STC7692-2023<\/p>\n
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JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
STC7692-2023 <\/p>\n
Radicado No. 11001-02-04-000-2023-00033-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por BEATRIZ EUGENIA HURTADO VAR\u00d3N contra la sentencia de tutela STP1369-2023 del 9 de febrero de 2023 proferida en primera instancia por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La accionante BEATRIZ EUGENIA HURTADO VAR\u00d3N, present\u00f3 el 16 de enero de 2023, por intermedio de apoderado judicial, acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia para que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la seguridad jur\u00eddica, a la sustituci\u00f3n pensional y al m\u00ednimo vital, vulnerados, seg\u00fan ella, como consecuencia de la decisi\u00f3n que tom\u00f3 la accionada Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en \u201csentencia SL2313\u201d proferida el 6 de julio de 2022 (Radicado No. 79704), al \u201cNO CASAR la sentencia del Tribunal Superior del distrito Judicial de Cali Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Laboral, quien le neg\u00f3 el reconocimiento del \u201cotro 50% de la sustituci\u00f3n pensional\u201d, en su calidad de hija interdicta del fallecido \u00d3scar Hurtado G\u00f3mez\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Se\u00f1ala que su difunto padre, OSCAR HURTADO G\u00d3MEZ, era pensionado de la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social \u2013 CAJANAL y de COLPENSIONES y que disfrut\u00f3 de ese derecho \u201chasta el d\u00eda de su muerte, acaecida el 21 de noviembre de 1996\u201d. <\/p>\n
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3. Advierte, as\u00ed mismo, que \u201ca reclamar la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u201d acudieron ella (la accionante BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON), en su \u201ccalidad de hija interdicta\u201d y \u201cGLORIA MILENA BRAND GARC\u00cdA, como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u201d. <\/p>\n
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4. Precisa, igualmente, que mientras CAJANAL le otorg\u00f3 el 100% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes de su padre, OSCAR HURTADO G\u00d3MEZ, y le neg\u00f3 ese derecho a GLORIA MILENA BRAND GARC\u00cdA por no haber acreditado que convivi\u00f3 con \u00e9l \u201clos dos \u00faltimos a\u00f1os anteriores\u201d a su muerte, COLPENSIONES, por el contrario, mediante Resoluci\u00f3n 8614 del 21 de octubre de 1997, s\u00f3lo le otorg\u00f3 a la accionante el 50% de la pensi\u00f3n de su progenitor, porque el otro 50% se lo entreg\u00f3 a GLORIA MILENA BRAND GARC\u00cdA en su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite, al concluir, de forma distinta de como lo hizo CAJANAL, que esta \u00faltima s\u00ed hab\u00eda acreditado su convivencia con el causante los dos \u00faltimos a\u00f1os anteriores a su muerte. <\/p>\n
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5. Anota que la decisi\u00f3n de CAJANAL de excluir a GLORIA MILENA BRAND GARC\u00cdA de la sustituci\u00f3n pensional de su padre OSCAR HURTADO G\u00d3MEZ fue demandada por \u00e9sta ante la jurisdicci\u00f3n laboral y que finalmente la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SL057-2020 proferida el 22 de enero de 2020 (Radicaci\u00f3n No. 62185) confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n, que incluso fue objeto de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional quien la ratific\u00f3 en providencia del 30 de abril de 2021. <\/p>\n
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6. Se\u00f1ala, as\u00ed mismo, que demand\u00f3 ante la especialidad laboral la decisi\u00f3n de COLPENSIONES de otorgarle el 50% de la pensi\u00f3n de sobreviviente de su padre, OSCAR HURTADO G\u00d3MEZ, a GLORIA MILENA BRAND GARC\u00cdA en su condici\u00f3n de compa\u00f1era permanente sup\u00e9rstite de aqu\u00e9l. <\/p>\n
7. Que dicha demanda fue resuelta en primera instancia por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Cali, quien, en providencia del 13 de octubre de 2016 \u201cdeclar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de inexistencia de fundamento legal de Beatriz Eugenia Hurtado, para solicitar el otro 50% de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, y orden\u00f3 a Colpensiones seguir pagando el 50% de la pensi\u00f3n a Gloria Milena Brand Garc\u00eda, en calidad de compa\u00f1era permanente del causante\u2026\u201d. <\/p>\n
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8. Que, inconforme con esta decisi\u00f3n, la accionante la apel\u00f3 y la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali confirm\u00f3 la providencia del a quo. <\/p>\n
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9. Indic\u00f3, igualmente, que recurrida en casaci\u00f3n la decisi\u00f3n anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Magistrado Jorge Prada S\u00e1nchez, en sentencia SL2313-2022 del 6 de julio de 2022 (Radicaci\u00f3n No. 79704), se abstuvo de casar el fallo del ad quem, a pesar de los yerros denunciados en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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10. Advierte que la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la seguridad jur\u00eddica, a la sustituci\u00f3n pensional y al m\u00ednimo vital, se da como consecuencia de la decisi\u00f3n de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de \u201cNO CASAR la sentencia del Tribunal Superior del distrito Judicial de Cali Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Laboral, quien le neg\u00f3\u0301 el reconocimiento del \u00abotro 50% de la sustituci\u00f3n pensional\u00bb, en su calidad de hija interdicta del fallecido \u00d3scar Hurtado G\u00f3mez\u2026\u201d. <\/p>\n
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11. En ese sentido, se\u00f1ala que \u201cTales derechos han sido vulnerados como consecuencia de defectos f\u00e1cticos, decisivos, en donde, en un proceso entre las mismas partes (BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON Y GLORIA MILENA BRAND GARCIA, la misma pretensi\u00f3n (La pensi\u00f3n de sobreviviente) y con las mismas pruebas, en su parte fundamental, pero variando los demandados de CAJANAL a Colpensiones, en donde, la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral y la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n, confirma, el derecho del otro 50% de la pensi\u00f3n de sobreviviente a BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON} (sic), en sentencia de enero 2022, cosa que no sucedi\u00f3, as\u00ed, en la sentencia SL2313-2022 Radicaci\u00f3n No. 79704 Acta 24 del seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s, emitida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL Magistrado Ponente JORGE PRADA SA\u0301NCHEZ, quien no le concede ese derecho a BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON, como la hija interdicta, pero si a GLORIA MILENA BRAND GARCIA, como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite.\u201d <\/p>\n
