STC7825-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7825-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 63001-22-14-000-2023-00053-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de junio de 2023 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Marcelo Piedrahita Mej\u00eda contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Quimbaya. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abderecho de defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la autoridad acusada con la decisi\u00f3n proferida dentro del proceso reivindicatorio radicado 2023-0044-00, en el cual se declar\u00f3 la falta de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, dejar sin efectos la providencia del 30 de marzo de 2023 emitidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia y, en consecuencia, se proceda a hacer el estudio de admisibilidad de la demanda teniendo en cuenta que se trata de un asunto de mayor cuant\u00eda si se tiene en cuenta los frutos civiles pretendidos. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. Al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia correspondi\u00f3 por reparto demanda reivindicatoria sobre un bien inmueble rural de propiedad del accionante, llamado Santa In\u00e9s, ubicado en la vereda El Laurel del municipio de Quimbaya -Quind\u00edo, en el cual, adem\u00e1s, pretende el pago de frutos civiles, los cuales fueron estimados bajo juramento en la suma de $190\u00b4000.000. <\/p>\n
2.2. Que el despacho judicial accionando mediante prove\u00eddo del 30 de marzo de 2023, rechaz\u00f3 la demanda aduciendo falta de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, determinando esta en forma exclusiva con el aval\u00fao catastral del predio, el cual ascend\u00eda a $13\u00b4315.000, aplicando el numeral 3 del art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso, disponiendo su remisi\u00f3n a los Juzgados Promiscuos Municipales de Quimbaya \u2013 Reparto. <\/p>\n
2.3. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, las cuales fueron desestimados en auto del 24 de abril de 2023, por no ser el auto recurrido susceptible de cuestionamiento. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia alleg\u00f3 escrito de r\u00e9plica en el cual defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n de rechazar la demanda por falta de competencia teniendo en cuenta la cuant\u00eda del pleito, puesto que tal determinaci\u00f3n se soport\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la normatividad que rigen el asunto, por lo que pidi\u00f3 negar la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Quimbaya, comparti\u00f3 el link de acceso al expediente y, adem\u00e1s, inform\u00f3 que la demanda reivindicatoria fue inadmitida mediante auto del 2 de mayo de 2023 y rechazada en prove\u00eddo adiado el 11 de mayo, tras la ausencia de subsanaci\u00f3n por el demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo deneg\u00f3 el amparo tras considerar que, de la comprensi\u00f3n de los razonamientos expuestos en la decisi\u00f3n, \u00e9stos, con independencia de ser compartidos, no lucen arbitrarios o caprichosos, es decir, se descarta la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, lo que impide as\u00ed la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor insisti\u00f3 en sus planteamientos iniciales, los que adujo desatendidos por el juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto en el prove\u00eddo del 30 de marzo de 2023, el Juzgado convocado resolvi\u00f3 rechazar la demanda reivindicatoria tras considerar que no era competente en atenci\u00f3n a la cuant\u00eda del asunto. <\/p>\n
Lo anterior, bajo el argumento que, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso, si se tiene en cuenta el aval\u00fao catastral del inmueble objeto de litigio el cual asciende a la suma de $13\u00b4315.000, en concordancia con el canon 25 ibidem, la acci\u00f3n reivindicatoria pretendida corresponde a un asunto de m\u00ednima cuant\u00eda puesto que no excede los 40SMMLV, respecto de lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) Estudiada la demanda del asunto, encuentra el Juzgado que carece de competencia, al tratarse de un proceso de m\u00ednima cuant\u00eda. <\/p>\n
El art. 26 n\u00fam. 3\u00ba, dispone que la competencia en raz\u00f3n de la Cuant\u00eda, para este tipo de procesos se determina as\u00ed: <\/p>\n
\u201c3. En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de la titulaci\u00f3n y los dem\u00e1s que versen sobre el dominio o la posesi\u00f3n de bienes, por el aval\u00fao catastral de estos\u201d (subraya fuera de texto) <\/p>\n
Por su parte, los numerales 1\u00ba. De los art\u00edculos 17 y 18 del CGP, explica la competencia en \u00fanica y primera instancia de los Jueces Civiles Municipales. <\/p>\n
De acuerdo con ello, advierte el despacho que en el caso bajo estudio, la pretensi\u00f3n Reivindicatoria, se dirige a que se declare que el demandante es propietario del inmueble denominado Santa In\u00e9s de matr\u00edcula inmobiliaria No. 280-7690, y que se ordene a la entidad demandada restituir dicho inmueble al demandante, adem\u00e1s del pago de los frutos civiles o naturales. <\/p>\n
Como anexos relacionados en las pruebas, se encuentra el aval\u00fao catastral del inmueble que para estos efectos es el que fija la cuant\u00eda, cuyo valor asciende a la suma de $13.315.000, suma que de acuerdo con el art. 25 ibidem, corresponde a m\u00ednima cuant\u00eda al no exceder dicho valor los 40smlmv. <\/p>\n
As\u00ed mismo, de acuerdo con el factor territorial y en trat\u00e1ndose de derechos reales, conforme al n\u00fam. 7\u00ba. Del art 28 ibidem, ser\u00e1 en el lugar donde se encuentren ubicados los bienes; que en este caso corresponde al Municipio de Quimbaya Quind\u00edo. (\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las determinaciones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio de cara a la decisi\u00f3n de la autoridad fustigada al declarar la falta de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda para conocer de la acci\u00f3n reivindicatoria incoada por el actor, en cuyo caso, los argumentos esbozados por la autoridad judicial fustigada no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juzgador constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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