STC7801-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7801-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01487-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de julio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI instaur\u00f3 contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta urbe, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00372-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al estrado querellado, que \u00abREVOQUE las decisiones contenidas en el Auto del 09 de diciembre de 2020, Auto del 15 de diciembre de 2021 y Providencia del 31 de mayo de 2023, en lo que respecta al requerimiento que realiza a la parte demandante de allegar al respectivo proceso judicial nuevo aval\u00fao comercial, proferidas dentro del Proceso Judicial de Expropiaci\u00f3n con radicado: 2020-00372-00, y por lo tanto, tenga como cumplido el requisito descrito en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 399 de la Ley 1564 de 2012, en lo que refiere al \u201c(\u2026)aval\u00fao de los bienes objeto de ella (\u2026)\u201d\u00bb y, en consecuencia, \u00abprosiga con el tr\u00e1mite propio del proceso de expropiaci\u00f3n con apego al procedimiento establecido en el art\u00edculo 399 del C.G. del P. y ordene la entrega anticipada del inmueble objeto de la Litis, toda vez que, se ha cumplido con el pago del dep\u00f3sito judicial de que trata el numeral 4\u00b0 del 399 C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo la gestora que \u00abrealiz\u00f3 explicaci\u00f3n respecto de la vigencia del aval\u00fao presentado\u00bb mediante escrito de enero 12 de 2021, en el que sustent\u00f3 que \u00ab\u201cEl aval\u00fao presentado con la demanda de fecha 23 de octubre de 2017 elaborado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Norte de Santander y Arauca, no se encuentra vencido, ya que como bien se manifiesta en el par\u00e1grafo 2, art\u00edculo 24 de la Ley 1682 de 2013, el cual reza: \u201cEl aval\u00fao comercial tendr\u00e1 una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado, desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisi\u00f3n y\/o, impugnaci\u00f3n de este. Una vez notificada la oferta, el aval\u00fao quedar\u00e1 en firme para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria\u201d. Teniendo en cuenta lo anterior, la oferta formal de compra se notific\u00f3 el d\u00eda 26 de abril de 2018, es decir, dentro del a\u00f1o de vigencia del aval\u00fao, por tal motivo, no es procedente aportar un aval\u00fao comercial resiente, ya que el aportado se encuentra vigente\u201d\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el iudex acusado, no acept\u00f3 su postura, al estimar que \u00abno es de recibo lo manifestado por el actor que se debe tener en cuenta por haberse notificado la oferta formal el d\u00eda 26 de abril de 2018 \u201cdentro del a\u00f1o de vigencia del aval\u00fao\u201d, pues t\u00e9ngase en cuenta que el art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998 prev\u00e9: \u201cLos aval\u00faos tendr\u00e1n una vigencia de un (1) a\u00f1o, contados desde la fecha de su expedici\u00f3n o desde aquella en que se decidi\u00f3 la revisi\u00f3n o impugnaci\u00f3n\u00bb y, en seguida, le indic\u00f3 que \u00ab[e]l aval\u00fao del bien objeto del litigio a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda \u00fanicamente cumple con los requisitos m\u00ednimos y formales, este mismo no se encuentra notificado a la pasiva hasta tanto no se admita la demanda y se cumpla con las formalidades de notificaci\u00f3n ordenadas en el auto admisorio de la demanda, el cual es la oportunidad procesal para notificarlo\u00bb (15 dic. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que interpuso recurso de reposici\u00f3n frente a esa determinaci\u00f3n, insistiendo en los mismos argumentos iniciales y aclar\u00f3, que \u00abel procedimiento natural que se tiene para la notificaci\u00f3n de la oferta formal de compra y el correspondiente aval\u00fao, espec\u00edficamente se pone de presente que \u201cuna vez la oferta de compra ha sido notificada y el aval\u00fao notificado junto con la misma al interesado, el aval\u00fao quedar\u00e1 en firme, es decir no tiene fecha de vencimiento; caso contrario ser\u00eda si el aval\u00fao se expidiera y el Concesionario no lo notificara dentro del a\u00f1o de vigencia del mismo, lo cual dar\u00eda a entender que este se encuentra vencido.\u201d\u00bb; empero, el juzgado mantuvo su decisi\u00f3n (31 may. 2023). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el despacho incurri\u00f3 en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
