STC7824-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7824-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00879-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. – Helicol S.A.S. (en reorganizaci\u00f3n) frente al fallo proferido el pasado 14 de junio por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Carolina Herrera Vargas contra la Superintendencia de Sociedades – Delegatura para Procesos de Insolvencia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, trabajo y seguridad social, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada al reconocer un cr\u00e9dito en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abORDENAR a la Superintendencia [encausada que]\u2026 deje sin efecto y\u2026 REVOQUE la decisi\u00f3n tomada\u2026 [el] (03) de noviembre de 2022, en donde se le reconoci\u00f3 al se\u00f1or Fernando Pe\u00f1a Baquero una suma de m\u00e1s de\u2026 ($12.113\u2019302.650) por un supuesto cr\u00e9dito laboral. Lo anterior, por violar el derecho al debido proceso, y poner en riesgo de perjuicio irremediable los derechos de los trabajadores de la empresa\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para definir este caso: <\/p>\n
2.1. Narr\u00f3 la accionante que en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. – Helicol S.A.S. (en reorganizaci\u00f3n), la Superintendencia acusada, al resolver sobre las objeciones y aprobaci\u00f3n de los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de voto, \u00abreconoci\u00f3 al acreedor Fernando Pe\u00f1a Baquero acreencias laborales por la suma de $12.113.302.650\u00bb y declar\u00f3 \u00abno prosperadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la concursada, dentro del proceso ejecutivo No. 2018-028 adelantado por Fernando Pe\u00f1a Baquero\u00bb. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la actora se doli\u00f3 de que, en detrimento de la empresa all\u00ed concursada, en la que labora desde el 14 de octubre de 2009 como coordinadora comercial y de servicio al cliente, la Superintendencia encartada, injustificadamente, impuso a esa sociedad hacerse cargo de un valor que nunca fue fijado en el proceso laboral a favor de Pe\u00f1a Baquero. <\/p>\n
Destac\u00f3 que con tal proceder, sus derechos, al igual que los de los dem\u00e1s trabajadores de esa entidad, especialmente su m\u00ednimo vital, tambi\u00e9n resultan conculcados, al afectarse \u00abel capital para pagar salarios, o inclusive, la vinculaci\u00f3n laboral\u00bb, caus\u00e1ndoseles un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades solicit\u00f3 \u00ab[n]o tutelar, en la medida en que no se encuentra acreditada ni configurada ninguna vulneraci\u00f3n ni amenaza al derecho fundamental invocado como transgredido de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abha fundamentado en debida forma cada una de las decisiones proferidas en la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones y que han sido impugnadas en sede constitucional, en la medida que han sido consecuentes y obedecen a la aplicaci\u00f3n de la normatividad vigente. Contrario a lo que sostiene la parte accionante, [sus] decisiones\u2026 tuvieron en cuenta las manifestaciones realizadas en los memoriales y las pruebas allegadas al expediente y se ha velado por el estricto cumplimiento de la ley de insolvencia, garantizando los derechos de las partes del proceso y dando atenci\u00f3n oportuna a cada una de las solicitudes y requerimientos\u00bb; que no vulner\u00f3 los derechos invocados por la quejosa \u00abdebido a que est[a] durante toda la actuaci\u00f3n, no particip\u00f3 e intervino en la audiencia adelantada entre los d\u00edas 31 de octubre y 03 noviembre de 2022, aun cuando\u2026 le permiti\u00f3 a cada uno de los intervinientes, realizar las manifestaciones correspondientes dentro de cada etapa procesal\u00bb; y que \u00ab[a]ceptar un planteamiento en contrario, establecer\u00eda como precedente que se puede promover la acci\u00f3n de tutela para revivir una etapa procesal que est\u00e1 precluida y que cuenta con una decisi\u00f3n judicial ejecutoriada[,] instrument\u00e1ndose este medio preferencial y sumario como una instancia adicional para discutir las decisiones del juez del concurso\u00bb. <\/p>\n
2. Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. – Helicol S.A.S. (en reorganizaci\u00f3n) deprec\u00f3 se accediera al ruego tutelar porque, en lo medular, las decisiones irregulares de la entidad encausada \u00abponen en riesgo la estabilidad econ\u00f3mica\u2026 para el desarrollo de su actividad econ\u00f3mica, y por ende, pone\u2026 en riesgo el derecho al trabajo y todos aquellos derechos fundamentales que derivan de este para los trabajadores vinculados directa o indirectamente a la compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n determinando y notificando a \u00abtodos los intervinientes en el criticado tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial de Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. \u2013 Helicol\u00bb, de acuerdo a lo dispuesto por esta Sala en auto del pasado 30 de mayo (ATC571-2023); hall\u00f3 improcedente la salvaguarda porque \u00abquien acude en tutela carece de legitimaci\u00f3n para censurar, en ejercicio de este especial mecanismo de defensa, las actuaciones judiciales al interior del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n\u2026, en la medida que\u2026 no integra ninguno de los extremos procesales ni est\u00e1 reconocida como intervinientes (sic)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00absin perjuicio de lo anterior y en gracia de discusi\u00f3n, si se aceptara el inter\u00e9s de la pretensora por el perjuicio que alega puede recibir ante la eventualidad que la empresa dejara de existir en raz\u00f3n de la suma de dinero reconocida al acreedor laboral y con ello, la p\u00e9rdida de su puesto de trabajo, se tiene que en el plenario no se acredit\u00f3 el sustento de su dicho, en tanto\u2026 se sustrajo de aportar prueba alguna de la afectaci\u00f3n grave, inminente, urgente e impostergable que deba ser conjurada por el juez constitucional, a la vez que se limit\u00f3 a manifestar que la actuaci\u00f3n judicial que se reprocha podr\u00eda afectar la sociedad en reorganizaci\u00f3n, lo cual imposibilita que se advierta que en efecto con la actuaci\u00f3n se cause un da\u00f1o irreparable\u00bb; y que \u00abla vulneraci\u00f3n o amenaza a las garant\u00edas constitucionales de las que se peticiona amparo no viene cierta y ostensiblemente acreditada, motivo por el cual no hay lugar a tomar medida de protecci\u00f3n para conjurar un da\u00f1o a los postulados que deben protegerse con ocasi\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, pues a\u00fan el tr\u00e1mite se encuentra pendiente del acuerdo de acreedores que debe presentarse al juez del concurso, los contratos laborales est\u00e1n vigentes y la decisi\u00f3n judicial se tiene sustentada dentro del marco de autonom\u00eda que le asiste al juez del concurso, aunado a que no obra en el proceso de insolvencia solicitud alguna en procura de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas aqu\u00ed reclamadas para, en todo caso, al interior del tr\u00e1mite concursal el juez de conocimiento valore la necesidad de adoptar alguna medida\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. – Helicol S.A.S. (en reorganizaci\u00f3n) aduciendo que, contrario a lo definido por el fallador de primer grado, fue plenamente acreditado el inter\u00e9s leg\u00edtimo de la accionante para concurrir a este mecanismo de protecci\u00f3n excepcional en pro de sus derechos esenciales al trabajo, seguridad social y m\u00ednimo vital, en tanto que el potencial detrimento econ\u00f3mico en contra de esa compa\u00f1\u00eda, derivado del irregular reconocimiento del cr\u00e9dito criticado, afecta directamente su fuente de empleo y la de los dem\u00e1s trabajadores de esa sociedad, sin que la Superintendencia acusada los hiciera participes del proceso, siendo este el \u00fanico remedio con el que cuentan para evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable en su disfavor. <\/p>\n
De otra parte, afirm\u00f3 que era evidente la conculcaci\u00f3n de su derecho al debido proceso con el reconocimiento del cr\u00e9dito laboral a favor de Pe\u00f1a Baquero, en tanto que, sin tener competencia para ello, remplazando arbitrariamente al juez natural del asunto laboral, la accionada fij\u00f3 una suma excesiva e injustificada a favor de aqu\u00e9l. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, anticipa la Corte el fracaso de la opugnaci\u00f3n propuesta, lo que impone confirmar el fallo del a-quo constitucional, comoquiera que la peticionaria, Diana Carolina Herrera Vargas, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. – Helicol S.A.S. (en reorganizaci\u00f3n), que cursa ante la Superintendencia accionada, por no ser parte ni interviniente reconocida en dicha contienda. <\/p>\n
