STC7800-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7800-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-01386-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Manuel Padaui Ortiz contra el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de aquella ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad acusada, en el marco del proceso verbal de pertenencia que Agroindustrias del Meta S.A.S. adelanta contra Kelly Liliana Jim\u00e9nez Archila y Otros, radicado 11001-31-03-041-2020-00109-00. <\/p>\n
Solicita en consecuencia \u00abordenar al Despacho Judicial accionado, se\u00f1alar dentro de un t\u00e9rmino prudencial, una suma razonable por concepto de gastos de curadur\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido tr\u00e1mite, el 29 de septiembre de 2022 el gestor fue designado como curador ad litem de la demandada Edilia Corredor Gonz\u00e1lez y procedi\u00f3 a contestar la demanda; el 11 de abril de 2023 el estrado cognoscente se neg\u00f3 a reconocerle gastos del proceso, con el argumento de que el cargo se desempe\u00f1aba de manera gratuita acorde con el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo General del Proceso, determinaci\u00f3n que aquel atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, pero fue mantenida el 15 de junio siguiente y negada la alzada por improcedente. <\/p>\n
2.2. El promotor se\u00f1ala que la precitada decisi\u00f3n desconoci\u00f3 que no est\u00e1 solicitando la fijaci\u00f3n de honorarios, sino de gastos, los cuales han venido siendo fijados a su favor por parte de otros despachos judiciales donde se ha desempe\u00f1ado como curador ad litem, y son utilizados para insumos como \u00abpapeler\u00eda, tinta, internet [y] luz\u00bb, que no tiene que cubrir en detrimento de su patrimonio, m\u00e1xime porque el se\u00f1alamiento de tales gastos no est\u00e1 descartado en el ordenamiento procesal, ni obstaculiza el derecho de acceso a la justicia. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DEL CONVOCADO <\/p>\n
El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 corrobor\u00f3 que all\u00ed cursa el juicio cuestionado, remiti\u00f3 el enlace para acceder al mismo y frente a la queja del promotor expuso que fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el art\u00edculo 48 del C\u00f3digo General del Proceso, donde no se hacen distinciones sobre la gratuidad del servicio que presta el curador ad litem, sin que la tutela sirva para discutir lo decidido ni se vislumbre la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante insistiendo en sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella, Luis Manuel Padaui Ortiz se duele de la providencia de 11 de abril de 2023 del Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mantenida en reposici\u00f3n el 15 de julio de 2023, con que se le neg\u00f3 la fijaci\u00f3n de gastos causados por haber sido designado curador ad litem dentro del proceso verbal de pertenencia que Agroindustrias del Meta S.A.S. adelanta contra Kelly Liliana Jim\u00e9nez Archila y Otros, porque seg\u00fan criterio del actor, lo decidido emergi\u00f3 de la desatenci\u00f3n de las normas aplicables. <\/p>\n
3. En la providencia con que se resolvi\u00f3 el recurso horizontal, el juzgado accionado expuso que, <\/p>\n
El numeral 7\u00ba del art\u00edculo 48 del C\u00f3digo General establece la denominaci\u00f3n del curador ad litem en un abogado que ejerza habitualmente la profesi\u00f3n, quien desempe\u00f1ar\u00e1 el cargo en forma gratuita como defensor de oficio, de ah\u00ed, irrelevante es hacer distinci\u00f3n alguna frente a gastos u honorarios precisamente por haber una connotaci\u00f3n de gratuidad en el designio y ejercicio del cargo. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el proceso al cual se le est\u00e1 convocando con la designaci\u00f3n hecha, se adelanta en forma virtual, por tanto, sus intervenciones ser\u00e1n en la misma forma, de manera que, gastos relacionados con resma de papel, tinta e impresi\u00f3n no son emolumentos ocasionados y, con todo, de llevar impl\u00edcita una irrogaci\u00f3n de car\u00e1cter pecuniario en el ejercicio del cargo, prima el deber de solidaridad de los ciudadanos y la colaboraci\u00f3n con la justicia. <\/p>\n
