STC7780-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7780-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02866-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diego Fernando Ram\u00edrez Pinz\u00f3n contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Penal del Tribunal y el Juzgado Quince Penal del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2012-08503. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que fue condenado en ambas instancias (fallos del 13 de diciembre de 2019 \u2013 Juzgado Quince Penal del Circuito de Bogot\u00e1 \u2013; y de 3 de marzo de 2020 \u2013 Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal) a la pena de 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb (rad. 2012-08503). <\/p>\n
Relata que, contra el fallo del ad quem interpuso recurso de casaci\u00f3n, el cual sustent\u00f3 bajo un \u00fanico cargo que denomin\u00f3 \u00abnulidad de la sentencia de segunda instancia por violaci\u00f3n del derecho a la defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, destaca que, mediante auto del 17 de mayo de 2023, la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 inadmitir la demanda al considerar que no logr\u00f3 acreditar la causal de nulidad invocada, as\u00ed como tampoco, cumplir con la t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n del reparo. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, pidi\u00f3 al Ministerio P\u00fablico evaluar la posibilidad de activar el mecanismo de insistencia, pero este conceptu\u00f3 negativamente (8 de julio de 2023). <\/p>\n
Replica los argumentos con los que sustent\u00f3 el remedio extraordinario, criticando la labor de los profesionales del derecho que lo asistieron en su defensa durante el juicio penal. <\/p>\n
Aduce que, la Sala de Casaci\u00f3n Penal desconoci\u00f3 la jurisprudencia que ha desarrollado en torno al tema de la defensa t\u00e9cnica en materia penal, y que inadmiti\u00f3 \u00abla demanda de casaci\u00f3n enrostrando fallas del libelo que no existen y valorando inadecuadamente hechos reales que s\u00ed acontecieron y quedaron constancias en la audiencia preparatoria como en el desarrollo del juicio oral (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Resalta que, la falta de defensa t\u00e9cnica fue incluso a\u00fan m\u00e1s relevante en la audiencia de juicio (a cargo del abogado Eduardo Bustamante Medina) pues, en varias ocasiones su defensor fue requerido por el juez a fin de que adecuara la t\u00e9cnica de los contrainterrogatorios y del procedimiento de incorporaci\u00f3n de pruebas documentales; pero reprocha que, para la Sala accionada la interpelaci\u00f3n del juez al abogado fue un \u00absimple llamado de atenci\u00f3n\u00bb, cuando la observaci\u00f3n que le hizo era que \u00abdesconoc\u00eda por completo la t\u00e9cnica propia del sistema penal acusatorio [\u2026] que no estaba capacitado, que no ten\u00eda conocimientos jur\u00eddicos [\u2026] as\u00ed se lo dijo sin rodeos el propio juez\u00bb. <\/p>\n
Dice que el abogado Bustamante Medina fue \u00abrega\u00f1ado en p\u00fablico por el juez [\u2026] exhibido ante los familiares del acusado y las personas que asist\u00edan a la vista p\u00fablica, al punto de descalificarlo el propio director de la audiencia por su desconocimiento de la t\u00e9cnica jur\u00eddica del sistema penal acusatorio, a pesar de llevar cerca de tres a\u00f1os al frente de la defensa, es un abogado que adem\u00e1s de no desearlo ning\u00fan inculpado o enjuiciado, per se, constituye una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de la Defensa T\u00e9cnica, quien en su lugar de haber sido removido por el juez, se le concedi\u00f3 la oportunidad de capacitarse y se le accedi\u00f3 a suspender la audiencia del juicio, como si las exigentes condiciones que debe asumir y ejercer la defensa penal de un homicidio agravado, no reclamaran un previo y serio proceso de formaci\u00f3n acad\u00e9mica y un alto nivel jur\u00eddico que se constata en las habilidades y destrezas de un defensor t\u00e9cnicamente preparado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que, se deje sin efecto la providencia del 17 de mayo de 2023 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal y se ordene a la accionada proferir \u00abun pronunciamiento admisorio [del recurso de casaci\u00f3n interpuesto] que desate a trav\u00e9s de un fallo de fondo el cargo enrostrado al