STC7796-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7796-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76001-22-10-000-2023-00080-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Esteban Herrera Prieto frente a la sentencia del 28 de junio de 2023, proferida por la Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 11 de Familia de esa misma ciudad, extensiva a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria No. 2021-00320. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 se deje sin efectos la sentencia proferida por el despacho judicial convocado, para que en su lugar se emita una nueva decisi\u00f3n, en la que se acojan sus pretensiones, en la forma en que fueron solicitadas en el escrito de demanda. <\/p>\n
En sustento, manifest\u00f3 que instaur\u00f3 demanda de reducci\u00f3n de cuota alimentaria ante el Juzgado 11 de Familia del Circuito de Cali, con el fin de modificar la cuota alimentaria que tiene a su cargo, respecto de sus hijos J.H.L y Luc\u00eda Herrera L\u00f3pez. Indic\u00f3 que, el 03 de marzo de 2023, se profiri\u00f3 sentencia en la que el Juzgado de Familia decidi\u00f3 acceder parcialmente a reclamaci\u00f3n, pues disminuy\u00f3 la cuota alimentaria en favor de los menores citados, pero en un monto inferior al que solicit\u00f3. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, la providencia enjuiciada adolece de defecto f\u00e1ctico y error de motivaci\u00f3n, pues al momento de fijar el ingreso base del alimentante, la Juez encartada s\u00f3lo tuvo en cuenta la confesi\u00f3n que este realiz\u00f3 en su interrogatorio, por lo que no efect\u00fao una valoraci\u00f3n conjunta de los medios de prueba allegados, como las declaraciones de renta y documentos contables que adjunt\u00f3 a la demanda. As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que la cuota alimentaria que se estableci\u00f3 supera el 50% de sus ingresos actuales, hecho que vulnera el derecho a la igualdad de sus otros dos hijos, a quienes tambi\u00e9n debe alimentos, aunado a que en el tr\u00e1mite del proceso se demostr\u00f3 que Luc\u00eda, aunque es mayor de edad y menor de 25 a\u00f1os, no se encuentra estudiando por lo que debi\u00f3 exoner\u00e1rsele de alimentos respecto de ella. <\/p>\n
2. El Juzgado 11 de Familia de Cali remiti\u00f3 el enlace del expediente y defendi\u00f3 la legalidad de sus determinaciones. La se\u00f1ora Ana L\u00f3pez Ortiz en representaci\u00f3n de su menor hijo J.H.L. y Luc\u00eda Herrera L\u00f3pez, manifestaron su oposici\u00f3n a la prosperidad de las pretensiones, tras hacer alusi\u00f3n a la mala fe y temeridad del impulsor. Mariana Herrera G\u00f3mez, hija del precursor, fue vinculada a la acci\u00f3n constitucional y afirm\u00f3 estar de acuerdo con la solicitud de amparo de su progenitor. <\/p>\n
3. La Sala Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali neg\u00f3 el amparo al estimar que el prove\u00eddo objeto de censura obedeci\u00f3 a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. El actor impugn\u00f3. Al respecto, adem\u00e1s de reiterar sus alegatos iniciales, sostuvo que el fallo de primer grado no consider\u00f3 ninguno de los argumentos que expuso en el libelo introductorio. <\/p>\n
Delanteramente se anuncia que al confrontar la Sala el escrito inicial con las piezas digitales allegadas al expediente constitucional, se observa la improcedencia de la protecci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, toda vez que la determinaci\u00f3n reprochada obedece a un criterio razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
Sobre el particular, es menester precisar que la inconformidad del convocante deviene en que, aunque el Juzgado accedi\u00f3 a su pretensi\u00f3n principal de modificar la cuota alimentaria que hab\u00eda acordado con su ex c\u00f3nyuge al momento del divorcio (2010), lo hizo en una cuant\u00eda inferior a la que \u00e9l pretend\u00eda. <\/p>\n
Y es que, el inciso 8\u00b0 del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, que regula este tipo de asuntos, indica que la cuota de alimentos podr\u00e1 ser modificada cuando \u00abhaya variado la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o las necesidades del alimentario\u00bb, por ello, ha indicado la Sala que en un proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria debe constatarse la variaci\u00f3n de las condiciones que originaron la fijaci\u00f3n inicial, lo que supone, verificar \u00abuna disminuci\u00f3n en la capacidad econ\u00f3mica del alimentante o en la necesidad del alimentario, comparadas con la capacidad y necesidad presentes al momento de la tasaci\u00f3n inicial\u00bb (STC14464-2022). <\/p>\n
Verificado el escrito de demanda, es plausible colegir que el fundamento principal del quejoso para solicitar la modificaci\u00f3n de la cuota de alimentos a su cargo, consist\u00eda en la variaci\u00f3n de su capacidad econ\u00f3mica, pues con ocasi\u00f3n a la pandemia derivada del Covid-19, sus ingresos como cirujano pl\u00e1stico disminuyeron considerablemente, aspecto que fue tenido en cuenta por la Juez de Familia a la hora de decidir su reclamo, por lo que la resoluci\u00f3n de modificar la obligaci\u00f3n alimentaria a su cargo, parti\u00f3 de la primer causal que prev\u00e9 la norma citada, esto es, la variaci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante. <\/p>\n
