STC7787-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7787-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02756-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Uberto Baldovino Salas, Fabiola Mantilla Gonz\u00e1lez, Milton Garnica, Keli Marcela Lizcano Bedoya, Jhon Fredy Cuervo, Jairo Jaimes Barrera, Jorge Enrique C\u00e1rdenas, Gustavo Adolfo y Claudia Patricia G\u00f3mez Espitia, Viviana Yively Aceros Ruiz, Belisario G\u00f3mez Torres, Luz Stela Espitia y Luis Alexander Amado D\u00e1vila contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD), tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Barrancabermeja y las partes e intervinientes en el juicio especial 2019-00096. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes, actuando por conducto de apoderado, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n. <\/p>\n
2. Exponen que, al interior del juicio de restituci\u00f3n de tierras que curs\u00f3 en el tribunal querellado, el pasado 16 de junio confirieron poder a un abogado para que, en su representaci\u00f3n, formulara incidente de nulidad contra la sentencia de 9 de agosto de 2022 mediante la cual se protegi\u00f3 el derecho fundamental de Juan Carlos Cala Sarmiento, sin que a la fecha de interposici\u00f3n del presente resguardo se le hubiera reconocido personer\u00eda para actuar ni autorizado el acceso al expediente digital. <\/p>\n
Aseguran que, con el prop\u00f3sito de sustentar la nulidad que pretenden incoar, el profesional del derecho que los representa, el 23 de junio, present\u00f3 a la UAEGRTD \u2013 Territorial Magdalena Medio, un derecho de petici\u00f3n del siguiente tenor: <\/p>\n
\u00abSe sirva remitir copia \u00edntegra y legible de la caracterizaci\u00f3n realizada por la Unidad a la comunidad que represento. <\/p>\n
Remitir copia \u00edntegra, legible y a color del Informe de Comunicaci\u00f3n Georreferenciaci\u00f3n de IPT del predio relacionado en la referencia. <\/p>\n
Se sirva informar las razones por las cuales no colocaron el aviso o comunicaci\u00f3n en cada una de las viviendas que se encontraban en una franja del predio objeto de restituci\u00f3n de tierras\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, agregan que con oficio 02079 de 11 de julio siguiente la entidad administrativa no accedi\u00f3 a entregar la documentaci\u00f3n requerida por considerarla \u00abde manera errada\u00bb confidencial, al tiempo \u00aba la \u00faltima petici\u00f3n simplemente omitieron dar respuesta\u00bb. <\/p>\n
3. Solicitan, en consecuencia: <\/p>\n
3.1. Se ordene a la colegiatura accionada \u00abreconocer personer\u00eda jur\u00eddica [sic] y cargar el expediente al usuario del abogado\u2026 para que tenga acceso al expediente virtual\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ordenar a la UAEGRTD \u00abentregar la caracterizaci\u00f3n que le realiz\u00f3 a los accionados y los informes de comunicaci\u00f3n y prediales a color y legibles, adem\u00e1s de dar una respuesta de fondo a la petici\u00f3n final que fue omitida en la respuesta [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado a quien le correspondi\u00f3 la sustanciaci\u00f3n del asunto inform\u00f3 que, con auto del pasado 31 de julio reconoci\u00f3 personer\u00eda al abogado de los ac\u00e1 accionantes, por lo que solicit\u00f3 \u00abse declare la carencia actual de objeto\u2026 por configurarse un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
2. La directora jur\u00eddica de restituci\u00f3n de la UAEGRTD se opuso a la prosperidad del resguardo en lo que a esa entidad ata\u00f1e dado que, mediante oficio DTMB2-202301990 del 11 de julio de 2023, complementado el 31 de julio siguiente a trav\u00e9s del comunicado URT-DTMB-02666, atendi\u00f3 las peticiones formuladas por los ac\u00e1 gestores indic\u00e1ndoles que la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n requerida gozaba de reserva por ser de naturaleza confidencial. <\/p>\n
3. El Procurador Doce Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga pidi\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda frente al Tribunal Superior de C\u00facuta por haber operado el fen\u00f3meno del hecho superado dado que, en curso de esta instancia, profiri\u00f3 la decisi\u00f3n echada de menos por los gestores. <\/p>\n
Frente a la respuesta ofrecida por la UAEGRTD al derecho de petici\u00f3n formulado, resalt\u00f3 que para el momento en que se present\u00f3 la entidad \u00abno pod\u00eda\u2026 dar respuesta diferente\u00bb, habida cuenta que en ese instante el apoderado no hab\u00eda sido reconocido, de manera que, como ya cuenta con personer\u00eda para intervenir en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras \u00abpuede entonces solicitar formalmente que se le entregue la informaci\u00f3n\u00bb o inclusive a la autoridad judicial cognoscente puesto que la documentaci\u00f3n requerida reposa en el expediente al que ya tiene acceso. <\/p>\n
4. El Juez Primero Civil del Circuito Especializado de Barrancabermeja resalt\u00f3 que en la etapa procesal que le correspondi\u00f3 adelantar (instrucci\u00f3n), \u00abrespet\u00f3 las normas que regulan y los derechos de las partes que\u2026 actuaron\u00bb, advirtiendo que no le corresponde emitir pronunciamiento frente a la lesi\u00f3n atribuida por los quejosos comoquiera que la misma es atribuida a unas entidades diferentes. <\/p>\n
