STC7818-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7818-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Martha Rosa Vanegas frente al fallo proferido el pasado 15 de junio por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de esta Corte y el Juzgado Segundo Laboral de Cali, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abvida digna\u00bb, igualdad, m\u00ednimo vital y \u00abseguridad social integral\u00bb, as\u00ed como de los principios de \u00abla condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb y \u00abfavorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales acusadas, por la emisi\u00f3n de decisi\u00f3n adversa a sus pretensiones en el juicio laboral que promovi\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdeclarar la nulidad de las sentencias\u2026 de la Sala de descongesti\u00f3n No 1 [de] Casaci\u00f3n Laboral de [esta] Corte\u2026 [y] de primera Instancia\u2026, mediante las cuales se [le] neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, el pago del retroactivo y de los intereses moratorios\u00bb; disponer que i) los estrados accionados: le reconozcan \u00abla pensi\u00f3n\u2026 a partir del 27 de diciembre de diciembre de 2013 y los correspondientes intereses moratorios consagrados en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993\u2026, conforme al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en el marco del decreto 758 de 1990, Acuerdo 049 del mismo a\u00f1o\u00bb; y ordenen a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. \u00abexpedir el Acto Administrativo, mediante el cual se reconozca y ordene el pago de la pensi\u00f3n\u2026 y los correspondientes intereses moratorios a los que tiene derecho\u00bb; ii el referido fondo, \u00abproceda [a] reconocer, liquidar y pagar el retroactivo pensional y los intereses moratorios a que\u2026 tiene derecho a partir del 27 de diciembre de 2013, fecha en la cual falleci\u00f3 el causante\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. inco\u00f3 la actora, como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Nelson Trujillo Osorio (fallecido el 27 de diciembre de 2013), con miras a obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, surtidas las etapas de rigor, el 12 de junio de 2017, el Juzgado Segundo Laboral de Cali absolvi\u00f3 a la demandada, determinaci\u00f3n que el 15 de agosto de 2019 revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad para, en su lugar, acceder a las pretensiones, decisi\u00f3n \u00faltima que, el 9 de noviembre de 2022, cas\u00f3 la Colegiatura accionada y, en sede de instancia, ratific\u00f3 el veredicto del a-quo. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la gestora adujo que la Colegiatura acusada \u00abincurri\u00f3 en defectos sustantivo, [de] desconocimiento del precedente y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, al omitir dar \u00abaplicaci\u00f3n a lo estatuido en los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 de 1990\u00bb, pasando por alto lo dispuesto, entre otras, en sentencias SU-442\/16, T-084\/17 y SU-005\/18 de la Corte Constitucional, \u00abdonde se reconoce el principio de favorabilidad de las normas en cuanto a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, establecida en el art\u00edculo 53 de la C.P…, en el sentido de aplicar, de manera ultra[c]tiva las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 decreto 758 del mismo a\u00f1o, conforme a los art\u00edculos 6 y 25, en la medida en que su c\u00f3nyuge acredit[\u00f3] haber cotizado un n\u00famero superior a las 300 semanas anteriores al 1 de abril de 1994\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abes una persona de 61 a\u00f1os de edad, es decir\u2026[,] adulto mayor, con problemas de salud de hipertensi\u00f3n arterial, diabetes y tiroides, lo que le impide laborar, no tiene ingresos fijos, su sustento es lo que le dan sus hijos, los cuales tienen sus propias obligaciones y de igual manera se encarga del cuidado de su madre, persona adulta mayor quien tiene 79 a\u00f1os, y solo le queda la presente acci\u00f3n de tutela como \u00fanico recurso para que le reconozcan un derecho adquirido conforme a normas preestablecidas en las normas legales y constitucionales\u00bb; y que \u00abel fallecido se\u00f1or Nelson Trujillo no cumpli\u00f3 con el requisito m\u00ednimo de las 50 semanas en los \u00faltimos tres (03) a\u00f1os previos al momento de su muerte, porque la enfermedad que padec\u00eda no le permit\u00eda laborar y solo cotiz\u00f3 25.76 semanas\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Protecci\u00f3n S.A. indic\u00f3 que \u00abha obrado de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, raz\u00f3n por la cual no observa conducta alguna que constituya o se erija en la