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12. En efecto, la recurrente advierte en su demanda de tutela que a pesar de los \u201cprotuberantes errores de hecho por parte del Tribunal Superior Sala Laboral de Decisi\u00f3n de Cali\u201d, puestos de presente en su demanda de casaci\u00f3n, la accionada Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n \u201cNO CAS\u00d3, amparado en un formalismo, por sobreponer las normas procesales, en aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 7o de la Ley 16 de 1969, sobre la garant\u00eda de los derechos fundamentales del estudio, al no valorar las pruebas sometidas a escrutinio, del error de hecho alegado, por no ser pruebas calificadas, ya que no correspondieron a la confesi\u00f3n, inspecci\u00f3n judicial y documento aut\u00e9ntico, correspondiendo en esta demanda a declaraciones extra juicios, pruebas testimoniales, pruebas documentales, y se agrava, en cuanto, estas pruebas no calificadas, fueron las \u00fanicas con las que se dict\u00f3 la sentencia por el tribunal\u2026\u201d. <\/p>\n
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13. Sin embargo, se\u00f1ala, \u201cestas pruebas, llamadas no calificadas, si (sic) fueron estudiadas en sede de casaci\u00f3n, en sentencia de casaci\u00f3n, decidido por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el 22 de enero de 2020, en sentencia SL057-2020, RADICACION No. 62.185, en proceso entre las mismas partes, pretensiones, siendo el demandado CAJANAL\u201d. <\/p>\n
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14. Agrega que el fallo proferido incurre adem\u00e1s en \u201cun defecto factico, en cuanto, con las mismas pruebas, se llega a decisiones contradictorias\u201d. Justamente, advierte la recurrente, que mientras la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se\u00f1ala en su sentencia SL057-2020 (Radicado 62.185) el 22 de enero de 2020 que \u201cla declaraci\u00f3n extrajudicial del causante\u2026 solo (sic) da cuenta de una convivencia entre la pareja para el momento en que se elabor\u00f3, es decir, el 5 de julio de 1994 y por un lapso de 10 a\u00f1os hacia atr\u00e1s\u201d, por lo que, a\u00f1ade, \u201cno es dable concluir que mediante la autenticaci\u00f3n de la firma pueda probarse que la convivencia hubiese ocurrido hasta el 12 de agosto de 1996, fecha en la que se realiz\u00f3\u0301 la aludida diligencia notarial\u2026 ya que la autenticaci\u00f3n solamente \u00abda cuenta de la confrontaci\u00f3n de la firma del documento con la registrada en la Notaria\u00bb4\u201d y, por consiguiente, \u201cno le concede la pensi\u00f3n de sobrevivientes a GLORIA MILENA BRAND GARCIA, al no estar probada la convivencia los dos (2) \u00faltimos a\u00f1os anteriores a la muerte del causante\u201d; \u201c\u2026en la sentencia de casaci\u00f3n objeto de esta tutela, con este documento, el Tribunal superior Sala de Decisi\u00f3n laboral, llego\u0301 a la conclusi\u00f3n, que, si exist\u00eda la prueba de la convivencia con el causante, los dos (2) \u00faltimos a\u00f1os anteriores a su muerte, pero, la corte Suprema de Casaci\u00f3n laboral, objeto de esta tutela, no las analizo\u0301 por no ser pruebas h\u00e1biles\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
15. Para la accionante, esta aparente contradicci\u00f3n vulnera adem\u00e1s la seguridad jur\u00eddica como su derecho a \u201cla sustituci\u00f3n pensional y el m\u00ednimo vital\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
16. Por esa raz\u00f3n, concluye, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de presentar la esta acci\u00f3n de tutela con el fin de que fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la seguridad jur\u00eddica, a la sustituci\u00f3n pensional y al m\u00ednimo vital, vulnerados, seg\u00fan ella, \u201ccomo consecuencia de defectos f\u00e1cticos, decisivos,\u201d en que incurri\u00f3 la accionada Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que se revoque \u201cla sentencia SL2313-2022 Radicaci\u00f3n No. 79704 Acta 24 del seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s\u2026., para que en su lugar, se dicte una nueva sentencia, en donde se analicen todas las pruebas alegadas en sede de casaci\u00f3n, calificadas o no, y en nueva sede de instancia de casaci\u00f3n, resuelva si proced\u00eda \u00abnegar el derecho pensional ya reconocido judicialmente a la se\u00f1ora GLORIA MILENA BRAND GARCI\u0301A, por COLPENSIONES, como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, si no se acredita por parte de GLORIA MILENA BRAND GARCIA, el haber convivio los dos (2) \u00faltimos a\u00f1os anteriores a la muerte del causante, el 21 de noviembre de 1996, es decir, al menos, del 21 de noviembre de 1994 a 1996 Y siendo as\u00ed las cosas, entonces, si, BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON, la promotora del litigio ten\u00eda derecho al 100% de la pensi\u00f3n que en vida percibi\u00f3 su padre, en calidad de hija inv\u00e1lida\u201d. <\/p>\n
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17. Habi\u00e9ndole correspondido en primera instancia el presente asunto a la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta, mediante auto del 31 de enero de 2023, avoc\u00f3 conocimiento del mismo y orden\u00f3 vincular al presente tr\u00e1mite a Gloria Milena Brand Garc\u00eda, a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Cali, a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional. <\/p>\n
LA DECISI\u00d3N IMPUGNADA <\/p>\n
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18. Mediante providencia STP1369-2023 proferida el 9 de febrero de 2023, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, neg\u00f3 en primera instancia la presente solicitud de amparo. Para dicho sentenciador a quo, la sentencia SL2313-2022 proferida el 6 de julio de 2022 (Radicado 79704) por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u201cresolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, todo conforme con la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso y frente al \u00fanico cargo propuesto por el apoderado de la demandante en casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
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19. En efecto, se\u00f1ala que la Sala accionada \u201cplante\u00f3 como problema jur\u00eddico a definir si el Ad quem se equivoc\u00f3 al colegir que dicha ciudadana probo\u0301 su convivencia con \u00d3scar Hurtado G\u00f3mez, durante dos a\u00f1os continuos antes del deceso de dicho causante, y consecuente con ello, si a la demandante le asist\u00eda o no el derecho al 100 % de la pensi\u00f3n de su padre\u201d; y explic\u00f3 adecuadamente en su sentencia SL2313-2022 del 6 de julio de 2022 (Radicaci\u00f3n No. 79704), por qu\u00e9 \u201cdescarto\u0301 que en sede extraordinaria fuera dable efectuar la valoraci\u00f3n planteada a trav\u00e9s de la demanda de casaci\u00f3n, en punto de i. la confesi\u00f3n que se pretende deducir a partir de la contestaci\u00f3n a la demanda, ii. la declaraci\u00f3n de 6 de diciembre de 1996 ante la Notar\u00eda 12 del Circuito de Cali y principalmente, iii. la constancia de 5 de julio de 1994 suscrita por el causante que Claudia Milena allego\u0301 al proceso, y iv. la investigaci\u00f3n administrativa de dependencia y convivencia adelantada por el ISS.\u201d <\/p>\n
