STC7813-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7813-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02927-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Raquel Mar\u00eda Garc\u00eda Gracia contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Primero de Familia de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 \u00abdeclarar la nulidad de [los] auto[s] de\u2026 9 de junio 2023\u2026 y\u2026 28 del mismo mes y a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Raquel Mar\u00eda Garc\u00eda Gracia promovi\u00f3 demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra Julio C\u00e9sar Melendrez Varela, tr\u00e1mite en el que el demandado inventari\u00f3 a t\u00edtulo de \u00abrecompensa\u00bb, \u00ab$15.000.000\u2026 consignados por \u00e9l\u2026 el 15 de mayo de 2018, a\u2026 Raquel Mar\u00eda Garc\u00eda Gracia\u00bb; \u00abtarjeta de cr\u00e9dito de Davivienda perteneciente al\u2026 [demandado] por valor de $40.734.814.00\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abdiez millones de pesos\u2026 entregados por [\u00e9l]\u2026 a la [actora], por un convenio suscrito entre ellos el 3 de febrero de 2017\u00bb, partidas que objet\u00f3 la demandante, \u00fanicamente, en lo que ata\u00f1e a las dos \u00faltimas de las compensaciones relacionadas. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia del 9 de junio de 2023, el juzgado accionado desech\u00f3 las referidas objeciones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la accionante, siendo confirmada por el Tribunal criticado con auto del 28 de junio siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que el juzgado querellado no hizo \u00abvaler el acuerdo\u00bb al que arribaron los c\u00f3nyuges al momento de acordar el divorcio, consignado en sentencia del 27 de mayo de 2021, conforme al cual el \u00abdemandado liberar\u00eda la casa de habitaci\u00f3n de su ex esposa y\u2026 pagar\u00eda $7.500.000 de administraci\u00f3n y el impuesto predial de la misma\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que, por causa no atribuible a ella, no se inventariaron la totalidad de los activos de la sociedad conyugal; que las pruebas aportadas no demostraban la configuraci\u00f3n de las recompensas que, a su favor, inventari\u00f3 su antagonista; que el a quo criticado desconoci\u00f3 que su ex c\u00f3nyuge \u00abenajen\u00f3 de manera dolosa, o mejor, sin su conocimiento, ni consentimiento, varios inmuebles de la sociedad conyugal, lo cual hizo a su nombre y en calidad de soltero\u00bb, a pesar de las m\u00faltiples denuncias que sobre ese particular hizo. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, tras rendir informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado, precis\u00f3 que \u00abse han respetado todas las garant\u00edas a los intervinientes por lo que la tutela no cabe ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta manifest\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n adoptada se apeg\u00f3 a las disposiciones legales y tambi\u00e9n con sujeci\u00f3n al an\u00e1lisis probatorio obrante en el expediente\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Revisado el libelo de tutela, extracta la Sala que la promotora cuestion\u00f3 que: (i) se desconociera el acuerdo al que, sobre los bienes de la sociedad conyugal, arribaron los c\u00f3nyuges, contenido en la sentencia de 27 de mayo de 2021, que decret\u00f3 su divorcio; (ii) no se inventariaron la totalidad de los bienes que conformaban la sociedad conyugal; (iii) no hubo pronunciamiento sobre la enajenaci\u00f3n \u00ab\u2026 dolosa, o mejor, sin su conocimiento, ni consentimiento, [de] varios inmuebles de la sociedad conyugal, lo cual hizo a su nombre y en calidad de soltero\u00bb su ex esposo; y (iv) las pruebas aportadas no demostraban la configuraci\u00f3n de las recompensas que, a su favor, inventari\u00f3 su antagonista, por lo que debieron ser excluidas del inventario y del aval\u00fao. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a las tres primeras de las quejas rese\u00f1adas, el resguardo resulta improcedente, toda vez que la tutelante cuenta con otros medios de defensa judicial de los que no se constata haya hecho uso, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, respecto al acuerdo contenido en la sentencia de divorcio de 27 de junio de 2021, estima la Corte que el mismo vers\u00f3 sobre la distribuci\u00f3n de gananciales que debe hacerse en la liquidaci\u00f3n criticada, cuesti\u00f3n que compete dilucidar en la etapa de partici\u00f3n, escenario en el cual la promotora puede plantear sus reparos a trav\u00e9s de objeciones al trabajo de partici\u00f3n e, incluso, mediante el uso del recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia que, eventualmente, las desestime. <\/p>\n
3.2. De otro lado, en caso de que no se hubiesen inventariado la totalidad de los bienes que conforman la sociedad conyugal, la gestora puede reclamar la pr\u00e1ctica de inventarios y aval\u00faos adicionales, conforme lo contempla el art\u00edculo 502 del C\u00f3digo General del Proceso, herramienta de la que, incluso, ya hizo uso, conforme se constat\u00f3 en el expediente contentivo del juicio criticado. <\/p>\n