a)- \u00abDefecto procedimental absoluto\u00bb por cuanto, \u00ab[solicit\u00f3] una actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del predio objeto de expropiaci\u00f3n, a pesar de que ya se hab\u00eda presentado uno con la demanda, omitiendo lo dicho por el numeral 3 del art\u00edculo 399 del CGP\u00bb, sumado a ello, en \u00abla interpretaci\u00f3n de lo dicho por la Ley 18812 de 2018, el accionado hace un c\u00f3mputo err\u00f3neo de los t\u00e9rminos y fechas aplicables al caso, pues lo que tiene en cuenta es el d\u00eda en el cual fue notificada la oferta (26 de abril de 2018) para su vigencia, cuando la norma es realmente clara y manifiesta que \u201cEl aval\u00fao comercial tendr\u00e1 una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado, desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante\u201d, confundiendo conceptos b\u00e1sicos\u00bb. Por tanto, manifest\u00f3 que olvid\u00f3 ese servidor que \u00ab(\u2026) la vigencia del aval\u00fao se prolong\u00f3 hasta el 26 de abril del a\u00f1o 2019, pasando por alto la misma norma que utiliza de sustento, que impone la firmeza del aval\u00fao una vez notificada la oferta\u00bb y con base en el art\u00edculo 88 de la Ley 1437 de 2014 \u00abla presunci\u00f3n de legalidad de la Resoluci\u00f3n 20206060007705 del 11 de junio de 2020, acto administrativo que soporta el proceso que se promovi\u00f3 en su despacho\u00bb; <\/p>\n
b)- \u00abDefecto material o sustantivo\u00bb, en la medida que \u00abel par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 24 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el Articulo 9 de la Ley 1882 de 2018; es muy claro en se\u00f1alar los razonamientos l\u00f3gicos que se habr\u00e1n de tener en cuenta para determinar la vigencia y firmeza de los aval\u00faos practicados en el curso del proceso de adquisici\u00f3n predial en Proyectos de [Infraestructura]\u00bb, pues con su actuar desconoci\u00f3 la especialidad y ritualidad que contiene la norma respecto de ese tipo de tr\u00e1mites judiciales, \u00abcon la exigibilidad de arrimar un aval\u00fao diferente al allegado con la presentaci\u00f3n de la demanda, alegando un supuesto vencimiento, se aleja de la realidad y plantea una situaci\u00f3n normativa inexistente\u00bb. Aunado a lo anterior, dedujo que aquella \u00abefect\u00fao la notificaci\u00f3n del aval\u00fao comercial del predio a expropiar dentro del a\u00f1o de vigencia que le da la norma, es decir, adquiri\u00f3 firmeza desde el d\u00eda 26 de abril de 2018, lo cual respalda v\u00e1lidamente todas las actuaciones que se relacionan con \u00e9l, como lo es el proceso de expropiaci\u00f3n\u00bb; y <\/p>\n
c)- \u00abViolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb toda vez que \u00ab(\u2026) los procedimientos judiciales deben adelantarse con estricto apego de los procedimientos legales previamente establecidos, esto en raz\u00f3n de que al pretender la vinculaci\u00f3n de terceros al proceso de expropiaci\u00f3n, d\u00e1ndole una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea a las normas expuestas y que regulan el proceso especial declarativo de expropiaci\u00f3n, al pretender el Juzgado accionado que la parte demandante incurra en gastos inoficiosos, cuando ya cumpli\u00f3 con su carga y deber de presentar como anexo de la demanda, aval\u00fao del predio objeto de expropiaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y destac\u00f3 que \u00ablas decisiones tomadas han sido puestas en conocimiento de las partes e intervinientes, para que ejerzan sus derechos a trav\u00e9s de los mecanismos establecidos para el efecto, si se comete alg\u00fan yerro, o las mismas afectan alg\u00fan inter\u00e9s [por lo que] no se les ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental a los accionantes, por parte de [ese] Estrado Judicial\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo, dado que no se satisfizo el requisito de \u00abrelevancia constitucional\u00bb; adem\u00e1s, hall\u00f3 razonables los pronunciamientos rebatidos. <\/p>\n
