el tr\u00e1mite &nbsp;que se ha surtido en la acci\u00f3n popular que est\u00e1 a cargo &nbsp;de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial &nbsp;de Pereira, dado que el Consejo Superior de la Judicatura no tiene &nbsp;entre sus facultades las de intervenir en las decisiones de los &nbsp;jueces, por cuanto \u00e9stos en sus providencias solo se &nbsp;encuentran sometidos al imperio de la ley, de conformidad con lo &nbsp;dispuesto en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n &nbsp;Pol\u00edtica de Colombia. Adem\u00e1s, no es la autoridad &nbsp;competente que adelanta el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular &nbsp;de la cual se solicita mayor celeridad\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>7. La Sala Civil &nbsp;Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira anot\u00f3 &nbsp;que \u00abcontrario &nbsp;a lo que se alega en la demanda constitucional, no transcurrieron 2 &nbsp;meses para dictar la sentencia de m\u00e9rito en esta instancia, ni &nbsp;se observa mora alguna en el tr\u00e1mite de la alzada\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>1. Problema &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;jur\u00eddico. &nbsp;<\/p>\n<p>Corresponde a la &nbsp;Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del &nbsp;Distrito Judicial de Pereira incurri\u00f3 en presunta v\u00eda &nbsp;de hecho &nbsp;en el curso de la acci\u00f3n popular de la referencia (rad. n.\u00ba &nbsp;n.\u00ba 2023-00004), &nbsp;por, supuestamente, desatender el t\u00e9rmino previsto en la Ley &nbsp;472 de 1998 para resolver la instancia a su cargo. &nbsp;<\/p>\n<p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;De &nbsp;los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. &nbsp;<\/p>\n<p>La jurisprudencia &nbsp;constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y &nbsp;requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y &nbsp;verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n &nbsp;del juez de tutela, ellos son: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(i) &nbsp;\u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente &nbsp;relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de &nbsp;tutela, est\u00e9 &nbsp;acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito &nbsp;sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, &nbsp;exige una carga especial al actor; &nbsp;(ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios &nbsp;y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en &nbsp;sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la &nbsp;cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que &nbsp;se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se &nbsp;hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a &nbsp;partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el &nbsp;caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas &nbsp;tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se &nbsp;impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb &nbsp;(CC &nbsp;C-590\/05; SU-813\/07). &nbsp;<\/p>\n<p>Resulta &nbsp;imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la &nbsp;presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se &nbsp;requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n &nbsp;en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales &nbsp;pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. &nbsp;<\/p>\n<p>Sobre el &nbsp;particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es &nbsp;necesario: &nbsp;<\/p>\n<p>\u00ab(\u2026) &nbsp;el &nbsp;cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s &nbsp;el primero y m\u00e1s elemental, la &nbsp;existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de &nbsp;la prerrogativa constitucional invocada &nbsp;que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en &nbsp;orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe &nbsp;contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la &nbsp;vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, &nbsp;pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido &nbsp;hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb &nbsp;(CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). &nbsp;<\/p>\n<p>Revisadas las &nbsp;diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la &nbsp;inviabilidad del resguardo, &nbsp;comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por el &nbsp;memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o &nbsp;vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas, ni &nbsp;la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que &nbsp;se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a &nbsp;explicarse. &nbsp;<\/p>\n<p>3.1. En efecto, &nbsp;n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine &nbsp;a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial &nbsp;de Pereira a desatar la segunda instancia en la acci\u00f3n popular &nbsp;n.