Ahora bien, en las consideraciones que expuso la Juzgadora para sustentar su veredicto, es posible extraer que, contrario a lo denunciado por el querellante, en efecto valor\u00f3 la totalidad de pruebas allegadas al expediente, incluidos los documentos contables que incorpor\u00f3 en el l\u00edbelo inicial. Al respecto, mencion\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEs relevante tener en cuenta que dada la actividad laboral del demandante acorde con los establecido en el Decreto 1601 de 2022, debe cotizar al sistema de seguridad social en salud sobre su ingreso neto, es decir, luego de la deducci\u00f3n de sus gastos, as\u00ed las cosas, revisada la constancia de aportes a seguridad social expedida por la EPS Suramericana S.A., obrante a folios 3 y 4 del archivo 56 se concluye que, se debe tomar como ingreso neto por su actividad la base sobre la cual cotiza, dado que se presume ya es con todos los gastos de su contrataci\u00f3n, compra de insumos y deducci\u00f3n de expensas (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, analizado el interrogatorio de parte rendido por el demandante en anterior audiencia (\u2026) se vislumbra que manifest\u00f3 que sus ingresos brutos mensuales para el a\u00f1o 2022 estuvieron entre 12 millones y 14 millones de pesos, incluido el arriendo de dos casas por valor aproximado de tres millones, ingresos de los cuales se debe descontar sus gastos personales, por lo tanto, frente a sus ingresos se tomar\u00e1 el interrogatorio de parte rendido por el demandante, en cuanto espec\u00edfico que sus ingresos est\u00e1n entre 12 y 14 millones de pesos mensuales (\u2026).\u00bb <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abA efecto de lo cual, se debe considerar que el demandante para el a\u00f1o 2021, seg\u00fan declaraci\u00f3n de renta, a\u00fan contaba con un patrimonio neto valorado en la suma de $627.741.000, lo cual adem\u00e1s se acredit\u00f3 por la parte demandada al aportar varios certificados de tradici\u00f3n que obran en el archivo 22 folio 364 a 393, con los que se acredita que el demandante es propietario inscrito de varios bienes inmuebles, por lo tanto, tiene un patrimonio que le permite seguir aportando econ\u00f3micamente para sus hijos, considerando entonces que con el patrimonio sus ingresos pueden incrementarse en el estimativo realizado por el despacho (\u2026).\u00bb <\/p>\n
Con respecto al alegato aritm\u00e9tico que efect\u00faa el promotor, al disentir en la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el despacho querellado, es procedente traer a colaci\u00f3n, que esta Corporaci\u00f3n con relaci\u00f3n a la variaci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, por la existencia de un nuevo acreedor ha dicho que: <\/p>\n
Con lo anterior no se quiere decir, que al tener el alimentante otra obligaci\u00f3n alimentaria con otra descendiente, tambi\u00e9n menor de edad, la graduaci\u00f3n de los alimentos a favor de su hijo resulte de una simple equiparaci\u00f3n con las condiciones de aqu\u00e9lla, como si se tratara de una sencilla divisi\u00f3n en partes iguales del patrimonio del alimentante, pues, lo cierto es que la tasaci\u00f3n partir\u00e1 de la capacidad econ\u00f3mica del alimentante y resultar\u00e1 del estudio concienzudo de las diferencias existentes entre los alimentarios, desde el punto de vista de la edad, su entorno social y las necesidades b\u00e1sicas y particulares de cada uno. (STC4669-2020, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que, aunque el gestor estime que la disminuci\u00f3n del porcentaje de alimentos del 30% es lesiva en sus derechos, lo cierto es que el Juzgado accionado para llegar a dicha conclusi\u00f3n analiz\u00f3 los medios de prueba existentes en el expediente, desde las pruebas documentales, hasta los testimonios e interrogatorios que fueron rendidos, lo que le permiti\u00f3 tasar razonablemente la proporci\u00f3n de la variaci\u00f3n de la capacidad econ\u00f3mica del padre. Aunado a ello sostuvo que el ajuste de la obligaci\u00f3n alimentaria no s\u00f3lo parte de los ingresos mensuales del progenitor, sino tambi\u00e9n el patrimonio del cual es titular, criterio que no resulta arbitrario y, por ende, escapa del \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte ha se\u00f1alado que este amparo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada en STC8546-2022 y STC448-2023, entre otras). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al reparo de exoneraci\u00f3n de alimentos, debe se\u00f1alarse que la Juzgadora en el tr\u00e1mite de la audiencia refiri\u00f3 que la solicitud del alimentante frente a su hija Luc\u00eda fue de disminuci\u00f3n y no de exenci\u00f3n, aunado a que dentro del tr\u00e1mite no demostr\u00f3 que aquella estuviese laborando o subsistiera por sus propios medios, motivo por el cual no hab\u00eda lugar a hacer pronunciamiento frente a este punto en la parte resolutiva, conclusi\u00f3n que no resulta caprichosa, en la medida en que responde al principio de congruencia de las sentencias. <\/p>\n
Bajo ese marco puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente caso es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En suma, las quejas propuestas reflejan el disentimiento del tutelante frente a las razones en que la autoridad accionada se fund\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, las cuales no resultan caprichosas, antojadizas o abiertamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico, motivo por el cual se ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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