STC7794-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7794-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02865-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Dilaima Luc\u00eda Cuadros Alvear, contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y los Juzgados Quinto y Cuarto Civiles del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a \u00abser juzgada por un juez natural imparcial\u00bb, que dicen vulneradas por la autoridad accionada, dentro del proceso divisorio que Nancy Esther Barros Lago y otros promovieron contra Jorge Mar\u00edn Barros Lago, donde interviene como sucesora procesal de \u00e9ste. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que se ordene \u00abal Tribunal Superior de Valledupar, al Juzgado Quinto Civil del Circuito (\u2026) y al Cuarto Civil del Circuito [ambos de aquella ciudad]\u00bb, tomar las medidas legales conducentes a restablecer los derechos conculcados a la solicitante (\u2026) dentro del recurso de apelaci\u00f3n de fecha abril 26 de 2022, contra la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, en fecha abril 19 del 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. El demandado Jorge Mart\u00edn Barros Lago, quien en vida fuera c\u00f3nyuge de la aqu\u00ed accionante, pidi\u00f3 la nulidad del referido juicio con fundamento en la causal 8\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, porque fue indebidamente notificado del auto admisorio de la demanda, ya que, sostiene la gestora, el 3 de marzo de 2020 \u00abse pretendi\u00f3\u00bb notificarlo por aviso de la decisi\u00f3n, \u00abcuando ya hab\u00eda operado la extemporaneidad para notificar el referido auto (\u2026) en raz\u00f3n a haber transcurrido 6 a\u00f1os y 5 meses, contados a partir de (\u2026) junio 24 del 2014, fecha del auto admisorio de la referida demanda\u00bb. <\/p>\n
2.2. Sostiene la promotora que la invalidaci\u00f3n fue negada el 19 de abril de 2022 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar \u00abfundado su decisi\u00f3n negativa en un escrito an\u00f3nimo incorporado al proceso de la referencia de manera directa por la se\u00f1ora juez (\u2026) dicho escrito contiene un sello totalmente borroso, ilegible, as\u00ed mismo figura una fecha de julio 9 del 2014, seguidamente aparece 24 de junio de 2014, auto admisorio, seguido el nombre Jorge Mart\u00edn Barros Lago, igualmente aparece una firma presuntamente de Jorge Mart\u00edn Barros Lago (q.e.p.d.), de la misma manera se observa en el referido escrito, la carencia de firma del funcionario que realiz\u00f3 dicha diligencia de notificaci\u00f3n\u00bb, por lo cual el sustento de lo decidido \u00abcarece de veracidad\u00bb y no cumple con los par\u00e1metros del art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. La precitada decisi\u00f3n fue confirmada el 9 de marzo de 2023 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, sin reparar en la anterior situaci\u00f3n, que permit\u00eda colegir que el extremo demandado realmente fue notificado por aviso hasta el 3 de marzo de 2020. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir el informe a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar se\u00f1al\u00f3 que el 9 de marzo de 2023 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, de negar la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n, y en esta ocasi\u00f3n la gestora pretende insistir en su inconformidad con esa determinaci\u00f3n, al reiterar los argumentos que expuso en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar indic\u00f3 que en el referido juicio, el 3 de septiembre de 2017 se dict\u00f3 sentencia que orden\u00f3 la partici\u00f3n y en esta ocasi\u00f3n la promotora repite las quejas que ha elevado a trav\u00e9s de diferentes mecanismos como son solicitudes de nulidad, prescripci\u00f3n, caducidad, de p\u00e9rdida de competencia e ilegalidad, varios recursos, acciones de tutela e incluso vigilancias administrativas, todas negadas. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la invalidaci\u00f3n decidida en el prove\u00eddo cuestionado, no fue la primera que aquella present\u00f3 dentro del proceso, por lo cual se encuentra saneada al no haber sido alegada oportunamente, lo que descarta la vulneraci\u00f3n superior alegada. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que, en lo decidido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar en auto de 9 de marzo de 2023, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de 19 de abril de 2022 de negar la nulidad del referido juicio por indebida notificaci\u00f3n, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada providencia, la Corporaci\u00f3n accionada consider\u00f3 de entrada que, <\/p>\n