respecto, respetando la l\u00ednea jurisprudencial existente [\u2026] conforme a la protecci\u00f3n constitucional [del] derecho fundamental a una Defensa T\u00e9cnica [\u2026] con una sentencia condenatoria proferida dentro de un tr\u00e1mite y juicio oral en el que careci\u00f3 de un profesional con conocimientos jur\u00eddicos y pr\u00e1cticos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la decisi\u00f3n recriminada, defendi\u00f3 las razones que tuvo la Sala para inadmitir el recurso extraordinario, explicando por qu\u00e9 no se configur\u00f3 la irregularidad procesal alegada en relaci\u00f3n con las supuestas falencias se\u00f1aladas por el recurrente a la labor de los abogados que ejercieron su defensa. <\/p>\n
2. La Fiscal 106 Seccional de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que, el accionante no adjunt\u00f3 elemento de prueba alguno para demostrar que la fiscal\u00eda a cargo de la investigaci\u00f3n haya vulnerado sus derechos fundamentales. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio del magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia proferida el 13 de diciembre de 2019, hizo un recuento de la actuaci\u00f3n procesal, en la cual, confirm\u00f3 la condena impuesta por el a quo a Ram\u00edrez Pinz\u00f3n de 420 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb. Inform\u00f3 que el expediente del proceso, una vez en firme la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, retorno al juzgado de origen el 14 de junio de la presente anualidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Especializada convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por el actor al inadmitir (mediante auto AP1376-2023 del 17 de mayo) la demanda de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del tribunal ad quem que confirm\u00f3 la condena en su contra de 420 meses de prisi\u00f3n por el delito de \u00abhomicidio agravado\u00bb, incurriendo en v\u00eda de hecho por, supuestamente, desconocer que se acredit\u00f3 la falta de defensa t\u00e9cnica como causal de nulidad del juicio penal. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan la decisi\u00f3n de la Sala acusada, no se advierte procedente el amparo, puesto que la misma no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la Sala demandada aclar\u00f3 que, como la censura postulada por el impugnante se centr\u00f3 en denunciar que careci\u00f3 de defensa t\u00e9cnica id\u00f3nea, lo que dar\u00eda lugar a la invalidaci\u00f3n de lo actuado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) lo cierto es que impone al censor proceder con precisi\u00f3n al identificar la clase de irregularidad sustancial [\u2026]; se\u00f1alar si se trata de un vicio de estructura o garant\u00eda; plantear sus fundamentos f\u00e1cticos; indicar los preceptos que considera conculcados; fijar el momento procesal en que se produjo la anomal\u00eda y la cobertura de la invalidez deprecada; y, acreditar, en t\u00e9rminos de trascendencia, la necesidad de acudir a la nulidad como remedio \u00fanico y extremo para restablecer el derecho afectado con la anormalidad procesal o la garant\u00eda conculcada\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, rese\u00f1\u00f3 que la configuraci\u00f3n de la causal de nulidad enunciada como cargo de casaci\u00f3n, alud\u00eda a varias fallas defensivas que detect\u00f3 el recurrente en diferentes escenarios procesales, incluso desde la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n, frente a lo cual indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Sin embargo, la Sala, al revisar la actuaci\u00f3n procesal, advierte que tales reproches no se ajustan a la realidad y, sobre todo, no reflejan la validez de la tesis presentada por el demandante relativa a la inexistencia de la defensa t\u00e9cnica en favor de los intereses del procesado, seg\u00fan su planteamiento argumentativo y, en todo caso, sus razones no satisfacen los principios de residualidad y trascendencia que exigen la declaratoria de nulidad impetrada. <\/p>\n
