STC7798-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7798-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-02938-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y el propietario de \u2018Pinturas Arco Iris BL\u2019, as\u00ed como las dem\u00e1s partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00ba 2022-00204. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Juan Carlos Torres Cardona, como propietario del establecimiento de comercio \u00abPinturas Arco Iris BL\u00bb, en procura de que se ordenara la construcci\u00f3n de una rampa en su edificaci\u00f3n, \u00abapta para ciudadanos que se desplacen en sillas de ruedas\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien ampar\u00f3 el derecho colectivo, sin embargo, no conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Al estudiar la apelaci\u00f3n formulada por el querellante, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, en fallo del 22 de marzo de 2023, revoc\u00f3 el numeral s\u00e9ptimo de la decisi\u00f3n del a quo, en tanto advirti\u00f3 que la \u00abcausaci\u00f3n [de costas] (\u2026) se funda en la necesaria compensaci\u00f3n para el contendiente vencedor, habida cuenta de la expectativa generada por la presentaci\u00f3n de la demanda, del recurso, de las excepciones, entre otros, y, del tiempo que necesariamente tenga que estar pendiente de las resultas del asunto\u00bb y, en consecuencia, concedi\u00f3 dicho rubro en favor del actor, pero solo en lo concerniente al primer grado de esa tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio del precursor, es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 365-1 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que, al ser favorable la alzada, el extremo pasivo deb\u00eda ser sancionado en ambas instancias. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se encuentra en \u00abESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA SENT 108-18\u00bb y, en tal sentido, requiri\u00f3 que se \u00abnombre apoderado (\u2026) en esta tutela para que [lo] represente\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, en lo fundamental, que se ordene a la colegiatura encartada \u00abconceder[le] agencias en derecho favor, en 2 instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADO <\/p>\n
1. El tribunal convocado expuso que \u00abcon sustento en similares hechos, el actor ya hab\u00eda acudido a acci\u00f3n de tutela, la cual fue tramitada por esa Corporaci\u00f3n bajo el radicado 11001-02-03-000-2023-02049- 00\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensor\u00eda del Pueblo requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto, teniendo en cuenta que \u00abde las pretensiones solicitadas por el accionante, no se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en que esta Entidad ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el gestor est\u00e1 actuando con temeridad; y, de superarse lo anterior, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira lesion\u00f3 la prerrogativa fundamental del libelista, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular (rad. 2022-00204), por cuanto no decret\u00f3 la condena en costas en su favor en ambas instancias, sino \u00fanicamente para lo que concierne al primer grado de ese mecanismo. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del resguardo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC6507-2022, 26 may.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub-lite se enmarca en la anterior hip\u00f3tesis, ya que Mario Restrepo promovi\u00f3 otro mecanismo supralegal contra la autoridad denunciada, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos al que ahora se resuelve, en el cual tambi\u00e9n expuso las mismas pretensiones, en especial, que se ordene al tutelado \u00abconceder[le] agencias en derecho favor, en 2 instancia\u00bb en la acci\u00f3n popular rad. n.\u00ba 2022-00204. <\/p>\n
En efecto, la referida salvaguarda fue conocida por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, quien, en providencia STC5446-2023, 7 jun., la neg\u00f3, tras considerar que \u00abla colegiatura acusada se abstuvo de imponer dicho rubro, en los t\u00e9rminos ya referenciados, toda vez que la \u00absentencia [del a quo] no se revoca en su integridad, solo se modifica en forma parcial (\u2026)\u00bb, postura que por s\u00ed sola no puede calificarse de arbitraria o como una v\u00eda de hecho susceptible de habilitar el resguardo\u00bb. <\/p>\n
En las anteriores condiciones, como la presente acci\u00f3n corresponde a la exposici\u00f3n de un asunto de iguales contornos, que ya fue definido, no es posible su replanteamiento, ni ahondar en los dem\u00e1s puntos arg\u00fcidos por el promotor, porque \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada, entre otros, en STC7283-2022, 9 jun.). <\/p>\n
3.2. Sin perjuicio de lo anterior, advierte la Sala que, respecto del precitado pronunciamiento, y cumpliendo los t\u00e9rminos y dem\u00e1s exigencias legales para el efecto, el actor eventualmente cuenta con la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado1, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes para reiterar los argumentos aqu\u00ed expuestos; lo que ratifica la improsperidad de la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
De otra parte, en lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que se \u00abnombre apoderado de pobre en esta tutela\u00bb\u2013, basta decir que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la salvaguarda constitucional, la misma puede ser ejercida por \u00abcualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb2 quien podr\u00e1 actuar en nombre propio, como en efecto sucedi\u00f3 en el presente asunto. No obstante, si el gestor considera que en lo sucesivo debe ser asistido por un \u00abapoderado judicial\u00bb, nada obsta para que acuda a un profesional del derecho, a la Defensor\u00eda del Pueblo3 o a los consultorios jur\u00eddicos habilitados para tal fin y solicite lo pertinente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en una causa, esencialmente id\u00e9ntica, en la que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, de no ser impugnado, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tal como se concedi\u00f3 con auto de 27 de junio hoga\u00f1o, seg\u00fan el sistema de gesti\u00f3n judicial. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 10 Decreto 2591 de 1991 <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u00bb. <\/p>\n
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