STC7679-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7679-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2023-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 7 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Elisa Mar\u00eda C\u00e1rdenas Tabares contra el Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas Johanna Milena L\u00f3pez Lasprilla y Claudia Patricia Ru\u00edz Mel\u00e9ndez, as\u00ed como los aspirantes a ocupar el cargo de Asistente Social grado 1 del referido despacho judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo en condiciones dignas y libre acceso a cargos p\u00fablicos, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Expuso que tras participar en \u00abla Convocatoria No. 4 de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios para el empleo Asistente Social de Juzgados de Familia, Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes \u2013 Grado 1, hago parte del Registro de elegibles actualizado mediante resoluci\u00f3n No. CSJVAR22-1034 del 23 de junio del 2022 y Resoluci\u00f3n CSJVAR22-1086 del 07 de julio del 2022, para el cargo [ya enunciado]\u00bb. <\/p>\n
Que el 1\u00b0 de marzo de 2023 \u00abse publicaron las vacantes definitivas para ese periodo del cargo Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales Adolescentes \u2013 Grado 1, en [los] Juzgados 8 de Familia del circuito de Cali y 1 Promiscuo de Familia de Palmira\u00bb, y ante ello, \u00abpresent\u00f3 el formato de opci\u00f3n de sede para las dos vacantes\u00bb, habiendo ocupado \u00abel segundo puesto en cada lista, por lo cual crea una expectativa en cuanto a nombramiento y respeto del m\u00e9rito amparado por el art\u00edculo 125 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Que el 9 de mayo de 2023, el Consejo Seccional de la Judicatura le inform\u00f3 que el 17 de abril y 3 de mayo de 2023, se hab\u00edan remitido a los Juzgados 1\u00b0 Promiscuo de Familia de Palmira y Octavo de Familia de Cali, las resoluciones contentivas de la \u00ablista de candidatos\u00bb, y para este \u00faltimo despacho, se inclu\u00eda \u00abdos (2) conceptos de traslado favorables (\u2026) a favor de Claudia Patricia Ruiz [y] Johanna Milena L\u00f3pez Lasprilla, para la provisi\u00f3n del cargo en propiedad de un (01) cargos de Asistente Social\u00bb. <\/p>\n
Que el 15 de junio de 2023, \u00aben respuesta a derecho de petici\u00f3n, me comunican la resoluci\u00f3n No. 013 proferida por el Juzgado Octavo de Familia de oralidad de la ciudad de Cali, donde resuelve \u201cnombrar en propiedad en el cargo de Asistente Social Grado 01 de este despacho judicial a Johanna Milena L\u00f3pez Lasprilla (\u2026), por traslado del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que la anterior resoluci\u00f3n \u00abes violatoria a mis derechos fundamentales y expectativas de nombramiento, la decisi\u00f3n no es objetiva y no se ajusta al principio del m\u00e9rito ni a las funciones del cargo Asistente Social Grado 01, en cuanto a la [nombrada], el se\u00f1or juez valora en experiencia cargos de: Escribiente Municipal y Oficial Mayor Municipal que son netamente asistenciales, jur\u00eddicos, de sustanciaci\u00f3n y que no guardan relaci\u00f3n alguna con el cargo Asistente Social Grado 01 [seg\u00fan] el Acuerdo No. PCSJA17-10684 [y] el Acuerdo No. CSJVAA17-71 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que en lo atinente a la \u00abformaci\u00f3n acad\u00e9mica\u00bb, el nominador realiz\u00f3 \u00abuna afirmaci\u00f3n poco objetiva, discriminatoria y de desigualdad, porque est\u00e1 adicionando requisitos que nunca fueron puestos de presente en la convocatoria\u00bb, ya que \u00abvalora la terminaci\u00f3n de materias en derecho como obtenci\u00f3n del t\u00edtulo de abogado [pues] seg\u00fan el Acuerdo No. CSJVAA17-71, la carrera de derecho o la culminaci\u00f3n de semestres o materias, no hace parte de los requisitos m\u00ednimos del cargo Asistente Social (\u2026) grado 1, ni se encuentra relacionado con las funciones del mentado cargo seg\u00fan Acuerdo No. PCSJA17-10684\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende \u00abse revoque la resoluci\u00f3n 013 del Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Cali, [y] se ordene al Consejo Superior de la Judicatura Seccional Valle que garantice la aplicaci\u00f3n