STC7822-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7822-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01199-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Paula Andrea Ortiz Montehermoso frente al fallo proferido el pasado 27 de junio por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la sede judicial acusada, por la emisi\u00f3n de decisi\u00f3n adversa a sus pretensiones en el juicio laboral que promovi\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[s]e DEJE sin efecto la sentencia SL3386-2022\u2026 del 10 de agosto de 2022, proferida por la\u2026 Sala [accionada]\u2026, por defecto procedimental del articulo 90 y ss, del CPTSS, para que[,] en su lugar[,] se rechace el respectivo recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado por la parte demandada\u00bb; o subsidiariamente, \u00aben caso de no proceder a rechazar la demanda de casaci\u00f3n, \u2026 se DEJE sin efecto la [referida] sentencia\u2026, por defecto procedimental de los art\u00edculos 302 y 303 del CGP, para que[,] en su lugar[,] se proceda a emitir sentencia con decisi\u00f3n de no CASAR la\u2026 del tribunal\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la actora que promovi\u00f3 un inicial juicio ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, como c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Gabriel Alexander Tob\u00f3n Ur\u00e1n (fallecido el 14 de septiembre de 2003), con miras a obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, \u00abbajo los postulados de la Ley 797 de 2003\u00bb; en el que el Juzgado Cuarto Laboral de Medell\u00edn no accedi\u00f3 a sus pretensiones, mediante sentencia que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad, precisando que all\u00ed \u00abanaliz\u00f3 el derecho a la prestaci\u00f3n deprecada bajo el amparo de la normatividad vigente, e incluso\u2026 se\u00f1ala que al no peticionarse de manera inicial bajo los postulados de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y bajo las limitaciones de instancia frente facultades ultra y extra petita[,] no era dable analizar\u00bb. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 que, luego, con id\u00e9ntico prop\u00f3sito, present\u00f3 una nueva demanda del mismo tipo contra la Administradora Colombiana de Pensiones, pero invocando \u00ablo atinente a la improcedencia en la exigencia de la convivencia por espacio de 5 a\u00f1os\u2026 y[,] en cuanto al requisito de las semanas, \u2026que si bien para la fecha en que el se\u00f1or URAN (sic) falleci\u00f3 no dej\u00f3 acreditados los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003, tambi\u00e9n lo es que si reun\u00eda los\u2026 de la norma anterior, esto es[,] la primigenia Ley 100, raz\u00f3n por la cual[,] en virtud y aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; el requisito exigible era una cotizaci\u00f3n de 26 semanas en cualquier tiempo si se encontraba cotizando o 26 semanas cotizadas en el a\u00f1o inmediatamente anterior, requisitos ambos que cumpl[i\u00f3] el causante\u00bb. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que, aunque en ese \u00faltimo asunto, el 6 de abril de 2016, el Juzgado Primero Laboral de Medell\u00edn declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de cosa juzgada, tal determinaci\u00f3n la revoc\u00f3 el ad-quem, el 29 de mayo de 2018, disponiendo la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.4. Despu\u00e9s, surtidas las etapas de rigor, el 22 de julio de 2019, dicho Juzgado dict\u00f3 sentencia, en la cual absolvi\u00f3 a la demandada, determinaci\u00f3n que el 21 de mayo de 2021 revoc\u00f3 el Tribunal para, en su lugar, acceder a las pretensiones, decisi\u00f3n \u00faltima que, el 10 de agosto de 2022, cas\u00f3 la Colegiatura accionada y, en sede de instancia, adicion\u00f3 el veredicto del a-quo, \u00abpara declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb, y lo ratific\u00f3 en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