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20. En consecuencia, manifiesta que \u201ccon la suficiente argumentaci\u00f3n se precis\u00f3 que la postulaci\u00f3n de la demanda resultaba insuficiente para derruir la validez de la sentencia del Tribunal Superior de Cali, en la medida que no se efectu\u00f3, en debida forma, un ataque a las razones probatorias con los que aquella Corporaci\u00f3n determino\u0301 confirmar el fallo de primer grado, escasez que imped\u00eda a la Sala demandada pronunciarse acerca de los reparos del casacionista.\u201d <\/p>\n
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21. Por \u00faltimo, la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, se\u00f1ala que \u201cno le asiste raz\u00f3n a la parte actora cuando demanda el desconocimiento o inaplicaci\u00f3n indebida del precedente jurisprudencial\u201d, porque, primero, la sentencia CSJ SL057-2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laborar de la Corte Suprema de Justicia que \u201cdecidi\u00f3 negarle a la compa\u00f1era permanente el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, quedando el 100% del beneficio favor de Beatriz Eugenia,\u2026 no resulta vinculante para la Sala atacada, en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo del art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, adicionado por el art. 2 de la Ley 1781 de 2016\u201d; y segundo, \u201cse trata de decisiones acerca de hechos y postulaciones diversas, porque, aun cuando en ellas se analiz\u00f3\u0301 la titularidad del derecho a sustituir la pensi\u00f3n del causante, existen m\u00e1rgenes diferenciadores que las hacen divergentes, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(i) En el proceso culminado con sentencia CSJ SL057-2020, la demandante fue Gloria Milena Brand Garc\u00eda y la demandada, la Caja Nacional de Previsi\u00f3n Social \u2013 CAJANAL, mientras que en la actuaci\u00f3n que se defini\u00f3 con fallo CSJ SL2313-2022, la promotora fue Beatriz Eugenia Hurtado, a trav\u00e9s de curador, en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES-. <\/p>\n
\u201c(ii) En la primera sentencia se trat\u00f3 el derecho sobre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del causante, reconocida mediante la Resoluci\u00f3n 3049 de 1979 por CAJANAL, cuyo reconocimiento reclamo\u0301 la demandante posteriormente, y le fue negada en Resoluci\u00f3n 001510 de 1998. <\/p>\n
\u201cDe forma diversa, en la segunda providencia, se debati\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez, reconocida a de (sic) \u00d3scar Hurtado G\u00f3mez (q.e.p.d.) mediante Resoluci\u00f3n 005248 de 1995, por parte del extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS, misma entidad que, luego, dio a Beatriz Eugenia la sustituci\u00f3n pensional en un 50% a partir del fallecimiento de aquel, y despu\u00e9s, en Resoluci\u00f3n 8614 de 1997, otorgo\u0301 el otro 50% a Gloria Milena Brand Garc\u00eda. Ese proceso, que es el que se cuestiona ahora, resulto\u0301 en la providencia atacada en la que se ratific\u00f3 la referida distribuci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(iii) El debate probatorio efectuado en ambos procesos resulto\u0301 distante, ello porque, aun cuando en el primer escenario se concluy\u00f3 que no estaba demostrada la convivencia entre el causante y Gloria Milena, mientras que, en el segundo se estableci\u00f3 su existencia, esas deducciones estuvieron basadas en distintos elementos de prueba. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, en la primera providencia, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1 de la Hom\u00f3loga Laboral, para descartar el hecho de la convivencia, estudio\u0301: un documento denominado \u201ccredibanco visa\u201d correspondiente a un recibo de pago, la declaraci\u00f3n extra juicio de 5 de junio de 1994 del causante, unas comunicaciones de la empresa Legis, el testimonio de Mar\u00eda Zulamy Gil Plaza, que apreciadas en conjunto no conduc\u00edan a probar el referido fen\u00f3meno. <\/p>\n
\u201cEn cambio, en la segunda determinaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 3, no se adentr\u00f3 en el an\u00e1lisis de los medios de pruebas incoados por la entonces parte recurrente, en atenci\u00f3n a que no se trataban de pruebas calificadas en casaci\u00f3n, luego, contrario a lo aseverado por la parte accionante, no se ocup\u00f3 de realizar un estudio diverso de las pruebas, sino de mantener la sentencia adoptada bajo la postura que el reproche invocado en sede extraordinaria no ten\u00eda aptitud para rebatir la conclusi\u00f3n efectuada.\u201d <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
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22. Inconforme con la decisi\u00f3n anterior, la accionante BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON la impugn\u00f3 oportunamente, mediante escrito radicado el 28 de febrero de 2023. <\/p>\n
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23. Como fundamento de su impugnaci\u00f3n, la tutelante se\u00f1ala que el a quo no se pronunci\u00f3 sobre \u201clas normas internacionales y de la Corte Constitucional, que habilitan el an\u00e1lisis en su conjunto de todas las pruebas, calificadas o no\u201d, pues, de haberlo hecho, agrega, habr\u00eda \u201cconcedido la tutela, y ordenado a la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Corte Suprema de Justicia, que revocare su sentencia y emitiera, una nueva, en donde analizare en su conjunto, todas las pruebas, as\u00ed, no fueren calificadas en sede de casaci\u00f3n, pero, si por disposici\u00f3n de las normas internacionales y sentencias de flexibilizaci\u00f3n de la corte Constitucional\u201d. <\/p>\n
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24. Se\u00f1ala as\u00ed mismo que la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia \u201cOmite considerar, las grandes semejanzas, entre las sentencias emitidas para asignar la pensi\u00f3n de sobrevivientes, del causante, que constituyen el n\u00facleo central de la demanda, su tronco com\u00fan, su matriz, los temas \u00fanicos: En ambos procesos, CAJANAL y COLPENSIONES, el tema, La pensi\u00f3n de sobreviviente del causante; en ambos procesos, las reclamantes o pretendiente, fueron las mismas personas: BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON, como hija interdicta del causante, y ANA MILENA BRAND GARCIA, como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, y, ambas, en procura de la pensi\u00f3n de sobreviviente del causante, y la decisi\u00f3n para otorgar el derecho, la misma: si existe la prueba de la convivencia durante los dos \u00faltimos a\u00f1os anteriores a la muerte del causante; las pruebas comunes en ambas decisiones, del documento notarial suscrito por Oscar Hurtado G\u00f3mez el 5 de julio de 1994, y el testimonio de Mar\u00eda Zulamy Gil Plaza\u201d. <\/p>\n
