STC7830-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7830-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02975-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Zamora Mendoza y Ana Celia Mancipe Sarmiento contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad y, citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual No. 11013103031-2015-00684-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, adem\u00e1s a \u00abtener una pronta y cumplida justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron que en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que promovieron contra Ad\u00e1n Mart\u00ednez Rubio y otros, el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que recurrieron en apelaci\u00f3n los demandados. <\/p>\n
Explicaron que desde el 17 de junio de 2023 se cumpli\u00f3 el t\u00e9rmino ordenado por el Tribunal Superior accionado en auto de 23 de septiembre de 2022, para resolver el recurso, en el que aspiran obtener los dineros que a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n fueron reconocidos en el fallo del a quo, por la muerte violenta en accidente de tr\u00e1nsito de su hijo Indalencio Zamora Mancipe. <\/p>\n
Afirmaron que, el expediente se encuentra en el despacho del Magistrado hace m\u00e1s de un a\u00f1o y un mes sin resolver el recurso, por lo que, consideraron que esa mora judicial los perjudica econ\u00f3mica y moralmente, porque carecen de los recursos m\u00ednimos necesarios para su subsistencia puesto que depend\u00edan econ\u00f3micamente de su hijo fallecido, son campesinos, no tienen en la actualidad ning\u00fan ingreso, y tampoco son pensionados. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos hechos, solicitaron ordenar al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados contra la sentencia proferida en primera instancia. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y se dispuso el traslado a los accionados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso que motiv\u00f3 esta tutela, para que ejercieran su derecho a la defensa.\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Magistrada Stella Mar\u00eda Ayazo Perneth respondi\u00f3 que tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el 20 de abril de 2023, y encontr\u00f3 el despacho con un considerable volumen de procesos para sentencia, 56 asuntos declarativos, 15 ejecutivos, y otros, de los cuales 50 tienen auto de pr\u00f3rroga de t\u00e9rmino, as\u00ed como 85 apelaciones de autos. <\/p>\n
Manifest\u00f3, adem\u00e1s, que como el reparto de tutelas fue suspendido para ese despacho entre el 15 de marzo al 20 de abril 2023, la compensaci\u00f3n fue de casi 100 acciones de constitucionales. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que para los asuntos civiles adopt\u00f3 medidas de contingencia, tales como someter los expedientes a estudio por materia, hecho que ha dado resultado pues en estos tres meses ha proferido 18 fallos, y en lo que ata\u00f1e al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n objeto de tutela, dijo que en la actualidad se encuentra en turno No. 2 de verbales para decidir y, el proyecto ser\u00eda llevado a la Sala de decisi\u00f3n de 9 de agosto de 2023, y una vez aprobado por la totalidad de los integrantes de la Sala se notificara la decisi\u00f3n a los interesados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El C\u00f3digo General del Proceso dispone que en las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia, los jueces y magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente ingrese al despacho para tal fin (art. 120). <\/p>\n
La misma normativa establece que para resolver la segunda instancia, no se podr\u00e1 superar el plazo de seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretaria del Juzgado y Tribunal (inciso 1\u00ba art\u00edculo 121 ibidem), tambi\u00e9n instituye que excepcionalmente ese tiempo se puede prorrogar hasta por seis (6) meses m\u00e1s, mediante auto \u00abcon explicaci\u00f3n de la necesidad de hacerlo\u00bb (inciso 5\u00ba ib). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Ahora bien, cuando se alega una eventual mora judicial, la Sala ha se\u00f1alado, <\/p>\n
(\u2026) El legislador ha previsto plazos para que las autoridades judiciales tramiten los asuntos a cargo. Ello, no solo para materializar el derecho de las personas a que sus prerrogativas y deberes sean reconocidos en un plazo razonable, sino para garantizar la efectividad de estos. <\/p>\n
