STC7810-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC7810-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-01105-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 30 de mayo de 2023 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que C.I. Oro Campo S.A. instaur\u00f3 contra el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta capital, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00207-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al estrado accionado resolver \u00abla solicitud de cancelaci\u00f3n de medidas cautelares, as\u00ed como la solicitud de nulidad advertida por el Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el ejecutivo que Bisonte Company S.A.S. promovi\u00f3 en su contra, decret\u00f3 \u00abel embargo del t\u00edtulo minero No. ICQ081319X del cual es titular (\u2026) y [lo] limit\u00f3 en la suma $1.000.000.000.oo\u00bb (22 jul. 2022). No obstante, el 11 de enero de 2023, \u00abdecret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de la participaci\u00f3n sobre el derecho a explorar y explotar o la producci\u00f3n futura de los minerales in situ, de los t\u00edtulos mineros que posea la ejecutada en las sociedades que enunci\u00f3 el demandante (\u2026), y orden\u00f3 oficiar limitando la medida en la suma de $1.500.000.000.oo\u00bb, en raz\u00f3n de la respuesta que la Coordinadora de Grupo de Catastro y Registro Minero brind\u00f3, en la que indic\u00f3, que \u00abya obraba otra medida \u2013 anotaci\u00f3n \u2013 de embargo sobre dicho t\u00edtulo minero ordenada por el Juzgado 23 Civil del Circuito\u00bb, empero, de igual forma la inscribi\u00f3. <\/p>\n
Inconforme con ello, solicit\u00f3 la \u00abcancelaci\u00f3n de la medida cautelar\u00bb, en atenci\u00f3n a que, \u00abseg\u00fan la certificaci\u00f3n del revisor fiscal el t\u00edtulo minero (\u2026) tiene valoraci\u00f3n en libros oficiales por $24.422\u2019.500.000, mientras que la medida cautelar en el proceso ejecutivo tiene un l\u00edmite de $1.500\u2019000.000\u00bb, por tanto, \u00aba la fecha de presentaci\u00f3n de esta demanda se encuentran cautelados $322\u2019946.928\u00bb (21 feb.). <\/p>\n
Sostuvo que lo antelado deja en evidencia que \u00ablas medidas cautelares practicadas\u00bb le ocasionaron un agravio, que le gener\u00f3 \u00absu par\u00e1lisis total (\u2026), pues no cuenta con ninguna clase de ingresos que le permita atender los compromisos fijos mensuales\u00bb, por ser \u00abdesproporcionadas\u00bb, con lo que super\u00f3 el l\u00edmite establecido en el art\u00edculo 499 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que su pedimento no ha sido solventado a la fecha de interposici\u00f3n de esta guarda, como tampoco lo ha sido un requerimiento de nulidad elevada por el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
2.- El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace contentivo del pleito denunciado y se opuso al auxilio, porque ya expidi\u00f3 \u00abauto de 19 de mayo del cursante, ordenando el levantamiento de la medida cautelar que se dispuso sobre el t\u00edtulo minero, por no ser procedente (\u2026) e igualmente se orden\u00f3 reducir el l\u00edmite del embargo decretado en auto del 11 de enero\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de esta ciudad desestim\u00f3 el ruego, por carencia actual del objeto por hecho superado. <\/p>\n
2.- C.I. Oro Campo S.A. replic\u00f3, suplicando \u00abla cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares sobre los recursos obtenidos de los dos frentes de explotaci\u00f3n minera, manteniendo como \u00fanica medida cautelar el embargo del t\u00edtulo minero\u00bb, o, se revoque el veredicto de primer grado para que \u00abel Juzgado accionado (\u2026) resuelva los recursos de reposici\u00f3n presentados en contra de las decisiones que resolvieron sobre medidas cautelares y nulidad\u00bb. Reiter\u00f3 que busca con el presente resguardo evitar \u00abla materializaci\u00f3n de un inminente perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se advierte que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, la ratificaci\u00f3n del prove\u00eddo de primer grado. <\/p>\n
1.1.- La convocante aspira que se ordene al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 decidir \u00abla solicitud de cancelaci\u00f3n de medidas cautelares en exceso\u00bb dictadas en el coercitivo n.\u00b0 2022-00207-00 y frente a \u00abla solicitud de nulidad advertida por el Ministerio P\u00fablico\u00bb, empero de la evidencia allegada al dossier se constat\u00f3 que la sede judicial acusada mediante auto del 19 de mayo \u00faltimo, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este Despacho debe levantar la medida cautelar del t\u00edtulo minero en cuanto que no es dable el embargo de dicha medida, esto atendiendo lo regulado por el art. 332 de la Ley 685 de 2001 (C\u00f3digo de Minas), como as\u00ed mismo lo manifest\u00f3 en respuesta la Agencia Nacional de Miner\u00eda, pero procedieron a embargarlo. <\/p>\n