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25. Por esa raz\u00f3n, agrega, no advierte las contradicciones que existen entre \u201clas sentencias del Tribunal Laboral Superior de Cali, que llega a la conclusi\u00f3n que hay prueba de la convivencia de la c\u00f3nyuge, contra las de las Altas Cortes, quienes concluyen no hay prueba de la supervivencia\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. De acuerdo con la demanda de casaci\u00f3n presentada por la accionante contra la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del proceso que \u00e9sta adelant\u00f3 contra Colpensiones y al que fue vinculada Gloria Milena Brand Garc\u00eda, el ad quem \u201cviol\u00f3 indirectamente por aplicaci\u00f3n indebida, \u2026normas sustantivas de la seguridad social y notarial\u2026, en relaci\u00f3n con las disposiciones procesales tanto laborales como civiles que de igual manera se enlistaron, a consecuencia de los evidentes errores de hecho en que incurri\u00f3\u2026, por haber apreciado err\u00f3neamente unas pruebas y dejado de apreciar otras, \u2026lo que condujo finalmente al Tribunal a conclusiones contrarias a la realidad probatoria, en contra de los intereses de mi representada\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Seg\u00fan la recurrente, hoy accionante, las pruebas err\u00f3neamente apreciadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, fueron la Resoluci\u00f3n No. 8614 del 21 de octubre de 1997 por la cual el ISS reconoci\u00f3 a Gloria Milena Brand Garc\u00eda como sustituta pensional del causante en un 50%, la \u201cConstancia de convivencia firmada por el se\u00f1or \u00d3scar Hurtado G\u00f3mez\u201d el 5 de julio de 1994, la \u201cinvestigaci\u00f3n de dependencia y convivencia\u201d efectuada por la Seccional del Valle del Cauca del ISS, la contestaci\u00f3n de la demanda de Gloria Milena Brand Garc\u00eda, los testimonios de Mar\u00eda Zulamy Gil Plaza, Edelmira Guti\u00e9rrez Oviedo y Jos\u00e9 Rafael Cervantes Acosta, y las declaraciones extra proceso de Edelmira Guti\u00e9rrez Oviedo, Mariela Tasc\u00f3n de Guti\u00e9rrez y Freya Escobar de Chica\u201d. As\u00ed mismo, denunci\u00f3 que el ad quem omiti\u00f3 apreciar la \u201cdeclaraci\u00f3n juramentada extra proceso rendida por la llamada en litis consorcio necesario se\u00f1ora Gloria Milena Brand Garc\u00eda, ante la Notar\u00eda 12 del Circuito de Cali; en cuanto encierra confesi\u00f3n de parte.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los errores de hechos cometidos por el ad quem de acuerdo con la aludida demanda de casaci\u00f3n, fueron los siguientes: <\/p>\n
\u201c(\u2026) <\/p>\n
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* Dar por demostrado sin estarlo, que con la declaraci\u00f3n del pensionado (folio 122 del expediente), se ratific\u00f3 desde el 6 de julio de 1994 hasta el 12 de agosto de 1996, el contenido de dicho documento. <\/p>\n
<\/p>\n
* No dar por demostrado est\u00e1ndolo, que el 12 de agosto de 1996, el Notario Noveno de Cali – Valle, dej\u00f3 constancia escrita de que la firma puesta en el documento corresponde a la de la persona que la registr\u00f3 ante \u00e9l, esto es, la firma de OSCAR HURTADO GOMEZ. <\/p>\n
<\/p>\n
* Dar por demostrado sin estarlo, que la autenticaci\u00f3n de la firma ante notario del causante OSCAR HURTADO G\u00d3MEZ, confirm\u00f3 el contenido de su declaraci\u00f3n desde el 5 de julio de 1994 hasta el 12 de agosto de 1996. <\/p>\n
<\/p>\n
* Dar por demostrado sin estarlo, que el notario tuvo contacto con las partes el d\u00eda 12 de agosto de 1996, fecha en la que se autentic\u00f3 la firma del causante OSCAR HURTADO G\u00d3MEZ. <\/p>\n
<\/p>\n
* No dar por demostrado est\u00e1ndolo, que la litis consorte por la parte pasiva Gloria Milena Brand Garc\u00eda, mediante declaraci\u00f3n juramentada ante el Notario 12 del C\u00edrculo de Cali, confes\u00f3 que convivi\u00f3 en uni\u00f3n libre durante 10 a\u00f1os con el se\u00f1or Oscar Hurtado G\u00f3mez, tal declaraci\u00f3n fue rendida a los 6 d\u00edas del mes de diciembre de 1996. <\/p>\n
<\/p>\n
* Dar por demostrado sin estarlo, que la investigaci\u00f3n hecha por funcionario de la Oficina de Atenci\u00f3n al Pensionado, Seccional Valle del Cauca del Instituto de los Seguros Sociales era suficiente para demostrar la convivencia en los 2 \u00faltimos a\u00f1os, toda vez que se trat\u00f3 de una manifestaci\u00f3n de la propia interesada como compa\u00f1era permanente, y en forma gen\u00e9rica expresa que el hecho de convivencia es comprobado por testimonios de sus amigos y fotograf\u00edas familiares, sin indicar cu\u00e1les amigos y cu\u00e1les fotograf\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
* Dar por demostrado sin estarlo que el causante de la pensi\u00f3n se\u00f1or Oscar Hurtado G\u00f3mez convivi\u00f3 desde el 21 de noviembre de 1994 hasta el 21 de noviembre de 1996 (fecha de su deceso), con la se\u00f1ora Gloria Milena Brand Garc\u00eda. <\/p>\n
<\/p>\n
* Dar por demostrado sin estarlo, que la se\u00f1ora Gloria Milena Brand Garc\u00eda, no convivi\u00f3 con el causante \u00d3scar Hurtado G\u00f3mez por razones de salud, hasta el momento de su muerte. <\/p>\n
<\/p>\n
* Dar por demostrado sin estarlo, que la Resoluci\u00f3n 8614 de 1997 (folios 107 a 109 del expediente), tuvo soportes probatorios suficientes para otorgar pensi\u00f3n de sobrevivientes, en cuant\u00eda de un 50% en favor de la compa\u00f1era permanente Gloria Milena Brand Garc\u00eda, sin mencionar qu\u00e9 documentos y testimonios tuvo en cuenta para comprobar los requisitos de los art\u00edculos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
4. Como consecuencia de tales errores de hecho, advierte la recurrente, la Sala accionada termin\u00f3 por absolver \u201ca COLPENSIONES de reconocerle la pensi\u00f3n plena de jubilaci\u00f3n en el 100% a Beatriz Eugenia Hurtado Var\u00f3n, y neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n en el 100% a al demandante Beatriz Eugenia Hurtado Var\u00f3n, cuando debi\u00f3 reconocer el 100%\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6. Se\u00f1ala a continuaci\u00f3n que la constancia de convivencia que firm\u00f3 el causante el 5 de julio de 1994 \u201ctampoco es un medio de prueba calificado en casaci\u00f3n, en la medida que no proviene de una de las partes del proceso\u201d y, por tanto, \u201cse asimila a la declaraci\u00f3n de un tercero (CSJ SC11822-2015)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Respecto de la Resoluci\u00f3n 8614 del 21 de octubre de 1997 por la cual el ISS reconoci\u00f3 a Gloria Milena Brand Garc\u00eda como sustituta pensional del causante en un 50%, la Sala accionada manifiesta que \u201cla censura se limita a sostener que el juzgador debi\u00f3 anularla debido a que el entonces ISS s\u00f3lo aludi\u00f3 a la versi\u00f3n de la interesada en la pensi\u00f3n, pero no relaciono\u0301 las declaraciones. Desde luego, dicho argumento carece de toda solidez en el prop\u00f3sito de derruir la inferencia del ad quem\u201d. Y agrega que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala \u201cla investigaci\u00f3n administrativa sobre dependencia y convivencia adelantada por el ISS (fls. 120 y 121), que no est\u00e1 suscrita por la compa\u00f1era permanente, es admisible a un testimonio, de suerte que no es prueba h\u00e1bil para estructurar un error de hecho manifiesto en casaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