En primer lugar, en relaci\u00f3n con el reproche sobre la actuaci\u00f3n de la defensa del acusado en la audiencia de acusaci\u00f3n, puede advertirse que ninguna irregularidad se pudo haber configurado por el hecho de que el defensor no hiciera observaciones al escrito de acusaci\u00f3n, as\u00ed como tampoco emerge anomal\u00eda alguna en el proceso de descubrimiento de la Fiscal\u00eda, cuando, seg\u00fan puede verificarse, fue el mismo juez de conocimiento quien vel\u00f3 porque el descubrimiento fuera completo y conmin\u00f3 al acusador para que en tres d\u00edas, seg\u00fan lo reglado en el art\u00edculo 344 de la Ley 906 de 2004, entregara a la defensa los elementos materiales probatorios y evidencias f\u00edsicas en su poder. No es irregular, por lo dem\u00e1s, que la defensa careciera para ese momento de evidencias por descubrir. <\/p>\n
Tampoco emerge ning\u00fan defecto trascendental en la actuaci\u00f3n desplegada por la defensa en la audiencia preparatoria. Debe decirse que la idoneidad de la gesti\u00f3n defensiva no puede determinarse por las objeciones que se pudieran presentar sobre las pruebas de la Fiscal\u00eda, pues bien puede entenderse que no tuvo razones para oponerse a que se decretaran los medios de conocimiento del acusador; adem\u00e1s, sobre dicho asunto el demandante ninguna raz\u00f3n ofrece que justifique el por qu\u00e9 el apoderado del procesado deb\u00eda presentar oposiciones a esa solicitud probatoria tendientes a que se desestimara su pr\u00e1ctica. <\/p>\n
En todo caso, el defensor no estaba compelido a hacer observaciones al proceso de descubrimiento probatorio cuando no lo advirti\u00f3 irregular y aunque es cierto que se present\u00f3 una controversia entre el juez y defensor por la manera como este gestion\u00f3 sus peticiones probatorias, finalmente obtuvo que se decretaran las pruebas testimoniales que habr\u00edan de fundamentar su teor\u00eda del caso de cara al juicio oral y p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sacar avante la tesis de que el acusado RAM\u00cdREZ PINZ\u00d3N no fue coautor del homicidio agravado que le fue imputado, por cuanto, en su percepci\u00f3n de la prueba, aunque estuvo presente en el lugar de los hechos no particip\u00f3 en la agresi\u00f3n que cobr\u00f3 la vida del menor Fabi\u00e1n Felipe Hern\u00e1ndez Prada, pues, seg\u00fan mantuvo, esa conducta fue ejecutada exclusivamente por Camilo Andr\u00e9s Mart\u00ednez P\u00e9rez y Juan David G\u00f3mez D\u00edaz -conocidos con los alias de Cayo y Blas, respectivamente-. <\/p>\n
Esa hip\u00f3tesis fue la que se sostuvo por la defensa a partir del ejercicio de sus contrainterrogatorios a los testigos de la Fiscal\u00eda y del interrogatorio directo que practico a su testigo Camilo Andr\u00e9s Mart\u00ednez P\u00e9rez\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el procesado respald\u00f3 su alegato en lo acecido en el juicio entre su abogado y el juez, pues este \u00faltimo le llam\u00f3 la atenci\u00f3n en varias ocasiones a fin de que adecuara sus intervenciones y preguntas conforme la t\u00e9cnica exigida, por ejemplo, para impugnar credibilidad de un testigo; as\u00ed mismo, en la insuficiencia de los contrainterrogatorios, ya que no habr\u00eda confrontado debidamente a los testigos presenciales, respecto de lo cual dijo la tutelada, <\/p>\n
\u00abSobre dichos reparos ofrecidos por el demandante, debe decirse que el ejercicio de la defensa no se encuentra condicionada a la pr\u00e1ctica de los contrainterrogatorios de los testigos de la Fiscal\u00eda, como parece entenderlo el recurrente, m\u00e1s aun cuando se sabe que, de acuerdo con el art\u00edculo 391 de la Ley 906 de 2004, son preguntas cuya formulaci\u00f3n est\u00e1 sujeta a la discreci\u00f3n del defensor, pudiendo incluso abstenerse de hacerlo cuando no sea su inter\u00e9s confrontar a los declarante por esa v\u00eda del interrogatorio cruzado, ya sea porque no exista manera de impugnar su credibilidad o porque en ese prop\u00f3sito podr\u00eda motivar que el testigo se reafirme en situaciones perjudiciales para el acusado. <\/p>\n
Por lo tanto, es connatural al ejercicio de la defensa en materia de contrainterrogatorios que en algunas oportunidades se haga uso de esa facultad, mientras que en otras no se estime pertinente emplear esa t\u00e9cnica procesal por parte del defensor, como ocurri\u00f3 en algunas ocasiones de este caso. Adem\u00e1s, el contrainterrogatorio, para que sea efectivo, no tiene que circunscribirse a un determinado n\u00famero de preguntas, correspondiendo en todo caso a quien lo formula establecer, en funci\u00f3n de la necesidad y la oportunidad con sus intereses, conocer cu\u00e1ndo resulta conveniente una intervenci\u00f3n de esa naturaleza. <\/p>\n