De otro lado, proceder\u00e1 el Despacho a disminuir el valor del l\u00edmite de la medida de embargo decretada en auto del 11 de enero de 2023, por cuanto que el mandamiento de pago se libr\u00f3 solo por la suma de $1.000.000.000.oo, y no se decretaron intereses, lo cual no daba lugar a limitarla a una y media veces del capital ya que se entiende del art\u00edculo 599 inciso 2\u00ba del C.G.P., que se limita as\u00ed la medida con el fin de tener en cuenta igualmente los intereses que genere el capital adeudado, lo que no compete al caso. <\/p>\n
Ahora bien, en lo concerniente a la solicitud de reducci\u00f3n de embargo el art\u00edculo 600 ib\u00eddem que reza: \u201cEn cualquier estado del proceso una vez consumados los embargos y secuestros, y antes de que se fije fecha para remate, el juez, a solicitud de parte o de oficio, cuando con fundamento en los documentos se\u00f1alados en el cuarto inciso del art\u00edculo anterior considere que las medidas cautelares son excesivas, requerir\u00e1 al ejecutante para que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, manifieste de cu\u00e1les de ellas prescinde o rinda las explicaciones a que haya lugar. Si el valor de alguno o algunos de los bienes supera el doble del cr\u00e9dito, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, decretar\u00e1 el desembargo de los dem\u00e1s, a menos que estos sean objeto de hipoteca o prenda que garantice el cr\u00e9dito cobrado, o se perjudique el valor o la venalidad de los bienes embargados. <\/p>\n
En el caso en estudio no hay lugar a proceder de conformidad en cuanto que solo subsiste una medida de embargo decretada\u00bb. <\/p>\n
Y frente al segundo anhelo, \u00e9ste predic\u00f3: <\/p>\n
\u00abS\u00edrvase aclarar el Ministerio P\u00fablico lo manifestado, si a su entender existe fraude procesal en el proceso de la referencia (\u2026) en atenci\u00f3n a que una vez realizado minuciosamente el estudio como usted lo indica hacer, se observa de la documental adosada que el laudo arbitral es entre Bisonte Company S.A.S y la sociedad GRUPO RAMOS CHARRY S.A.S, es decir, el laudo arbitral existente no es con [el] aqu\u00ed demanda[do] (\u2026) De otro lado, es claro para el Despacho la legitimaci\u00f3n en la causa por activa como pasiva, como se puede establecer del documento allegado para el cobro ejecutivo, por lo que se le indica al Ministerio P\u00fablico nos d\u00e9 claridad con esa apreciaci\u00f3n\u00bb. En virtud de que, dicho organismo lo que pidi\u00f3 fue que examinara <\/p>\n
Lo anterior permite evidenciar que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 este rito se encuentra \u00absuperada\u00bb y, en esa medida, la discusi\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala \u00abcarecer\u00eda de objeto\u00bb, de ah\u00ed que no exista raz\u00f3n para emitir alg\u00fan mandato en ese sentido, puesto que el fin perseguido ya se cristaliz\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte ha predicado que: \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (STC4943-2019, citada en STC9353-2020, STC13246-2021, STC1956-2022 y STC2692-2023). <\/p>\n
La Corte Constitucional, sobre el mismo tema ha dicho: <\/p>\n
(\u2026) [La] jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendr\u00eda alg\u00fan efecto o simplemente \u201ccaer\u00eda en el vac\u00edo\u201d. Espec\u00edficamente, esta figura se materializa a trav\u00e9s en las siguientes circunstancias: <\/p>\n
(\u2026) Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que [,] como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n resultando inocua cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado (\u2026). T-038 de 2019; exp. T-7.000.184. <\/p>\n
1.2.- La promotora recurri\u00f3 esa primera determinaci\u00f3n en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n (25 may.); lo que implica que, al estar latente la definici\u00f3n de dicha rogativa al tiempo de la proposici\u00f3n del socorro, este se torna presuroso, si se tiene en cuenta que es el juez ordinario quien debe dirimir la problem\u00e1tica sometida a su escrutinio. <\/p>\n
En ese sentido, ha dicho esta Corte que: <\/p>\n
(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas. (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; STC10432-2017; STC1441-2021, STC11422-2022 y STC2021-2023) \u2013 Subrayado y Negrita Adrede. <\/p>\n
1.3.- En lo atinente, a la afirmaci\u00f3n de la censora en cuanto a que el escenario descrito le est\u00e1 ocasionado un perjuicio irremediable, esta Sala relieva que ello no abre paso a lo clamado, ya que, al respecto, se ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde c[uenta] con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC12541-2022 y STC3902-2023), adicionalmente, no demostr\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de lo rogado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido que, \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (STC15617-2014, reiterada en STC15930-2018, STC3455-2020, STC16008-2021, STC12541-2022 y STC1859-2023). <\/p>\n
2.- Ergo, se refrendar\u00e1 la providencia opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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