8. A\u00f1ade que \u201cpor la misma raz\u00f3n no se abre paso el an\u00e1lisis de las declaraciones de terceros, por cuanto no se demostr\u00f3 error de hecho sobre una prueba calificada\u201d, como de las declaraciones extra proceso \u201ca las cuales\u2026 se les da el mismo tratamiento que a los testimonios\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Por \u00faltimo, advierte que el \u00fanico cargo propuesto en casaci\u00f3n no ataca \u201cel argumento del sentenciador, seg\u00fan el cual la litisconsorte no convivi\u00f3 bajo el mismo techo par el momento de la muerte, por quebrantos de salud del pensionado\u201d y que como lo anterior \u201cconstituye pilar esencial de la decisi\u00f3n confutada, su falta de ataque impide el quiebre de la sentencia impugnada, dado que este resultado esta\u0301 supeditado a que se desquicien todos los sustentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos del fallo\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
10. De acuerdo con lo anterior, es claro entonces que la Sala accionada, en desarrollo del \u00fanico cargo que formul\u00f3 la accionante en su demanda de casaci\u00f3n con fundamento en \u201cla causal primera consagrada en el art\u00edculo 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1.964, que modific\u00f3 los art\u00edculos 87 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y 7o. de la Ley 16 de 1.969\u2026\u201d, analiz\u00f3 \u00fanicamente la contestaci\u00f3n de la demanda de Gloria Milena Brand Garc\u00eda y su \u201cdeclaraci\u00f3n juramentada extra proceso\u201d con el fin de determinar si hab\u00edan sido err\u00f3neamente apreciadas por el ad quem, pero se abstuvo de hacer lo mismo en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas que la accionante denunci\u00f3 como indebidamente apreciadas en su demanda de casaci\u00f3n, sobre la base de que estas pruebas no son pruebas calificadas para demostrar un error de hecho en casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
11. Lo anterior, por cuanto al no encontrar ning\u00fan error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las referidas pruebas calificadas, consider\u00f3, con fundamento en la jurisprudencia citada en su fallo, que no pod\u00eda abordar el estudio de las pruebas no calificadas. <\/p>\n
CASO CONCRETO <\/p>\n
<\/p>\n
12. Dicho lo anterior, corresponde, entonces, a esta Sala de Conjueces determinar si esa falta de an\u00e1lisis de dichas pruebas no calificadas por parte de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia puede llegar a constituir un defecto procedimental como consecuencia de un exceso ritual manifiesto y, por contera, violar alg\u00fan tipo de derecho fundamental de la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
13. Seg\u00fan la tutelante, esa falta de an\u00e1lisis integral de las pruebas denunciadas por ella c\u00f3mo err\u00f3neamente apreciadas, es producto de \u201cun formalismo, por sobreponer las normas procesales, en aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 7o de la Ley 16 de 1969, sobre la garant\u00eda de los derechos fundamentales del estudio, al no valorar las pruebas sometidas a escrutinio, del error de hecho alegado, por no ser pruebas calificadas, ya que no correspondieron a la confesi\u00f3n, inspecci\u00f3n judicial y documento aut\u00e9ntico, correspondiendo en esta demanda a declaraciones extra juicios, pruebas testimoniales, pruebas documentales\u2026\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
14. En efecto, para la accionante esa falta de estudio completo de las pruebas calificadas y no calificadas por parte de la Sala accionada desconoce su derecho fundamental al \u201cdebido proceso\u2026 para dejar de aplicar los arts. 8. \u00b0 de la CADH y 29 de la CP (C-496\/15), cuya aplicaci\u00f3n obliga en nuestro ordenamiento interno, lo cual, reafirmado en las reiteradas jurisprudencias de la corte constitucional, que, entre otras, implica las garant\u00edas de presentar los medios de prueba y que sean apreciados en conjunto, conforme a la sana cr\u00edtica (CTPSS, art. 61)\u201d, que, seg\u00fan ella, \u201cno solo debe proyectarse en las instancias, sino tambi\u00e9n en la casaci\u00f3n, puesto que precisamente este recurso constituye el \u00faltimo control de los errores de la sentencia\u201d, de ah\u00ed que para la accionante \u201caceptar que la sentencia puede incurrir en un yerro manifiesto y determinante en la decisi\u00f3n, pero que no se admite plantear en casaci\u00f3n, no tiene justificaci\u00f3n desde la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso.\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
15. Se\u00f1ala, as\u00ed mismo, que \u201cen la sentencia emitida por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Corte Suprema de Justicia, tambi\u00e9n en sede de casaci\u00f3n, contra sentencia del Tribunal Laboral de Cali, entre las mismas pretendientes BEATRIZ EUGENIA HURTADO VARON y ANA MILENA BRAND GARCIA, y la misma pensi\u00f3n de sobreviviente, difiriendo solo el otorgante CAJANAL En esta sentencia la corte CASA, analizando las pruebas no calificadas, pues, no hab\u00eda m\u00e1s para analizar, pero, que la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n No. 3, no estudio\u0301, por no ser calificadas\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
16. Advierte, adem\u00e1s, que la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial de la \u201csentencia del 28 de mayo de 1993, radicaci\u00f3n 5.800, donde la Sala de Cesaci\u00f3n Laboral, Corte Suprema de Justicia anoto\u0301 \u00abDebe anotarse que si la jurisprudencia, como lo recuerda el recurrente, abri\u00f3 la posibilidad de examinar tambi\u00e9n en casaci\u00f3n otras pruebas diferentes a las tres indicadas en el art\u00edculo 7o de la Ley 16 de 1969, fue precisamente porque no bastaba con establecer el yerro factico con base en uno de tales medios de convicci\u00f3n para suponer asimismo equivocada la valoraci\u00f3n de las dem\u00e1s pruebas y, de consiguiente, invalidar la sentencia.\u00bb Ver tambi\u00e9n sentencia del 10 de junio de 2009, radicaci\u00f3n 35.898. M.P. Luis Javier Osorio L\u00f3pez\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
17. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, \u201cel defecto procedimental por exceso ritual manifiesto puede entenderse, en t\u00e9rminos generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materializaci\u00f3n de los derechos sustanciales, la b\u00fasqueda de la verdad y la adopci\u00f3n de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al derecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustancial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jur\u00eddico. Bajo este supuesto, la validez de la decisi\u00f3n adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que adem\u00e1s depende de la protecci\u00f3n de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como una raz\u00f3n v\u00e1lida para negar la satisfacci\u00f3n de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se justifica a partir del contenido material que propenden.\u201d1 <\/p>\n
<\/p>\n
18. Por consiguiente, agrega la Corte Constitucional, en esa misma sentencia, que en estos casos \u201cel juez de tutela deber\u00e1 hacer uso de sus facultades constitucionales cuando la exigencia realizada por la autoridad competente, en el caso particular y concreto, se advierta como un apego extremo a las reglas procedimentales, que sin justificaci\u00f3n razonable y dada la imposibilidad para cumplir con la carga procesal impuesta, su postura solo puede ser catal\u00f3gala como desproporcionada, en virtud de los hechos y medios que rodean la presunta afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u201d.<\/p>\n