4.- La accionante replic\u00f3 iterando las alegaciones del pliego genitor y, aseverando que, el a quo \u00ab[incurri\u00f3] en un error grave al obviar dichos elementos, lo cual ha llevado a una conclusi\u00f3n infundada y lesiva\u00bb, rechazando con ello, \u00ablos fundamentos jur\u00eddicos y las pruebas presentadas durante el proceso (\u2026) dejando de lado aspectos relevantes que sustentaban [su] posici\u00f3n. La omisi\u00f3n de estos elementos cruciales resulta en la afectaci\u00f3n significativa de [sus] derechos e intereses, que mantiene generando una clara vulneraci\u00f3n al debido proceso y a la efectiva administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que el asunto discutido s\u00ed reviste \u00abrelevancia constitucional\u00bb, puesto que \u00ab[no] es posible pretender que avance el proceso judicial con los yerros que denotan las determinaciones del accionado, pues estos se circunscriben a equivocadas apreciaciones del significado de la norma\u00bb; tanto m\u00e1s, si \u00ab[n]o es cierto como plantea el Tribunal en su fallo, que el requerimiento hecho por el Juzgado en el curso del proceso de expropiaci\u00f3n no resulta desproporcionado, pues es il\u00f3gico pensar que pretenda que la parte demandante cumpla con un requerimiento que se cumpli\u00f3 a la presentaci\u00f3n de la demanda, tal como lo exige el art\u00edculo 399 del C.G.P.(\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y la refrendaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
1.1.- Como la queja de la ANI radica en que el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 la requiri\u00f3 en el proceso n.\u00b0 2020-00372-00 para que allegara nuevo aval\u00fao porque el adosado al infolio estaba vencido (9 dic. 2020, 15 dic. 2021 y 31 may. 2023), se abordar\u00e1 el an\u00e1lisis del \u00faltimo de tales prove\u00eddos, por ser el que zanj\u00f3 el asunto de manera definitiva. <\/p>\n
1.2.- Dicho interlocutorio, se observa, no fue el resultado de \u00abcriterios\u00bb subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, all\u00ed se explic\u00f3 que, \u00abel art\u00edculo 399 del C.G.P. no indica expresamente que el aval\u00fao a presentar debe estar vigente o actualizado, no obstante, existe una normatividad especial atinente a la val\u00eda de los bienes a expropiar, estas son el Decreto 1420 de 1998 y la Ley 1682 de 2013 modificada por la Ley 1882 de 2018\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, cit\u00f3 apartes de jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto al caso controvertido, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abAl respecto la Corte Constitucional en sentencia C-1074 de 2002, estableci\u00f3: <\/p>\n
\u201cDurante el proceso judicial, el juez acudir\u00e1 al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn 6 Codazzi o designar\u00e1 peritos privados para que estimen tanto el valor de la cosa expropiada y, separadamente, de los da\u00f1os que deban ser indemnizados a los afectados. El valor comercial del bien \u201cse determinar\u00e1 teniendo en cuenta la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relaci\u00f3n con el inmueble a adquirir, y en particular con su destinaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, esa misma corporaci\u00f3n en sentencia C-750 de 2015, claramente indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cel art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1742 de 2014 regula el precio del bien en la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria o arreglo directo, esto es, en la fase de negociaci\u00f3n entre el Estado y el particular. Tal conclusi\u00f3n se desprende del sentido literal de dicha disposici\u00f3n, al indicar que \u201cel precio de adquisici\u00f3n en la etapa de enajenaci\u00f3n voluntaria ser\u00e1 igual al valor comercial determinado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC), los catastros descentralizados o por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones, de conformidad con las normas, m\u00e9todos, par\u00e1metros, criterios y procedimientos que sean fijados por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC)\u201d. Los incisos 3\u00ba y 4\u00ba de la norma en comento establecen los contenidos del precio del inmueble en la fase de negociaci\u00f3n. En ese valor, el legislador incluy\u00f3 el desembolso del da\u00f1o por lucro cesante y emergente de ser procedente: \u201cEl valor comercial se determinar\u00e1 teniendo en cuenta la reglamentaci\u00f3n urban\u00edstica municipal o distrital vigente al momento de la oferta de compra en relaci\u00f3n con el inmueble a adquirir y su destinaci\u00f3n econ\u00f3mica y, de ser procedente, la indemnizaci\u00f3n que comprender\u00e1 el da\u00f1o emergente y el lucro cesante\u201d. <\/p>\n
