STC7795-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7795-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2023-00122-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo del 15 de junio de 2023, dictado por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, en el amparo que promovieron Melba Rojas Losada y Nikole Vanessa Sandino Rojas contra el Juzgado Tercero de Familia y contra el Juzgado Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de Neiva, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de sucesi\u00f3n 41001-40-03-005-2018-00097-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes pretenden que se deje sin efectos la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por ellas contra el auto que resolvi\u00f3 las objeciones al inventario y aval\u00fao y, en consecuencia, rehaga la providencia en la que valore los argumentos de su apoderada. <\/p>\n
Adujeron, en s\u00edntesis, que Sandra Milena y Erika Astrid Sandino Camacho solicitaron apertura del juicio de sucesi\u00f3n de su padre, el se\u00f1or Jorge Sandino Macia (19 dic. 2017), sin dar aviso ni a ellas, ni a su otro hermano, en la que identificaron como \u00fanico activo el lote con M.I. No. 200-0045205, el cual fue objeto de inventario y aval\u00fao (7 nov 2018). Despu\u00e9s de esta diligencia, el apoderado de las demandantes les inform\u00f3 de la sucesi\u00f3n en curso, solicitaron (22 ene. 2019) ser reconocidas como c\u00f3nyuge sobreviviente y heredera del causante, as\u00ed como dejar sin efectos el inventario y aval\u00fao aprobado, frente a lo que el Juzgado de Peque\u00f1as Causas accionado las reconoci\u00f3 como tal para intervenir en el proceso, neg\u00f3 lo pedido en relaci\u00f3n a los inventarios y aval\u00faos (11 mar. 2019) y, posteriormente, mantuvo su decisi\u00f3n al resolver la reposici\u00f3n (10 jul. 2019). <\/p>\n
Las gestoras del amparo presentaron un inventario y aval\u00fao adicional en el que incluyeron activos y pasivos sociales (13 ago. 2019), frente al cual las demandantes presentaron objeciones que fueron resueltas en audiencia (11 mar. 2022). Las promotoras interpusieron apelaci\u00f3n contra esta \u00faltima decisi\u00f3n, resuelta mediante confirmaci\u00f3n de lo decidido por el a quo (28 oct. 2022). Reprochan las tutelantes que el juzgado i) excluy\u00f3 el inmueble con M.I. 200-0045205, ii) que tuvo como propio el lote con M.I. No. 200-0008727 cuando en la realidad es social y iii) neg\u00f3 como pasivos sociales el pago de honorarios de abogado en el proceso contra el Banco BBVA y una obligaci\u00f3n que constaba una letra de cambio en favor de Luis Trujillo. Como fallas de los accionados mencionaron que su apoderada no pudo \u201cexponer el inventario, ratificar los documentos probatorios presentados\u201d como si pudo su contraparte, as\u00ed como que fallaron sin apoyo probatorio en las pruebas aportadas. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple relat\u00f3 las actuaciones ante su Despacho y solicit\u00f3 se niegue el amparo por no haber vulnerado los derechos de las impulsoras. <\/p>\n
El Juzgado Tercero de Familia defendi\u00f3 la legalidad de sus actos y manifest\u00f3 que la tutela no puede utilizarse como una nueva instancia de discusi\u00f3n. <\/p>\n
El Curador Ad Litem de los herederos indeterminados se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la demanda y finaliz\u00f3 con solicitar que se le garanticen a Melba Rojas los derechos que hayan surgido en su calidad de c\u00f3nyuge del causante. <\/p>\n
Alexander Ortiz Guerrero, quien afirm\u00f3 ser apoderado de Sandra Milena y Erika Astrid Sandino Camacho, indic\u00f3 que no se han vulnerado derechos de las actoras y que lo que se pretende realmente es abrir un juicio nuevo luego de m\u00e1s de un a\u00f1o de haber sucedido los hechos objeto de controversia. <\/p>\n
