STC7807-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7807-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02963-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto \u00abla decisi\u00f3n proferida el\u2026 19 de abril de 2023 para que se proteja de la violaci\u00f3n flagrante a la Ley Civil, y la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia en su Art. 29 de la que h[a] sido objeto como parte ejecutada por haber incurrido en\u2026 v\u00edas de hecho por defecto sustantivo, procedimental y f\u00e1ctico\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Diana Agr\u00edcola S.A.S. promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Diana Carolina Jaramillo Raigoza y Jos\u00e9 Herminso Arias Castro, con el fin de recaudar la obligaci\u00f3n contenida en un pagar\u00e9 por valor de $175\u00b4965.520; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, quien el 22 de noviembre de 2017 libr\u00f3 mandamiento de pago y, surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 30 de enero de 2020 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Luego, la ejecutante present\u00f3 liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la que fue aprobada el 13 de octubre de 2020; el 16 de noviembre de 2022, el estrado judicial decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, conforme el literal b, del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el expediente lleva inactivo por m\u00e1s de 2 a\u00f1os sin impulso y sin medida cautelar pendiente; decisi\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, al considerar que el 25 de abril de 2022 se remiti\u00f3 nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la que est\u00e1 pendiente de tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.3. El 2 de diciembre de 2022 el juzgado mantuvo la referida decisi\u00f3n, al considerar que la liquidaci\u00f3n que remiti\u00f3 la parte el 25 de abril de 2022 en aras de impulso procesal, va dirigida al proceso 2017-00099, radicaci\u00f3n distinta el proceso en cuesti\u00f3n; decisi\u00f3n que, el 19 de abril de 2023, en sede de alzada, revoc\u00f3 el Tribunal, pues luego de decretar prueba de oficio en aras de establecer lo sucedido con el mentado memorial, concluy\u00f3 que lo ocurrido fue un error de digitalizaci\u00f3n y dicho escrito hab\u00eda interrumpido el t\u00e9rmino de inactividad. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, existi\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, \u00abqued\u00f3 demostrado que dicho memorial no ven\u00eda dirigido para dicho proceso y tan cierto es ello que el mismo nunca fue radicado en el proceso\u00bb, adem\u00e1s, el Tribunal \u00abno se preocup\u00f3 en indagar porque motivo si el memorial fue radicado el 25 de abril de 2022 y si tan interesado estaba la parte ejecutante en el proceso, porque motivo transcurridos\u2026 7 meses no hab\u00eda dirigido memorial solicitando el tr\u00e1mite del mismo\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no es una actuaci\u00f3n \u00abque agilice el tr\u00e1mite del proceso, m\u00e1s cuando el proceso ya contaba con una liquidaci\u00f3n presentada en octubre de 2020, debidamente aprobada\u00bb, quebrantando su garant\u00eda al debido proceso. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del del Circuito de El Espinal remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en el prove\u00eddo 19 de abril de 2023, que revoc\u00f3 el que dict\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de El Espinal, el 16 de noviembre de 2022, expres\u00f3 los motivos por los cuales, para el caso, no era procedente dar terminaci\u00f3n al proceso por desistimiento t\u00e1cito, consignando que: <\/p>\n
\u2026Para resolver, importa rememorar las actuaciones m\u00e1s relevantes surtidas dentro del asunto, encontr\u00e1ndose que mediante auto del 22 de noviembre de 2017 se libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Diana Agr\u00edcola S.A.S. y en contra de Diana Carolina Jaramillo Raigoza, Jos\u00e9 Herminso y Nelson Arias Castro, por la suma de $175.965.520 correspondiente al t\u00edtulo valor pagar\u00e9 No. E 233, m\u00e1s los intereses de mora desde el 31 de agosto de 2017 hasta cuando se hiciera efectivo el pago de la obligaci\u00f3n. As\u00ed mismo se observa que el 30 de enero de 2020 en audiencia se resolvi\u00f3 declarar no probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n sobre la acci\u00f3n cambiaria y en consecuencia se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n conforme lo ordenado en el mandamiento de pago. Igualmente se aprecia que luego de presentada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por la parte demandante, en prove\u00eddo del 13 de octubre de 2020 fue aprobada. Posteriormente se evidencia que el 16 de noviembre de 2022 se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