Lo anterior, en virtud al principio de gratuidad enaltecido en la regulaci\u00f3n para la designaci\u00f3n de curador ad litem cuyo control de constitucional no contrari\u00f3 los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados nombrados en ese cargo, pues la Corte Constitucional sobre el punto acot\u00f3: <\/p>\n
\u201cPara la Sala el legislador no viola los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados que son nombrados curadores ad litem, en calidad de defensores de oficio, al obligarlos a prestar sus servicios de manera gratuita (n\u00fam. 7, art. 48, CGP), aunque el resto de los auxiliares de la justicia s\u00ed sean remunerados. Se trata de un trato diferente que se funda en un criterio objetivo y razonable, en tanto propende por un fin leg\u00edtimo (asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia), por un medio no prohibido y adecuado para alcanzarlo. Se reitera adem\u00e1s, que se trata de una carga que no es desproporcionada y que inspirada en el deber de solidaridad, permite que un grupo de personas que desempe\u00f1an una labor de dimensiones sociales (prestar servicios jur\u00eddicos), colaboren en la garant\u00eda efectiva del derecho de acceso a la justicia en situaciones en que esta puede verse obstaculizada (C-071 de 1995). En consecuencia, se declara la exequibilidad de las expresiones acusadas\u201d. <\/p>\n
As\u00ed entonces, en virtud a la gratuidad del ejercicio del cargo no es posible fijar reconocimiento pecuniario al designado para poder llevar a cabo su gesti\u00f3n, pues expresamente la normativa as\u00ed lo regula, de ah\u00ed, la negativa de su pedimento. <\/p>\n
Ahora, si bien trae a colaci\u00f3n otras decisiones judiciales que, si han prove\u00eddo el reconocimiento aqu\u00ed negado, aquellas no resultan obligantes por no constituir precedente. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la decisi\u00f3n confutada no se repondr\u00e1 sin que sea viable la concesi\u00f3n del recurso de alzada por no enlistarse como apelable en norma general ni especial. <\/p>\n
Se observa entonces que la precitada decisi\u00f3n, el juzgado accionado la justific\u00f3 en la gratuidad que para el ejercicio de cargo como curador ad litem se\u00f1ala el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 48 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que all\u00ed se realice distinci\u00f3n entre honorarios y gastos relacionados con la gesti\u00f3n, que habilite la fijaci\u00f3n de los \u00faltimos. <\/p>\n
4. No obstante, el anotado razonamiento desconoce que la gratuidad se predica respecto a la retribuci\u00f3n por el desempe\u00f1o del cargo como curador ad litem, mas no a los costos que pudiera generar el desarrollo del mismo para quien lo ejerce. <\/p>\n
4.1. El aparte normativo, \u00abquien desempe\u00f1ar\u00e1 el cargo de forma gratuita como defensor de oficio\u00bb, fue demandado ante la Corte Constitucional con el argumento de que viola los derechos a la igualdad y al trabajo de los abogados nombrados como curador ad litem al obligarlos a prestar sus servicios de forma gratuita, mientras que otros auxiliares de la justicia s\u00ed son remunerados, no obstante, en la decisi\u00f3n C083-2014 dicha Corporaci\u00f3n declar\u00f3 exequible el fragmento, avalando la gratuidad de la prestaci\u00f3n del servicio de abogado para el espec\u00edfico evento del desempe\u00f1o como curador ad litem, esto es, valga resaltar, en el fallo de constitucionalidad nada refiri\u00f3 sobre los costos que conlleva la prestaci\u00f3n de tal servicio. <\/p>\n
4.2. No existe pronunciamiento vinculante sobre dichos gastos y ciertamente son diferentes de los honorarios del curador ad litem, pues como tuvo oportunidad de precisar la Corte Constitucional con ocasi\u00f3n del juicio de constitucionalidad al art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 446 de 1998, que adicion\u00f3 el derogado art\u00edculo 388 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, <\/p>\n
La Corte considera que es necesario distinguir -como no lo hace el actor- entre los honorarios que se pagan al curador ad litem y los gastos que puede generar el proceso: unos corresponden a la remuneraci\u00f3n que merecen los servicios prestados por el auxiliar de la justicia, y le deben ser reconocidos en cuanto su actividad es una forma de trabajo que, al igual que todas las modalidades del mismo, goza de especial protecci\u00f3n constitucional; los otros se causan a medida que el proceso transcurre y no buscan recompensar la labor del curador sino que se destinan a sufragar por muy diversos conceptos los elementos indispensables para que el juicio se lleve a cabo. Son costos provenientes de causas no imputables a la administraci\u00f3n de justicia en s\u00ed misma -que es gratuita- y que deben atenderse necesariamente por el interesado. <\/p>\n