2.5. En sede de tutela, en concreto, la gestora cuestion\u00f3 que la Corporaci\u00f3n acusada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, al desconocer el contenido de los preceptos 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 302 y 303 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que \u00abel objeto de la demanda de casaci\u00f3n orbit\u00f3 en torno a la existencia de la figura procesal de la cosa juzgada\u00bb pero \u00abni en la demanda de casaci\u00f3n ni [en] la respectiva sentencia se hizo an\u00e1lisis alguno frente a la decisi\u00f3n proferida [al respecto] por el Tribunal Superior de Medell\u00edn\u00bb, \u00abpor el contrario[,] aduce argumentos all\u00ed ya resueltos[,] contrariando los mismos; y si bien la\u2026 Corte act\u00faa como \u00f3rgano de cierre, no se puede desconocer que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal [respecto a la inexistencia de cosa juzgada] se encontraba debidamente ejecutoriada\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que \u00abpara que proceda el an\u00e1lisis por v\u00eda de casaci\u00f3n, se debe atender[,] en primera medida[,] a que no se trata de una tercera instancia donde se pueda discutir libremente las pretensiones de la demanda, sino que se tiene que examinar la decisi\u00f3n del Tribunal a fin de hallar[,] bajo los presupuestos legales[,] un error manifiesto contrario a derecho; y es ac\u00e1 donde no se cumple con dicho requisito, toda vez que ni siquiera se invoca dicha causal ni se se\u00f1ala tal posibilidad, por cuanto no se ataca en nada los argumentos de derecho establecidos por el Tribunal\u2026[,] que realiz\u00f3 un an\u00e1lisis sobre los requisitos de la pensi\u00f3n de sobrevivientes y la extensi\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pero en modo alguno analiz\u00f3 en la sentencia de segunda instancia dicha figura procesal [se refiere a la cosa juzgada], precisamente por cuanto la misma ya hab\u00eda sido discutida y debatida en otro estadio procesal\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, lo cierto es que la aparente cosa juzgada no se acredit\u00f3, comoquiera que \u00abal activar nuevamente la jurisdicci\u00f3n[,] predicando no un an\u00e1lisis con base en una variaci\u00f3n sino en que[,] efectivamente[,] se realice bajo este nuevo an\u00e1lisis, no configura materialmente dicha excepci\u00f3n para enervar la pretensi\u00f3n, ya que claramente no se trata de una demanda nueva con variaci\u00f3n jurisprudencial sino de una bajo un an\u00e1lisis no efectuado en el primer proceso, que[,] en otras palabras, no es que la posici\u00f3n cambiara y se pretendiera activar nuevamente la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sino que simplemente la discusi\u00f3n no se llev\u00f3 a cabo, m\u00e1xime que para la calenda inicial ya exist\u00eda la aplicaci\u00f3n de este principio que naci\u00f3 precisamente con la expedici\u00f3n de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte deprec\u00f3 denegar la salvaguarda, resalt\u00f3 que \u00aben la providencia objetada est\u00e1n plasmadas las razones que [la] llevaron\u2026 a resolver el problema jur\u00eddico de la forma consignada en la parte resolutiva de la sentencia\u00bb; y que lo que \u00abse advierte, es una evidente intenci\u00f3n de crear, a trav\u00e9s de esta v\u00eda constitucional, una instancia adicional en la que se reexaminen los elementos de juicio obrantes en el expediente, y as\u00ed obtener la atenci\u00f3n de los argumentos desestimados por el juez natural, lo que no es viable, pues la referida providencia decidi\u00f3 el conflicto con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley, y con fundamentos jur\u00eddicos que distan de ser arbitrarios\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Ana Mar\u00eda L\u00f3pez Monsalve inform\u00f3 que \u00abdesde el a\u00f1o 2006 no represent[a] judicialmente ni al Instituto de Seguro Social ni a lo que hoy es Colpensiones, por lo tanto\u2026[,] solicit[\u00f3] se notifique a la entidad interesada para[,] si a bien lo considera[,] se pronuncie en la tutela de la referencia\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal, as\u00ed como la del \u00abI.S.S. hoy liquidado\u00bb, comoquiera que, \u00abuna vez revisados los aplicativos de consulta con que cuenta la entidad, la p\u00e1gina web de la rama judicial, as\u00ed como el escrito de solicitud de amparo constitucional, se pudo establecer que en la tutela de la referencia NO se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a [ese] Patrimonio\u00bb; aunado a que \u00abel P.A.R ISS carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida; siendo por tanto COLPENSIONES la Entidad actualmente encargada de administrar el mencionado R\u00e9gimen\u00bb. <\/p>\n
4. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones rog\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales\u00bb; igualmente, suplic\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00abla presente tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, as\u00ed como tampoco se encuentra demostrado que\u2026 haya vulnerado los derechos reclamados por el accionante y est\u00e1 actuando conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al considerar que \u00ab[n]o se configura el defecto procedimental absoluto dado que, en la providencia cuestionada, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral abord\u00f3 inicialmente la procedencia de la pensi\u00f3n de sobreviviente con aplicaci\u00f3n del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, sin embargo, mut\u00f3 el sentido de la determinaci\u00f3n al encontrar configurada la causal de excepci\u00f3n de la cosa juzgada en el proceso ordinario laboral censurado\u00bb, efectuando \u00abun an\u00e1lisis minucioso de la normativa aplicable para determinar si hab\u00eda lugar o no a reconocer la pensi\u00f3n\u2026 a la accionante, y con sujeci\u00f3n a la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, y concluyendo que \u00abdeb\u00eda abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo, puesto que se configuraba la [mentada] excepci\u00f3n\u00bb; fundamentaci\u00f3n que \u00abno se vislumbra como grosera o arbitraria[,] pues encuentra soporte en hechos acreditados en el expediente, en la normativa aplicable para el momento\u2026 del fallecimiento del causante y en la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre. Y, aunque se apart\u00f3 del criterio fijado por la Corte Constitucional, lo hizo siguiendo el precedente de la Sala Permanente de Casaci\u00f3n Laboral y exponiendo los argumentos para ello, lo cual se aviene con los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el an\u00e1lisis del a-quo constitucional resulta insuficiente \u00abfrente a los argumentos planteados en el escrito de tutela, ya que no se abordaron concretamente los argumentos de derecho expuestos y que son sustento\u00bb, en tanto que \u00ablo que se est\u00e1 solicitando\u2026 es el amparo del derecho fundamental al debido proceso, con base en el defecto procedimental con base (sic) en los art\u00edculos 90 del CPTSS, 302 y 303 del CGP, solicitando por la resoluci\u00f3n de la cosa juzgada en audiencia que resolvi\u00f3 las excepciones previas y que era el espacio procesal id\u00f3neo, la cual hab\u00eda sido resuelta y se encontraba ejecutoriada la no existencia de la misma (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, se anticipa la improcedencia de la impugnaci\u00f3n impetrada y, por ende, la confirmaci\u00f3n del fallo opugnado, porque no luce arbitraria la providencia de casaci\u00f3n acusada, mediante la cual, el 10 de agosto de 2022, se zanj\u00f3 de forma definitiva el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n, habida cuenta que la autoridad cuestionada, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, arrib\u00f3 a la decisi\u00f3n que se le reprocha. <\/p>\n
2.1. En efecto, de entrada, indic\u00f3 que \u00ab[e]l Tribunal tuvo como fundamento de su decisi\u00f3n que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a la demandante de conformidad con la interpretaci\u00f3n que ha hecho la Corte Constitucional respecto del principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Es as\u00ed como siendo aplicable la Ley 797 de 2003 y siguiendo la jurisprudencia constitucional, el se\u00f1or Tob\u00f3n Uran cumple con el requisito de 26 semanas exigibles en la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
Por ese rumbo, hall\u00f3 que \u00abde las documentales que obran en el expediente\u2026 se desprende lo siguiente\u00bb: <\/p>\n
Que fue presentada demanda ordinaria laboral por\u2026 Ortiz Montehermoso en contra del Instituto de Seguros Sociales en la que se solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes con base en lo dispuesto en la Ley 797 de 2003, causada por la muerte del se\u00f1or\u2026 Tob\u00f3n Uran, quien falleci\u00f3 el 14 de septiembre de 2003, solicitud que fue negada por la entidad administradora. <\/p>\n
