STC7695-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7695-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02362-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed contra el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2022-00387. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. Ante el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn se adelant\u00f3 la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00387, promovida por Mar\u00eda Ludivia Henao Agudelo, Consuelo Agudelo Quinceno y Fabi\u00e1n de Jes\u00fas Henao Agudelo contra la Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y la Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, que concedi\u00f3 el amparo del derecho de petici\u00f3n de Fabi\u00e1n de Jes\u00fas y deneg\u00f3 las pretensiones de Mar\u00eda Ludivia Henao y Consuelo Agudelo en sentencia del 2 de noviembre de 2022, por haberse configurado un hecho superado1. <\/p>\n
2.1. Impugnada esa determinaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn -con decisi\u00f3n del 24 de noviembre de 20222- modific\u00f3 el numeral segundo para que, la UARIV informara a Fabi\u00e1n de Jes\u00fas Henao Agudelo la procedencia del pago efectivo de la indemnizaci\u00f3n: definiendo fecha razonable para que se realice la cancelaci\u00f3n del beneficio. Revoc\u00f3 el numeral tercero y concedi\u00f3 el amparo del derecho fundamental de petici\u00f3n de Mar\u00eda Ludivia Henao Agudelo y Consuelo Agudelo Quiceno. Orden\u00f3 a UARIV que le indicara la procedencia a su pedido del pago efectivo de la indemnizaci\u00f3n: definiendo fecha razonable para que se realice la cancelaci\u00f3n del beneficio, atendiendo las disposiciones que al efecto consider\u00f3 la Corte Constitucional en Auto 331\/2019. Y confirm\u00f3 los dem\u00e1s numerales del fallo impugnado. <\/p>\n
2.2. Consuelo Agudelo Quinceno, Fabi\u00e1n de Jes\u00fas y Mar\u00eda Ludivia Henao Agudelo presentaron incidente de desacato3 contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. Una vez surtido el tr\u00e1mite pertinente, el estrado del circuito acusado \u2013con auto de 13 de enero de 2023- sancion\u00f3 a Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed -en su calidad de directora de la referida Unidad- con multa de 5 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes4. El Tribunal acusado -con auto de 18 de enero de 20235- confirm\u00f3 la decisi\u00f3n consultada. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, se presentaron solicitudes de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, las que fueron desestimadas el por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn el 236, 30 de enero7, 6 de febrero8 y 15 de mayo de 20239. <\/p>\n
2.4. La gestora censura que los autos que le impusieron la sanci\u00f3n por desacato incurrieron en: i) defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente establecido en la sentencia SU-034 DE 2018. ii) defecto f\u00e1ctico, por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio allegado al proceso, debido a que se dio por probado el hecho del incumplimiento de la sentencia, sin estudiar la imposibilidad de acatar la orden judicial. iii) desconocimiento del precedente constitucional contenido en el fallo T-351 de 2011. Y iv) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, por desconocer lo ordenado en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional y el procedimiento de pago de las indemnizaciones a las v\u00edctimas, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019. <\/p>\n
En sustento aduce que, pese a que la Unidad ha presentado reiterados informe y ha pedido la inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, comunicando las razones por las cuales no es posible dar cumplimiento al fallo de tutela, por cuanto Consuelo Agudelo Quinceno ten\u00eda un puntaje de 37.47074, Fabi\u00e1n de Jes\u00fas Henao Agudelo de 30.24629 y Mar\u00eda Ludivia Henao Agudelo de 26.57103 en el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n, para el a\u00f1o 2022 no era suficiente para asignar un turno de pago de la indemnizaci\u00f3n reconocida el 30 de abril, 13 de marzo de 2020 y 20 de abril de 2021 en su orden respectivo, seg\u00fan resoluci\u00f3n 1049 de 2019, no ha sido posible obtener el levantamiento de la multa impuesta en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la entidad no pod\u00eda alterar los turnos que se reconocen a quienes re\u00fanen los criterios de priorizaci\u00f3n, porque desconocer\u00eda \u00ablos derechos de otros con mejor o mayor prioridad y de contera el reglamento a cuyo cumplimiento se halla obligado\u00bb y que no pod\u00eda asignar un turno para el desembolso pretendido, porque ello estaba sujeto a que las personas reunieran unos criterios de priorizaci\u00f3n y a la disponibilidad presupuestal dada para cada vigencia. De manera que, al no poderse cumplir con ello no es posible establecer la responsabilidad subjetiva de la sancionada pues, actuar en sentido