STC7861-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC7861-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00691-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de julio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que \u00c1lvaro Antonio D\u00edaz Saavedra instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior, el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y las Fiscal\u00edas 227 y 234 Seccional, todos de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2008-07802. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abLIBERTAD, IGUALDAD ANTE LA LEY [Y] DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD [CON] LA DIGNIDAD HUMANA\u00bb, para que se ordenara \u00ab[r]evocar la sentencia proferida por el Juzgado [accionado]\u00bb en el asunto de la referencia y, en consecuencia, se disponga su \u00abLibertad\u00bb; adem\u00e1s, que se \u00ab[c]ompulsar[an] copias\u00bb para que se inicie \u00abproceso disciplinario\u00bb y \u00abpenal\u00bb a \u00abtodos y cada uno de los funcionarios que puedan estar implicados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n en su labor\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el 23 de septiembre de 2008, su exc\u00f3nyuge lo denunci\u00f3 por la supuesta comisi\u00f3n del \u00abdelito de acceso carnal violento\u00bb, por lo que la Fiscal\u00eda 227 Seccional de Bogot\u00e1 inici\u00f3 la respectiva investigaci\u00f3n (rad. 2008-07802); no obstante, aquella con posterioridad desisti\u00f3 de la acusaci\u00f3n, por lo que \u00abfuncionarios del CTI\u00bb le comunicaron que se acercara a \u00abreclamar el acta del archivo y copia de la retractaci\u00f3n\u00bb, lo que no hizo \u00abpor descuido\u00bb. <\/p>\n
Pese a lo anterior, la \u00abdenunciante\u00bb aport\u00f3 nueva informaci\u00f3n al ente acusador (13 jun. 2013), motivo por el cual fue citado a \u00abAUDIENCIA p\u00fablica de imputaci\u00f3n de cargos por el delito de acceso carnal violento en concurso Homog\u00e9neo y sucesivo\u00bb, en la que estuvo representado por un \u00abDefensor P\u00fablico designado por la Defensor\u00eda del Pueblo\u00bb, quien le nombr\u00f3 para las siguientes etapas del juicio distintos \u00abdefensores\u00bb, lo que provoc\u00f3 que tuviera una deficiente \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb, al punto que el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de esa misma urbe lo conden\u00f3 a la \u00abpena principal de ciento cincuenta (150) meses de prisi\u00f3n y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual lapso\u00bb, en decisi\u00f3n (23 en. 2020) que el superior ratific\u00f3 (27 may.), siendo inadmitido el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3 (4 ag. 2021). <\/p>\n
Asever\u00f3 que, como dicho litigio estuvo \u00abplagado\u00bb de un \u00absin n\u00famero de inconsistencias\u00bb, entre ellas, el haberse proseguido estando \u00abarchivada\u00bb la \u00abnoticia criminal\u00bb por m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os, lo que va en contrav\u00eda del art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, busc\u00f3 el apoyo de la Defensor\u00eda para incoar \u00abrecurso de revisi\u00f3n, quien se neg\u00f3, lo que lo llev\u00f3 a indagar por su propia cuenta las pruebas de tales irregularidades, percat\u00e1ndose que en el expediente hac\u00edan falta los siguientes documentos: \u00abDenuncia y\/o Noticia criminal de fecha 23 de septiembre del 2008\u00bb; \u00abinforme de la entrevista y arraigo que [le] realizaron los investigadores en el a\u00f1o 2008\/2009\u00bb; \u00abel desistimiento de la [denunciante]\u00bb; \u00abActa de Archivo del proceso\u00bb; \u00abOriginal de la solicitud del desarchivo presentado por [esta]\u00bb y, \u00abActa que orden\u00f3 el desarchivo previa autorizaci\u00f3n de un juez de control de garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en virtud de ello, elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb al \u00abjuzgado de conocimiento\u00bb (21 nov. 2022) para que le entregara \u00abcopia de las investigaciones preliminares y que se [le] indicara el nombre de los investigadores del CTI que las recepcionaron\u00bb, quien dio traslado del mismo a la Fiscal\u00eda 234 Seccional, \u00faltima que conoci\u00f3 de la \u00abinvestigaci\u00f3n\u00bb y, al insistir en dicha postulaci\u00f3n, requiri\u00f3 que se le sugiriera \u00abla ubicaci\u00f3n de carpeta original del proceso\u00bb (30 dic.); sin embargo, al obtener respuestas evasivas, acudi\u00f3 a la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb (rad. 2022-04192), concedida parcialmente en primera instancia (7 feb. 2023) y totalmente en segunda (14 mar.); empero, no ha recibido de parte de dichas autoridades un pronunciamiento que resuelva \u00abde fondo su solicitud\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que \u00ablas omisiones y falencias\u00bb rese\u00f1adas deben ser \u00abinvestigadas y sancionadas\u00bb, m\u00e1xime cuando se le ha causado un perjuicio irremediable, ya que \u00abdurante estos a\u00f1os ha enfrentado un proceso penal, [es] una persona privada de la liberad, quien perdi\u00f3 su trabajo, su honra, su buen nombre, su reputaci\u00f3n, y [padece] afectaciones de salud frente a las que ha tenido que iniciar procesos psicol\u00f3gicos\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior, el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y las Fiscal\u00edas 227 y 227 Seccional, todos de Bogot\u00e1, defendieron la legalidad de su proceder. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego por no atender el presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb, dado que, por un lado, \u00absi la parte actora estima que a\u00fan no se ha dado cumplimiento a la orden proferida en los fallos [de tutela] anotados, debe acudir al incidente de desacato\u00bb y, por el otro, \u00aben cuanto a la solicitud de revocar la sentencia condenatoria que se encuentra en firme, y la consecuente orden de libertad, (\u2026) no puede acudirse a este excepcional\u00edsimo medio de defensa para reemplazar los procedimientos ordinarios, ya que la tutela se concibi\u00f3 precisamente para suplir la ausencia de \u00e9stos y no para resquebrajar los ya existentes, todo lo cual impide considerarlo como medio alternativo o instancia adicional al cual acudir para encauzar actuaciones judiciales supuestamente viciadas\u00bb. <\/p>\n
