STC7773-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02986-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que la Universidad de la Sabana interpuso contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el reivindicatorio con radicado n\u00b0 258993103002-2015-00067-07. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efectos el auto que en segunda instancia resolvi\u00f3 sobre el monto de las agencias en derecho correspondientes a la causa objeto de revisi\u00f3n (31 mar. 2023), para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el asunto conforme a sus intereses. <\/p>\n
En sustento, adujo ser demandada en el proceso cuestionado que termin\u00f3 con sentencia desfavorable a las pretensiones. Narr\u00f3 que, como resultado de una reposici\u00f3n, el juzgado accionado estableci\u00f3 las agencias en derecho por valor de $1.281\u2019500.000 (3 mar. 2022), decisi\u00f3n que fue modificada por el tribunal convocado quien determin\u00f3 dicho rubro en la suma de $42\u2019770.398. <\/p>\n
De esa determinaci\u00f3n deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus derechos fundamentales porque, en su criterio, la magistratura err\u00f3 al desconocer que las pretensiones ascend\u00edan a $16.000\u2019000.000 y, sobre ese rubro, debieron tasarse las agencias. <\/p>\n
2. Las autoridades accionadas remitieron la providencia cuestionada, hicieron un relato de sus actuaciones y defendieron la respectiva legalidad. El apoderado de la demandante en el proceso reprochado se opuso a la prosperidad del resguardo tras considerar que las agencias fueron fijadas entre los m\u00e1rgenes legales correspondientes, esto es, entre el \u00ab0% y 20%\u00bb de los valores mencionados. Agreg\u00f3 que el juramento estimatorio fijado en $16.00\u2019000.000 perdi\u00f3 su m\u00e9rito probatorio al ser objetado por la pasiva del pleito. Destac\u00f3 que el art\u00edculo 366 del estatuto adjetivo se\u00f1alara como criterio determinante la cuant\u00eda del proceso, la cual no necesariamente deb\u00eda coincidir con dicho medio de prueba, sino con el aval\u00fao del fundo objeto de la litis. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 concedido porque el tribunal accionado incurri\u00f3 en un defecto procedimental al predicar que, en este caso, la cuant\u00eda del asunto deb\u00eda \u00abdeterminarse con mira en el valor del bien pretendido\u00bb. <\/p>\n
Ciertamente, para tomar la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona, la magistratura inici\u00f3 por precisar que la demanda reivindicatoria hab\u00eda sido radicada en el a\u00f1o 2015, raz\u00f3n por la que no era aplicable el acuerdo PSAA16-10554 expedido el 5 de agosto de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se establecieron las tarifas de las agencias en derecho. Ello, por cuanto el art\u00edculo 7\u00b0 de esa regulaci\u00f3n dispuso que los litigios \u00abcomenzados antes [de esa data] se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa\u00bb de esa corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En seguida se\u00f1al\u00f3 que, conforme a esta \u00faltima normativa, el valor de las agencias en primera instancia para la clase de proceso cuestionado corresponder\u00eda \u00abhasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia\u00bb y, en segundo grado, \u00abhasta el 5% del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas\u00bb. <\/p>\n
Dichos raciocinios, lejos de tornarse caprichosos, lucen razonables conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y normativa que rode\u00f3 la disputa objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
No obstante, para determinar el mencionado rubro en el caso concreto, el tribunal afirm\u00f3 que \u00abla cuant\u00eda, cuando de procesos reivindicatorios se trata, debe determinarse con mira en el valor del bien pretendido\u00bb. De all\u00ed que se remitiera al aval\u00fao comercial que de dicho inmueble se fij\u00f3 en el curso del proceso en la suma de $3.684\u2019291.070. <\/p>\n
Sobre esa base argumentativa consider\u00f3 que las gestiones desplegadas por la parte demandada ameritaban el reconocimiento de agencias en derecho correspondientes al 1% de aquella suma, esto es, $42\u2019770.398, los cuales no superaban el 20% del valor de las pretensiones conforme al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
De esa consideraci\u00f3n es que brota el yerro ius fundamental, si se tiene en cuenta que para la \u00e9poca en la que se radic\u00f3 la demanda reivindicatoria (a\u00f1o 2015) estaba vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuyo art\u00edculo 20 no consagraba la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda con base en el aval\u00fao del fundo objeto de la litis \u2013como si lo hace el hoy vigente canon 26 del C\u00f3digo General del Proceso-, sino conforme al \u00abvalor de las pretensiones al tiempo de la demanda\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que la inobservancia de esa disposici\u00f3n pudiera llegar a influir en la determinaci\u00f3n del valor de las agencias en derecho fijadas en el pleito, las cuales deber\u00e1n ser calculadas, en el caso concreto, conforme al valor de las pretensiones, seg\u00fan el acuerdo en comento y el canon en cita. <\/p>\n
Ahora, dicho valor de las pretensiones comporta un asunto que, en principio, debe ser dilucidado por el juez natural del asunto conforme a las particularidades del litigio sometido a su conocimiento y no a esta sede constitucional. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, como quiera que el tribunal consider\u00f3 que la cuant\u00eda del asunto se determinaba por el aval\u00fao del predio en contienda y no por el valor de las pretensiones, seg\u00fan lo mandado por la norma vigente al momento de radicaci\u00f3n de la demanda (art. 20 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), y dado que esa situaci\u00f3n puede influir, eventualmente, en el c\u00e1lculo de las agencias en derecho, se impone la concesi\u00f3n del auxilio para que esa autoridad vuelva a resolver con atenci\u00f3n de las consideraciones expuestas, esto es, precise el valor de las pretensiones del litigio y, sobre esa suma, las agencias respectivas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve CONCEDER la tutela instada por la Universidad de la Sabana. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto el auto de 31 de marzo de 2023, a trav\u00e9s del cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca desat\u00f3 la apelaci\u00f3n contra el auto que estableci\u00f3 las agencias en derecho en el proceso con radicado n\u00b0 258993103002-2015-00067-07, y las dem\u00e1s providencias que de ella dependan, para que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la notificaci\u00f3n de esta determinaci\u00f3n, resuelva nuevamente esa impugnaci\u00f3n como en derecho corresponda y con atenci\u00f3n a las consideraciones expuestas en esta providencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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