contrario al procedimiento aplicable, implicar\u00eda el \u00abdesconocimiento de la regla general de priorizaci\u00f3n de los beneficiarios de la indemnizaci\u00f3n administrativa por efecto del conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se amparen sus derechos. Y, en consecuencia, i) se inaplique la sanci\u00f3n del 13 de enero de 2023 confirmada con auto de fecha 18 de enero de 2023. ii) proferir una nueva decisi\u00f3n que estudie de fondo las solicitudes de inaplicaci\u00f3n con observancia de la sentencia SU-034-2018 y el auto 206-2017 de la Corte Constitucional. iii) se comunique \u00aba la autoridad encargada de la ejecuci\u00f3n de las sanciones pecuniarias que la mismas se ha levantado\u00bb. Y iv) se conmine a los accionados para que \u00abacate[n] y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanci\u00f3n, previa acreditaci\u00f3n del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado del Circuito accionado remiti\u00f3 el enlace del proceso acusado. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia ha dicho que la tutela es una herramienta extraordinaria para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales. Por regla general, este mecanismo no procede contra decisiones emitidas en sede de desacato, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-82905-02, reiterada en CSJ STC, 6 de julio de 2021, rad. 2021-00189-01). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha previsto que solo en casos excepcionales la tutela es viable frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, bajo el cumplimiento de los siguientes requisitos: <\/p>\n
i) La decisi\u00f3n dictada en el tr\u00e1mite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acci\u00f3n de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el tr\u00e1mite -incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso-. <\/p>\n
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuraci\u00f3n de una de las causales espec\u00edficas (defectos). <\/p>\n
iii) Los argumentos del promotor de la acci\u00f3n de tutela deben ser consistentes con lo planteado por \u00e9l en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colaci\u00f3n alegaciones nuevas, que dej\u00f3 de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no ten\u00eda que practicar de oficio (CC, SU034-18). <\/p>\n
2. Del marco conceptual referido y del examen de las probanzas, esta Colegiatura anticipa la prosperidad del amparo. Ello pues, se evidenci\u00f3 que se convalid\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn -13 de enero de 2023-, sin valorar las argumentaciones expuestas por la entidad incidentada en el tr\u00e1mite del desacato, de cara a lo definido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019, con la cual se estableci\u00f3, entre otros, el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n frente a la indemnizaci\u00f3n administrativa otorgada a las v\u00edctimas del conflicto armado, inspirado en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la que se ciment\u00f3 el procedimiento para realizar el desembolso de la indemnizaci\u00f3n ordenada y asignaci\u00f3n de los turnos para pago, proporcional a la disponibilidad presupuestal asignada a cada vigencia. <\/p>\n
2.1. N\u00f3tese que la Magistratura accionada adujo que, \u00aben primera instancia la entidad pretendi\u00f3 acreditar su cumplimiento aduciendo que mediante comunicaciones LEX 7021656 del 16 de noviembre de 2022, LEX 7013508 y LEX 7013508 del 26 de octubre 2022; se acat\u00f3 lo ordenado en el fallo constitucional, advirti\u00f3 el funcionario que en aquellas se indic\u00f3 la imposibilidad de otorgar fecha de pago, supeditando \u00e9ste al resultado del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n que se aplicar\u00e1 el 31 de julio de 2023, y por ello, concluy\u00f3 no se cumpl\u00eda la orden tutelar. Ahora, en esta instancia, la entidad accionada allega id\u00e9ntico escrito, del que puede colegirse como bien lo defini\u00f3 el juez de primera instancia, no se acredita cumplimiento al fallo, en tanto la accionada no demuestra haber dado cabal cumplimiento al fallo de tutela, pues la entidad sigue esbozando las mismas razones que adujo desde la respuesta emitida a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. No obstante, de lo auscultado se advierte que la Unidad accionada alleg\u00f3 las exculpaciones el 16 de enero de 202310, exponiendo las razones por las cuales no se configuraba la responsabilidad subjetiva necesaria para imponer sanci\u00f3n en sede de desacato, pues era imposible asignar el turno para el desembolso de la indemnizaci\u00f3n ordenada en la sentencia de tutela. <\/p>\n
2.2. Mem\u00f3rese que las reglas definidas en la Resoluci\u00f3n 1049 de 15 de marzo de 2019 buscan precisamente organizar las fases a evacuar para lograr el reconocimiento y orientar de forma equitativa los turnos para el desembolso de los recursos a aquellas personas que son favorecidas con la indemnizaci\u00f3n que otorga el Estado. <\/p>\n
