STC7812-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7812-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01175-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 22 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Hernando Jos\u00e9 Hereira D\u00edaz contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de esta Corte y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 el amparo de sus derechos al m\u00ednimo vital y a la vida digna en adultos mayores, presuntamente vulnerados por las autoridades encausadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse REVOQUE la sentencia que resuelve el recurso de casaci\u00f3n del 1\u00b0 de diciembre de 2020 proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb y, en consecuencia, dicte un nuevo fallo que reconozca \u00abel pago de la primera mesada pensional indexada en los t\u00e9rminos que se dejaron presente en la sentencia del 11 de mayo de 1994\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Hernando Jos\u00e9 Hereira D\u00edaz promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP-, a fin de que se le reliquide la pensi\u00f3n sanci\u00f3n conforme al salario promedio judicialmente reconocido por el Tribunal de Barranquilla el 11 de mayo de 1994, dentro del proceso que \u00e9l promovi\u00f3 contra la extinta empresa Puertos de Colombia, Terminal Mar\u00edtimo y Fluvial. Asimismo, solicit\u00f3 la indexaci\u00f3n de la primera mesada y sus intereses. <\/p>\n
2.2. Como sustento de su demanda, manifest\u00f3 que labor\u00f3 en la referida empresa desde el 9 de septiembre de 1970 hasta el 30 de julio de 1984; que el 15 de octubre de 1987 la Sala Laboral del Tribunal de Barranquilla reconoci\u00f3 a su favor una pensi\u00f3n sanci\u00f3n a partir de que cumpliera los 55 a\u00f1os, conforme a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo; que con resoluci\u00f3n n\u00b0 039371 de 21 de diciembre de 1987 le fue reconocida tal prestaci\u00f3n, sin embargo, no le reconocieron la indexaci\u00f3n de la primera mesada; que adelant\u00f3 otro proceso, en el que el Tribunal, el 11 de mayo de 1994 conden\u00f3 a reliquidar el salario, primas y cesant\u00edas; no obstante, no se reliquid\u00f3 con ese salario la pensi\u00f3n sanci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla, quien el 13 de septiembre de 2016 neg\u00f3 las pretensiones; decisi\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 7 de septiembre de 2018 por el Tribunal, al considerar que el primer fallo ordinario no espec\u00edfico lo factores que fueron computados, lo que era necesario, adem\u00e1s, en la demanda tampoco precis\u00f3 cuales fueron los valores que no se atendieron en la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n y porque no hay prueba de lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio. <\/p>\n
2.4. Sostiene el tutelante que acudi\u00f3 en casaci\u00f3n y esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3 el fallo del a quem, seg\u00fan sentencia de 1\u00b0 diciembre de 2020 (SL4928-2020), determinaci\u00f3n con la que, en su sentir, se vulneraron sus prerrogativas esenciales invocadas, toda vez que al negarse la indexaci\u00f3n pretendida \u00abha presentado da\u00f1os graves a su calidad de vida que posteriormente empeoraron en tanto que\u2026 debe hacerse cargo de sus dos hijas, que\u2026 son pacientes psiqui\u00e1tricas que por su condici\u00f3n no son plenamente aptas para valerse por s\u00ed mismas. Por ende\u2026 como padre [debe] hacerse cargo de sus dos hijas, tarea que ha sido muy complicada o m\u00e1s bien imposible por falta de recursos econ\u00f3micos\u2026 para poder costear las necesidades de sus hijas\u00bb; destac\u00f3 que es un adulto mayor. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que la indexaci\u00f3n a la primera mesada pensional es un derecho constitucional, que guarda relaci\u00f3n con su garant\u00eda al m\u00ednimo vital y a la seguridad social; adem\u00e1s que, se neg\u00f3 su derecho \u00abpor situaciones llenas de tecnicismos\u00bb, ya que \u00abse hace alusi\u00f3n a que no existe en el proceso lo necesario para determinar de donde fue que se determin\u00f3 el valor de la mesada ni los conceptos salariales de ello. Lo que implica inoperancia del sentenciador existiendo la posibilidad de solicitar pruebas a quien bien tenga la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues se concluy\u00f3 que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al negar la reliquidaci\u00f3n pedida, porque las motivaciones del juez colegiado no se pod\u00edan tener en el nuevo proceso como hechos plenamente establecidos, como tampoco los jueces de esta causa se encontraban irremediablemente atados a aceptarlas; que el promotor del amparo no explic\u00f3 las razones por las que se configuraron las causales de procedencia de la tutela, pues se limit\u00f3 a manifestar que es un adulto mayor con 2 hijas en situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -UGPP- relat\u00f3 las actuaciones administrativas respecto al reconocimiento pensional del actor; indic\u00f3 que con resoluci\u00f3n n\u00b0 RDP 018438 de 12 de junio de 2014 index\u00f3 la primera mesada pensional, con efectos fiscales a partir del 4 de octubre de 2010; que la solicitud de amparo no cumple con el presupuesto de inmediatez, pues la decisi\u00f3n criticada data de diciembre de 2020, a m\u00e1s que, no es constitutiva de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas; que la acci\u00f3n de tutela no es la v\u00eda adecuada para reclamar prestaciones econ\u00f3micas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla cont\u00f3 el actuar procesal. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la determinaci\u00f3n reprochada no luce arbitraria, pues fue el resultado del an\u00e1lisis de los medios suasorios allegados al plenario, as\u00ed como de la normatividad y jurisprudencia decantada sobre la materia, en punto a se\u00f1alar que la parte resolutiva de una sentencia puede utilizarse en otro juicio como prueba y no como cosa juzgada, para demostrar el derecho que reconoce a la parte favorecida. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora sin manifestar el motivo de su disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, comoquiera que la actora dirige su descontento contra la decisi\u00f3n proferida el 1\u00b0 de diciembre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de esta Colegiatura (SL4928-2020), que no cas\u00f3 el fallo emitido el 7 de septiembre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, pues, en su sentir, vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado, al no acceder a la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n conforme se le reconoci\u00f3 en la sentencia de 11 de mayo de 1994. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
