STC7771-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7771-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02889-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Pablo Alfonso Correa Pe\u00f1a, instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Luis Guillermo Bola\u00f1o S\u00e1nchez, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-22-04-000-2015-00073-00 (Rad. Interno 62214). <\/p>\n
1. El promotor pidi\u00f3 \u00absuspender la orden de captura (\u2026) en tanto se decide el recurso ordinario interpuesto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De los medios de prueba y el escrito inaugural se extrae que en contra del convocante y de Luis Guillermo Bola\u00f1o S\u00e1nchez se adelanta la causa atr\u00e1s referida por los delitos de prevaricato por acci\u00f3n, cohecho propio y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 los absolvi\u00f3 (25 abr. 2022), apelaron la Fiscal\u00eda, el Ministerio P\u00fablico, y quienes se constituyeron como v\u00edctimas, el Ministerio de Minas y Energ\u00eda y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. La Sala acusada, en segunda instancia, revoc\u00f3 lo as\u00ed resuelto y los conden\u00f3 a 86 meses de prisi\u00f3n, 90 meses de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, p\u00e9rdida de sus correspondientes cargos oficiales (jueces) y le impuso a Correa Pe\u00f1a multa de 133,32 s.m.m.l.v., tambi\u00e9n dispuso la correspondiente orden de captura de los implicados al hallarlos responsables de los injustos de prevaricato por acci\u00f3n y cohecho propio (CSJ SP241-2023, 28 jun.), contra esa determinaci\u00f3n acudieron a la impugnaci\u00f3n especial, que se halla en tr\u00e1mite ante la convocada. <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura acusada incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n al debido proceso \u00abal no suspender la captura con la interposici\u00f3n del recurso, lo que hace que una decisi\u00f3n que no se ha ejecutoriado en su fondo y materialidad, permita la vigencia de lo que le es accesorio, como es, insisto o pena de ser fatigoso, la orden de reclusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Una empleada del Tribunal relat\u00f3 lo acaecido en primera instancia. La apoderada de las v\u00edctimas se opuso a las pretensiones. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Bogot\u00e1 dijo que lo alegado le resultaba ajeno. La Superintendencia de Notariado y Registro esgrimi\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. La Sala de Casaci\u00f3n Penal luego de hacer el recuento de lo rituado refiri\u00f3 que se remit\u00eda a las consideraciones expuestas en el veredicto objeto de escrutinio y pidi\u00f3 se declarara improcedente el amparo. Para la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo reclamado no est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica se enmarca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se afirma lo anterior por cuanto el gestor del amparo debe exponer sus quejas preliminarmente ante la autoridad que conoci\u00f3 en primera instancia de la causa seguida en su contra y est\u00e1 habilitado para resolver sobre la particular tem\u00e1tica de conformidad con el art\u00edculo 40 de la Ley 906 de 2004, que al tenor literal se\u00f1ala \u00ab[a]nunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en este c\u00f3digo, el juez del conocimiento ser\u00e1 competente para imponer las penas y las medidas de seguridad, dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el cap\u00edtulo correspondiente\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similar linaje tiene decantado la hom\u00f3loga en lo penal que, <\/p>\n
(\u2026) esta Sala ha reiterado (CSJ STP1958-2023) que, de conformidad con el art\u00edculo 40 de la Ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal), anunciado el sentido del fallo, y mientras la condena cobra ejecutoria (ya sea porque est\u00e1 en apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n), el juez del conocimiento ser\u00e1 competente para imponer las penas y las medidas de seguridad, as\u00ed como para decidir todos los temas relativos a la libertad de la persona: <\/p>\n
[\u2026] toda pretensi\u00f3n relacionada con la libertad del procesado, deber\u00e1 ser estudiada a la luz de los requisitos legales exigidos para la concesi\u00f3n de los subrogados y sustitutos penales, en el entendido que ya en ese estadio procesal, la reclusi\u00f3n del penalmente responsable s\u00f3lo se justifica en funci\u00f3n del cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta. De suerte que, mientras cobra ejecutoria el fallo condenatorio, la competencia para resolver ese tipo de peticiones radica en el juez de conocimiento y una vez en firme la condena las mismas deber\u00e1n ser resueltas por el juez de ejecuci\u00f3n de penas. (CSJ STP1276-2015, AP4315-2016, AP48466-2016, AHP7124-2017, AP120-2017, STP6186-2022, STP7992-2022, STP13702-2022, STP13770-2022, STP15563-2022 y STP1315-2023, entre otras providencias). <\/p>\n
(\u2026) Adem\u00e1s de la postura de las salas de decisi\u00f3n de tutelas, en los asuntos ordinarios la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha establecido el mismo criterio: <\/p>\n
8.4. La referida postura, que reitera en esta ocasi\u00f3n la Sala, encuentra sustento en la pac\u00edfica jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, (CSJ AHP1009-2022, rad. 61200, 14 mar. 2022, STP14844-2021, rad. 119860, 21 oct. 2021, AHP3013 \u2013 2021, rad. 59909, 26 ju. 2021, CSJ AHP7019-2016, rad. 49070, CSJ AP6085-2017, 13 sep. 2017, SP1207-2017, rad. 45900, 1 feb. 2017, CSJ AP4315-2016, rad. 48310, 6 jul. 2016, entre otras), seg\u00fan la cual: <\/p>\n
\u00abEn aras de resolver el asunto en estudio resulta necesario precisar que durante el tr\u00e1mite del proceso penal y hasta tanto no se haya emitido declaraci\u00f3n de responsabilidad penal en contra del acusado, la \u00fanica autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales es el Juez de Control de Garant\u00edas, tal como lo establecen los art\u00edculos 306, 308 y 318 de la Ley 906 de 2004. Empero, una vez proferida condena, as\u00ed no se encuentre en firme, lo atinente a la libertad del sentenciado le compete decidirlo al juez de conocimiento, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 40 del mismo compendio normativo [\u2026]\u00bb. (CSJ AP956-2019, STP4795-2022), memoradas en CSJ STP3543-2023). <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, hasta que no se provoque una determinaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n en ese sentido, no pueda acudirse a esta exclusiva v\u00eda dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, porque \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, STC8897-2017, STC10432-2017, STC487-2022, reiteradas en STC2756-2023). <\/p>\n
Por lo expuesto, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela instada por Pablo Alfonso Correa Pe\u00f1a. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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