violaci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental o legal de\u2026 Martha Rosa Vanegas\u00bb; y que en caso \u00abde llegarse a condenar a [esa] Administradora\u2026 en favor de [\u00e9sta]\u00bb, se deb\u00eda conceder el resguardo \u00abcon efectos transitorios[,] por el t\u00e9rmino de 4 meses, mientras que presenta demanda ordinaria laboral a trav\u00e9s de la cual el juez natural y especializado en la materia resuelva definitivamente si tiene derecho o no a lo concedido\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte solicit\u00f3 \u00abdespachar desfavorablemente la tutela incoada\u00bb, porque \u00aba la demandante se le brindaron todas las oportunidades procesales para ejercer su derecho y se le garantizaron los mecanismos legales a su alcance, sin que el resultado desfavorable a sus intereses pueda tildarse de una transgresi\u00f3n a alguno de los derechos fundamentales que aduce violados\u00bb; siendo evidente que \u00abno se configur\u00f3 ning\u00fan defecto que pudiera dar lugar al amparo constitucional deprecado, en la medida que la decisi\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a los lineamientos legales y jurisprudenciales que sobre el particular ha edificado la Sala\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que hall\u00f3 inviable \u00abla aplicaci\u00f3n del principio constitucional de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u2026 en aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial que reina en la Sala Laboral de esta Corte y que [esa] Sala de Descongesti\u00f3n est\u00e1 obligada a acoger, como lo ordena la Ley 1781 de 2016, para lo que [se remiti\u00f3]\u2026, entre otras, a las sentencias CSJ SL2567-2021, CSJ SL5286-2021, CSJ SL5114-2020\u00bb, acorde con los cuales \u00abno le es dable al fallador extender una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de normas anteriores que regulen la prestaci\u00f3n, para encontrar la que m\u00e1s se acomode o ajuste a la situaci\u00f3n de la petente\u00bb; que en tal asunto observ\u00f3 que \u00abla norma llamada a regular el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del causante, que para el caso es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en raz\u00f3n que la muerte ocurri\u00f3 el 27 de diciembre de 2013, [por lo que]\u2026 destac\u00f3 la inviabilidad de acudir al Acuerdo 049 de 1990. As\u00ed mismo se estableci\u00f3 que no se cumpl\u00edan los presupuestos previstos en el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, norma que reg\u00eda el asunto\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, como all\u00ed lo anot\u00f3, esa \u00abCorporaci\u00f3n dista de la posici\u00f3n que al respecto ha sostenido la\u2026 Corte Constitucional respecto de la aplicaci\u00f3n del principio implorado[,] por las razones expuestas en la sentencia CSJ SL1884-2020, en la que se se\u00f1ala que si bien estas decisiones tienen fuerza vinculante, no es menos cierto que los jueces pueden apartarse de ellas bajo ciertos par\u00e1metros de transparencia, por no ser posible dar efectos plusultractivos al Acuerdo 049 de 1990 en situaciones dadas bajo la vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que la Sala acusada, \u00abal casar la sentencia laboral de segunda instancia, no incurri\u00f3 en un defecto por desconocimiento del precedente, ya que reiter\u00f3 la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, seg\u00fan la cual no es posible aplicar ultractivamente el Acuerdo 049 de 1990 de cara al reconocimiento de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, aspecto que se rige por la Ley 100 de 1993 -modificada por la Ley 797 de 2003- y, eventualmente y en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en la Ley 100 original. Adicionalmente, para no seguir el precedente constitucional (CC SU-005-2018) cumpli\u00f3 las requeridas cargas de transparencia y suficiencia\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que, \u00ab[e]n todo caso, la Sala no cont\u00f3 con elementos de juicio para determinar si la accionante es una persona vulnerable, en los t\u00e9rminos de la \u00faltima sentencia mencionada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, en tanto que, sostuvo, satisfizo todos los requisitos jurisprudenciales para la procedencia de su ruego. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que el fallador supralegal a-quo desconoci\u00f3 abiertamente que, en asuntos como el ac\u00e1 propuesto, \u00abse debe y tiene que cumplir con los lineamientos establecidos para tal fin por la H. Corte Constitucional, como el indicado en la Sentencia de Unificaci\u00f3n No. 005 de 2018, donde se indica la validez en la aplicaci\u00f3n de la ultractividad del Acuerdo 049 de 1990, el cual es la condici\u00f3n m[\u00e1]s beneficiosa, que se le debe aplicar en este caso\u2026, por versar sobre normas y derechos constitucionales, como el art\u00edculo 53 y la violaci\u00f3n al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al m\u00ednimo vital, derecho a la seguridad social, al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y al principio de favorabilidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, porque no luce arbitraria la providencia de casaci\u00f3n acusada, mediante la cual, el 9 de noviembre \u00faltimo, se zanj\u00f3 de forma definitiva el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, encontr\u00f3 que, \u00ab[d]ada la v\u00eda de ataque seleccionada por la censura, no se discute en el proceso que: i) Nelson Trujillo Osorio falleci\u00f3 el 27 de diciembre de 2013; ii) aquel se cas\u00f3 con la demandante el 19 de mayo de 2012; iii) el afiliado sufrag\u00f3 un total de 853 semanas, de las cuales 481 fueron realizadas antes del 1 de abril de 1994, iv) mediante comunicaci\u00f3n 16586062 de 2014, la demandada le neg\u00f3 la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la actora aduci\u00e9ndole no cumplir con la densidad de semanas prevista en la Ley 797 de 2003; y v) que el causante cotiz\u00f3 en los tres a\u00f1os anteriores al deceso 25,76 semanas\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n afirm\u00f3 que, por tanto, el problema jur\u00eddico a definir se circunscrib\u00eda a \u00abdefinir si el Tribunal err\u00f3 al aplicar bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, el Acuerdo 049 de 1990, a pesar de que el deceso del causante ocurri\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003 y no reuni\u00f3 el n\u00famero de semanas all\u00ed exigidas\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, tras exponer, in extenso, el criterio adoptado por la Sala permanente de Casaci\u00f3n Laboral sobre el \u00abtema jur\u00eddico propuesto\u00bb, especialmente en sentencia SL2567-2021, concluy\u00f3 que, \u00abcomo es un hecho indiscutido que el causante falleci\u00f3 el 27 de diciembre de 2013, la norma vigente y que en principio regula la controversia es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003[,] que exige el cumplimiento de 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los tres a\u00f1os anteriores a la muerte, esto es, entre la fecha del deceso y el 27 de diciembre de 2010, requisito que el asegurado no satisfizo, pues en ese lapso tan solo aport\u00f3 25,76 semanas\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Despu\u00e9s, \u00ab[e]n cuanto a la aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa que permite acudir a una norma diferente a la que estaba vigente a la fecha del deceso\u00bb, asever\u00f3 que \u00abla Sala ha insistido en que aquella no puede ser otra que la normativa inmediatamente anterior, es decir, para el caso en concreto, el art\u00edculo 46 original de la Ley 100 de 1993; ese criterio vertido en innumerables precedentes, es de obligatorio acatamiento por esta Sala, seg\u00fan lo dispuesto en la Ley 1781 de 2016\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
Con apoyo en ello, de cara al caso concreto, sostuvo que \u00abel Tribunal incurri\u00f3 en los dislates jur\u00eddicos que le enrostr\u00f3 la entidad recurrente y, por tanto, el cargo prospera, por lo que se casar\u00e1 la sentencia acusada\u00bb. A lo que arrib\u00f3 bajo las siguientes disquisiciones: <\/p>\n
Es que, frente a la aplicaci\u00f3n del referido principio, acudiendo al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, cuando la muerte se produce bajo la \u00e9gida de la Ley 797 de 2003, esta corporaci\u00f3n ha reiterado la imposibilidad de efectuar ese doble salto normativo, pues, se itera, lo conducente es acudir a la regulaci\u00f3n inmediatamente precedente (CSJ SL5286-2021 y CSJ SL5114-2020), que lo ser\u00eda la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
De esa manera, el juzgador de la alzada se equivoc\u00f3, por cuanto las semanas que el causante ten\u00eda aportadas al extinto ISS con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no pueden ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n y, en tal sentido, para la fecha en que falleci\u00f3 el se\u00f1or Trujillo Osorio, esto es, el 27 de diciembre de 2013, la norma que reg\u00eda era la Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, al no ser posible la aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la ley. <\/p>\n
En ese contexto, la Sala tiene definido que normas tales como el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, no pueden emplearse de forma indefinida bajo el amparo de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa o de otras figuras –con el pretexto de proteger a sujetos en estado de vulnerabilidad, por ejemplo–, pues tal situaci\u00f3n, se insiste, adem\u00e1s de conducir al desconocimiento del orden jur\u00eddico vigente y dar lugar a la aplicaci\u00f3n retroactiva de la ley, lo que hace es quebrantar valores de rango superior. <\/p>\n