2.1. Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n, que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente. <\/p>\n
En cuanto al alcance del citado canon 10\u00ba, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
\u2026Examinada la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo, especialmente las actuaciones surtidas en el proceso de insolvencia criticado, advierte la Sala el fracaso de la solicitud de amparo, porque es evidente que los quejosos, carecen de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el mentado juicio, por no ser parte ni intervinientes en dicho asunto. <\/p>\n
En efecto, verificado el expediente se observa que la defensa de los accionantes principales y la empresa Helicol en la impugnaci\u00f3n radica en que se ver\u00edan afectados los derechos al trabajo y al m\u00ednimo vital de Paula Goseth Mej\u00eda Aguirre, Erika Milena Jim\u00e9nez Ortiz y Luis Eduardo Mayorga P\u00e9rez como trabajadores si se comenten errores tal como el acusado en esta tutela contra la empresa en tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n, no en su calidad de extremos activos o pasivos de dicho proceso. <\/p>\n
En un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Lo anterior resulta suficiente para denegar el resguardo invocado, as\u00ed como para derruir los argumentos propuestos en las impugnaciones relacionadas supra (CSJ STC3966-2023, 26 abr., rad. 2023-00413-01). <\/p>\n
2.3. En id\u00e9ntico sentido, m\u00e1s recientemente, en un asunto sim\u00e9trico, plenamente aplicable al de ahora, para mantener la negativa frente a la solicitud de protecci\u00f3n, como ac\u00e1 se impone, in extenso, esta Corte encontr\u00f3 que: <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, as\u00ed como por la falta de demostraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
1.- En tal sentido, cabe resaltar que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para el ejercicio de este remedio excepcional la existencia de \u00abun inter\u00e9s que legitime [la] intervenci\u00f3n\u00bb del precursor, que se predica, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, de la persona a quien se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. De suerte que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso (\u00e9nfasis agregado)\u201d. <\/p>\n
Ahora, cuando la tutela se presenta contra una actuaci\u00f3n judicial, esta Sala ha sentado que s\u00f3lo puede acudir a este remedio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero dentro del proceso en el que se desarroll\u00f3 la misma, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
En igual sentido, en sentencia STC4993-2018, reiterada en STC9841-2021, esta \u00faltima en un proceso similar al que ac\u00e1 se estudia, esboz\u00f3 la Sala: <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal. (Negritas ajenas al texto – CSJ STC12873-2018). <\/p>\n
(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (Negritas ajenas al texto – CSJ STC4993-2018). <\/p>\n
Revisado el asunto encuentra la Sala que, la gestora del amparo no es parte dentro del proceso de reorganizaci\u00f3n, sino que, como lo afirm\u00f3 desde su libelo, su inter\u00e9s radica en su calidad de trabajadora de la compa\u00f1\u00eda. En este orden de ideas, no se cumple con la legitimaci\u00f3n en la causa lo que impide el estudio del fondo del asunto. <\/p>\n
2.- Ahora bien, en el escenario en el que se entendiera cumplido el primero de los requisitos, no se demostr\u00f3 dentro del proceso los supuestos para la existencia de un perjuicio irremediable. A pesar de los esfuerzos argumentativos en ese sentido, lo cierto es que, en otra tutela iniciada por Helicol S.A., se efectu\u00f3 un an\u00e1lisis constitucional sobre la misma decisi\u00f3n reprochada en este amparo, en el que la Sala Laboral en segunda instancia concluy\u00f3 que no existi\u00f3 ning\u00fan yerro que invalidara la decisi\u00f3n tomada por el Juez del concurso, as\u00ed: <\/p>\n
Ante este escenario, es inequ\u00edvoco que la exposici\u00f3n de argumentos del Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, dentro del asunto controvertido, estuvo apoyada en el acervo probatorio y el ordenamiento jur\u00eddico que lo rige, es decir, que con tal an\u00e1lisis se descarta la configuraci\u00f3n de los defectos endilgados. <\/p>\n