19. Ahora bien, en opini\u00f3n de esta Sala de Conjueces, el planteamiento de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral accionada seg\u00fan el cual no le es posible entrar a revisar la valoraci\u00f3n que hizo el ad quem de una serie de pruebas no calificadas, por cuanto no encontr\u00f3 error en la valoraci\u00f3n de las pruebas calificadas, no conlleva un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por cuanto, precisamente, ese fue el requisito que estableci\u00f3 el legislador en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969, al disponer que \u201cEl error de hecho ser\u00e1 motivo de la casaci\u00f3n laboral solamente cuando provenga de falta de apreciaci\u00f3n o apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de un documento autentico, de una confesi\u00f3n judicial o de una inspecci\u00f3n ocular2; pero es necesario que se le alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en tal error y siempre que \u00e9ste aparezca de manifiesto en los autos\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
20. Por otra parte, la Corte Constitucional, al revisar y confirmar la constitucionalidad del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969, se\u00f1al\u00f3 en Sentencia C-140 del 29 de marzo de 1995 que: <\/p>\n
\u201cEl argumento central de la demanda bajo examen se basa en que, para el actor, la norma acusada atenta contra los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad -principalmente-, toda vez que no se permite poner en tela de juicio la pr\u00e1ctica de todas las pruebas que se practican en el proceso laboral (como, por ejemplo, los testimonios), situaciones \u00e9stas que s\u00ed son avaladas en los casos de casaci\u00f3n en materia civil y penal. <\/p>\n
\u201cAl respecto, debe la Corte adelantar que, como se explic\u00f3, la garant\u00eda fundamental del debido proceso exige como requisito sine qua non que la naturaleza y las reglas propias de cada juicio hayan sido establecidas por el legislador, donde los \u00fanicos limitantes son los principios esenciales que se contemplan en la Carta Pol\u00edtica y, en particular, en los art\u00edculos 29 y 31 de ese Estatuto. La violaci\u00f3n al art\u00edculo 29 superior se presenta, entonces, cuando el juez ha desconocido de una forma u otra alguna de las normas que regulan un determinado procedimiento o ha tomado una decisi\u00f3n que desconoce arbitrariamente la naturaleza del mismo. Pero no puede sostenerse que una disposici\u00f3n legal vulnera el debido proceso, cuando esa misma norma es la que est\u00e1 definiendo en qu\u00e9 consiste una parte esencial de determinado proceso, como lo es la que regula la demanda de casaci\u00f3n en materia laboral. <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 7o de la Ley acusada, establece unos requisitos que -como se explic\u00f3- responden a la naturaleza misma del litigio en asuntos del trabajo y, en especial, a los principios de oralidad, inmediaci\u00f3n, publicidad y libre formaci\u00f3n del convencimiento, los cuales han sido definidos por el legislador en diversos art\u00edculos del C\u00f3digo de Procedimiento Laboral. Para esta Corte, por tanto, se encuentran plenamente justificadas las razones por las que no es posible acusar en casaci\u00f3n un error de hecho en la apreciaci\u00f3n de medios probatorios diferentes a los contemplados en la norma en comento. Adem\u00e1s, debe agregarse que las consideraciones respecto de la conveniencia o no de este tipo de reglamentaciones, escapan la competencia del juez de constitucionalidad, e inclusive llevar\u00edan a que un pronunciamiento en dicho sentido permitiera que se definieran no s\u00f3lo las reglas de un proceso, sino que tambi\u00e9n la competencia de los diferentes \u00f3rganos judiciales, con lo cual se quebrantar\u00eda en forman flagrante el art\u00edculo 113 de la Constituci\u00f3n, al invadirse una materia -se repite- de competencia exclusiva del Congreso de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
\u201cPara una mayor claridad, resulta pertinente transcribir los siguientes argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales esta Corte comparte en su integridad: <\/p>\n
\u201cEs, en efecto, al juez de la primera instancia a quien corresponde principalmente la valoraci\u00f3n de las pruebas, pues es dicho juez el funcionario que act\u00faa como instructor del proceso. Por lo mismo, en la alzada, al superior fundamentalmente le compete ejercer un control de legalidad, no debiendo en principio separarse de las apreciaciones de su inferior sobre el grado de credibilidad que le hubiera merecido la exposici\u00f3n de un testigo, sin importar si ha sido citado por el empresario o por el trabajador, a quien el juez directamente oy\u00f3 rendir su declaraci\u00f3n, salvo cuando esa valoraci\u00f3n aparezca clara y frontalmente contradicha con medios de convicci\u00f3n que, tal cual ocurre con el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial y la inspecci\u00f3n ocular, permitan registrar de manera evidentemente objetiva e irrefragable hechos distintos u opuestos a los afirmados en el testimonio. Lo mismo acontece con la prueba pericial a la cual puede acudir el juez cuando considere que requiere asesor\u00eda judicial (Art. 51 C.P.T.), elemento de convicci\u00f3n que por su misma \u00edndole no permite la mayor\u00eda de las veces un control objetivo de valoraci\u00f3n del que pueda deducirse un evidente error de apreciaci\u00f3n por un juez distinto al que lo requiri\u00f3. En cambio, lo que establece un documento aut\u00e9ntico (\u00fanica prueba que consider\u00f3 calificada el art\u00edculo 23 de la Ley 16 de 1968), cuando su texto es claro e inequ\u00edvocas lasa manifestaciones all\u00ed contenidas, no puede ser normalmente le\u00eddo en forma diferente sin incurrir en yerro manifiesto. Lo mismo puede decirse de la confesi\u00f3n que se rinde en el proceso, dadas las caracter\u00edsticas y condiciones que exige el art\u00edculo 195 del CPC, y de lo registrado por el juez dentro de la inspecci\u00f3n ocular, medios de prueba a los cuales el art\u00edculo 7o. de la Ley 16 de 1969 extendi\u00f3 la calificaci\u00f3n de id\u00f3neos para estructurar el error de hecho en la casaci\u00f3n laboral\u201d. <\/p>\n
\u201cPor otra parte, la Corte no acoge el argumento de que se vulnera el derecho fundamental a la igualdad, en la medida en que no se establecen en la casaci\u00f3n laboral las mismas causales que la ley ha previsto para la casaci\u00f3n y civil y para la penal. Sabido es que la igualdad se predica de un trato proporcional por parte de la ley entre quienes se encuentran en una misma situaci\u00f3n; a contrario sensu no se quebranta este derecho cuando la ley le dispensa un trato diferente a quienes est\u00e1n en situaciones o eventos d\u00edsimiles (sic). En otras palabras, cuando existen condiciones materiales diferentes entre s\u00ed, no s\u00f3lo resulta conveniente, sino que adem\u00e1s se torna indispensable y necesario que ellas reciban un trato diferente, con el fin de proteger el derecho a la igualdad. <\/p>\n
