STC7860-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7860-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01103-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Alcib\u00edades Obando Bustos instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior y el Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, libertad e igualdad, para que se ordenara a los estrados confutados, \u00ab(\u2026) que un t\u00e9rmino perentorio resuelva y me conceda la Libertad Condicional en virtud de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de acuerdo al principio de interpretaci\u00f3n conforme a la constituci\u00f3n, del principio de favorabilidad y del principio convencional y constitucional pro homine o pro persona, en decisi\u00f3n que guarde consonancia y coherencia con las disposiciones constitucionales\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que est\u00e1 privado de la libertad desde octubre de 2004, tras haber sido condenado a 36 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n (438 meses), de los cuales ha cumplido 224 meses de forma f\u00edsica y 60 de redenci\u00f3n por trabajo y estudio, para un total de 284. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en octubre de 2021 solicit\u00f3 al Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 la \u00ablibertad condicional\u00bb, al estimar cumplidas las exigencias dispuestas para ello, petici\u00f3n que reiter\u00f3 en mayo y julio de 2022 sin obtener alguna respuesta, por lo que acudi\u00f3 a la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb en la que se concedi\u00f3 el amparo el 30 de noviembre del mismo a\u00f1o, dando lugar a que el 6 de diciembre siguiente se emitiera el interlocutorio mediante el cual se neg\u00f3 el beneficio anhelado dada la gravedad de los delitos, determinaci\u00f3n que atacada en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, se mantuvo inc\u00f3lume (9 feb. y 12 may. 2023, respectivamente), sin que en la actualidad cuente con otro medio de defensa para hacer valer sus pedimentos. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 23 de diciembre de 2022, el Consejo de Evaluaci\u00f3n y Tratamiento del INPEC, previo estudio y an\u00e1lisis de seguimiento, dispuso su ubicaci\u00f3n en \u00abla fase de tratamiento de confianza\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que no ha afectado las prerrogativas del gestor y, que, lo que en realidad brota de su escrito es su intenci\u00f3n de obtener un nuevo pronunciamiento sobre el tema de la libertad condicional. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca inform\u00f3 que el precursor fue \u00absentenciado el 11 de diciembre de 2008, a las penas principales de 438 meses de prisi\u00f3n y multa de 21.500 s.m.l.m.v., como coautor de las conductas punibles de secuestro extorsivo agravado en concurso homog\u00e9neo y heterog\u00e9neo con homicidio agravado, extorsi\u00f3n y hurto calificado y agravado. As\u00ed mismo fue condenado a la pena accesoria de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso de 20 a\u00f1os, y al pago de perjuicios materiales y morales\u00bb, providencia que el ad quem ratific\u00f3 el 23 de marzo de 2011. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, que remiti\u00f3 el expediente a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja el 23 de junio de esa anualidad para lo de su competencia, y desconoce si Alcib\u00edades present\u00f3 ante otras autoridades judiciales memoriales \u00abrespecto del t\u00f3pico que expone en la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 237 Judicial Penal I asever\u00f3 que vigila la actividad del Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y medidas de seguridad, el cual, \u00abobr\u00f3 en estricto derecho y la decisi\u00f3n atacada, inicialmente por v\u00eda de recurso ante el Honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien confirm\u00f3 la misma, debe mantenerse inc\u00f3lume habida consideraci\u00f3n que tanto en primera como en segunda instancia, el fundamento de la negativa a la concesi\u00f3n de la libertad condicional es legal y descansa sobre la prohibici\u00f3n de conceder este tipo de subrogados en aquellos casos que el delito est\u00e9 asociado con la extorsi\u00f3n, circunstancia que se infiere de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Especializado del Circuito de Cundinamarca del pasado 11 de diciembre de 2008, as\u00ed las cosas, no resulta predicable la existencia de la violaci\u00f3n al debido proceso y del derecho a la igualdad cuando la prohibici\u00f3n nace de la misma Ley y as\u00ed es como tanto el Juzgado 12 de EPMS y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 as\u00ed lo hacen notar\u00bb. <\/p>\n
