STC7834-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7834-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00577-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 27 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Milena Hoyos Valbuena1 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot, Seguros Generales Suramericana SA, Seguros Bol\u00edvar SA, la Comisar\u00eda Primera de Familia y la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estas dos \u00faltimas con sede en Girardot, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en los asuntos objeto de censura constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, buen nombre, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, que dice conculcados por las entidades accionadas, por lo que pidi\u00f3 se declare la nulidad \u00abdel fallo de primera instancia de la tutela\u00bb, as\u00ed como \u00abdel proceso [de restablecimiento de derechos]\u00bb adelantado en favor de su sobrino y \u00abde la custodia de Jenny Patricia Azuero\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.2. El resguardo fue desestimado por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma urbe, mediante fallo del 10 de febrero de 2023, que impugn\u00f3 la actora, recurso que decidi\u00f3 el Tribunal convocado, el 17 de abril de 2023 (con posterioridad a la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional). <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, la promotora cuestion\u00f3: (i) la sentencia de primera instancia dentro del tr\u00e1mite constitucional que instaur\u00f3 previamente, pues considera que debi\u00f3 concederse el resguardo que reclam\u00f3; (ii) que no se hubiese resuelto la alzada que interpuso contra ese fallo; (iii) el proceso de restablecimiento de derechos, pues, seg\u00fan ella, no debi\u00f3 otorgarse la custodia del menor involucrado a su abuela, Jenny Patricia Azuero, toda vez que no ha obrado en beneficio de aquel, especialmente, al no tenerse certeza sobre el destino de los dineros cobrados por ella a las aseguradoras accionadas; y (iv) que no ha obtenido respuesta a una solicitud radicada el 15 de febrero del a\u00f1o en curso a la Procuradur\u00eda Judicial Penal Delegada de Girardot. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Ejecuci\u00f3n Penas y Medidas Seguridad de Girardot, rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado y dijo remitirse \u00aba lo resuelto en la acci\u00f3n de tutela\u00bb objeto de censura. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, adujo que se encontraba en t\u00e9rmino para \u00abemitir la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda, la cual ser\u00e1 comunicada a la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. Seguros Bol\u00edvar SA manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, en consecuencia, solicit\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela y se ordene su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 257 Judicial I Penal de Girardot, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
5. Por su parte, Seguros Generales Suramericana SA, realiz\u00f3 la misma petici\u00f3n de desestimar el amparo. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo, de un lado, neg\u00f3 el amparo por hecho superado, por cuanto el Tribunal convocado, \u00abmediante providencia del [17] de abril [de los corrientes], modific\u00f3 el fallo recurrido en el sentido de declarar improcedente el amparo invocado\u00bb, por lo que \u00abla presunta lesi\u00f3n a los derechos fundamentales\u2026 ces\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, declar\u00f3 improcedente el resguardo para cuestionar acciones del mismo linaje, pues la promotora \u00abpuede acudir a [la Corte Constitucional] y solicitar la eventual revisi\u00f3n de la respectiva decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, concedi\u00f3 el amparo respecto a la Procuradur\u00eda 257 Judicial I Penal de Girardot, al considerar insatisfecho el derecho de petici\u00f3n, habida cuenta que dicha entidad \u00abno se pronunci\u00f3 en torno a la [solicitud] presentada por Hoyos Valbuena [el 15 de febrero de 2023] ni acredit\u00f3 haberla contestado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte accionante insistiendo en sus planteamientos iniciales y agreg\u00f3 que no se han resuelto sus censuras, respecto de las irregularidades que alude se han cometido al interior del proceso de restablecimiento de derechos. <\/p>\n
Por otra parte, solicit\u00f3 \u00abque se abra un incidente de desacato en contra de la Procuradora Delegada en lo Penal\u00bb, pues afirm\u00f3 que todav\u00eda no ha recibido respuesta a su petici\u00f3n del 15 de febrero de 2023. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se advierte que la promotora: (i) cuestion\u00f3, en esencia, que se hubiese negado el amparo que reclam\u00f3 previamente; (ii) refiri\u00f3 nuevas quejas respecto al proceso de restablecimiento de derechos que se tramit\u00f3 en favor de su sobrino, enfiladas a criticar que se otorg\u00f3 la custodia del menor a su abuela, Jenny Patricia Azuero, toda vez que no ha obrado en beneficio de aquel, especialmente, al no tenerse certeza sobre el destino de los dineros cobrados por ella a las aseguradoras accionadas; y (iii) solicit\u00f3 la apertura de incidente de desacato frente a la Procuradur\u00eda 257 Judicial I Penal de Girardot, por cuanto consider\u00f3 que no ha cumplido la orden del fallo de tutela del 27 de junio pasado. <\/p>\n
3. Con base en tales premisas, en lo que ata\u00f1e al primero de esos reproches, esta Sala concluye que la solicitud de resguardo es inviable, habida cuenta que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107) <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107) <\/p>\n