3. La Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva neg\u00f3 el amparo por razonabilidad. <\/p>\n
4. Las gestoras impugnaron. Reiteraron los argumentos principales de la tutela y a\u00f1adieron que Melba Rojas se encuentra en estado de indefensi\u00f3n dado que es una persona de la tercera edad y ha tenido complicaciones m\u00e9dicas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora que el desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado, dado que la decisi\u00f3n de excluir el bien inmueble con M.I. No. 200-0045205 no cumple con el requisito de inmediatez, mientras que las dem\u00e1s decisiones del Juzgado de Familia accionado (28 oct. 2022) son razonables y no se observan irregularidades o criterios de interpretaci\u00f3n absurdos que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
1.- Observa la Sala que, uno de los reproches al Juzgado de Peque\u00f1as Causas atacado se centra en la decisi\u00f3n de excluir del inventario y aval\u00fao adicional presentado por las accionantes, el bien inmueble No. 200-0045205 que, por ende, no fue motivo de pronunciamiento al resolver las objeciones formuladas. Del expediente se extrae que este punto fue zanjado en auto en el que se corri\u00f3 traslado del escrito de inventario y aval\u00fao adicionales1, motivo por el cual, desde su promulgaci\u00f3n (19 dic. 2019), hasta la formulaci\u00f3n de este amparo (31 may. 2023), ha transcurrido un tiempo superior a los 6 meses, lapso que esta Corporaci\u00f3n ha considerado razonable para acudir a esta senda excepcional, sin que se observen razones de fuerza mayor demostradas que hubiesen impedido las impulsoras acudir con la prontitud que amerita a reclamar la salvaguarda. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que <\/p>\n
(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente (CSJ STC2007-2021). <\/p>\n
2.- Decidido lo anterior, revisado el asunto, se destaca que, si bien las gestoras, a trav\u00e9s de este mecanismo, reprocharon tanto el auto que decidi\u00f3 las objeciones a los inventarios y aval\u00faos (11 mar. 2022), como aquel que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra esa decisi\u00f3n (28 oct. de 2022, decisi\u00f3n aclarada por providencia de 31 de enero de 2023), lo cierto es que el debate jur\u00eddico se cerr\u00f3 por este \u00faltimo, el cual ser\u00e1 objeto de pronunciamiento del juez constitucional. <\/p>\n
La queja medular de las accionantes se dirige contra lo decidido por los accionados toda vez que fallaron sin apoyo probatorio, as\u00ed como que no permitieron a su apoderada \u201cexponer el inventario, ratificar los documentos probatorios presentados\u201d como si pudo hacerlo su contraparte. <\/p>\n
Sea lo primero indicar que las promotoras del amparo no identificaron de forma precisa los yerros del juzgador en la valoraci\u00f3n probatoria, ni la forma en que estas afectaron su derecho. Sin embargo, en aras de ahondar en garant\u00eda, se estudiar\u00e1 la decisi\u00f3n del ad quem para determinar si era razonable o no. <\/p>\n
Revisado el proceso en comento, encuentra la Sala que la autoridad encartada no incurri\u00f3 en los defectos enrostrados, dado que, para resolver sobre cada una de las objeciones a los activos y pasivos inventariados y avaluados de forma adicional por las tutelantes, lo hizo a partir de las pruebas que fueron aportadas o solicitadas por las partes, sin que se hubiere pretermitido alguna etapa u oportunidad para ello. <\/p>\n
El Juzgado de Familia accionado, en primer lugar, se refiri\u00f3 al bien inmueble con M.I. 200-0008727, del que estableci\u00f3 ser propio del causante por haberse adquirido con anterioridad al nacimiento de la sociedad conyugal: <\/p>\n
Frente al mismo se indica por parte de la apelante que es un bien social, se trae a colaci\u00f3n el art\u00edculo 1781, respecto de la composici\u00f3n del haber social: <\/p>\n
\u201cEl haber de la sociedad conyugal se compone: <\/p>\n