Entonces, es evidente que en esta oportunidad no se estructuraron los presupuestos que, excepcionalmente, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela en asuntos propios del juez natural, pues este cumpli\u00f3 sin duda alguna, con su leg\u00edtima tarea de impartir justicia en uso de su competencia, de manera que no hay lugar, a la intervenci\u00f3n del juez de tutela para adoptar medidas constitucionales urgentes. <\/p>\n
En suma, el hecho de que la accionante no coincida con la valoraci\u00f3n probatoria de la accionada, o no lo comparta, no invalida necesariamente su actuaci\u00f3n y, mucho menos, la hace susceptible de ser modificada por v\u00eda de tutela, pues lo cierto es que el discernimiento de la autoridad acusada vertido en el referido prove\u00eddo deriva de un enfoque jur\u00eddico respetable y, por tanto, sostenible de cara a la censura promovida mediante el derecho de amparo constitucional (STL637-2023) <\/p>\n
Sumado a ello, como lo indic\u00f3 la Delegatura accionada en el informe que se entiende rendido bajo juramento, el valor total del pasivo reorganizable de la compa\u00f1\u00eda frente a otros acreedores asciende a $74.370.445.293, motivo por el cual no se aclar\u00f3 el perjuicio irremediable que supuestamente se le causar\u00eda con el reconocimiento \u00fanicamente del pasivo laboral objeto de estudio (CSJ STC4163-2023, 3 may., rad. 2023-00511-01). <\/p>\n
2.4. Entonces, se itera, habida cuenta que la accionante no es parte ni interviniente reconocida en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. – Helicol S.A.S. (en reorganizaci\u00f3n) que, por v\u00eda de tutela, cuestion\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n que le impide promover el resguardo a t\u00edtulo personal, sin que el hecho de que sea empleada de tal compa\u00f1\u00eda, como qued\u00f3 visto, la habilite para acudir a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n y criticar las decisiones adoptadas en tal decurso, m\u00e1xime cuando las inconformidades atinentes a las eventuales falta de pago de sus salarios y dem\u00e1s prestaciones, as\u00ed como de su desvinculaci\u00f3n laboral, adem\u00e1s de mostrarse hipot\u00e9ticas, resultan ajenas al debate que se debe surtir en ese tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. De otro lado, el ruego supralegal tampoco se abre paso de cara a las manifestaciones de Helicol S.A.S. (en reorganizaci\u00f3n) en cuanto a que debi\u00f3 ampararse su derecho al debido proceso, comoquiera que si bien esa entidad concurri\u00f3 a este tr\u00e1mite deprecando la concesi\u00f3n de la salvaguarda rogada por Diana Carolina Herrera Vargas frente a sus derechos esenciales -cuya viabilidad qued\u00f3 descartada en precedencia-, lo cierto es que el ordenamiento jur\u00eddico no la faculta para, mediante tal coadyuvancia, modificar las pretensiones de la demanda de tutela en cuesti\u00f3n, circunscritas a las garant\u00edas de primer grado de Herrera Vargas, para obtener el resguardo de las suyas, y en esa medida la Corte no est\u00e1 compelida a pronunciarse sobre sus reclamaciones. <\/p>\n
Al respecto, en punto a la improcedencia de que los terceros intervinientes alteren los designios del liminar reclamo tutelar, a trav\u00e9s de la figura de coadyuvancia, de manera insistente esta Sala ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026frente a los reproches de la coadyuvante\u2026 los mismos no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, mas no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (CSJ, STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545; reiterado en STC5392-2023, 7 jun., rad. 2023-00606-00). <\/p>\n
4. Lo considerado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a los interesados, mediante el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7824-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC7824-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00879-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Helic\u00f3pteros Nacionales de Colombia S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75436","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75436\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}