De otro lado la actora tampoco demostr\u00f3 que su c\u00f3nyuge hubiera cotizado el n\u00famero m\u00ednimo de semanas para la pensi\u00f3n de vejez, para de esa manera acceder a la prestaci\u00f3n de sobrevivientes en aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, como quiera que en toda la vida laboral acumul\u00f3 853 semanas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como el se\u00f1or Nelson Trujillo Osorio no fue beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, dado que para el 1 de abril de 1994 no ten\u00eda 40 a\u00f1os de edad pues naci\u00f3 el 1 de agosto de 1955, ni tampoco ten\u00eda 15 a\u00f1os de servicio, ya que para esa data tan solo hab\u00eda aportado al sistema 481 semanas, no hay lugar a revisar el cumplimiento de los presupuestos de la prestaci\u00f3n de vejez contemplados en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Por ese sendero, luego, en sede de instancia, recapitul\u00f3 que el a-quo \u00abconsider\u00f3 que en el expediente estaba acreditado que el causante cotiz\u00f3 al ISS un total de 598,30 semanas y al RAIS, a trav\u00e9s de Protecci\u00f3n S. A. 255,57; que la norma aplicable para determinar el derecho pensional es el art\u00edculo 12 de la ley 797 de 2003; y que el afiliado no dej\u00f3 acreditada la densidad de semanas prevista en dicha disposici\u00f3n porque en los tres a\u00f1os anteriores al deceso tan solo aport\u00f3 25,76 semanas\u00bb; y \u00ab[a]rgument\u00f3 que como la demandante pretendi\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, resultaba pertinente memorar las sentencias CSJ SL, 3 may. 2013, rad. 35438 y \u00ab5262\/2017\u00bb. Al efecto, indic\u00f3 que los efectos jur\u00eddicos de la Ley 797 de 2003 \u00absolo se difieren en el tiempo por tres a\u00f1os, los que se cuentan entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006\u00bb, para aplicar el aludido principio, supuesto en el que tampoco se encuadraba la situaci\u00f3n de la reclamante, teniendo en cuenta que el deceso del afiliado ocurri\u00f3 en diciembre de 2013. Por tanto, deb\u00eda absolver a la demandada, sin dejar de lado, adem\u00e1s, que la afiliada recibi\u00f3 la devoluci\u00f3n de saldos\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente anot\u00f3 que la actora apel\u00f3 esa decisi\u00f3n \u00abmanifestando su inconformidad en cuanto al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, especialmente, por el desconocimiento de la sentencia CC SU005-2018, seg\u00fan la cual es posible emplearlo de manera ultractiva (sic) la densidad de semanas prevista en los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 del mismo a\u00f1o, dado que el causante cotiz\u00f3 m\u00e1s de 300 semanas antes del 1 de abril de 1994, a pesar de que el fallecimiento acaeci\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Y estableci\u00f3 que tal alegaci\u00f3n no se abr\u00eda paso porque, \u00abadicional a las consideraciones expuestas en sede de casaci\u00f3n, es necesario tener en cuenta que, en torno a la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, principalmente, la sentencia CC SU005-2018, esta Corte ha dicho que en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n establece una utilizaci\u00f3n \u00ababsoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia\u00bb, las cuales pueden afectar el sistema pensional y, adem\u00e1s, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n de la ley en el tiempo y el de seguridad jur\u00eddica; por tanto, se aparta de sus lineamientos\u00bb; y rememor\u00f3, al respecto, \u00ablo adoctrinado en la sentencia CSJ SL855-2021, reiterada en la CSJ SL3104-2022, en los siguientes t\u00e9rminos\u00bb: <\/p>\n
1. La fuerza vinculante del precedente constitucional <\/p>\n
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial como aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habr\u00e1 de resolver que, por su pertinencia para la resoluci\u00f3n de un problema jur\u00eddico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada al momento de resolver el asunto de su competencia. <\/p>\n
Asimismo, ha precisado que un precedente tiene fuerza vinculante, puesto que, sin duda, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la hermen\u00e9utica que elaboran las autoridades judiciales que poseen la facultad de unificarla y otorgarle comprensi\u00f3n a normas superiores, precisamente contribuye a determinar el alcance de disposiciones normativas y a desarrollar principios b\u00e1sicos del Estado constitucional, como el de seguridad jur\u00eddica; adem\u00e1s, permite materializar el respeto de los principios de igualdad, supremac\u00eda de la Carta Pol\u00edtica, debido proceso y confianza leg\u00edtima (C-539-2011). <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n ha diferenciado entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad; es decir, aquellos fallos que determinan el contenido y alcance de la normativa superior y el precedente en vigor; esto es, el que deriva de las providencias de acciones de tutela. <\/p>\n