(\u2026) 5. De todos los bienes que cualquiera de los c\u00f3nyuges adquiera durante el matrimonio a t\u00edtulo oneroso. (\u2026) <\/p>\n
A su vez, el art\u00edculo 1782 del C\u00f3digo Civil reza: <\/p>\n
\u201cADQUISICIONES EXCLUIDAS DEL HABER SOCIAL. Las adquisiciones hechas por cualquiera de los c\u00f3nyuges, a t\u00edtulo de donaci\u00f3n, herencia o legado, se agregar\u00e1n a los bienes del c\u00f3nyuge donatario, heredero o legatario; y las adquisiciones hechas por ambos c\u00f3nyuges simult\u00e1neamente, a cualquiera de estos t\u00edtulos, no aumentar\u00e1n el haber social sino el de cada c\u00f3nyuge.\u201d <\/p>\n
En este orden de ideas, se observa en el citado folio de matr\u00edcula que el causante Jorge Enrique Sandino Mac\u00edas adquiri\u00f3 el bien inmueble por compraventa que le realiz\u00f3 a la se\u00f1ora Melba Rojas, mediante Escritura P\u00fablica No. 2542 del 13 de septiembre de 1995 otorgada ante la Notar\u00eda Primera de Neiva y registrada el 18 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Por el contrario, el registro civil de matrimonio entre el causante y la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, indica que el mismo se celebr\u00f3 el 10 de septiembre de 2003, es decir, muy posterior a la fecha de adquisici\u00f3n del inmueble, por lo que este bien se reputa como propio del causante. <\/p>\n
Posteriormente, al decidir sobre la letra de cambio por valor de $6.000.000 girada en favor de Luis Alfonso Trujillo, se\u00f1al\u00f3 que las accionantes no pueden ser reconocidas como acreedoras de la sucesi\u00f3n, toda vez que el t\u00edtulo valor, si bien aparece cancelado por ellas a las herederas del beneficiario, no cumpli\u00f3 con las leyes de circulaci\u00f3n de acuerdo con el art\u00edculo 651 del C\u00f3digo de Comercio, al no existir endoso, por lo que las impulsoras carecen de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo atinente al t\u00edtulo valor letra de cambio girada por el causante a favor de Luis Alfonso Trujillo, por valor de $6.000.000, la cual se adjunta en copia, es pertinente aclarar que la misma fue aportada con los espacios vac\u00edos del tiempo de exigibilidad al momento de presentar la solicitud de inventarios y aval\u00faos adicionales. <\/p>\n
Por ello, es preciso traer a colaci\u00f3n el art\u00edculo 621 y 671 del C\u00f3digo de Comercio, el cual establece que los t\u00edtulos valores deben ser claros, expresos y exigibles, y el titulo valor que se pretende incorporar como pasivo, cuando se adjunt\u00f3 como prueba en los inventarios y aval\u00faos adicionales, no cumpl\u00eda con estas condiciones, ya que no ten\u00eda la fecha de exigibilidad. <\/p>\n
Sin embargo, en los anexos al escrito de sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, se aport\u00f3 la letra de cambio diligenciada en los espacios en blanco antes descritos (con fecha de exigibilidad 22 de mayo de 2019) y con una anotaci\u00f3n posterior en la que se indica que la obligaci\u00f3n fue cancelada en diciembre de 2019, por \u201cla se\u00f1ora Melba de Sandino e hija Nikole Sandino Rojas\u201d. <\/p>\n
En este punto, es menester indicar que la letra de cambio fue girada a la orden de Luis Alfonso Trujillo, quien ten\u00eda la calidad de acreedor, sin embargo, manifiestan que se encuentra fallecido y que el dinero fue cancelado a sus herederas, por lo que, se decanta que quienes tendr\u00edan la facultad de concurrir como acreedoras, como tenedoras legitimarias del t\u00edtulo, ser\u00edan aquellas y no la hija y c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite como en este caso ocurre, ya que no existe endoso de por medio, ni transferencia alguna que les otorgue esta posici\u00f3n, por lo que no est\u00e1n cumplidas las leyese de circulaci\u00f3n de este t\u00edtulo valor como lo establece el art\u00edculo 651 y subsiguientes