\u201cEl hecho de que la Constituci\u00f3n y la ley hubiesen establecido la posibilidad de que los asociados puedan presentar una demanda de casaci\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia, no significa que esa instituci\u00f3n deba regularse por unos principios y procedimientos id\u00e9nticos para los asuntos penales, civiles y laborales. Por el contrario, como cada proceso tiene una naturaleza, unas caracter\u00edsticas, y unas reglas propias -como por ejemplo la diferencia patrono trabajador, la existencia del principio de legalidad de los delitos y las penas, del principio de favorabilidad en materia laboral y penal, de la retroactividad de la ley penal m\u00e1s favorable, de la interpretaci\u00f3n del derecho constitucional al trabajo, de los requisitos constitucionales m\u00ednimos del trabajador, entre otros-, entonces el legislador, al no existir identidad de objeto, debe contemplar cada una de esas variables para garantizar la efectividad de la demanda y la posibilidad de proteger los derechos de quienes acuden a la casaci\u00f3n. Ser\u00eda contrario al derecho de igualdad, entonces, que la ley estableciera causales id\u00e9nticas para demandar en casaci\u00f3n sin importar la naturaleza del proceso. Por ello, la decisi\u00f3n de restringir la posibilidad de demandar en casaci\u00f3n laboral por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, se fundamenta -conviene reiterarlo- en la naturaleza misma del proceso laboral y en especial en la consagraci\u00f3n de los principios de oralidad, inmediaci\u00f3n y libre apreciaci\u00f3n probatoria en los juicios de trabajo, situaci\u00f3n \u00e9sta que difiere sustancialmente de los asuntos esenciales y propios de los procesos civil y penal\u201d3. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Luego, para esta Sala Constitucional de Conjueces, no puede resultar excesiva la consideraci\u00f3n de la Sala accionada, en el sentido de supeditar el an\u00e1lisis de las pruebas no calificadas a la existencia de un error en la apreciaci\u00f3n de las pruebas calificadas por el ad quem, de acuerdo con el debido proceso que estableci\u00f3 el legislador para este tipo de juicios, dada su naturaleza. <\/p>\n
<\/p>\n
22. Adem\u00e1s, en este caso, la Sala accionada no se sustrajo de la revisi\u00f3n del an\u00e1lisis probatorio hecho por el ad quem, planteado en la demanda de casaci\u00f3n aduciendo razones meramente formales, tales como defectos t\u00e9cnicos en la formulaci\u00f3n del cargo; pues, todo lo contrario, en desarrollo del \u00fanico cargo propuesto por la recurrente, hoy accionante, inici\u00f3 por revisar la valoraci\u00f3n que hizo la Sala Laboral del Tribunal de Cali de las pruebas que consider\u00f3 como calificadas, para, posteriormente, analizar la valoraci\u00f3n de las pruebas no calificadas, solo que a mitad de camino encontr\u00f3 que no existi\u00f3 interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las primeras que la habilitaran para continuar con el estudio de los restantes elementos de convicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
23. Por otra parte, es pertinente se\u00f1alar que tampoco existe en este caso desconocimiento del precedente judicial como lo plantea la accionante en su impugnaci\u00f3n, pues lo cierto es que incluso las providencias citadas por ella sostienen que en casaci\u00f3n laboral s\u00f3lo es posible demostrar el error de hecho a trav\u00e9s de las pruebas calificadas y que \u00fanicamente en el evento en que se pueda deducir apreciaci\u00f3n err\u00f3nea en una de ellas, la Corte, como tribunal de casaci\u00f3n, estar\u00e1 habilitada para revisar la valoraci\u00f3n de las pruebas no calificadas. <\/p>\n
<\/p>\n
24. As\u00ed, por ejemplo, la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 28 de mayo de 1993 (Radicaci\u00f3n 5800), previ\u00f3 en ese sentido que: <\/p>\n
\u201cTampoco aparece inconstitucional el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1969 porque haya establecido para el proceso laboral una restricci\u00f3n que el legislador no dispuso para el recurso de casaci\u00f3n propio de los juicios civiles y penales. No existiendo identidad de objeto, no cabe aqu\u00ed deducir violaci\u00f3n del principio de igualdad de trato. Adem\u00e1s, la limitaci\u00f3n fijada por la ley a la Corte cuando act\u00faa como Tribunal de casaci\u00f3n en los asuntos laborales, no es m\u00e1s que una consecuencia l\u00f3gica de la consagraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los principios de oralidad, in mediaci\u00f3n y libre apreciaci\u00f3n probatoria en los juicios del trabajo. Es, en efecto, al juez de la primera instancia a quien corresponde principalmente la valoraci\u00f3n de las pruebas, pues es dicho juez el funcionario que act\u00faa como instructor del proceso. Por lo mismo, en la alzada, al superior fundamentalmente le compete ejercer un control de legalidad, no debiendo en principio separarse de las apreciaciones de su inferior sobre el grado de credibilidad que le hubiera merecido la exposici\u00f3n de un testigo, sin importar si ha sido citado por el empresario o por el trabajador, a quien el juez directamente oy\u00f3 rendir su declaraci\u00f3n, salvo cuando esa valoraci\u00f3n aparezca clara y frontalmente contradicha con medios de convicci\u00f3n que, tal cual ocurre con el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial y la inspecci\u00f3n ocular, permitan registrar de manera evidentemente objetiva e irrefragable hechos distintos u opuestos a los afirmados en el testimonio. Lo mismo acontece con la prueba pericial a la cual puede acudir el juez cuando considere que requiere asesor\u00eda especial (art. 51 C.P.T.), elemento de convicci\u00f3n que por su misma \u00edndole no permite la mayor\u00eda de las veces un control objetivo de valoraci\u00f3n del que pueda deducirse un evidente error de apreciaci\u00f3n por un juez distinto al que lo requiri\u00f3. En cambio, lo que establece un documento aut\u00e9ntico (\u00fanica prueba que consider\u00f3 calificada el art\u00edculo 23 de la Ley 16 de 1968), cuando su texto es claro e inequ\u00edvocas las manifestaciones all\u00ed contenidas, no puede ser normalmente le\u00eddo en forma diferente sin incurrir en yerro manifiesto. Lo mismo puede decirse de la confesi\u00f3n que se rinde en el proceso, dadas las caracter\u00edsticas Y condiciones que exige el art\u00edculo 195 del C.P.C., y de lo registrado por el juez dentro de la inspecci\u00f3n ocular, medios de prueba a los cuales el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 extendi\u00f3 la calificaci\u00f3n de id\u00f3neos para estructurar el error de hecho en la casaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