2.3. Con ese derrotero, la Unidad inform\u00f3 a los despachos el tr\u00e1mite adelantado en favor de Consuelo Agudelo Quinceno, Fabi\u00e1n de Jes\u00fas y Mar\u00eda Ludivia Henao Agudelo, explicando que en las Resoluciones 04102019-568685 del 30 de abril de 2020, 04102019-506430 del 13 de marzo de 2020 y 04102019-1059313 del 20 de abril de 2021, se les reconoci\u00f3 la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa. No obstante, aclar\u00f3 que una vez aplicado el m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n para registrar la fecha del desembolso de la indemnizaci\u00f3n, arrojaron un puntaje de 37.47074, 30.24629 y 26.57103, en su orden, los cuales eran insuficientes para alcanzar lo reclamado en la lista para el a\u00f1o 2022, as\u00ed como tampoco pod\u00edan dar un tiempo aproximado de cu\u00e1ndo ocurrir\u00eda. Para ello, \u00abaplicar\u00e1 el M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n en el primer semestre del a\u00f1o 2023, para determinar, a cu\u00e1les se les realizar\u00e1 la entrega de los recursos durante la presente vigencia, conforme a la disponibilidad de recursos destinados para este efecto [\u2026] Por lo cual, al encontrarnos ante situaciones como la de los se\u00f1ores CONSUELO AGUDELO QUICENO, FABIAN DE JESUS HENAO AGUDELO y MARIA LUDIVIA HENAO AGUDELO, en donde, sin desconocer sus calidades de personas v\u00edctimas del conflicto armado, no presenta ninguna situaci\u00f3n de vulnerabilidad o urgencia manifiesta, resulta absolutamente l\u00f3gico dar prelaci\u00f3n a otras personas que s\u00ed presenten circunstancias de priorizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n allegados a la foliatura, para definir si la actuaci\u00f3n de la sancionada era negligente, desidiosa y si, por su mera liberalidad, hab\u00eda decidido no acatar la orden constitucional sin justificaci\u00f3n alguna. Recu\u00e9rdese que la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n por desacato debe hacer un an\u00e1lisis de la conducta particular y subjetiva del incidentado. En el caso concreto, era necesario evitar incurrir en contradicci\u00f3n con lo establecido en la Resoluci\u00f3n 01049 de 15 de marzo de 2019 y en el auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, por cuanto materializar lo ordenado implicaba per se asignar un turno para los pagos de unos dineros respecto de unas personas que no hab\u00edan superado los criterios de priorizaci\u00f3n. Y alterar los turnos fijados a otros, transgrediendo las garant\u00edas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Consuelo Agudelo Quinceno, Fabi\u00e1n de Jes\u00fas y Mar\u00eda Ludivia Henao Agudelo. <\/p>\n
2.5. En consecuencia, a pesar de que esas exculpaciones fueron expuestas en la tutela que dio lugar a la orden constitucional, en tanto fueron reiteradas en sede de desacato, no pod\u00edan ser desconocidas, siendo indispensable determinar, con base en estas, si la conducta de la promotora era susceptible de ser calificada, en el plano subjetivo, como desidiosa frente al fallo constitucional dictado. <\/p>\n
3. Frente a la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ STC9408-2021). Al respecto, esta Sala, en asunto similar razon\u00f3 lo que viene. <\/p>\n
Examinada la providencia que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n cuestionada (7 dic. 2021) y las respuestas brindadas por el incidentado en el respectivo tr\u00e1mite (17 y 25 nov. 2021), se advierte que la magistratura omiti\u00f3 valorar a cabalidad las manifestaciones sometidas a su conocimiento. Ciertamente, se extra\u00f1a de esa determinaci\u00f3n el an\u00e1lisis de las actuaciones posteriores al veredicto con las que el accionado pretendi\u00f3 justificar su proceder, sus alegatos de imposibilidad material de cumplimiento del fallo y su invocada ausencia de responsabilidad subjetiva. <\/p>\n
En su lugar, el Tribunal se limit\u00f3 a revisar que el procedimiento impartido por el funcionario de primer grado se ajustara a las prescripciones legales, sin reparar en que las manifestaciones del convocado, a pesar de haber sido expuestas en el tr\u00e1mite de la tutela, estaban estrechamente ligadas con las circunstancias por las que adujo no poder cumplir materialmente la orden constitucional y con su intenci\u00f3n de desdibujar su eventual rebeld\u00eda al acatamiento de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed, ante la omisi\u00f3n valorativa expuesta no queda alternativa distinta a conceder el amparo para que el Tribunal resuelva nuevamente el asunto conforme a las pruebas que obren en el expediente y a los par\u00e1metros expuestos en precedentes de esta Sala donde se resolvieron causas de similares contornos y respecto del mismo accionante (STC5699-2021, STC7126-2021, STC9408-2021, entre otras) (CSJ STC1233-2022, subraya la Sala). <\/p>\n
