STC7814-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7814-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2023-00074-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 12 de julio de 2023 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Bertha Sof\u00eda Obando contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse deje sin efectos la providencia de\u2026 29 de mayo del dos mil veintitr\u00e9s\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Bertha Sof\u00eda Obando promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria contra Yubelmy Rengifo Yonda, libr\u00e1ndose orden de pago el 22 de julio de 2021. <\/p>\n
2.2. Tras intentarse la notificaci\u00f3n de la demandada en la direcci\u00f3n informada en la escritura p\u00fablica contentiva del gravamen hipotecario, sin resultados positivos, toda vez que la empresa de correos certific\u00f3 que la \u00abdirecci\u00f3n no existe\u00bb, la actora solicit\u00f3 el emplazamiento de su antagonista, que se orden\u00f3 con auto del 16 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.3. Efectuado el emplazamiento, sin que compareciera la convocada, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 6 de julio de 2022, se le design\u00f3 curador ad litem, con quien se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago el 11 de julio de 2022. <\/p>\n
2.4. Mediante providencia del 19 de julio de 2022, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Cumplido lo anterior, la ejecutada compareci\u00f3 personalmente al rito y reclam\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, \u00abpor haberse incurrido en la causal 8 del art. 133 del C\u00f3digo General, denominada indebida notificaci\u00f3n\u00bb, invalidez que se desestim\u00f3 con auto del 23 de marzo de 2023, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la enjuiciada, siendo revocada por la sede judicial acusada con prove\u00eddo del 29 de mayo de 2023, para en su lugar, \u00abdejar sin efecto la actuaci\u00f3n surtida a partir del acto de notificaci\u00f3n a la demandada y se de aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 301 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.6. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que \u00abla nulidad\u2026 del acto de notificaci\u00f3n del auto que libro mandamiento de pago, [se solicit\u00f3] despu\u00e9s de que se sigui\u00f3 adelante con la ejecuci\u00f3n e inclusive despu\u00e9s de haberse celebrado diligencia de remate sobre el bien inmueble hipotecado\u00bb, por lo que debi\u00f3 rechazarse de plano; y que la decisi\u00f3n de segunda instancia carece de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Piendam\u00f3 (Cauca), tras rendir informe de las actuaciones adelantadas en el juicio criticado, precis\u00f3 que \u00abha sido absolutamente respetuoso de los t\u00e9rminos y oportunidades procesales, notificando cada providencia de conformidad con la ley y brindando la oportunidad a las partes e intervinientes a interponer los recursos legales\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n dijo ratificarse \u00aben los argumentos expuestos en la providencia [criticada]\u00bb y, por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el resguardo, por cuanto \u00abla Juzgadora no valor\u00f3 las pruebas recaudadas en la diligencia llevada a cabo el 23-03-2023 y profiri\u00f3 la decisi\u00f3n bajo una deficiente motivaci\u00f3n\u00bb, toda vez que \u00abtras relatar los antecedentes del caso, simplemente concluy\u00f3 que la nulidad se configuraba porque \u201cla direcci\u00f3n que se aport\u00f3 a la demanda estaba errada como as\u00ed se certific\u00f3 por la empresa de mensajer\u00eda Inter Rapid\u00edsimo\u201d, sin hacer alusi\u00f3n alguna a los restantes elementos demostrativos practicados en la audiencia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, esgrimi\u00f3 que el despacho judicial criticado: <\/p>\n
\u2026 dej\u00f3 de lado lo referido por las partes y los testigos frente la situaci\u00f3n del inmueble hipotecado en la \u00e9poca en que se intent\u00f3 notificar a la demandada, la posici\u00f3n en la que se encontraba el cuidador del bien, la carencia de informaci\u00f3n que \u00e9l ten\u00eda frente a la demandada y, en general, todos los elementos recaudados en la audiencia practicada en el tr\u00e1mite incidental, lo que llev\u00f3 a una conclusi\u00f3n dispersa que no sustenta m\u00ednimamente los motivos por los cu\u00e1les era procedente la revocatoria de la decisi\u00f3n tomada en primera instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Yubelmy Rengifo Yonda destac\u00f3 que el fallador de primer grado \u00abhace una interpretaci\u00f3n fr\u00e1gil de las pruebas recaudadas dentro del incidente; no es garantista con la parte pasiva, ni tampoco tiene en cuenta que no se hizo el mayor esfuerzo para enterar[la]\u2026 de la existencia del proceso\u00bb. Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n que despleg\u00f3 el juzgado accionado, al considerar que se impon\u00eda dejar sin efecto el acto de enteramiento del mandamiento de pago, al haberse realizado, en su concepto, de manera irregular. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC 11 may. 2001, rad. n\u00ba 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine, se advierte que la autoridad enjuiciada cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al resolver la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al prove\u00eddo que desestim\u00f3 la nulidad que reclam\u00f3 la ejecutada en el juicio criticado, omiti\u00f3 valorar las pruebas practicadas por el fallador de conocimiento, entre ellas, las declaraciones de parte y los testimonios rendidos en diligencia del 23 de marzo de 2023. <\/p>\n
En efecto, revisada la cuestionada providencia de 29 de mayo pasado, se advierte que, para decidir la prenotada apelaci\u00f3n, el estrado encausado, tras relacionar los antecedentes del litigio y rese\u00f1ar las normas que regulan el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n en el estatuto procesal civil, as\u00ed como tambi\u00e9n las nulidades procesales, destac\u00f3 que: <\/p>\n
Se cuestiona la ausencia de la garant\u00eda del derecho a la defensa en un proceso judicial, ocasionada por la presunta irregularidad en la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo a la demandada, que le impidi\u00f3 el conocimiento del proceso que se censura y por ende el ejercicio de su defensa, para lo cual la demandada agot\u00f3 dentro del proceso ejecutivo hipotecario los medios ordinarios de defensa judicial al solicitar la nulidad por la indebida pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n del auto que libro mandamiento de pago, al considerar que se configur\u00f3 la causal de nulidad determinada en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso el cual indica que \u201cel proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: \u2026\u201cCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n al demandado o a su representante, o al apoderado de aqu\u00e9l o de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su correcci\u00f3n o adici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Las causales de nulidad en el C\u00f3digo general del proceso est\u00e1n se\u00f1aladas en el art\u00edculo 133 del C.G.P., en el proceso objeto de censura la se\u00f1ora YUBELY RENGIFO YONDA present\u00f3 solicitud de nulidad el 8 de febrero de 2023 invocando como causal el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; solicitud que fue decidida desfavorablemente el 23 de marzo de 2023 tras considerar que ante la no comparecencia de la demandada previa a efectuarse la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal y env\u00edo del aviso a la direcci\u00f3n que aparece en la escritura p\u00fablica de hipoteca se procedi\u00f3 por la parte demandante a solicitar el emplazamiento, emplazamiento que fue registrado en el RNPE y que posterior a ello se design\u00f3 curador ad litem con quien se surtieron las dem\u00e1s etapas procesales. <\/p>\n
Revisada la actuaci\u00f3n procesal se tiene que el incidente de nulidad fue presentado por la demandada despu\u00e9s de proferirse el auto que ordeno continuar adelante con la ejecuci\u00f3n, sin embargo el juez de instancia dio tramite a la nulidad, d\u00e1ndole el tramite previsto en el art\u00edculo 133 del C.G.P. pasando por alto el art\u00edculo 134 del C.G.P. en el aparte pertinente se\u00f1ala que \u201clas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuaci\u00f3n posterior a \u00e9sta si ocurrieron en ella\u201d, en el caso a estudio la nulidad se solicita del acto de notificaci\u00f3n del auto que libro mandamiento de pago, despu\u00e9s de que se sigui\u00f3 adelante con la ejecuci\u00f3n e inclusive despu\u00e9s de haberse celebrado diligencia de remate sobre el bien inmueble hipotecado. <\/p>\n
Como se puede apreciar en lo antes expuesto el Instructor del proceso debi\u00f3 rechazar el incidente de nulidad presentado por la demandada, por cuanto la nulidad alegada no tuvo su origen en la providencia que ordeno proseguir con la ejecuci\u00f3n, sino en una actuaci\u00f3n anterior a ella, o sea en el acto de la notificaci\u00f3n del auto que libro mandamiento de pago, as\u00ed mismo se resalta que la providencia que ordeno seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de fecha 19 de julio de 2022, quedo ejecutoriado 3 d\u00edas despu\u00e9s de la inserci\u00f3n de la providencia en el estado 081 del 21 de julio de 2022 es decir que la misma no se puede revocar ni reformar por el juez que la profiri\u00f3, por lo cual la parte demandada tan s\u00f3lo podr\u00e1 solicitar la revisi\u00f3n de la misma por cuanto el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo general del proceso, consagra la nulidad alegada como una causal de revisi\u00f3n, dentro de la oportunidad del art\u00edculo 356 del mismo c\u00f3digo\u201d. <\/p>\n
