STC7864-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7864-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-01145-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Francisco Torres Meneses frente al fallo proferido el 20 de junio de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela por \u00e9l promovida contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y m\u00ednimo vital presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral que concluy\u00f3 con sentencia de casaci\u00f3n SL1099-2023, del 17 de mayo de esta anualidad. <\/p>\n
2. Aduce el accionante, que la Sala Laboral accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y en desconocimiento de precedente, toda vez que convalid\u00f3 la decisi\u00f3n que rehus\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez con fundamento en el art\u00edculo 38 de la Ley 100 de 1993 o, en su defecto, con el Acuerdo 049 de 1990, pues consider\u00f3, al igual que la accionada \u2013 Colpensiones -, Torres Meneses no acreditaba las 50 semanas de cotizaciones dentro de los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la fecha estimada por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez para la configuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral (2016). <\/p>\n
3. Insiste el promotor que de conformidad con la SU442 de 2016 y la SU556 de 2019 y con fundamento en que se encuentra afiliado a Colpensiones desde el 26 de julio de 1973 y que en toda su vida laboral registra un total de 705 semanas de aportes, que para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones (1\u00ba de abril de 1994), acreditaba m\u00e1s de 300 semanas, no le es aplicable la normatividad seg\u00fan la cual debe acreditar 50 semanas cotizadas en los \u00faltimos tres a\u00f1os antes de la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez. <\/p>\n
4. En consecuencia solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n confutada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto <\/p>\n
de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n, aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n <\/p>\n
en la causa, puesto que dentro del presente tr\u00e1mite se censura <\/p>\n
una reclamaci\u00f3n de pensi\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media, <\/p>\n
correspondi\u00e9ndole a la Administradora Colombiana de <\/p>\n
Pensiones \u201cColpensiones\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las dem\u00e1s autoridades guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que la sentencia reprochada \u00abfundament\u00f3 la improcedencia de la pensi\u00f3n de invalidez reclamada por el actor, en el hecho que no le era aplicable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, puesto que, su estructuraci\u00f3n se fundament\u00f3 con posterioridad a la fecha l\u00edmite para la aplicaci\u00f3n de tal principio, por lo cual no podr\u00eda flexibilizarse el requisito de semanas cotizadas exigidas para el otorgamiento de tal beneficio pensional\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo, por conducto de su apoderado reiter\u00f3 los argumentos iniciales de su escrito tutelar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la cuestionada providencia de 17 de mayo de 2023 (SL1099-2023), no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, fundament\u00f3 la improcedencia de la pensi\u00f3n de invalidez reclamada por el actor, en el hecho que no le era aplicable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, puesto que, su estructuraci\u00f3n se fundament\u00f3 con posterioridad a la fecha l\u00edmite para la aplicaci\u00f3n de tal principio, por lo cual no podr\u00eda flexibilizarse el requisito de semanas cotizadas exigidas para el otorgamiento de tal beneficio pensional , aspecto sobre el cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Habiendo analizado los tres cargos presentados y teniendo en cuenta que todos fueron dirigidos por la v\u00eda directa, entiende la Sala que los reparos son de car\u00e1cter eminentemente jur\u00eddico, dejando as\u00ed por fuera de discusiones las conclusiones f\u00e1cticas a las que arrib\u00f3 el Tribunal, a saber, (i) que Francisco Torres Meneses tiene una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 56,80% y que se estructur\u00f3 el 23 de marzo de 2016 y (ii) que no cuenta con 50 semanas cotizadas dentro de los \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores a la configuraci\u00f3n de la invalidez. <\/p>\n
En ese orden de ideas, los problemas jur\u00eddicos a resolver se circunscriben a determinar si al demandante le es aplicable el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y si, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez con fundamento en el art\u00edculo 6\u00ba del Acuerdo 049 de 1990. Sobre este principio, esta Sala ha definido de forma pac\u00edfica y reiterada que su aplicaci\u00f3n obedece, en particular, a la posibilidad de que los afiliados que tuvieran una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta pudieran transitar, temporalmente, entre una legislaci\u00f3n anterior y una nueva, procurando cumplir con las exigencias m\u00ednimas necesarias para causar el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico la Corte en fallo CSJ SL2358-2017, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] el legislador jam\u00e1s pretendi\u00f3 perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan la pensi\u00f3n de invalidez, y si bien con la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debe respetarse o mejor resguardarse los hechos denominados por la doctrina for\u00e1nea \u00abintertemporales\u00bb que se generan con personas que tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, ello no puede llevar a mantener, per secula seculorum, la protecci\u00f3n de \u00ab\u201cderechos\u201d que no son derechos\u201d\u00bb, en contra posici\u00f3n de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica <\/p>\n
Pero \u00bfcu\u00e1l es el tiempo de permanencia de esa \u00abzona de paso\u00bb entre la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de 2003? Bueno, para la Corte lo es de tres a\u00f1os, tiempo este que la nueva normativa (Ley 860 de 2003) dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones re\u00fanan la densidad de semanas de cotizaci\u00f3n -50- y una vez verificada la contingencia invalidez de origen com\u00fan puedan acceder a la prestaci\u00f3n correspondiente. Con ese fin, se obtiene un punto de equilibrio y se conserva razonablemente por un lapso determinado- tres a\u00f1os-, los \u00abderechos en curso de adquisici\u00f3n\u00bb, respet\u00e1ndose as\u00ed, para determinadas personas, las semanas m\u00ednimas establecidas en la Ley 100 de 1993, \u00abcon miras a la obtenci\u00f3n de un derecho en materia de pensiones, cuya efectividad se subordina al cumplimiento ulterior de una condici\u00f3n\u00bb, cual es, la invalidez. Entonces, algo debe quedar muy claro. Solo es posible que la Ley 860 de 2003 difiera sus efectos jur\u00eddicos hasta el 26 de diciembre de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima. <\/p>\n
De lo anterior es claro que, solo en aquellos eventos en que se hubiera estructurado la p\u00e9rdida de capacidad laboral entre el 26 de diciembre de 2003 y la misma fecha de 2006, es posible remitirse a la normatividad inmediatamente anterior en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para estudiar, si con base en ella, se consolid\u00f3 el derecho a la prestaci\u00f3n que no se pudo satisfacer con fundamento en la Ley 860 de 2003. <\/p>\n
Por tanto, al constituirse la invalidez el 23 de marzo de 2016, no hay lugar a efectuar remisi\u00f3n alguna al art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 y mucho menos al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de esa misma anualidad. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, as\u00ed como tambi\u00e9n de la valoraci\u00f3n de las pruebas recaudadas, concluyendo que, la discusi\u00f3n jur\u00eddica planteada abord\u00f3 las normas aplicables de conformidad con la legislaci\u00f3n laboral vigente. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, espec\u00edficamente el exceso ritual manifiesto, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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