En otra oportunidad, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026a pesar de resultar trascendental para la definici\u00f3n del asunto sometido a su conocimiento, ning\u00fan estudio mereci\u00f3 el m\u00e9todo de priorizaci\u00f3n existente respecto de la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa, contenido en la Resoluci\u00f3n 1049 de 15 de marzo de 2019 de la Unidad all\u00ed acusada, expedido conforme los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional; as\u00ed como tampoco la observancia que aquellos deben impartirle a dicho tr\u00e1mite\u2026 <\/p>\n
Con tal proceder, se itera, la Tribunal censurado pas\u00f3 por alto su deber de efectuar el an\u00e1lisis integral de todos esos medios suasorios, para as\u00ed definir su verdadero alcance de cara al caso concreto y no contradecir lo establecido por la Corte Constitucional entorno a dicho procedimiento y al derecho a la igualdad de las v\u00edctimas de desplazamiento forzado (CSJ STC2756-2022). <\/p>\n
Y en otro caso similar, estableci\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
En s\u00edntesis, tales postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n arrimados al infolio y evitar incurrir en posible contradicci\u00f3n con lo establecido en la \u201cResoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019\u201d y en el \u201cAuto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, sobre todo porque \u00abmaterializar\u00bb lo ordenado implicaba per se alterar los turnos fijados transgrediendo las garant\u00edas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Carlos Arturo (CSJ STC3802-2022). <\/p>\n
Criterio reiterado en CSJ STC4173-2022 y CSJ STC16718-2022. <\/p>\n
Por lo expuesto, se reitera, en el caso concreto, se necesita una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n arrimados para establecer con precisi\u00f3n la responsabilidad subjetiva de la accionante. Por lo dem\u00e1s, no desconoce la Sala que la orden constitucional impon\u00eda asignar el turno correspondiente para el desembolso de la indemnizaci\u00f3n reconocida. Sin embargo, se destaca que la entidad -en el tr\u00e1mite incidental-, en principio, explic\u00f3 las razones de la imposibilidad de la servidora p\u00fablica convocada de modificar la evaluaci\u00f3n t\u00e9cnica de priorizaci\u00f3n realizada en la vigencia de los a\u00f1os 2021 y 2022. Y que esta deb\u00eda renovarse anualmente, como lo dispone el art\u00edculo 17 de la Resoluci\u00f3n 1049 de 2019. De manera que, ante las alegaciones expuestas, correspond\u00eda al Tribunal analizar si estaba acreditada la responsabilidad subjetiva de la actora. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, ante la decisi\u00f3n adoptada por la Colegiatura accionada, al resolver la consulta del incidente de desacato propuesto, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el auxilio implorado por Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed. En consecuencia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Ordenar al Tribunal accionado que, en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, una vez se deje sin efectos la providencia dictada el 18 de enero de 2023 y las dem\u00e1s que de ella dependan, proceda nuevamente a resolver la consulta de incidente de desacato cuestionado, con observancia de las reflexiones dadas y de las pruebas que obren en el expediente. <\/p>\n
SEGUNDO. Notificar esta providencia a los interesados de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Carpeta C01Tutela. Documento pdf006Fallo. Expediente digital <\/p>\n
2\u0002 Carpeta C01Tutela. Documento pdf014FalloSegundaInstancia. Expediente digital <\/p>\n
3\u0002 Carpeta C02IncidenteDesacato. Documento pdf001Incidente de desacato. Expediente digital <\/p>\n
4\u0002 Carpeta C02IncidenteDesacato. Documento pdf008AutoSanciona. Expediente digital <\/p>\n
5\u0002 Carpeta C03Consulta. Documento pdf008AutoResuelve. Expediente digital <\/p>\n
6\u0002Carpeta C02Incidente. Documento pdf16AutoNoInaplica. Expediente digital <\/p>\n
7\u0002Carpeta C02Incidente. Documento pdf19AutoRemiteExhorta. Expediente digital <\/p>\n
8\u0002 Carpeta C02Incidente. Documento pdf22AutoRemiteExhortaAbogada. Expediente digital <\/p>\n
9\u0002 Carpeta C02Incidente. Documento pdf29NoInaplicaRemite. Expediente digital <\/p>\n
10\u0002 Carpeta C03Consulta. Documentos pdf03,05 y 07. Expediente digital <\/p>\n
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STC7695-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7695-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02362-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Patricia Tob\u00f3n Yagar\u00ed […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75372","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75372","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75372"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75372\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75372"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75372"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75372"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}