3.3. Finalmente, respecto a la supuesta venta de bienes sociales por parte del demandado en el proceso criticado, baste con decir que el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 otras v\u00edas para sancionar tales actuaciones, tales como la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n o aquella enfilada a aplicar la sanci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1824 del C\u00f3digo Civil, que dispone que \u00abaquel de los dos c\u00f3nyuges o sus herederos, que dolosamente hubiere ocultado o distra\u00eddo alguna cosa de la sociedad, perder\u00e1 su porci\u00f3n en la misma cosa, y ser\u00e1 obligado a restituirla doblada\u00bb, mecanismos de los que tampoco se verifica haya hecho uso la quejosa. <\/p>\n
3.4. En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir esos otros medios judiciales para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la actora, pues se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
3.5. Por lo dem\u00e1s, dest\u00e1quese que el resguardo tampoco resulta procedente como mecanismo transitorio, pues los medios judiciales ordinarios de defensa judicial se muestran id\u00f3neos para conjurar la situaci\u00f3n que denunci\u00f3 la tutelante, lo que descarta la existencia del perjuicio irremediable alegado. <\/p>\n
4. Ahora, en lo que ata\u00f1e a la \u00faltima de los reproches de la demandante, enfilado a cuestionar las recompensas que fueron incluidas en los inventarios y aval\u00faos confeccionados en el tr\u00e1mite objeto de censura, sea lo primero precisar que la tutela resulta improcedente para criticar la inclusi\u00f3n de los \u00ab$15.000.000\u2026 consignados por [el demandado]\u2026 el 15 de mayo de 2018, a\u2026 Raquel Mar\u00eda Garc\u00eda Gracia\u00bb, toda vez que la accionante dej\u00f3 de formular la objeci\u00f3n correspondiente, con miras a obtener la exclusi\u00f3n de dicha compensaci\u00f3n. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Respecto a la inclusi\u00f3n de las restantes recompensas (decisi\u00f3n que s\u00ed controvirti\u00f3 debidamente la accionante, a trav\u00e9s de los mecanismos defensivos que tuvo a su alcance), de entrada, se precisa que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo de 28 de junio de los corrientes, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se interpuso frente al auto de 9 de junio pasado, comoquiera que fue esa determinaci\u00f3n la que finiquit\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 en torno a la inclusi\u00f3n de las compensaciones que inventari\u00f3 el demandado a t\u00edtulo de (i) \u00abtarjeta de cr\u00e9dito de Davivienda perteneciente al\u2026 [demandado] por valor de $40.734.814.00\u00bb y (ii) \u00abdiez millones de pesos\u2026 entregados por [\u00e9l]\u2026 a la [actora], por un convenio suscrito entre ellos el 3 de febrero de 2017\u00bb. <\/p>\n
6. Bajo ese horizonte, mem\u00f3rese que, por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
Entonces, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
6.1. As\u00ed las cosas, advierte la Corte que el estrado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, habida cuenta que omiti\u00f3 resolver debidamente los argumentos que soportaban la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto de 9 de junio de 2023, que decidi\u00f3 la objeci\u00f3n que se plante\u00f3 respecto a las rese\u00f1adas compensaciones. <\/p>\n
En efecto, revisado el asunto objeto de censura, se verifica que la demandante, como fundamento de su alzada, en s\u00edntesis, cuestion\u00f3 la configuraci\u00f3n de los requisitos necesarios para incluir las referidas recompensas. <\/p>\n
6.2. No obstante, revisado el criticado prove\u00eddo de 28 de junio pasado, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto que decidi\u00f3 las objeciones planteadas a los inventarios y aval\u00faos presentados en el proceso criticado, encuentra la Sala que el estrado acusado omiti\u00f3 verificar si las partidas incluidas por el demandado, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n, encuadraban en algunos de los casos previstos en la ley, esto es, en los consagrados en los art\u00edculos 17811 (num. 4\u00ba), 17972, 18023, 18034 y 18045 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed como tampoco analiz\u00f3 si las pruebas allegadas al rito, daban cuenta de la existencia de los elementos configurativos que, de tales recompensas, consagran dichas disposiciones. <\/p>\n
En efecto, en la cuestionada providencia (de 28 de junio de 2023), la Colegiatura acusada se limit\u00f3 a indicar lo siguiente: <\/p>\n
Al examinar los medios suasorios vertidos en el expediente, tal como lo acotara el A quo, la certificaci\u00f3n enviada por DAVIVIENDA da cuenta que la tarjeta de cr\u00e9dito No.4410802171665735 a nombre de\u2026 Julio Cesar Mel\u00e9ndrez Varela, le fue aumentado el cupo el 19 de noviembre de 2014 a $40.000.000, el que se mantiene a la fecha y el 14 de febrero de 2018 se realiz\u00f3 un pago por $40.734.814, esto es en vigencia de la sociedad conyugal. <\/p>\n