El primero, tiene fuerza vinculante especial y obligatoria en raz\u00f3n de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresi\u00f3n a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque tambi\u00e9n tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611-2017). <\/p>\n
En ese contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional -a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos Superiores importantes para los individuos y la sociedad-, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, frente a los efectos inter partes y a la ratio decidendi de la sentencia SU-05-2018, se aparta de su contenido -deber de transparencia-, por las razones que se expone a continuaci\u00f3n -deber de argumentaci\u00f3n suficiente- (C-621-2015 y SU-354-2017). <\/p>\n
En esa providencia, dicha autoridad judicial estableci\u00f3 que es posible la aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) se trate de un afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, (ii) no acredite 50 semanas de aportes durante los tres a\u00f1os anteriores al deceso, para dejar causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, (iii) pero s\u00ed re\u00fane el n\u00famero m\u00ednimo de semanas cotizadas exigidas en el r\u00e9gimen anterior. <\/p>\n
A juicio de esta Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. As\u00ed mismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y de retrospectividad. <\/p>\n
Por otra parte, la aplicaci\u00f3n ultractiva de normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la disposici\u00f3n aplicable, en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional, con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, seg\u00fan el criterio de la Sala, no es posible (\u2026) <\/p>\n
Luego de lo cual, de forma categ\u00f3rica, consign\u00f3 que confirmar\u00eda \u00abla sentencia absolutoria del Juzgado\u00bb, en tanto que \u00abno se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sino de delinear su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo el amparo del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales\u00bb; evidenci\u00e1ndose que \u00abconceder la prestaci\u00f3n reclamada en los t\u00e9rminos pretendidos por la accionante, ser\u00eda tanto como desconocer de manera frontal el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicaci\u00f3n a una disposici\u00f3n que de manera expresa fue derogada\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo propuesto por la censora no es m\u00e1s que una diferencia de criterio frente a lo dispuesto por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada, \u00faltima que responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que gobernaban el caso particular, especialmente, del canon 12 de la Ley 797 de 2003 (referente a la exigencia de 50 semanas de cotizaci\u00f3n durante los 3 a\u00f1os anteriores al fallecimiento), determinando que all\u00ed era inviable aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en tanto que, contrario a lo aducido por la reclamante, el derecho pensional no se hab\u00eda consolidado con la simple densidad de aportes exigibles en su vigencia. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, espec\u00edficamente en cuanto a la aplicaci\u00f3n de los precedentes que invoc\u00f3, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Lo anterior, debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural, aunado a que, como recientemente se ha dejado por sentado al denegar acciones de resguardo tambi\u00e9n impulsadas contra la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n laboral, cuyo criterio, mutatis mutandis, resulta aqu\u00ed aplicable, \u00abmirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente[,] encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural\u00bb (STC13803-2021, STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC13817-2021 y STC13947-2021, STC13983-2021). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7818-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7818-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01111-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Martha Rosa Vanegas frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75430","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75430"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75430\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}