de estos y de igual forma, se priorice el principio del m\u00e9rito\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Octavo de Familia de Cali, se opuso a lo pretendido aduciendo que la accionante \u00abno est\u00e1 legitimada para impetrar la presente acci\u00f3n [porque] de acuerdo a la lista de legibles, ocupaba el segundo lugar para el cargo de asistente social, (\u2026) pues quien [estaba ubicado en] el primer lugar, era el se\u00f1or Alejandro Moreno Rubio, existiendo tambi\u00e9n dos conceptos de traslados favorables de las servidoras judiciales Claudia Patricia Ruiz Mel\u00e9ndez y Johanna Milena L\u00f3pez Lasprilla\u00bb. Adem\u00e1s, dijo que no es este mecanismo el id\u00f3neo para cuestionar \u00abla falta de objetividad\u00bb del acto administrativo, sino que lo es \u00abel medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 de la Ley 1437 de 2011)\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, solicit\u00f3 \u00abse declare que esta Corporaci\u00f3n no ha violado derecho fundamental alguno a la actora\u00bb, y se proceda a su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite tutelar, pues \u00abnuestra competencia en materia del concurso de m\u00e9ritos adelantado termina al momento de conformar la lista de elegibles, y en materia de traslados al momento de conceptuar sobre las solicitudes de los mismos y remitirlas ante los funcionarios judiciales. Los Consejos Seccionales de la Judicatura no intervenimos de manera alguna en los procesos de nombramientos de los empleados judiciales de los respectivos despachos, ni mucho menos podemos intervenir o sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones las respectivas autoridades nominadoras\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Administraci\u00f3n de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, pidi\u00f3 ser desvinculada de este asunto, pretextando para ello \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, por cuanto \u00ablos nombramientos de empleados de los juzgados ya sea por concurso o por traslado, corresponde al respectivo juez en calidad de autoridad nominadora\u00bb. <\/p>\n
4. Claudia Patricia Ruiz Mel\u00e9ndez, quien tambi\u00e9n aspiraba al cargo de asistente social grado 1 en el juzgado accionado, explic\u00f3 los motivos que tuvo para pedir su traslado del juzgado en el que se encuentra actualmente en Cali, su experiencia profesional y el aporte que pretend\u00eda realizar si hubiese sido nombrada. Resalt\u00f3 de la querella, \u00abel llamado que hace [la accionante, para] hacer visible la necesidad de centrar los requisitos del cargo y la experiencia relacionada al ejercicio de las profesiones de acuerdo con el perfil establecido en el concurso\u00bb. <\/p>\n
5. Johanna Milena L\u00f3pez Lasprilla, quien fue la persona nombrada en el cargo en cuesti\u00f3n por parte del juez accionado, pidi\u00f3 negar el amparo, aseverando sobre la aspiraci\u00f3n de la querellante, que seg\u00fan la jurisprudencia, el hecho de \u00ab\u201chacer parte de una lista de elegibles no crea expectativas de las cuales el administrado pueda valerse para demandar\u201d\u00bb; que \u00abpara poder inscribirme y optar al cargo (\u2026) que actualmente ostento, acredit\u00e9 y demostr\u00e9 el cumplimiento de los requisitos generales(\u2026), y los requisitos espec\u00edficos m\u00ednimos (\u2026), pues soy psic\u00f3loga acreditada con tarjeta profesional y experiencia relacionada en el sector privado por el tiempo exigido en su momento\u00bb, por lo que las valoraci\u00f3n realizada por el nominador obedeci\u00f3 a tales exigencias, \u00aby obviamente teniendo en cuenta tambi\u00e9n mis labores en otras \u00e1reas de la Rama Judicial\u00bb, acotando que \u00ablleva desempe\u00f1ando el cargo de asistente social en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura desde el 6 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio aduciendo que \u00abde la revisi\u00f3n del contenido de la Resoluci\u00f3n No. 13 de 20132 proferida por el juzgado accionado, puede observarse que el mismo realiz\u00f3 un an\u00e1lisis comparativo de las hojas de vida de las dos personas que solicitaron traslado y la persona que figuraba primera en la lista de aspirantes al cargo de Asistente Social Grado 1 de ese juzgado, (\u2026) puesto que todas ellas