\u00ba &nbsp;2023-00004, atendiendo &nbsp;el t\u00e9rmino previsto en la Ley 472 de 1998, porque, seg\u00fan &nbsp;lo expuesto por el censor, es evidente \u00abla &nbsp;mora y la renuencia judicial\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>No obstante, &nbsp;contrario a lo afirmado por aquel, una vez verificado el sistema de &nbsp;gesti\u00f3n judicial, as\u00ed como la foliatura remitida por el &nbsp;tribunal ad &nbsp;quem, &nbsp;se pudo constatar que el tr\u00e1mite se someti\u00f3 a reparto &nbsp;el pasado 12 de julio 2023, por lo que, en ese contexto, deviene &nbsp;di\u00e1fano que no ha ocurrido la pretermisi\u00f3n normativa a &nbsp;la que alude el accionante y, menos a\u00fan, se ha incurrido en &nbsp;mora judicial. &nbsp;<\/p>\n<p>3.2. &nbsp;Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda &nbsp;esencial invocada, situaci\u00f3n &nbsp;que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que \u00abno &nbsp;basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un &nbsp;derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] &nbsp;que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n &nbsp;amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades &nbsp;p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la &nbsp;ley\u00bb &nbsp;(CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en &nbsp;STC115938-2021, &nbsp;25 nov.). &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad &nbsp;del auxilio \u00abse &nbsp;[necesita] &nbsp;el &nbsp;cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s &nbsp;el primero y m\u00e1s elemental, &nbsp;la &nbsp;existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de &nbsp;la prerrogativa constitucional invocada &nbsp;que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en &nbsp;orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe &nbsp;contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la &nbsp;vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, &nbsp;pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido &nbsp;hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb &nbsp;(CSJ STC5337-2018, 26 abr., citada en STC5109-2022, 27 abr., et. &nbsp;al.). &nbsp;<\/p>\n<p>3.3. De otra &nbsp;parte, en lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones del &nbsp;gestor \u2013v. &nbsp;gr., &nbsp;que se \u00abordene\u00bb &nbsp;a la Corte Constitucional intervenir en defensa de sus intereses, o &nbsp;que se resuelvan las solicitudes que dice haber formulado en la &nbsp;acci\u00f3n popular1\u2013, &nbsp;tambi\u00e9n se aviene impr\u00f3spero el amparo, teniendo en &nbsp;cuenta que (i) &nbsp;lo &nbsp;requerido no hace parte de las funciones del \u00f3rgano de cierre &nbsp;constitucional, no se constat\u00f3 actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n &nbsp;lesiva de las garant\u00edas del reclamante respecto de esa &nbsp;corporaci\u00f3n y no se exterioriz\u00f3 ning\u00fan motivo de &nbsp;queja; aunado a que (ii) &nbsp;tampoco prob\u00f3 haber presentado los pedimentos tra\u00eddos a &nbsp;esta senda en el proceso auscultado. &nbsp;<\/p>\n<p>3.4. Por \u00faltimo, &nbsp;respecto de la solicitud de \u00abinvestigar\u00bb &nbsp;al Jefe de la Oficina Judicial de Pereira \u2013 Direcci\u00f3n &nbsp;Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial o a los &nbsp;magistrados del precitado Tribunal Superior de esa localidad, precisa &nbsp;la Corte que nada obsta para que el tutelante formule las denuncias &nbsp;y\/o quejas disciplinarias que estime pertinentes ante las autoridades &nbsp;competentes, pues, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y &nbsp;residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir &nbsp;gestiones que corresponden al directo interesado. &nbsp;<\/p>\n<p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Conclusi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>Conforme &nbsp;a lo expuesto, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n &nbsp;deprecada, &nbsp;comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n &nbsp;iusfundamental &nbsp;por parte de la colegiatura convocada. &nbsp;<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de &nbsp;Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de &nbsp;la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA &nbsp;IMPROCEDENTE el &nbsp;amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela &nbsp;referenciada. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de &nbsp;no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias &nbsp;a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>MARTHA PATRICIA &nbsp;GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA GONZ\u00c1LEZ &nbsp;NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>(Ausencia &nbsp;Justificada) &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO WILSON &nbsp;QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS ALONSO &nbsp;RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO AUGUSTO &nbsp;TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Como &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;la supuesta solicitud de \u00abterminaci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC7678-2023 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; LUIS ALONSO &nbsp;RICO PUERTA &nbsp; Magistrado &nbsp;ponente &nbsp; STC7678-2023 &nbsp; Radicaci\u00f3n &nbsp;n.\u00ba &nbsp;11001-02-03-000-2023-02845-00 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en Sala de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). &nbsp; Decide la Corte la &nbsp;acci\u00f3n de tutela promovida por &nbsp;Mario &nbsp;Alberto Restrepo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75367","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75367","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75367"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75367\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75367"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75367"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75367"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}