STC7682-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7682-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02859-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, la Corte Constitucional, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Defensor\u00eda del Pueblo, Inversiones \u00c1rea Inversa S.A.S., as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00217. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de debido proceso, con ocasi\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular que inici\u00f3, porque el expediente se reparti\u00f3 al tribunal el 23 de junio de 2023, para surtir la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado; pero, a la fecha, no se ha dictado fallo, desconociendo los t\u00e9rminos perentorios de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3, en lo fundamental, que se ordene a la colegiatura encartada resolver lo pertinente respecto de \u00abmi desistimiento de la apelaci\u00f3n y de la acci\u00f3n ante la mora judicial y ante el atropello a mi dignidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADO <\/p>\n
1. El magistrado sustanciador de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira adujo que: <\/p>\n
\u00abEl 23-06-2023 la Oficina Judicial reparti\u00f3 la acci\u00f3n popular para desatar la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia; el 07-07-2023 entre a despacho por compensatorio concedido entre el 20-07-2023 y el 04-07-2023 y congesti\u00f3n en la Secretar\u00eda de la Sala que recibi\u00f3 en ese interregno 230 procesos de reparto; y, el 18-07-2023, siete (7) d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s, la Sala Unitaria admiti\u00f3 el recurso (Arts.37, Ley 472, 321 y 322, CGP y 12, Ley 2213). <\/p>\n
El expediente est\u00e1 en nuestra Secretar\u00eda, donde corren los plazos de sustentaci\u00f3n y r\u00e9plica. Imposible enrostrar inobservancia deliberada de los t\u00e9rminos procesales, pues, se trata de actuaciones previas y necesarias para desatar el recurso; a\u00fan no ingresa el proceso a despacho. (\u2026) Y, en torno al desistimiento de la apelaci\u00f3n, es falso que el interesado haya presentado memorial en esos t\u00e9rminos; por manera que imputa una omisi\u00f3n inexistente\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte Constitucional precis\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno es la autoridad competente para tramitar o resolver las pretensiones formuladas por el accionante, de acuerdo con las funciones constitucionales que establece el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. De hecho, en el presente caso es posible concluir que esta Corporaci\u00f3n no est\u00e1 legitimada por pasiva, toda vez que ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a\u00f1adi\u00f3 que \u00aben lo que tiene que ver con la solicitud relacionada con la presentaci\u00f3n de acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa por falla en la prestaci\u00f3n del servicio, debe indicarse que todas las personas que demuestren una condici\u00f3n de imposibilidad econ\u00f3mica o social para pagar por s\u00ed mismas la defensa de sus derechos, as\u00ed como asumir su representaci\u00f3n judicial o extrajudicial tal como ser\u00eda requerido por el accionante, tendr\u00e1n derecho a que se les preste el servicio de defensor\u00eda p\u00fablica con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad p\u00fablica, en virtud a lo dispuesto en el art\u00edculo 282 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; frente a lo cual, corresponde al actor solicitar ante a la Defensor\u00eda del Pueblo la designaci\u00f3n del profesional del derecho conforme a la necesidad planteada atendiendo las funciones encomendadas a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso de la acci\u00f3n popular de la referencia (rad. n.\u00ba 2022-00217), por, supuestamente, desatender el t\u00e9rmino previsto en la Ley 472 de 1998 para resolver la instancia a su cargo. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por el memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a desatar la segunda instancia en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00217, atendiendo el t\u00e9rmino previsto en la Ley 472 de 1998, porque, seg\u00fan lo expuesto por el censor, es evidente el \u00abincumplimiento de t\u00e9rminos perentorios\u00bb. <\/p>\n
No obstante, contrario a lo afirmado por aquel, una vez verificado el sistema de gesti\u00f3n judicial, as\u00ed como la foliatura remitida por el tribunal ad quem, se pudo constatar que el tr\u00e1mite (i) se someti\u00f3 a reparto el 23 de junio de 2023; y (ii) con prove\u00eddo de 4 de julio se admiti\u00f3 el remedio vertical y se dispuso que, \u00abejecutoriado este auto correr\u00e1n en traslado cinco (5) d\u00edas a los apelantes para que sustenten; cumplida la carga, se dar\u00e1 traslado a la contraparte por el mismo t\u00e9rmino para la r\u00e9plica (Art.12, Ley 2213).)\u00bb1. <\/p>\n
Significa lo anterior que la colegiatura encartada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento por lo que se colige que el tribunal ha adelantado las gestiones pertinentes en procura de la definici\u00f3n de la instancia a su cargo, en un tiempo prudencial. <\/p>\n
3.2. Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov.). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., citada en STC5109-2022, 27 abr., et. al.). <\/p>\n
3.3. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones del gestor \u2013v. gr., que se \u00abordene\u00bb a la Corte Constitucional intervenir en defensa de sus intereses, o que se resuelvan las solicitudes que dice haber formulado en la acci\u00f3n popular2 o ante los entes de control3\u2013, tambi\u00e9n se aviene impr\u00f3spero el amparo, teniendo en cuenta que (i) lo requerido no hace parte de las funciones del \u00f3rgano de cierre constitucional, no se constat\u00f3 actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n lesiva de las garant\u00edas del reclamante respecto de esa corporaci\u00f3n y no se exterioriz\u00f3 ning\u00fan motivo de queja; aunado a que (ii) tampoco prob\u00f3 haber presentado los pedimentos tra\u00eddos a esta senda en el proceso auscultado ni ante los organismos mencionados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, comoquiera que no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte de la colegiatura convocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con posterioridad, se dej\u00f3 constancia secretarial de que: \u00abdurante los d\u00edas 19, 21 y 24 de julio, el Consejo Seccional de la Judicatura le concedi\u00f3 compensatorio al magistrado Duberney Grisales Herrera, por haber estado en disponibilidad para atender h\u00e1beas corpus. Inh\u00e1biles los d\u00edas 20, 22 y 23 de julio\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Como la supuesta solicitud de desistimiento del \u00abrecurso\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Por ejemplo, indic\u00f3 que ha solicitado \u00aba la saciedad\u00bb ante la Procuradur\u00eda y la Defensor\u00eda que intervengan en su favor y presenten demandas \u00abde reparaci\u00f3n directa\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7682-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC7682-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02859-00 Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75370","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75370","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75370"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75370\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75370"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75370"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75370"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}