cumpl\u00edan con los requisitos m\u00ednimos para ocupar el cargo vacante; de la misma forma, analiz\u00f3 los puntajes obtenidos por cada uno de ellos en el examen de m\u00e9ritos, nivel de estudios y estudios realizados, y experiencia profesional y laboral, llegando de esta manera a una decisi\u00f3n, no solo objetiva, sino tambi\u00e9n basada en el m\u00e9rito, puesto que la persona que fue nombrada en propiedad en el cargo vacante fue la mejor calificada para ocupar el mismo\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, destac\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n proferida por el juzgado accionado se encuentra en firme, puesto que ninguna de las personas directamente interesadas, o con m\u00e1s expectativas en ocupar el cargo vacante en el juzgado accionado interpuso recurso contra dicha resoluci\u00f3n. As\u00ed mismo, puede observarse que en el caso objeto de estudio, no existe un actuar subjetivo por parte del juzgado accionado\u00bb, y, en suma, \u00abque no se evidencia vulneraci\u00f3n de derechos [por lo que] no se advierte que el actuar objeto de queja constitucional sea caprichoso o antojadizo, ya que, por el contrario, obedece a la aplicaci\u00f3n de la normativa que gobierna este tipo de asuntos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora del resguardo para reiterar los argumentos de su demanda y criticar que estos hubieran sido desestimados por el fallador a-quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface los requisitos de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Octavo de Familia de Cali, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al abstenerse de nombrarla en el cargo para el cual concurs\u00f3 y aprob\u00f3 las fases clasificatorias. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra actos administrativos. <\/p>\n
En invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corte ha dicho que cuanto se omite hacer uso de los mecanismos legalmente previstos, no es posible acudir al instrumento excepcional consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y regulado en el Decreto 2591 de 1991, en tanto no ha sido incorporado en el ordenamiento jur\u00eddico para tenerse en lugar del sendero ordinario que el legislador previ\u00f3 para definir un asunto determinado y menos como una instancia adicional. <\/p>\n
As\u00ed, la improcedencia del auxilio por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, es criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues no se avizora justificaci\u00f3n para que la actora hubiese dejado de utilizar los recursos a su alcance. <\/p>\n
En esa perspectiva, se ha enfatizado que los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez del resguardo, pues acerca de su legalidad, este no puede arrogarse facultades que son propias de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues, en principio, es en ese escenario donde el punto \u00abdebe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2007, rad. 00186-01, citada, entre otras, en STC10875-2022, 22 ago., rad. 00193-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, analizados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con los medios de convicci\u00f3n adosados al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de la salvaguarda, pero precisando que lo ser\u00e1 porque no supera el esencial requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Esto, porque no es la acci\u00f3n constitucional el medio de defensa con el que cuenta la actora para debatir lo atinente a la legalidad de los actos administrativos particulares que conllevaron a que, la hoy tutelante, no fuera nombrada en el cargo para el cual opt\u00f3 tras integrar la lista de elegibles que conform\u00f3 el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia mediante \u00abResoluci\u00f3n CSJVAR23-372 del 21.03.2023, dirigida al Juez 8\u00ba de Familia del Circuito de Cali, la que fue remitida trav\u00e9s de oficio CSJVAO23-527 comunicado el 03.05.2023, junto con los conceptos favorables de traslado No. 49 del 25 de abril del 2023 de la se\u00f1ora Claudia Patricia Ruiz Mel\u00e9ndez y No. 43 del 25 de abril del 2023 de la se\u00f1ora Johanna Milena L\u00f3pez Lasprilla, para la provisi\u00f3n en propiedad, del cargo de Asistente Social de Juzgados de Familia y Promiscuos de Familia y Penales de Adolescentes – Grado 1\u00bb. <\/p>\n