De cara al panorama f\u00e1ctico rese\u00f1ado, se extrae que la \u00faltima actuaci\u00f3n surtida en el proceso coercitivo data del 13 de octubre de 2020, por lo que a la fecha del 16 de noviembre de 2022 hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino de inactividad superior a dos a\u00f1os que se\u00f1ala el literal b) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C.G.P., lo que abr\u00eda paso a que se decretara la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 la prueba de oficio que decret\u00f3 en esa instancia, precisando que: <\/p>\n
Sin embargo, corresponde analizar el argumento del censor, seg\u00fan el cual el 25 de abril del a\u00f1o inmediatamente anterior present\u00f3 una actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, aportando con su dicho prueba que demostraba que en la fecha mencionada se dirigi\u00f3 memorial en tal sentido al Juzgado, al cual aduce no se le ha dado tr\u00e1mite. <\/p>\n
Pues bien, revisado el se\u00f1alado documento, se encuentra que efectivamente se alleg\u00f3 una actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, dirigida a proceso ejecutivo de las partes en esta contienda, pero con n\u00famero de radicado 2017-00099-00 y el pagar\u00e9 No. \u201cEsp-0477\u201d. No obstante, el a quo no lo tuvo en cuenta para revocar su decisi\u00f3n, fundado en que \u201ctal liquidaci\u00f3n no corresponde a este proceso\u201d. <\/p>\n
Enfrentado as\u00ed el argumento del apelante con la afirmaci\u00f3n del juez, y ante la incertidumbre de si en efecto se present\u00f3 actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito para este tr\u00e1mite o uno diferente, fue que en el curso de la alzada se decret\u00f3 prueba de oficio en el sentido requerir al juzgador de instancia para que certificara acerca de la existencia del proceso con radicaci\u00f3n 2017-00099-00, as\u00ed como del tr\u00e1mite que se imparti\u00f3 al mentado memorial, en cumplimiento de lo cual el Secretario del Juzgado inform\u00f3 \u201cQue revisados los libros radicadores e \u00edndices que se llevan en este Despacho judicial, no se encontr\u00f3 proceso alguno radicado bajo el n\u00famero 2017-00099-00, cabe indicar que la \u00faltima radicaci\u00f3n del a\u00f1o 2017 corresponde al tomo 17, folio 279, radicaci\u00f3n 2017-00094-00″. <\/p>\n
Conforme lo rese\u00f1ado, se observa que s\u00ed se radic\u00f3 ante el despacho memorial del 25 de abril de 2022, en el que se precis\u00f3 el tipo de proceso y partes que coincid\u00edan con el presente, lo que impon\u00eda advertir que el n\u00famero de radicaci\u00f3n y pagar\u00e9 extra\u00f1os a este bien pod\u00edan obedecer a un error de digitaci\u00f3n, m\u00e1s cuando, como se certific\u00f3 por el Secretario, no existe en el juzgado proceso con el radicado anunciado. Es as\u00ed que entre la gama de soluciones a la err\u00e1tica situaci\u00f3n generada por el apoderado judicial de la ejecutante, luc\u00eda como acertada la de agregar el memorial al expediente e indagar lo que correspondiera, pero no optar por la fatal determinaci\u00f3n de terminar el proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Por consiguiente, es evidente que el escrito presentado interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino que ven\u00eda corriendo de inactividad, al cual valga precisar no se le ha dado el tr\u00e1mite procesal que corresponde, por lo que no era procedente decretar la terminaci\u00f3n del proceso como se resolvi\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada interpret\u00f3 las disposiciones que regulan el desistimiento t\u00e1cito y las probanzas recaudadas concluyendo, que el memorial de 25 de abril de 2022 con el que la parte ejecutante present\u00f3 una actualizaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino que ven\u00eda corriendo de inactividad, pues, si bien referenciaba el proceso 2017-00099, lo cierto es que fue un error de digitalizaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando conforme lo certificado por el estrado de conocimiento con esa radicaci\u00f3n no existe ning\u00fan proceso en curso, lo que, de contera, llevaba a que el fallador, tras indicar all\u00ed las partes del proceso, agregara al expediente e indagara sobre el mismo, y no optar por la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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