del C\u00f3digo de Comercio, por lo que carece de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a las obligaciones financieras en favor del Banco BBVA, el Juzgado reliev\u00f3 que dichas deudas se encuentran extintas toda vez que las gestoras indicaron que \u201cel valor fue cancelado mediante conciliaci\u00f3n ante la Superintendencia Financiera de Colombia\u201d y, frente a los honorarios de abogados por valor de $3.200.000, se\u00f1al\u00f3 que no se cumple los requisitos del art\u00edculo 501 del C.G.P. y debe ser asumida por las interesadas de acuerdo con lo preceptuado en el art\u00edculo 4, par\u00e1grafo 1 de la Ley 1934 de 2018: <\/p>\n
Respecto de las obligaciones financieras a favor del banco BBVA, la abogada manifiesta que dicho valor fue \u201cCANCELADO mediante la CONCILIACION ante la Superintendencia Financiera de Colombia\u201d de este modo, es claro que dichas obligaciones ya se encuentran extintas, raz\u00f3n suficiente para mantener la exclusi\u00f3n de dichos pasivos. <\/p>\n
Ahora bien, respecto de los honorarios por valor de $3.200.000, adeudados a la abogada por haber adelantado el tr\u00e1mite en el que se consigui\u00f3 extinguir tales obligaciones, no es procedente pretender constituir un pasivo a cargo de la sociedad por este concepto, ya que no cumple los requisitos del art\u00edculo 501 del C.G.P. y por el contrario, es una deuda contra\u00edda por la heredera Sandino Rojas y la c\u00f3nyuge Melba Rojas, que debe ser asumida por ellas, de acuerdo a lo establecido en la ley 1934 de 2018,Art.4 par\u00e1grafo 1, que reza: <\/p>\n
\u201cLos abogados no podr\u00e1n hacerse parte de la sucesi\u00f3n en funci\u00f3n de cobrarle sus honorarios.\u00bb <\/p>\n
Por lo que, en este punto, se mantendr\u00e1 la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, no se observa entonces el desafuero jur\u00eddico enrostrado por la querellante, en el entendido que, contrario a lo afirmado, la motivaci\u00f3n expuesta en las providencias reprochadas contiene un criterio razonable e, independientemente de que esta Sala especializada lo proh\u00edje, no puede tildarse de abiertamente caprichoso, ya que se fund\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda. Res\u00e1ltese que, las decisiones cuestionadas no fueron arbitrarias ni desmedidas y se profirieron de conformidad con los medios suasorios obrantes en el expediente y bajo la interpretaci\u00f3n razonada de los art\u00edculos 1781 y 1782 del C\u00f3digo Civil y 501 y 502 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, de los documentales obrantes en el proceso pod\u00eda inferirse razonablemente, que (i) la adquisici\u00f3n del inmueble con M.I. No. 200-0008727 por parte del causante se dio varios a\u00f1os antes del nacimiento de la sociedad conyugal, (ii) el titulo valor aportado no cumple con los requisitos del art\u00edculo 654 del C\u00f3digo de Comercio y, por ende, tampoco con el art\u00edculo 501 del C.G.P. para considerarse como pasivo de la sociedad conyugal y (iii) las obligaciones que exist\u00edan con el Banco BBVA fueron conciliadas por lo que era inexistente el pasivo alegado, todo lo cual, m\u00e1s all\u00e1 de que esta Sala lo comparta o no, no es absurdo ni descabellado. Por \u00faltimo, del plenario se extrae que las impulsoras contaron con las oportunidades para aportar las pruebas que consideraban relevantes para incorporar los activos y pasivos adicionales al proceso de sucesi\u00f3n. Adicionalmente, el Juzgado surti\u00f3 el tr\u00e1mite del inventario y aval\u00fao adicional del art\u00edculo 502 del C.G.P. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 que desestimarse la protecci\u00f3n analizada en este numeral. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente Digitalizado; Cuaderno C01; Archivo \u201c19.AutoDecideReposicion\u201d <\/p>\n
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