El director especializado contra las organizaciones criminales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n narr\u00f3 la actuaci\u00f3n registrada en el \u00absistema misional de informaci\u00f3n SIJUF (\u2026)\u00bb sobre la condena del quejoso. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el resguardo, porque \u00ablas decisiones atacadas son razonables y no contienen argumentos caprichosos o contrarios al ordenamiento jur\u00eddico. Pese a que consultaron normas que no deb\u00edan resolver el caso concreto, lo cierto es que tambi\u00e9n tuvieron en cuenta los presupuestos de la Ley 890 de 2004, la cual, en realidad, era la norma de deb\u00eda solucionar el caso en virtud del principio de favorabilidad, pero tampoco bajo esa disposici\u00f3n el condenado cumpl\u00eda los requisitos para acceder a la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 el querellante aduciendo que se pas\u00f3 por alto la interpretaci\u00f3n restrictiva que se hizo de su situaci\u00f3n, en tanto, \u00aba pesar de cumplir con m\u00e1s del tiempo requerido esto es las 3\/5 partes de la pena para recibir el beneficio de la libertad condicional y contar adem\u00e1s con la clasificaci\u00f3n penitenciaria del grado de Confianza, que certifica el \u00e9xito en mi proceso de resocializaci\u00f3n siendo esto uno de los fines de la pena privativa de la libertad, encuentro una barrera que vulnera mis derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento de la salvaguarda y la refrendaci\u00f3n de lo solventado en la primera instancia, toda vez que se avizora que la resoluci\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (12 may. 2023) que aval\u00f3 la expedida por el a quo (9 feb. 2023), mediante la cual, no accedi\u00f3 a la \u00ablibertad condicional\u00bb suplicada por el actor, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
1.1. Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3, que se equivoc\u00f3 el apelante en sus reproches, dado que \u00abno es cierto que la primera instancia hubiera dado mayor peso para negar la libertad a la valoraci\u00f3n de la conducta punible, sino que tuvo en cuenta, entre otros aspectos, la prohibici\u00f3n de conceder subrogados frente a los delitos mencionados, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3, que aunque el a quo err\u00f3 al aplicar indebidamente el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, puesto que no era la norma llamada a gobernar el asunto, en la medida que restringe el acceso del promotor al \u00absubrogado\u00bb rogado sin importar si cumple con las dem\u00e1s exigencias, en todo caso, la consecuencia por aquel advertida resulta ser la misma, como quiera que, la norma vigente para la data en que ocurrieron los hechos (art. 64 de la Ley 599 de 2000) tambi\u00e9n guarda \u00abla prohibici\u00f3n de subrogados prevista en la Ley 733 de 2002\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, estableci\u00f3 que \u00abla norma m\u00e1s favorable y respecto de la cual se debe valorar el cumplimiento de los requisitos para libertad condicional del peticionario es el art\u00edculo 64 modificado por la Ley 890 de 2004, pues, como se dijo, derog\u00f3 t\u00e1citamente la prohibici\u00f3n contenida en la Ley 733 de 2022, lo cual perdur\u00f3 hasta que entr\u00f3 en vigencia la ley 1121 de 2006, \u00e9poca en que tambi\u00e9n cumpl\u00eda pena el apelante sin que fuera aplicable prohibici\u00f3n alguna\u00bb (se destaca). <\/p>\n
Sin embargo, como el precepto que se encontr\u00f3 m\u00e1s beneficioso para el accionante tambi\u00e9n impone como presupuesto esencial el \u00abpago total de la multa y de la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima\u00bb que no fue plenamente demostrado ante los falladores de la causa, no tuvo remedio distinto que convalidar la negativa pregonada por el Juzgado Doce de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1.2. Bajo ese entendido, con independencia de que esta Colegiatura apruebe o no las disertaciones transcritas, lo cierto es que, no emerge de ellas defecto alguno con entidad suficiente que estructura \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como sugiere el precursor, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que dicho prop\u00f3sito acompase con la finalidad de esta excepcional v\u00eda, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
2. Ahora, se quej\u00f3 igualmente el censor de la presunta omisi\u00f3n cometida por los despachos cuestionados en sus prove\u00eddos, frente al otorgamiento de la clasificaci\u00f3n penitenciaria del grado de \u00abconfianza\u00bb, con la cual se hace visible el \u00e9xito en su proceso de resocializaci\u00f3n; empero, aquel olvid\u00f3 mencionar, que dicha circunstancia no fue puesta en conocimiento de aquellas en la oportunidad ni en el escenario propicio para resolver lo pertinente. <\/p>\n
As\u00ed se afirma porque, del relato que de los hechos realiz\u00f3, emerge que, el requerimiento cuya negativa se analiza, fue hecho el 19 de octubre de 2021 (hecho 6\u00ba demanda), mientras que el acta No. 113-128-2022 mediante la cual el INPEC lo ubic\u00f3 en \u00aben la Fase de Tratamiento de CONFIANZA\u00bb fue levantada el 23 de diciembre de 2022 (hecho 4\u00ba ib.), valga decir, con posterioridad a que el director de la Litis expidiera el interlocutorio n.\u00b0 658 criticado (6 dic. 2022). <\/p>\n
Esa situaci\u00f3n, en breve, pone al descubierto que la el auxilio resulta improcedente a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto que, no ha exhibido ante el sentenciador natural, los elementos de prueba con los que busca sacar avante sus aspiraciones por esta senda. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico, esta Sala ha esbozado, que: <\/p>\n
(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. n.\u00b0 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. n\u00b0 1100102030002012-00728-00). STC3492-2021, STC896-2022 y STC100-2023. <\/p>\n
3.- Lo discurrido conlleva a acompa\u00f1ar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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