Desde ya se advierte que el cargo es infructuoso, debido a la insuficiencia de la acusaci\u00f3n, toda vez que el recurrente se empecin\u00f3 en reiterar las razones por las cuales consideraba que para calcular la primera mesada de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n deb\u00eda tenerse como \u00faltimo salario la suma de $390.837,60, pero se olvid\u00f3 de enfilar su ataque contra los razonamientos sobre los que el Tribunal erigi\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada, con lo cual perdi\u00f3 de vista que el recurso extraordinario se debe orientar a enjuiciar el fallo definitivo de instancia, y no es un escenario adicional para reabrir la controversia debatida en las oportunidades procesales ya agotadas. <\/p>\n
En efecto, el colegiado descart\u00f3 calcular el monto de la mesada de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n con base en el salario de $390.837,60, indicado en el fallo del 11 de mayo de 1994, por tres razones: (i) porque en esa providencia no se especificaron los factores que fueron computados para conformar dicho monto, lo que resultaba necesario para establecer si aquellos correspond\u00edan o no a los que seg\u00fan el art\u00edculo 136 de la convenci\u00f3n colectiva constitu\u00edan salario; (ii) porque en la demanda tampoco se precisaron cu\u00e1les fueron los emolumentos que no se tuvieron en cuenta, o que se computaron con un valor err\u00f3neo para la liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n; y (iii) porque no hab\u00eda prueba de lo devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicio, habida cuenta de que el CD en el que aparec\u00eda el expediente administrativo ten\u00eda unos documentos protegidos, que no se pod\u00edan visualizar. <\/p>\n
Con base en esas tres premisas, se reitera, el Tribunal desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n del demandante, consistente en calcular la pensi\u00f3n sanci\u00f3n con el salario de $390.837,60. Con todo, como ya se dijo, el impugnante ni siquiera procur\u00f3 desvirtuar estos razonamientos, pues no formul\u00f3 un ataque certero en su contra, y al no hacerlo, le rest\u00f3 al cargo la eficacia requerida para derruir la providencia criticada, conserv\u00e1ndose inalteradas las presunciones de legalidad y acierto que la revisten. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, lo que se evidencia es que el ad quem no despleg\u00f3 un razonamiento absurdo, sino que fue el resultado de la valoraci\u00f3n probatoria realizada al abrigo de la facultad legal consagrada en el art\u00edculo 61 del CPTSS, pues, a decir verdad, en la copia de la providencia que el impugnante enarbola como la fuente de la que mana su derecho, no se logra apreciar cu\u00e1les fueron los factores que tuvo en cuenta el sentenciador en esa ocasi\u00f3n para concluir que el \u00ab[\u2026] total de salario anual fue de $4.690.052,52 para un promedio mensual de $390.837,71 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se echa de menos en la demanda primigenia una relaci\u00f3n de los factores salariales que supuestamente fueron omitidos por la accionada al efectuar la indexaci\u00f3n de la mesada pensional, exigencia apenas l\u00f3gica si lo que persegu\u00eda era la reliquidaci\u00f3n de tal concepto con el salario promedio del \u00faltimo a\u00f1o de servicios. <\/p>\n
A lo precedente cabe agregar que las motivaciones plasmadas por el juzgador colegiado que profiri\u00f3 la mencionada sentencia del 11 de mayo de 1994, no se pueden tener en este proceso como hechos plenamente establecidos, como tampoco los jueces de esta causa se encontraban irremediablemente atados a aceptarlas. <\/p>\n
Y, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Por lo anterior, como quiera que el objetante no desvirtu\u00f3 las inferencias del Tribunal que constituyeron el soporte axial de su decisi\u00f3n, la acusaci\u00f3n no prospera. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, es claro que lo dispuesto por la colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, de un lado, de la demanda de casaci\u00f3n que no enfil\u00f3 su ataque contra los razonamientos del Tribunal, sino que reiter\u00f3 las razones por las cuales consideraba que para calcular la primera mesada de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n deb\u00eda tenerse como \u00faltimo salario la suma de $390.837,60; y, por otra parte, aun pasando por alto la falta de t\u00e9cnica, el razonamiento del Tribunal no es desacertado, comoquiera que, la sentencia de 11 de mayo de 1994 no precisa cuales fueron los factores que se atendieron para concluir que el salario mensual promedio era de $390.837, lo que era indispensable para verificar si tal suma correspond\u00eda o no a los que seg\u00fan el art\u00edculo 136 de la convenci\u00f3n colectiva constitu\u00eda salario, adem\u00e1s, en el proceso el promotor tampoco indic\u00f3 ni demostr\u00f3 cuales fueron los emolumentos que no se tuvieron en cuenta o que fueron computadas err\u00f3neamente. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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