En efecto, el instrumento judicial id\u00f3neo para refutar tales decisiones, concretamente la \u00abResoluci\u00f3n Nro. 013 de fecha mayo quince (15) de dos mil veintitr\u00e9s (2023), mediante la cual se nombr\u00f3 en propiedad en el cargo de Asistente Social Grado 01 de este despacho judicial, a JOHANNA MILENA L\u00d3PEZ LASPRILLA, (\u2026) por traslado del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura\u00bb, no es la acci\u00f3n de tutela sino el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre y cuando la interesada cumpla con los requisitos propios de ese medio de control (v. gr, t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que el escenario jur\u00eddico para controvertir actuaciones administrativas, son aquellas dise\u00f1adas por el legislador para ser adelantadas ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, al afirmar que, \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada\u00bb (CSJ STC5278 4 may. 2015, rad. 2014-00305-01, citada en STC7059-2023, 19 jul., rad. 00296-01, entre otras). <\/p>\n
Espec\u00edficamente cuando los actos administrativos censurados son de car\u00e1cter particular y concreto, sostuvo que el control de legalidad \u00abcorresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, [y por ello] fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art. 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2000, exp. 9321, citada entre otras muchas en STC9204-2022, 19 jul., rad. 00893-00). Se subraya. <\/p>\n
N\u00f3tese que adem\u00e1s de que dicho mecanismo jur\u00eddico es el pertinente para que la interesada ejerza su defensa, tambi\u00e9n resulta eficaz, habida cuenta la posibilidad de solicitar medidas cautelares al tenor del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), punto respecto del cual esta Corte ha reconocido como \u00absuficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb (CSJ STC, 18 oct. 2007, exp. 00321-01, reiterada en STC, 14 oct., 2011, exp. 00201-01). <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, la existencia de otros mecanismos de defensa para plantear lo tra\u00eddo en sede de tutela, impide a esta excepcional jurisdicci\u00f3n adentrarse en el estudio de las cuestiones aducidas en la demanda de tutela, tales como los precedentes jurisprudenciales, pues se advierte que la desatenci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad releva hacer pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
A tono con lo antes explicado, para establecer la aptitud del auxilio bajo la aludida modalidad de protecci\u00f3n, no es suficiente la simple afirmaci\u00f3n de inminencia en la amenaza de las prerrogativas iusfundamentales, sino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditarlo. Esto, porque para evaluar el remedio excepcional como instrumento temporal, es necesario que quien lo promueve concrete las circunstancias por la que las herramientas previstas ordinariamente en la ley, no tengan la aptitud para atender sus requerimientos. <\/p>\n
En tales condiciones, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, ya que, \u00abante la existencia de otra acci\u00f3n jurisdiccional, id\u00f3nea y efectiva para proteger los derechos que la accionante estima vulnerados, y la posibilidad de solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo cuestionado, se infiere que la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb (CSJ STC, 14 oct. 2011, rad. 00201-01, citada en STC4654-2016, 15 abr., rad. 00013-01, entre otras). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la pretensora tampoco prob\u00f3 las m\u00ednimas exigencias de estar frente a un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque esta modalidad \u00abse subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se respaldar\u00e1 el fallo de primer grado, precisando su improcedencia, pero en raz\u00f3n a la existencia de medio de defensa judicial id\u00f3neo que la accionante no ha agotado, y porque no acredit\u00f3 un riesgo cierto e inminente de las prerrogativas invocadas que habilite su concesi\u00f3n como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por el puntual criterio desarrollado en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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