Y en la misma providencia se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, fijar el contenido del precio de un inmueble en la etapa de arreglo directo o de enajenaci\u00f3n voluntaria no se encuentra regido por los par\u00e1metros que se usan para tasar una indemnizaci\u00f3n, por cuanto el valor inicial es una suma producto de un acuerdo y no un resarcimiento del da\u00f1o producto de la expropiaci\u00f3n. Los demandantes proponen un concepto de violaci\u00f3n que no se opone de manera objetiva y verificable al art\u00edculo 58 Superior, pues son dos normas que regulan momentos diferentes de la adquisici\u00f3n de predios por parte del Estado, al punto que no son contrastables. De hecho, los argumentos no se relacionan de manera concreta con las disposiciones constitucionales acusadas, dado que el precio en la oferta de compra del predio no es una expropiaci\u00f3n, instituci\u00f3n a la que se sujeta la indemnizaci\u00f3n reconocida en el citado art\u00edculo 58. Entonces, el par\u00e1metro de control es inaplicable a las normas atacadas, de modo que no puede existir una contradicci\u00f3n entre uno y otros. <\/p>\n
Adelantar ese tr\u00e1mite judicial significa que quedaron atr\u00e1s los estadios de la oferta de compra del bien, adem\u00e1s del arreglo directo o enajenaci\u00f3n voluntaria. (Subrayado y negrilla fuera de texto)\u00bb. <\/p>\n
Con base en tales lineamientos y respecto de la necesidad del aval\u00fao, coligi\u00f3 sobre su temporalidad que, <\/p>\n
\u00abCon base en lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 2 del art\u00edculo 9 de la Ley 1882 de 2018, que se\u00f1ala: \u201cEl aval\u00fao comercial tendr\u00e1 una vigencia de un (1) a\u00f1o, contado, desde la fecha de su comunicaci\u00f3n a la entidad solicitante o desde la fecha en que fue decidida y notificada la revisi\u00f3n y\/o, impugnaci\u00f3n de este. Una vez notificada la oferta, el aval\u00fao quedar\u00e1 en firme para efectos de la enajenaci\u00f3n voluntaria.\u201d, resulta claro que los efectos del aval\u00f3 (sic) nacen desde el 26 de abril de 2018, por lo que el a\u00f1o de vigencia del documento aval\u00fao feneci\u00f3 indefectiblemente el 26 de abril de 2019, para efectos de la presentaci\u00f3n de la demanda objeto de este proceso. <\/p>\n
Es importante precisar que el proceso judicial de expropiaci\u00f3n es diferente a la negociaci\u00f3n directa y a la expropiaci\u00f3n administrativa, tr\u00e1mites que no pueden asemejarse, pues en correspondencia con la jurisprudencia anteriormente citada, son estadios diferentes para despojar al propietario de su bien inmueble. <\/p>\n
Como indica la Corte Constitucional acerca del adelantamiento del tr\u00e1mite judicial, las etapas que anteceden quedaron atr\u00e1s sin que exista lugar a entremezclarlas, toda vez que siempre debe propenderse por una indemnizaci\u00f3n justa para el propietario expropiado. <\/p>\n
Por lo tanto, realiz\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica de las normas generales como especiales para los casos de expropiaci\u00f3n, resulta clara la vigencia y aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 19 del Decreto 1420 de 1998 y 9\u00ba de la Ley 1882 de 2.019, esto es, lo referente a la vigencia del aval\u00fao comercial para el proceso que nos ocupa, mal har\u00eda este juzgado en desconocer las normas referidas las cuales son aplicables a este caso\u00bb. <\/p>\n
1.3.- As\u00ed las cosas, no emerge defecto alguno que estructuren las \u00abv\u00eda de hecho\u00bb endilgadas como busca la promotora, pues el servidor judicial emprendi\u00f3 una labor intelectiva adecuada al \u00abanalizar el material demostrativo\u00bb prenotado, con un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o la impulsora compartan o no tales deducciones, no es este el escenario que habilite a esta a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la Litis, en tanto este sendero especial no constituye una tercera instancia con el fin de discutir \u00ablos fundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8170-2022 y STC5093-2023). <\/p>\n
1.4.- Adicionalmente, en cuanto al escrutinio que se procura, endosando \u00abdefecto procedimental absoluto, material o sustantivo\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb, ha reiterado esta Colegiatura, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; citada, entre muchas otras, en STC7535-2022, 15 jun. 2022, rad. 01788-00) \u2013Se resalta-. <\/p>\n
2.- Lo discurrido conlleva a ratificar lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC7801-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7801-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01487-01 (Aprobado en Sala de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 12 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75413","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75413\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}