(\u2026) Sobre tales reparos, debe decirse que la Corte ya ha tenido oportunidad de se\u00f1alar que las reglas empleadas para afrontar los interrogatorios y contrainterrogatorios, controladas por el director de la audiencia, apenas constituyen una t\u00e9cnica encaminada a que el ejercicio probatorio se module de la mejor manera y lograr que el conocimiento de los hechos llegue al sentenciador de la manera m\u00e1s clara y depurada posible, procurando la indemnidad del principio de igualdad de derechos, obligaciones y deberes, pero ello no significa que deban seguirse de manera rigurosa o que en el distanciamiento de las mismas se asuma irregularidad trascendente\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 precisando que, el desempe\u00f1o del apoderado en los interrogatorios cruzados no constituye un motivo que determine la ausencia de defensa t\u00e9cnica, pues no es imperativo que el profesional del derecho act\u00fae de la manera en que considera el casacionista; de igual forma, indic\u00f3 que el censor no explic\u00f3 c\u00f3mo incidi\u00f3 tal circunstancia en la resoluci\u00f3n del proceso, o la trascendencia de situaciones como la renuncia a interrogar uno de los testigos, que no se haya insistido en la realizaci\u00f3n de la prueba de reconocimiento en fila, la ausencia de la delegada del Ministerio P\u00fablico en algunas de las audiencias y las estipulaciones probatorias. <\/p>\n
En suma, la Sala Especializada puntualiz\u00f3 que los reproches al proceder de los abogados defensores proven\u00edan de una perspectiva eminentemente subjetiva, lo que no resultaba suficiente para acreditar el quebranto del derecho a la defensa t\u00e9cnica, olvidando el censor que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) seg\u00fan lo tiene se\u00f1alado la Corte, en sede de casaci\u00f3n no resulta dable juzgar el acierto o desatino de la gesti\u00f3n profesional de los defensores que precedieron al actor a partir de un criterio discrepante relativo al m\u00e9todo y din\u00e1mica de defensa, pues cada letrado tiene su particular forma para afrontar la labor encomendada, sin que sea factible determinar en forma irrebatible cu\u00e1l pudo ser la mejor y m\u00e1s afortunada estrategia defensiva <\/p>\n
En consecuencia, ante la ausencia de supuestos que acrediten la vulneraci\u00f3n de la aludida garant\u00eda constitucional fundamental, la demanda carece de aptitud sustancial y debe ser inadmitida\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, auscultados los razonamientos expuestos por la Hom\u00f3loga Penal, se advierte que la decisi\u00f3n de no dar tr\u00e1mite al estudio de fondo de la demanda de casaci\u00f3n estuvo sustentada en una postura respetable, conforme el ejercicio de las atribuciones constitucionales que le corresponden como tribunal de cierre de la jurisdicci\u00f3n penal. <\/p>\n
Ahora, el que el querellante disienta del soporte de esa determinaci\u00f3n, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, ya que es necesario que la misma se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo dicho, porque en rigor lo que se observa es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que Sala de Casaci\u00f3n Penal apreci\u00f3 el contexto jur\u00eddico planteado y concluy\u00f3 que, por un lado, el cargo formulado no satisfac\u00eda la exigencia argumental para la admisi\u00f3n de la demanda, y de otro, que no observ\u00f3 acreditada la circunstancia alegada como transgresora del debido proceso, dirigida a invalidar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, se insiste, la divergencia conceptual por s\u00ed sola no viabiliza el amparo, ni puede este mecanismo utilizarse como una instancia alternativa a la cual pueden acudir los administrados a efectos de debatir de nuevo las tesis jur\u00eddicas sobre un determinado asunto agotado en la sede ordinaria, con el \u00fanico fin de conseguir el resultado que consideran favorable a sus intereses. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con independencia de que la argumentaci\u00f3n se\u00f1alada sea o no compartida por la Sala, no puede tildarse de antojadiza como para ser objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable en torno a los requisitos que conlleva la calificaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n para su admisi\u00f3n, postura que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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