De otra parte, en el interrogatorio de\u2026 Raquel Mar\u00eda Garc\u00eda Gracia manifest\u00f3 que no ten\u00eda conocimiento de la existencia del valor de esa tarjeta, mientras que\u2026 Julio Cesar Mel\u00e9ndrez Varela narr\u00f3 que uso el cupo de la tarjeta para pagar deudas y cosas que ten\u00eda que pagar, pues Promotora Tamac\u00e1 quebr\u00f3 y qued\u00f3 sin trabajo, fue pagando cosas as\u00ed, siempre utilizaba la tarjeta para pagar la cuota de la casa, del carro, de la Universidad del hijo de ella, del gimnasio de ella, los servicios eran car\u00edsimos, qued\u00f3 hasta el cuello <\/p>\n
de deudas; efectu\u00f3 el pago de la tarjeta con la venta de un apartamento en Ciudad del Sol. <\/p>\n
Al valorar las pruebas en conjunto, se pudo establecer que la deuda fue adquirida y cancelada en vigencia de la sociedad conyugal y para satisfacer obligaciones propias del giro ordinario del hogar, sin que la demandante de conformidad con lo dispuesto en el Art. 167 del CGP acreditase que por el contrario el cupo de la tarjeta se utiliz\u00f3 en asuntos personales. <\/p>\n
Luego, evidente es que el Tribunal criticado ninguna valoraci\u00f3n hizo de las disposiciones que regulan las compensaciones en el estatuto sustancial civil, con miras constatar si las inventariadas por el demandado encuadraban en algunos de los supuestos normativos all\u00ed consignados, sino que fund\u00f3 su decisi\u00f3n, simplemente, en el supuesto incumplimiento de la actora de la carga probatoria que le asist\u00eda en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6.3. En suma, la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo carece de la debida fundamentaci\u00f3n, omisi\u00f3n que, sin duda, trasgrede las garant\u00edas fundamentales de la tutelante, por cuanto \u00ab\u2026 la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00), raz\u00f3n por la cual habr\u00e1 de concederse el amparo. <\/p>\n
7. Lo considerado impone conceder parcialmente el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal criticado que, tras dejar sin efecto el auto de 28 de junio pasado, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra la determinaci\u00f3n de 9 de junio de esta misma anualidad, dicte una nueva decisi\u00f3n, atendiendo las consideraciones precedentes. En lo dem\u00e1s, se negar\u00e1 el amparo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede parcialmente el resguardo al derecho al debido proceso de Raquel Mar\u00eda Garc\u00eda Gracia. En consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta que, tras dejar sin efecto el auto que profiri\u00f3 el 28 de junio de estas calendas, as\u00ed como tambi\u00e9n toda la actuaci\u00f3n que dependa de \u00e9ste, en el proceso objeto de queja constitucional (radicaci\u00f3n 47001-31-60-001-2019-00085), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente correspondiente, emita una nueva determinaci\u00f3n, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, donde actualmente se encuentran las diligencias, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda el expediente materia de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: En lo dem\u00e1s, se niega el resguardo. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl haber de la sociedad conyugal se compone: (\u2026) 4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los c\u00f3nyuges aportare al matrimonio, o durante \u00e9l adquiere <sic>; quedando obligada la Sociedad a restituir su valor seg\u00fan el que tuvieron al tiempo del aporte o de la adquisici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abVendida alguna cosa del marido o de la mujer, la sociedad deber\u00e1 el precio al c\u00f3nyuge vendedor, salvo en cuanto dicho precio se haya invertido en la subrogaci\u00f3n de que habla el art\u00edculo 1789, o en otro negocio personal del c\u00f3nyuge de quien era la cosa vendida, como en el pago de sus deudas personales, o en el establecimiento de sus descendientes de un matrimonio anterior\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abSe le debe as\u00ed mismo recompensa por las expensas de toda clase que se hayan hecho en los bienes de cualquiera de los c\u00f3nyuges, en cuanto dichas expensas hayan aumentado el valor de los bienes, y en cuanto subsistiere este valor a la fecha de la disoluci\u00f3n de la sociedad; a menos que este aumento de valor exceda al de las expensas, pues en tal caso se deber\u00e1 s\u00f3lo el importe de \u00e9stas\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abEn general, se debe recompensa a la sociedad por toda erogaci\u00f3n gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 \u00abCada c\u00f3nyuge deber\u00e1 as\u00ed mismo recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiere causado con dolo o culpa grave, y por el pago que ella hiciere de las multas y reparaciones pecuniarias a que fuere condenado por alg\u00fan delito\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7813-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7813-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02927-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Raquel Mar\u00eda Garc\u00eda Gracia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75425"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75425\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}