Dicho proceso (Rad.05-001-31-05-004-2005-1150) fue decidido mediante sentencia absolutoria por el Juzgado Cuarto Laboral\u2026 de Medell\u00edn y confirmada por\u2026 [el] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, pues no se cumpli\u00f3 con el n\u00famero de semanas exigido por la ley. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n record\u00f3 que \u00abla Corporaci\u00f3n (CSJ SL1686-2017, CSJ SL198-2019, CSJ SL979-2019, CSJ SL4665-2021, CSJ SL2406-2022, entre otras) ha establecido que para que se configure la existencia de la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, de acuerdo al entonces vigente art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso, debe haber identidad de: (i) personas o sujetos, esto es, que se trate de los mismos demandante y demandado; (ii) objeto o cosa pedida, es decir, del beneficio jur\u00eddico que se reclama, y (iii) causa para pedir, que se refiere al fundamento f\u00e1ctico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado\u00bb; y \u00ab[e]xaminadas las providencias judiciales se\u00f1aladas y el actual proceso se encuentra que existe\u00bb: <\/p>\n
Identidad jur\u00eddica de partes: tanto en el expediente Rad 05001310500420051150 y el rad 05001310500120150018300 (proceso actual), las partes que intervienen lo son\u2026 Ortiz Montehermoso y el antiguo Instituto de Seguros Sociales, hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. <\/p>\n
Identidad de objeto: en ambos litigios se pretende obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada con la muerte del se\u00f1or Tob\u00f3n Ur\u00e1n, quien muri\u00f3 el 14 de septiembre de 2003 y con fundamento en lo dispuesto en la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
Identidad de causa: en ambos procesos se solicit\u00f3 el reconocimiento de la prestaci\u00f3n teniendo en cuenta la calidad de c\u00f3nyuge de\u2026Ortiz Montehermoso y la convivencia anterior existente con el causante, as\u00ed como el tiempo cotizado de 112 semanas en toda su vida laboral. <\/p>\n
De lo cual, seguidamente, coligi\u00f3 que le asist\u00eda \u00abraz\u00f3n a la recurrente en que ocurri\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada puesto que, oteados los litigios[,] existe identidad de partes, objeto y causa, en la medida en que no se evidencia ning\u00fan hecho nuevo o sobreviniente que pueda alterar las circunstancias f\u00e1cticas o la causa de la demanda, luego[,] ante la configuraci\u00f3n jur\u00eddica de los presupuestos de la cosa juzgada, \u00e9sta deb\u00eda declararse\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que si bien advert\u00eda \u00abuna interpretaci\u00f3n distinta en relaci\u00f3n con el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, principio aplicado por el Tribunal, lo cierto es que la posici\u00f3n de la Corporaci\u00f3n ha sido pac\u00edfica reiterada y uniforme en reiterar (sic) lo que la doctrina ha se\u00f1alado innumerables veces[,] como es que el mero cambio de jurisprudencia no habilita, en modo alguno, afectar la intangibilidad de una sentencia que ya ha definido el derecho debatido entre quienes fueron sus partes. Precisa la Corte\u00bb: <\/p>\n
Ello, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que el acceso a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces competentes en las diversas causas el deber de resolverlas conforme al ordenamiento jur\u00eddico que las regula, con observaci\u00f3n de las formas propias de cada juicio y, de ser necesario, auxili\u00e1ndose de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, como criterios auxiliares de la actividad judicial que son. Pero a la vez, el ejercicio de tal derecho impone a los particulares, entre otras, la obligaci\u00f3n de colaborar con el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, lo que implica para quienes acuden a ella el acatamiento de lo all\u00ed resuelto, de modo que, por tal raz\u00f3n, la ley procesal protege la definitividad e inmutabilidad que por regla general se predican de la sentencia por medio de la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, que a la vez que propende por la ejecutoria material de lo resuelto por el juzgador del caso, conjura la posibilidad de que respecto de unos mismos y particulares hechos se produzcan decisiones contradictorias. <\/p>\n