\u201cDebe anotarse adicionalmente que si la jurisprudencia, como lo recuerda el recurrente, abri\u00f3 la posibilidad de examinar tambi\u00e9n en casaci\u00f3n otras pruebas diferentes a las tres que indica el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 16. de 1969, fue precisamente porque no bastaba con establecer el yerro f\u00e1ctico con base en uno de tales medios de convicci\u00f3n para suponer as\u00ed mismo equivocada la valoraci\u00f3n de las dem\u00e1s pruebas y, de consiguiente, invalidar la sentencia, pues es muy posible que no obstante el error originado en el documento aut\u00e9ntico, la inspecci\u00f3n ocular o la confesi\u00f3n judicial, el fallo finalmente est\u00e9 soportado en otra u otras de las pruebas no calificadas. Y como la Corte no puede suponer que la sentencia impuganada (sic) sea ilegal, estando obligada, en cambio, a partir del supuesto contrario, su deber es mantenerla mientras no se le demuestre que la decisi\u00f3n acusada transgrede la ley, de donde resulta imperioso que el recurrente tenga la carga no s\u00f3lo de fundar el error de hecho manifiesto en una prueba calificada sino tambi\u00e9n de destruir la totalidad de las conclusiones f\u00e1cticas que, con base en esa misma prueba o en otras, hayan constituido el fundamento del tallo cura casaci\u00f3n pretende. (Se destaca) <\/p>\n
\u201cNo considera la Sala, en consecuencia, que sea inconstitucional, y deba por tanto dejar de aplicarlo, el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969. <\/p>\n
\u201cComo el recurrente pretende demostrar los yerros que atribuye al fallo comenzando por el examen de la prueba testimonial, sin fundamentar previamente los errores de hecho en las pruebas calificadas que rese\u00f1a, e inclusive sin hacer alusi\u00f3n a la inspecci\u00f3n y a varios de los documentos que sostiene sirvieron al Tribunal para concluir que fue justificado el despido, bastar\u00e1 con anotar que lo dicho por los testigos no puede ser valorado aqu\u00ed en casaci\u00f3n en forma independiente o aut\u00f3noma para determinar si merecen o no credibilidad sus declaraciones sobre los hechos debatidos en el proceso. Pero a\u00fan si le fuera permitido a la Sala revisar los testimonios, en nada se ver\u00edan afectadas las conclusiones del juez de alzada, puesto que ellas est\u00e1n igualmente fundamentadas en las pruebas que el cargo relaciona como mal apreciadas y productoras de los errores de hecho endilgados a la sentencia, pero que no somete a cr\u00edtica como son, por ejemplo, la \u00abrelaci\u00f3n de funciones\u00bb, las fotocopias de los cheques, cuentas y vales y la inspecci\u00f3n judicial.\u201d (Se destaca) <\/p>\n
<\/p>\n
25. No es verdad, entonces, que ese precedente judicial al que alude la accionante en su demanda de tutela, sugiera siquiera que en sede de casaci\u00f3n se deban analizar de manera integral pruebas calificadas y no calificadas. Todo lo contrario, ratifica la posici\u00f3n jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en el sentido de que s\u00f3lo habr\u00e1 lugar a valorar las pruebas no calificadas cuando se encuentre error en la apreciaci\u00f3n de las pruebas calificadas por el ad quem. <\/p>\n
<\/p>\n
26. Sin embargo, revisada la Sentencia de Casaci\u00f3n SL057-2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 22 de enero de 2020, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite judicial que se adelant\u00f3 por la sustituci\u00f3n de la pensi\u00f3n que el causante ten\u00eda con Cajanal, se advierte que mientras para esa Sala de Decisi\u00f3n (la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 1) el documento suscrito por el causante Oscar Hurtado G\u00f3mez el 5 de julio de 1994, autenticado el 12 de agosto de 1996 en la Notar\u00eda 9 del C\u00edrculo de Cali, es una \u201cprueba calificada\u201d4, para la Sala accionada, esto es, la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, esa misma prueba, no \u201ces un medio de prueba calificado en casaci\u00f3n, en la medida en que no proviene de una de las partes del proceso. Por tal raz\u00f3n, se asimila a la declaraci\u00f3n de un tercero (CSJ SC11822-2015)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
27. Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Laboral, los documentos declarativos de terceros, como es el caso del documento suscrito por el causante Oscar Hurtado G\u00f3mez el 5 de julio de 1994, autenticado el 12 de agosto de 1996 en la Notar\u00eda 9 del C\u00edrculo de Cali, no son prueba calificada en casaci\u00f3n para demostrar error de hecho. En ese sentido, la sentencia SL2797-2020 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia reitera que \u201clos documentos que provienen de un tercero, que en casaci\u00f3n laboral reciben el mismo tratamiento de la prueba testimonial \u2026no resultan aptas dentro del recurso extraordinario para estructurar un error de hecho, conforme la restricci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969, esto es, el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n judicial o la inspecci\u00f3n judicial\u201d.<\/p>\n
28. En consecuencia, a pesar de lo decidido en su momento por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de Casaci\u00f3n SL057-2020 proferida el 22 de enero de 2020, lo cierto es que la conclusi\u00f3n de la Sala accionada, seg\u00fan el cual ese documento no es prueba calificada en casaci\u00f3n para demostrar error de hecho, guarda coherencia con la jurisprudencia de la sala especializada y por tanto tampoco resulta caprichosa o antojadiza. <\/p>\n
<\/p>\n
29. As\u00ed las cosas, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n proferida en primera instancia por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela STP1369-2023 del 9 de febrero de 2023 proferida en primera instancia por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR por el medio m\u00e1s expedito a las partes e intervinientes la decisi\u00f3n adoptada en el presente asunto. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
RAMIRO BEJARANO GUZMA\u0301N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
DORA CONSUELO BENITEZ TOBO\u0301N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JULIA MARI\u0301A DEL ROSARIO BOTERO LARRARTE <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR ALBERTO CORTES MONCAYO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional, Sentencia SU143\/20 del 13 de mayo de 2020, M.P. Carlos Bernal Pulido. <\/p>\n
2\u0002 La expresi\u00f3n \u201cinspecci\u00f3n ocular\u201d fue sustituida por la de \u201cinspecci\u00f3n judicial\u201d por el art\u00edculo 52 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
3\u0002 Corte Constitucional, Sentencia C-140 del 29 de marzo de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Expediente D-632. <\/p>\n
4\u0002 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Sala de Descongesti\u00f3n No. 1, Sentencia SL057-2020 del 22 de enero de 2020, M.P. Dolly Amparo Caguasango Villota, p\u00e1g. 34. Radicaci\u00f3n 62185. <\/p>\n
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STC7692-2023 JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS Conjuez Ponente STC7692-2023 Radicado No. 11001-02-04-000-2023-00033-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de primero de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., tres (03) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n presentada por BEATRIZ EUGENIA HURTADO VAR\u00d3N […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75371","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75371"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75371\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}