desde ya se advierte la improsperidad de la solicitud de nulidad, en la medida en que, adem\u00e1s de no verse en forma incuestionable la irregularidad propia de los actos nulos en la notificaci\u00f3n al accionado, de cualquier manera, la irregularidad que hubiese ocurrido debe estimarse saneada por estar comprobado que el interesado conoc\u00eda esta actuaci\u00f3n y no adujo en la ocasi\u00f3n propicia la causa de invalidez que ahora invoca. <\/p>\n
Premisa que sustent\u00f3 en el an\u00e1lisis de las actuaciones procesales, que le permiti\u00f3 colegir que, <\/p>\n
la notificaci\u00f3n al demandado del auto admisorio de la demanda, fue surtida conforme a las reglas estatuidas en el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso, pues no existe ninguna duda que aquel acudi\u00f3 al juzgado cognoscente y se notific\u00f3 de manera personal del mismo, sin que se observe inconsistencia, irregularidad o falencia alguna en el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n, lo cual cobra a\u00fan mayor fuerza con el hecho de que contest\u00f3 la demanda y present\u00f3 medios exceptivos. <\/p>\n
Ahora, si bien es cierto que la parte demandante opt\u00f3 posteriormente por practicar una notificaci\u00f3n por aviso, esta no tiene la virtualidad de desconocer la notificaci\u00f3n personal que ya estaba consumada y consolidada, desde mucho tiempo atr\u00e1s. Tampoco implica que, se supla una forma con la otra, pues esa consecuencia jur\u00eddica no est\u00e1 prevista en la norma procesal que regula el tema objeto de estudio, por lo que no resulta de recibo la hermen\u00e9utica del extremo apelante. <\/p>\n
De otro lado, agreg\u00f3 que, <\/p>\n
Aun as\u00ed, en gracia de discusi\u00f3n, de admitirse las aseveraciones del recurrente, sobre dudas sobre el enteramiento procesal, la eventual irregularidad qued\u00f3 saneada porque \u00e9l, a ciencia cierta, se enter\u00f3 de esta tramitaci\u00f3n y ha venido actuando a trav\u00e9s de apoderado, sin que entonces hubiese formulado la petici\u00f3n de nulidad en un t\u00e9rmino razonable, de tal manera que resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 135 del C.G.P ya antes visto. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la Corporaci\u00f3n accionada determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las normas procesales que rigen el caso, que no solo el demandado qued\u00f3 debidamente notificado dentro del proceso y en soporte de ello oportunamente contest\u00f3 la demanda y present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, sino adem\u00e1s, que no aleg\u00f3 el supuesto vicio en la primera oportunidad que intervino ante el juicio, por lo cual el mismo se encuentra saneado. <\/p>\n
Agrega la Corte que, en efecto, al tenor del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abla nulidad se considerar\u00e1 saneada (\u2026) cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u00bb, tal como ocurri\u00f3 en este caso, en el que la primera actuaci\u00f3n del demandado no consisti\u00f3 en alegar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, con lo cual convalid\u00f3 el supuesto vicio, tem\u00e1tica sobre la cual la Sala ha precisado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) A prop\u00f3sito del \u00absaneamiento\u00bb por la referida causa, que es uno de los principios orientadores de la figura abordada, esta Corporaci\u00f3n en STC18651-2017 reiter\u00f3 que \u00absi el petente de la nulidad no la propuso en su primera intervenci\u00f3n, sino que actu\u00f3 sin proponerla, con tal conducta la sane\u00f3 y por ello no puede alegarla posteriormente (\u2026)\u201d. \u201c(\u2026) De modo que es inviable otorgar la protecci\u00f3n tuitiva porque no se observa \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb (CSJ. STC8733-2017, STC926-2020 y, STC4297-2020 entre muchas). <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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