Esa la raz\u00f3n para que la cosa juzgada sea garant\u00eda del debido proceso, y la estricta observaci\u00f3n de \u00e9ste, instrumento de prevalencia del derecho sustancial. <\/p>\n
No puede olvidarse, por otro lado, lo que la doctrina ha explicado con suficiencia, esto es, que la excepci\u00f3n de cosa juzgada constituye un impedimento para el estudio de fondo de un asunto por ya haber sido resuelto; en tanto que, la jurisprudencia del caso supone la posibilidad de examinar el fondo del asunto para poder establecer si ha de resolverse igual al que le precede, o si, por el contrario, se justifica dictar una decisi\u00f3n diferente. Y el mero cambio de jurisprudencia no habilita, en modo alguno, afectar la intangibilidad de una sentencia que ya ha definido el derecho debatido entre quienes fueron sus partes. (CSJ SL 4057-2011). Al respecto se pueden consultar las sentencias SL 624-2013, SL 11553-2015) <\/p>\n
Con apoyo en todo lo dicho, de forma categ\u00f3rica, concluy\u00f3 que casar\u00eda \u00abla sentencia acusada\u00bb, quedando relevada \u00abdel estudio de los restantes cargos\u00bb, comoquiera que \u00ab[e]s as\u00ed como sin duda en la identidad partes, causa y objeto, tanto del proceso ya definido con anterioridad y el que actualmente se estudia[,] es evidente la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de la cosa juzgada\u00bb, por lo que deb\u00eda \u00ababstenerse de analizar el planteamiento de fondo, porque as\u00ed lo obliga la prosperidad de dicha figura\u00bb; con lo que, resalt\u00f3, \u00abse evitan pronunciamientos contradictorios y se garantiza la definici\u00f3n de los problemas jur\u00eddicos y que estos se vuelvan interminables, con ello se da certeza a lo ya definido, impidiendo un nuevo estudio de la situaci\u00f3n ya revisada (CSJ SL4746-2020)\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, luego, en sede de instancia, exterioriz\u00f3 que, \u00abpara desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandante[,] resultan suficientes las mismas razones que dieron lugar para casar la sentencia impugnada, es as\u00ed como al existir identidad de partes, objeto y causa, es claro que se configura el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada establecido en el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso, excepci\u00f3n posible de ser declarada oficiosamente conforme la preceptiva contenida en el art\u00edculo 282 del C.G.P. Es as\u00ed como se adicionar\u00e1 la sentencia recurrida para declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada y se adicionar\u00e1 la sentencia de primera instancia para declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada y se confirmar\u00e1 en todo lo dem\u00e1s por las razones expuestas\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed, es claro que lo propuesto por la censora no es m\u00e1s que una diferencia de criterio frente a lo determinado por la Colegiatura que emiti\u00f3 la decisi\u00f3n final atacada, \u00faltima que responde a su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que gobernaban el caso particular, especialmente, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, de cara a la configuraci\u00f3n de la cosa juzgada por el pleito previo entre las mismas partes y la viabilidad de que tal medio exceptivo fuera declarado de oficio, acorde con lo reglado en el precepto 282 del C\u00f3digo General del Proceso, al margen de la ejecutoriedad de las manifestaciones que frente a tal figura se surti\u00f3 con antelaci\u00f3n a las sentencias ante los jueces de instancia. <\/p>\n
En este orden de ideas, muy a pesar de las alegaciones de la quejosa, espec\u00edficamente en cuanto a la supuesta inexistencia de la cosa juzgada, lo cierto es que aquellas inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7822-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7822-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01199-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Paula Andrea Ortiz Montehermoso frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75434","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75434"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75434\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75434"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75434"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}