<\/p>\n
Tales gastos pueden y deben ser autorizados durante el desarrollo del proceso por el respectivo juez, limit\u00e1ndolos -eso s\u00ed- a las sumas estrictamente indispensables para el cometido que se busca. En cambio, la regulaci\u00f3n judicial del monto de los honorarios causados por la gesti\u00f3n del curador ad litem guarda relaci\u00f3n espec\u00edfica con la duraci\u00f3n e intensidad de aqu\u00e9lla, que no puede medirse a cabalidad sino cuando concluya. <\/p>\n
<\/p>\n
El juez, empero, puede se\u00f1alar sumas destinadas a costear lo urgente y necesario en el curso del proceso: tales cantidades le son entregadas a la persona para el exclusivo fin de atender los gastos procesales, no se confunden con los honorarios que le corresponden y su cuant\u00eda y utilizaci\u00f3n deben aparecer acreditados y estar justificados con detalle ante el Despacho judicial por el curador, en cumplimiento de un requisito apenas natural que en nada conspira contra la presunci\u00f3n de buena fe de quien rinde la cuenta ni vulnera por tanto el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4.3. No existe entonces en el ordenamiento precepto que impida la fijaci\u00f3n de gastos procesales a favor del curador ad litem, los cuales se restringir\u00e1n a lo estrictamente necesario para cubrir los costos que conlleva la prestaci\u00f3n gratuita del servicio de abogado que hace el curador ad litem. <\/p>\n
Esos gastos no los asume el abogado, pues a pesar de que por principio la administraci\u00f3n de justicia es un servicio gratuito, lo es, seg\u00fan el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley Estatutaria de Administraci\u00f3n de Justicia, \u00absin perjuicio de las agencias en derecho, costas, expensas y aranceles judiciales que se fijen de conformidad con la ley\u00bb, valores que le corresponde asumir a la parte interesada y que se incluyen en la liquidaci\u00f3n de las costas, al tenor del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00absiempre que aparezcan comprobados y hayan sido \u00fatiles o correspondan a actuaciones autorizadas por la ley\u00bb, se enfatiza, tal como ocurre con los gastos en que incurre el curador ad litem al prestar gratuitamente sus servicios de abogado. <\/p>\n
4.4. Total, aunque los abogados, como cualquier ciudadano, tienen el deber de solidaridad y colaboraci\u00f3n con la justicia, ello no los obliga a asumir de su peculio los costos que conlleva la prestaci\u00f3n de sus servicios como curador ad litem, porque no existe precepto que as\u00ed se los imponga, al contrario, establece la normatividad aplicable que esa carga recae en el usuario de la administraci\u00f3n de justicia, a trav\u00e9s de la inclusi\u00f3n de los respectivos valores en la liquidaci\u00f3n de costas. <\/p>\n
5. En consecuencia, se dejar\u00e1 sin efecto el auto de 15 de julio de 2023 y se ordenar\u00e1 al estrado accionado que vuelva a resolver el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el auto de 11 de abril anterior. <\/p>\n
6. En consonancia con lo expuesto, se revocar\u00e1 la decisi\u00f3n constitucional de primer grado para en su lugar acceder a la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca el fallo impugnado y en su lugar concede la protecci\u00f3n invocada. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que dentro del proceso divisorio que verbal de pertenencia que Agroindustrias del Meta S.A.S. adelanta contra Kelly Liliana Jim\u00e9nez Archila y Otros, deje sin valor y efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 el 15 de julio de 2023 y las actuaciones que dependan de \u00e9ste, y en su lugar, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, resuelva el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el auto de 11 de abril del mismo a\u00f1o, teniendo en cuenta lo plasmado en las precedentes consideraciones. <\/p>\n
Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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