Al respecto, advierte que el art\u00edculo 134 aparte de se\u00f1alar que \u201clas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia (subrayado fuera de texto ),o con posterioridad a esta, si ocurrieron en ella\u201d tambi\u00e9n prev\u00e9 de manera espec\u00edfica que \u201cla nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse durante la diligencia de entrega o como excepci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n de la sentencia o mediante el recurso de revisi\u00f3n si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades. <\/p>\n
Dichas causales podr\u00e1n alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir [A]DELANTE CON LA EJECUCI\u00d3N, MIENTRAS NO HAYA TERMINADO POR EL PAGO TOTAL A LOS ACREEDORES o por cualquier otra causa legal[\u201d]. <\/p>\n
De esta forma considera que denegar la solicitud de nulidad presentada en el proceso que se censura por la demandada, vulnera su derecho fundamental a la defensa y contradicci\u00f3n y por ende el debido proceso, en cuanto que cuando la demandada pudo comparecer al proceso ejecutivo ya se hab\u00eda dictado la providencia que orden\u00f3 llevar adelante la ejecuci\u00f3n, por lo que no pod\u00eda controvertir el mandamiento ejecutivo ni proponer excepciones, resultando de esta forma condenada sin ser o\u00edda y sin otro medio de defensa judicial ordinario, en un proceso en el cual no fue notificada en legal forma por cuanto la direcci\u00f3n que se aport\u00f3 a la demanda estaba errada como as\u00ed se certific\u00f3 por la empresa de mensajer\u00eda Inter Rapid\u00edsimo, prosigui\u00e9ndose con la notificaci\u00f3n por aviso y emplazamiento, sin considerar tal circunstancia, por consiguiente, se revocara la providencia recurrida calendada 23 de marzo de 2023, dej\u00e1ndose sin efecto la actuaci\u00f3n surtida desde el acto de la notificaci\u00f3n efectuada a la demandada y se ordenara en consecuencia dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 301 del C.G.P. <\/p>\n
Luego, evidente es que el juzgado accionado, tras concluir confusamente que la nulidad se propuso en el t\u00e9rmino previsto en el inciso tercero1 del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que la ejecuci\u00f3n aun no hab\u00eda terminado por pago, acogi\u00f3 el reclamo invalidatorio de la ejecutada, sin efectuar valoraci\u00f3n alguna de los elementos de juicio recaudados en ese tr\u00e1mite, pues ninguna apreciaci\u00f3n hizo, por ejemplo, a las declaraciones de parte y a los testimonios que practic\u00f3 el a quo. <\/p>\n
Entonces, es indudable que la sede judicial criticada dej\u00f3 de valorar la totalidad de las pruebas que se allegaron en el tr\u00e1mite de la petici\u00f3n de nulidad, lo que permite concluir que incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, que impon\u00eda conceder el amparo. Sobre la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u2026 ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00, reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, la determinaci\u00f3n acusada tambi\u00e9n carece de la debida fundamentaci\u00f3n, pues el estrado acusado concluy\u00f3 la configuraci\u00f3n del vicio invalidatorio, que denunci\u00f3 la demandada en la ejecuci\u00f3n cuestionada, sin precisar las razones concretas que lo llevaban a sostener tal afirmaci\u00f3n, teniendo en cuenta que tales argumentos no logran deducirse de lo expresado en el cuerpo de la providencia, conforme se constata en la trascripci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a los argumentos que esgrimi\u00f3 la impugnante, enfilados a predicar la existencia de la nulidad que aleg\u00f3 en el asunto objeto de censura constitucional, baste con decir que tales cuestiones son las que, precisamente, habr\u00e1 de resolver el juzgado convocado, con soporte en la totalidad de pruebas recaudadas, en cumplimiento de la orden de amparo. <\/p>\n
Entonces, no compete al fallador constitucional pronunciarse al respecto, comoquiera que no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
6. Lo considerado impone respaldar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La citada disposici\u00f3n, en su aparte pertinente, que: \u00abDichas causales [nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, entre otras] podr\u00e1n alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC7814-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7814-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2023-00074-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo proferido el 12 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75426","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75426\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}