5. Finalmente funcionarias adscritas a las oficinas asesoras jur\u00eddicas de la UARIV, de la ANH y de la ANM, as\u00ed como el representante legal del Banco Agrario y una abogada de la Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Norte de Santander solicitaron declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de las entidades que representan. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de C\u00facuta lesion\u00f3 el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los promotores porque, supuestamente, al momento de formularse el presente resguardo no hab\u00eda reconocido personer\u00eda para actuar al abogado que designaron para que asumiera su representaci\u00f3n en el proceso de restituci\u00f3n de tierras 2019-00096. <\/p>\n
De otro lado, se examinar\u00e1 la presunta afectaci\u00f3n, por parte de la UAEGRTD, de la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 23 Superior, con la respuesta ofrecida el 11 y 31 de julio del corriente a\u00f1o, al no acceder a brindar la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n solicitadas, por considerarlas confidenciales. <\/p>\n
2. Frente al amparo formulado contra el Tribunal Superior de C\u00facuta \u2013 Del hecho superado <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama el juez de tutela, una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
2.2. La queja constitucional formulada frente al Tribunal Superior de C\u00facuta se contrajo a denunciar la omisi\u00f3n en que, presuntamente, incurri\u00f3 para emitir pronunciamiento en torno al reconocimiento de personer\u00eda al profesional del derecho designado por los ac\u00e1 gestores para que asumiera su representaci\u00f3n en el proceso de restituci\u00f3n de tierras que all\u00ed curs\u00f3. <\/p>\n
Sin embargo, de conformidad con la respuesta ofrecida por el funcionario judicial encartado, se debe anticipar la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, pues realiz\u00f3 la actividad extra\u00f1ada por los promotores al proferir el auto del pasado 31 de julio por medio del cual admiti\u00f3 como apoderado al abogado Wilmer Stic Zafra Rodr\u00edguez de acuerdo con el mandato otorgado y orden\u00f3 permitirle el acceso al expediente digital. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, queda claro que, en el transcurso de esta instancia, la autoridad accionada emiti\u00f3 el pronunciamiento echado de menos por los quejosos, circunstancia que emerge como constitutiva del fracaso del resguardo, en la medida que, dado el contexto actual y en virtud de ello, ha cesado la supuesta trasgresi\u00f3n, resultando inocuo cualquier pronunciamiento que pudiere hacerse frente a dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose inane alguna manifestaci\u00f3n del juez de tutela en ese sentido, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la figura descrita esta Sala ha dicho \u00ab[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
Entonces, por no existir una conculcaci\u00f3n actual de los derechos fundamentales suplicados, de acuerdo con lo decantado, se itera, la tutela contra el Tribunal Superior de C\u00facuta deviene inviable. <\/p>\n
3. Respecto de la queja contra la UAEGRTD \u2013 De la subsidiariedad <\/p>\n
La acci\u00f3n supralegal, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporada al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, de ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En punto de lo anterior, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
Entonces, esta herramienta constitucional se caracteriza por la prevalencia del requisito que se viene analizando y su inobservancia se presenta no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo que constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas procedentes para solucionar la presunta afectaci\u00f3n de derechos. <\/p>\n
En punto del cuestionamiento dirigido contra la UAEGRTD se configura la segunda modalidad comoquiera que los accionantes cuentan con un medio de defensa judicial id\u00f3neo para buscar la protecci\u00f3n de la prerrogativa iusfundamental que dicen desconocida. <\/p>\n
En efecto, ante la negativa de la entidad administrativa de entregar informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n a los gestores, por considerarla de naturaleza confidencial, invocando as\u00ed la reserva establecida en el art\u00edculo 24 de la Ley 1755 de 2015, lo que corresponde a los interesados es acudir al mecanismo consagrado en el canon 26 del mismo compendio normativo para que la autoridad judicial competente determine si le asist\u00eda o no raz\u00f3n a aquella, pues la acci\u00f3n de tutela no fue establecida para desplazar los procedimientos establecidos por el legislador, m\u00e1xime cuando el instrumento ordinario es eficaz, en t\u00e9rminos de celeridad, de cara a la premura con que se busca la protecci\u00f3n <\/p>\n
De modo que resulta improcedente acudir a este instrumento con el fin de obtener un pronunciamiento expedito, pues ello desnaturaliza la verdadera esencia de la acci\u00f3n supralegal que fue erigida para proteger derechos fundamentales y no para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. Se configur\u00f3 un hecho superado frente al Tribunal Superior de C\u00facuta, toda vez que antes de resolverse el asunto, emiti\u00f3 el pronunciamiento echado de menos por los actores al reconocer personer\u00eda al abogado que designaron y permitirle el acceso al expediente. <\/p>\n
4.2. Los accionantes cuentan con un instrumento id\u00f3neo y eficaz para buscar el amparo del derecho de petici\u00f3n pues, ante la reserva invocada por la UAEGRTD, les corresponde activar el mecanismo de insistencia consagrado en la Ley 1755 de 20115, para que sea la autoridad judicial competente quien determine si le asisti\u00f3 o no raz\u00f3n a la entidad querellada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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