Quien acude a la jurisdicci\u00f3n con el fin de que se le resuelva alg\u00fan conflicto que lo afecta, pone nada m\u00e1s y nada menos que, su vida, familia y patrimonio en manos de servidores judiciales. As\u00ed que, a tono con esa gran responsabilidad, se reclama de ellos diligencia en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo. Principio y deber, que de acuerdo con el \u00abComentario sobre los Principios de Bangalore sobre conducta judicial\u00bb, requiere que \u00abla magistratura \u2018desempe\u00f1e todos los deberes judiciales […] de manera eficiente, justa y con una prontitud razonable\u2019\u00bb. De nada vale el reconocimiento de un derecho, si luego, ante el tiempo que ha tomado su definici\u00f3n, aquel carecer\u00e1 de toda eficacia. (\u2026) <\/p>\n
En los tiempos que corren, en los que los que la conflictividad social se ha incrementado, y con ello, el n\u00famero de causas que debe resolver la administraci\u00f3n de justicia, la mora judicial se ha normalizado. Se ha vuelto tan ordinario no atender oportunamente las causas, que acatar los tiempos o no da lo mismo, cuando no es ni deber\u00eda ser as\u00ed. <\/p>\n
No hay duda de que los anotados factores afectan el cumplimiento de los plazos consagrados por el legislador. Por eso, es comprensible que cuando ellos concurren, todas las controversias o algunas de ellas no se impulsen en tiempo. Pero ello no significa que el retardo est\u00e9 bien, o que este pueda asumirse como \u00abnatural\u00bb, ni mucho menos que el deber de los servidores de sustanciar oportunamente los asuntos se extinga. No. Como se vio, lo que est\u00e1 en juego es la efectividad de los derechos de los asociados. Por tanto, la diligencia que se reclama de las autoridades jurisdiccionales, impone, tambi\u00e9n, adoptar medidas razonables y concretas para superar la congesti\u00f3n. Todo, a fin de solucionar las contiendas oportunamente o en un plazo razonable. Mem\u00f3rese que \u00ab[l]a judicatura es una instituci\u00f3n de servicio a la comunidad\u00bb, de ah\u00ed que quienes laboran en ella est\u00e1n llamados a implementar las iniciativas que se estimen \u00fatiles para el mejoramiento del servicio. <\/p>\n
Es que, pese a que la congesti\u00f3n judicial es un problema que afecta a la mayor\u00eda de los juzgados, propiciado, seg\u00fan se vio por m\u00faltiples factores, eso no releva al fallador y a sus colaboradores de enfilar esfuerzos para conjurar el problema, ya que pueden hacerlo a trav\u00e9s de los recursos de los que disponen, o gestionando aquellos que no tienen\u201d (CSJ. STC13282-2022, STC13287-2022, reiterada en STC3945-2023). <\/p>\n
Igualmente ha hecho \u00e9nfasis en la importancia del cumplimiento de los t\u00e9rminos judiciales, y ha dicho que la mora judicial que puede ser amparada con este mecanismo excepcional, \u00abes aquella que es el resultado \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ. STC11155-2022, STC11379-2022, entre otras). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha se\u00f1alado para que la prosperidad del amparo frente a la mora judicial se requiere, <\/p>\n
(\u2026) en principio, (i) advertirse la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos en las normas, (ii) la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento y (iii) la trascendencia de la vulneraci\u00f3n. En sentencia reciente, la Sala explic\u00f3 cada uno de los anteriores puntos, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cDesde esta perspectiva, la viabilidad de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial depende de que, en principio, se advierta la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n y la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
3.1.- Para establecer lo primero, deber\u00e1 definirse cu\u00e1l es la norma que fija los plazos para atender la solicitud, y verificar que, en efecto, hayan sido superados al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
3.2.- Para lo segundo, importa indagar por las circunstancias que originaron la mora y c\u00f3mo ellas la provocaron. Con ese fin, deber\u00e1 confrontarse el expediente y analizarse las razones esgrimidas por el servidor judicial en aras de exculpar la desatenci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Ahora, no cualquier motivo tiene la virtualidad de escudar la mora judicial, solo aquella que la justifique, esto es, que pruebe, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la omisi\u00f3n no es atribuible a la dependencia judicial. As\u00ed se infiere al acudir al Diccionario de la lengua espa\u00f1ola que define el verbo \u00abjustificar\u00bb como la acci\u00f3n de \u00abprobar algo con razones convincentes, testigos o documentos\u00bb, \u00abprobar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que cuando se trata de justificar la tardanza en resolver alg\u00fan asunto, las agencias judiciales deber\u00e1n demostrar, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la mora en que han podido incurrir es extra\u00f1a al cumplimiento del deber de diligencia que se reclama de ellas. <\/p>\n