3.1. Bajo esa perspectiva, surge palmario que la inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, as\u00ed como tambi\u00e9n para alegar las anomal\u00edas que en curso de la actuaci\u00f3n se presenten, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
3.2. De modo que la petici\u00f3n elevada por la actora, enfilada a cuestionar la legalidad de la valoraci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria efectuada en las decisiones que dirimieron el tr\u00e1mite constitucional acusado, no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional, circunstancia que impide a esta Colegiatura efectuar un pronunciamiento de fondo sobre las supuestas irregularidades que esgrimi\u00f3 la promotora, reiteradas en el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con la segunda censura, se advierte que en el escrito de tutela se relacionaron quejas relativas al proceso de restablecimiento de derechos acusado, que no fueron planteadas en el resguardo previo que instaur\u00f3 la actora. <\/p>\n
4.1. Sin embargo, se verifica que esta Corte carece de competencia para asumir el conocimiento de dichas cr\u00edticas, circunstancia que impide, en sede de impugnaci\u00f3n, desatar v\u00e1lidamente la salvaguarda, de conformidad con los numerales 1\u00b0, 2\u00b0 y 11\u00b0 del del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), los cuales establecen, en su orden, que: \u00ab1. [l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb; \u00ab2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb; y \u00ab11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
4.2. Ello en la medida en que los referidos reproches vinculan, exclusivamente, a la Comisar\u00eda Primera de Familia, a la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con sede en Girardot, as\u00ed como a las compa\u00f1\u00edas aseguradoras Suramericana SA y Bol\u00edvar SA, por lo que la competencia para resolver la solicitud, en primera instancia, frente a tales organismos, corresponde al Juzgado Promiscuo de Familia -Reparto- de dicha localidad, atendiendo que el ICBF es una entidad p\u00fablica del orden nacional. <\/p>\n
En consecuencia, respecto a las prenotadas inconformidades (relacionadas con el proceso de restablecimiento de derechos), que no fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez de primera instancia, pero en las que insiste la accionante, se impone declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia, en lo que ata\u00f1e a las entidades antes mencionadas. <\/p>\n
4.3. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que respecta a la tercera petici\u00f3n, se precisa que la competencia para tramitar el incidente de desacato corresponde al juez de primera instancia, por lo que se remitir\u00e1 copia de las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura, con miras a que imparta el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
6. Con fundamento en las razones anteriormente expuestas: (i) se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia en lo referente a queja impetrada respecto de la acci\u00f3n de tutela que se inco\u00f3 previamente contra el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca; (ii) se remitir\u00e1 copia del expediente, incluida esta providencia, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la esta Corporaci\u00f3n, para que tramite la solicitud de apertura de incidente de desacato formulada por la accionante; y (iii) se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado, respecto de los reproches planteados frente a la Comisar\u00eda Primera de Familia, a la Defensor\u00eda de Familia del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con sede en Girardot, a las compa\u00f1\u00edas aseguradoras Suramericana SA, as\u00ed como tambi\u00e9n Bol\u00edvar SA; en su lugar, se dispondr\u00e1 remitir a los Juzgados Promiscuos de Familia -Reparto- de la citada municipalidad, por ser el competente para avocar su conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Confirmar el fallo impugnado en lo referente a la queja impetrada contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Girardot y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca. <\/p>\n
Segundo: Remitir de inmediato copia del expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se imprima el tr\u00e1mite de rigor a la solicitud de apertura de incidente de desacato que formul\u00f3 la tutelante contra la Procuradur\u00eda 257 Judicial I Penal de Girardot. <\/p>\n
Tercero: Declarar la nulidad parcial del fallo del 27 de junio de 2023, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la presente acci\u00f3n de tutela, en lo que respecta a las quejas planteadas frente a la Comisar\u00eda Primera de Familia, a la Defensor\u00eda de Familia, del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ambas con sede en Girardot, a las compa\u00f1\u00edas aseguradoras Suramericana SA y Bol\u00edvar SA, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En su lugar, se remitir\u00e1 copia de lo actuado fin de que sea repartida entre los Jueces Promiscuos de Familia con sede en Girardot, para que conozca de las quejas planteadas frente a las prenombradas entidades. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Como anotaci\u00f3n preliminar, de este fallo se conservan dos versiones, para protecci\u00f3n de los derechos de los menores involucrados; una, \u00abcon la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb y, la presente, \u00abreemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n\u00bb. Subrayas ajenas. Acuerdo de Sala 034, 16 dic. 2020. <\/p>\n
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