2.- El querellante se mostr\u00f3 descontento con lo definido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reparos expuestos por \u00c1lvaro Antonio D\u00edaz Saavedra, muy pronto se anuncia que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por ende, que el veredicto de primer grado merece ser respaldado, por no cumplir las exigencias de la \u00abinmediatez\u00bb y \u00absubsidiariedad\u00bb, propias de este instrumento especial. <\/p>\n
1.1.- Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque el anhelo del quejoso est\u00e1 encaminado, preliminarmente, a que se deje sin efectos el fallo por medio del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 la \u00abcondena\u00bb de \u00ab150 meses de prisi\u00f3n y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por igual lapso\u00bb que le impuso el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de la misma ciudad en la \u00abcausa penal\u00bb que se le sigui\u00f3 por el punible de \u00abacceso carnal violento\u00bb (rad. 2008-07802), pues, en su sentir, esta estuvo colmada de \u00abirregularidades\u00bb desde la misma etapa de \u00abindagaci\u00f3n\u00bb, am\u00e9n que careci\u00f3 de \u00abdefensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, para la Sala tal aspiraci\u00f3n no puede tener \u00e9xito, comoquiera que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el requisito temporal que impera en esta sui generis justicia, si en cuenta se tiene que desde la data en que se inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario propuesto frente aquel (4 ag. 2021) hasta la radicaci\u00f3n de la \u00abdemanda de tutela\u00bb (1\u00b0 jul. 2023), transcurrieron aproximadamente un (1) a\u00f1o, diez (10) meses y veintisiete (27) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el amparo. <\/p>\n
Respecto a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha predicado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada recientemente en la STC3309-2023 y en la STC4809-2023, entre otras). <\/p>\n
Por consiguiente, la tardanza del gestor en ejercer este mecanismo descarta la presencia de un \u00abperjuicio\u00bb de las connotaciones de irremediable y la urgencia en la provisi\u00f3n de una soluci\u00f3n por este sendero excepcional. <\/p>\n
1.2.- En lo que concierne con el reproche contra las Fiscal\u00edas 227 y 234 Seccional de Bogot\u00e1, baste decir que el instrumento dispuesto por el ordenamiento jur\u00eddico patrio para establecer s\u00ed un funcionario desacat\u00f3 o no una \u00aborden de amparo\u00bb es el incidente consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, m\u00e1s no otra acci\u00f3n de igual naturaleza, herramienta a la que debe acudir el impulsor en aras de que el iudex de primera instancia examine su queja, tarea que no puede anticipar otro \u00abjuez de tutela\u00bb, en tanto, significar\u00eda una intromisi\u00f3n de este remedio superlativo en los fueros propios del funcionario que est\u00e1 llamado a hacerlo. <\/p>\n
Esta Colegiatura ha esgrimido, que <\/p>\n
(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa (\u2026) que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada hace poco en STC3902-2023 y STC4111-2023, entre otras). <\/p>\n
Por tanto, es incuestionable que tal ambici\u00f3n tampoco satisface \u00abel requisito de la subsidiariedad\u00bb <\/p>\n
1.3.- Por \u00faltimo, cabe se\u00f1alar, frente a la \u00faltima pretensi\u00f3n, tendiente a que se \u00abcompulsen copias\u00bb para que se \u00abinvestigue disciplinaria y penalmente\u00bb a los \u00abfuncionarios\u00bb que efectuaron la \u00abprimera fase\u00bb del asunto rese\u00f1ado, que la misma no puede salir avante, dado que, si la intenci\u00f3n del precursor es \u00abdenunciar\u00bb alguna molestia por sus actuaciones, es a \u00e9l a quien compete ponerlo directamente en conocimiento de los \u00f3rganos competentes, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida para ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada se ha sostenido, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC3570-2021, transcrita en STC1303-2023 y STC4812-2023). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, pero por las reflexiones vertidas en este fallo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7861-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC7861-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00691-01 (Aprobado en Sala de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75462","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75462"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75462\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75462"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75462"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}