Una de esas razones convincentes que pueden justificar la mora es la congesti\u00f3n judicial. Pero, como hacerlo equivale a probar que la inobservancia de los plazos es ajena al aludido deber de diligencia, cuando dicha circunstancia se alegue, no ser\u00e1 suficiente que el servidor la invoque. Deber\u00e1, adem\u00e1s, traer a este escenario prueba i) de su congesti\u00f3n, de suerte que el juez constitucional pueda constatar la carga laboral invocada; ii) de c\u00f3mo ella impacta en la atenci\u00f3n oportuna del caso concreto; iii) al igual que de las medidas razonables y concretas que ha enfilado para superar el represamiento. <\/p>\n
Es que, si bien, como se advirti\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, la congesti\u00f3n judicial tiene la capacidad de perturbar el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia y se predica de la mayor\u00eda de las agencias judiciales, no por eso puede acudirse a ella, gen\u00e9ricamente, para respaldar la mora. <\/p>\n
Lo anterior, porque dada la diversidad de controversias que la jurisdicci\u00f3n atiende, su naturaleza y complejidad, la demanda de justicia, as\u00ed como la distribuci\u00f3n de los jueces a lo largo del territorio nacional, la admisibilidad de las exculpaciones debe analizarse en cada caso en concreto, a la luz de sus particularidades. As\u00ed, un a\u00f1o de mora o m\u00e1s podr\u00e1 estar justificado en un asunto, mientras que, en otro, puede no estarlo ante los rasgos que lo caracterizan. <\/p>\n
Entonces, cuando en el marco de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial los funcionarios y empleados disculpen la tardanza en la congesti\u00f3n del despacho, deber\u00e1n justificarla a trav\u00e9s de la prueba de su existencia, de su incidencia en la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos, as\u00ed como de la debida diligencia empleada para remediarla. <\/p>\n
3.3.- Al lado de los anteriores criterios, a fin de determinar si es viable o no este sendero para que cese la mora judicial, se encuentra el de trascendencia la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Al igual que en otro tipo de auxilios, importa indagar, a efectos de determinar si la intervenci\u00f3n constitucional es o no necesaria, por el grado en que la acci\u00f3n o la vulneraci\u00f3n de la autoridad denunciada hiere las garant\u00edas fundamentales de quien la implora. <\/p>\n
Ahora, la citada trascendencia en ayudas como esta, en las que se denuncia la mora de las autoridades judiciales, se traduce en determinar la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante\u00bb (CSJ. STC13282-2022, STC13287-2022, reiterada en STC3945-2023). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el link que contiene la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual promovida por \u00c1lvaro Zamora Mendoza y Ana Celia Mancipe Sarmiento contra Ad\u00e1n Mart\u00ednez Rubio, y otros, se encuentran relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, las siguientes actuaciones, <\/p>\n
3.1 El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 23 de junio de 2022 admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados contra la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad y, orden\u00f3 correr traslado para la sustentaci\u00f3n a los apelantes y al no recurrente. <\/p>\n
3.2 El 23 de septiembre de 2022, dispuso a prorrogar el t\u00e9rmino de seis (6) meses para resolver la instancia. <\/p>\n
3.3 El expediente ingreso a despacho el 5 de octubre de 2022. <\/p>\n
3.4 El apoderado judicial de los demandantes radic\u00f3 memoriales el 5, 21 de junio, y 28 de julio de 2023 en el correo secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co, en los que solicit\u00f3 \u00abimpulso procesal\u00bb. <\/p>\n
4. Ahora bien, advierte la Sala que seg\u00fan la respuesta enviada por la Magistrada a cuyo cargo se encuentra el recurso, tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el 20 de abril de 2023, recibi\u00f3 el despacho con un atraso significativo porque se encontraban pendientes de sentencias, con el t\u00e9rmino del art\u00edculo 12 de la Ley 2283 de 2022 vencido, un total de 56 recursos de apelaciones en procesos declarativos, 15 en acciones ejecutivas, 85 apelaciones de autos en asuntos civiles, y como el reparto de acciones constitucionales estuvo suspendido entre el 15 de marzo y el 20 de abril de 2023, una vez se posesion\u00f3 le fueron compensadas 100 acciones de tutela (57 de segunda y 43 de primera). <\/p>\n
Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que en lo que corresponde a asuntos civiles, el 3 de agosto de 2023 resolvi\u00f3 \u00abtomar medidas de contingencias para descongestionar el despacho, como someter a decisi\u00f3n los expedientes por materia, hecho que ha dado resultado que se demuestra en estos 3 meses, as\u00ed: total de asuntos de sentencias proferidas 18, 10 ejecutivos; 6 verbales y 2 recursos de anulaci\u00f3n de laudo arbitral. Los anteriores datos son con corte al 3 de agosto de 2023\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e al expediente No 031-2015-00684-04 explic\u00f3 que, \u00abla actualidad se encuentra en turno n\u00famero de 2 de verbales para decidir y el proyecto ser\u00e1 llevado a Sala de Decisi\u00f3n el 9 de agosto de 2023 y, una vez sea aprobado por la totalidad de los integrantes de la colegiatura a la que pertenezco, se notificar\u00e1 la decisi\u00f3n conforme al inciso 2 del art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022 concordante con el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Puestas, as\u00ed las cosas, advierte la Sala que, si bien es cierto el plazo para proferir sentencia se encuentra vencido, no lo es menos, que como en ese despacho ocurri\u00f3 el cambi\u00f3 del Magistrado titular el 20 de abril de 2023, con ese evento se renov\u00f3 el t\u00e9rmino para que el Tribunal decida la instancia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se pudo observar que el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales para decidir, no han ocurrido por una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongarlo indebidamente, por el contrario, obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas, por lo que, el examen de la presunta actitud omisiva debe evaluarse, a partir de la situaci\u00f3n individual del despacho accionado, esto es, que cuando se tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo recibi\u00f3 un gran n\u00famero de asuntos asignados pendientes para proferir sentencia, as\u00ed como actuaciones para desatar recursos de apelaci\u00f3n de auto, y que, adem\u00e1s, atendi\u00f3 100 acciones de tutela desde que se reactiv\u00f3 el reparto. <\/p>\n
Igualmente, ha de tenerse en cuenta que, con ocasi\u00f3n de las medidas de contingencia adoptadas por la Magistrada sustanciadora, y encaminadas a conjurar esa mora, ha proferido sentencias en acciones declarativas, as\u00ed como ejecutivas, y se\u00f1al\u00f3 que, al agrupar las actuaciones por materia para su estudio, el proceso de los demandantes aqu\u00ed accionantes identificado con el No. 2015-00684-04 se encuentra en turno No. 2 para resolver, y ser\u00e1 llevado a Sala de decisi\u00f3n el 9 de agosto de 2023. <\/p>\n
5. De otra parte, para establecer si es viable o no el amparo constitucional implorado, se debe analizar la trascendencia de la vulneraci\u00f3n, en este caso, los accionantes adujeron que la mora en resolver los ha perjudicado econ\u00f3micamente porque carecen de los recursos necesarios para su subsistencia, y requieren que se profiera el fallo para \u00abobtener los dineros a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n concedida en sentencia\u00bb, en este punto, es claro que los demandantes tienen una mera expectativa, en raz\u00f3n a que la decisi\u00f3n puede ser confirmada, revocada o modificada por el superior, y tampoco se trata de sujetos de especial protecci\u00f3n o de personas en condiciones de discapacidad, como para ordenar que la actuaci\u00f3n sea examinada con prioridad. <\/p>\n
6. Adicionalmente la Sala ha se\u00f1alado que el juez de tutela carece de facultades para inmiscuirse en asuntos que son de exclusiva competencia de los funcionarios judiciales, esto es, que no le es posible invadir el \u00e1mbito que la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les ha reservado, so pena de violar los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica (CSJ. STC6472-2023). <\/p>\n
No obstante, se hace un llamado a la autoridad judicial cuestionada, para que cumpla el orden de turnos establecidos para resolver los procesos que tiene a su cargo, y que inform\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n a fin de dar una pronta soluci\u00f3n al conflicto puesto en conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Zamora Mendoza y Ana Celia Mancipe Sarmiento contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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