STC7869-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7869-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2023-00023-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona el 5 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Francisco Contreras Vera contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Seccional de Investigaci\u00f3n Judicial de la Polic\u00eda Nacional -SIJIN- y la Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Transporte ambos de esa localidad; Javier Francisco y Danny Contreras Vera; Jos\u00e9 Mauricio Gamboa, Erika Fernanda Rodr\u00edguez Mogoll\u00f3n, Samuel Santander Lopesierra Mej\u00eda y Jairo Alonso G\u00f3mez correa, as\u00ed como las partes e intervinientes en los asuntos nrs.\u00b0 2012-00163 y 2014-00809. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Erika Fernanda Rodr\u00edguez Mogoll\u00f3n promovi\u00f3 ejecutivo singular contra Javier Francisco Contreras Vera (rad. 2012- 00163), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Pamplona, quien decret\u00f3 el embargo sobre la posesi\u00f3n material del veh\u00edculo \u00abde placas BLA-271\u00bb; automotor que fue inmovilizado el 23 de marzo de 2022 por \u00abla Polic\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte del Departamento\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, la referida agencia judicial, decret\u00f3 el embargo de remanentes con destino al coercitivo rad. 2014-00809. <\/p>\n
Inconforme, el gestor present\u00f3 incidente de levantamiento de medida cautelar, argumentando que \u00abes el \u00fanico poseedor material de la camioneta secuestrada (\u2026) quien ha ejercido tal condici\u00f3n de manera regular, p\u00fablica, pacifica e ininterrumpidamente con todas las facultades que confiere el dominio como \u00fanico amo y se\u00f1or del veh\u00edculo desde hace 5 a\u00f1os, veh\u00edculo que compro (\u2026) al se\u00f1or SAMUEL SANTANDER LOPESSIERRA MEJ\u00cdA\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el mismo fue despachado de manera desfavorable por el cognoscente y, en ese sentido, sancion\u00f3 al actor con \u00abuna multa de cinco salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb pues consider\u00f3 que no \u00abse prob\u00f3 la posesi\u00f3n del incidentante de \u201cmanera suficiente\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, al desatar la alzada propuesta por el aqu\u00ed querellante, el estrado Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de esa ciudad confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que, el convocante \u00ablejos estuvo de acreditar sus dichos\u00bb. <\/p>\n
Resoluciones que, a juicio del censor incurrieron en defecto f\u00e1ctico toda vez que \u00ablos elementos materiales probatorios, eran m\u00e1s que suficientes para acreditar [su] posesi\u00f3n de [la] camioneta como \u00fanico amo, se\u00f1or y due\u00f1o, alleg[\u00f3] contrato de compraventa de cuando compr[\u00f3] [su] camioneta, formulario de traspaso diligenciado en [su] favor por parte de quien aparece a\u00fan en la tarjeta de propiedad, contrato de mandato, SOAT Y TECNICOMECANICA desde el 2017 hasta el 2022, de los cuales todos esos a\u00f1os aparec\u00edan a nombre del se\u00f1or que (\u2026) vendi\u00f3 la camioneta y en el \u00faltimo a\u00f1o aparecieron a nombre de [su] hijo, (\u2026) se debi\u00f3 netamente para el SOAT a que lo sa[c\u00f3] financiado como aparece en los correspondientes recibos, y frente a la tecnicomecanica error del CDA como ellos mismos lo corroboraron con la certificaci\u00f3n remitida al despacho\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abdurante todo el procedimiento, existe un trato completamente desigual (\u2026) con el apoderado de la parte demandante, que (\u2026) para ese momento era hijo de quien sustanciaba los procesos en ese despacho a quien ni trascurrido un d\u00eda de presentados sus documentos, ya ten\u00eda pronunciamientos en su favor, tanto as\u00ed que para el momento de la retenci\u00f3n arbitraria de [su] camioneta fue la misma fecha en que se emiti\u00f3 el pronunciamiento que decretaba la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que: (i) se deje sin efectos el auto del 23 de marzo de 2023 y se ordene \u00abla revisi\u00f3n del pronunciamiento de fecha 21 de julio de 2022\u00bb; (ii) se \u00abdecrete la nulidad de todo lo actuado desde la retenci\u00f3n irregular de [su] camioneta\u00bb; (iii) se modifique \u00abla sanci\u00f3n impuesta (\u2026) de CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENDUALES VIGENTES, toda vez que supera inclusive la cuant\u00eda del proceso\u00bb; y, (iv) se disponga la entrega inmediata del automotor \u00abde placas BLA-271\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Los juzgados encartados remitieron el enlace de acceso a los expedientes digitales rad. 2012-00163 y 2014-00809. <\/p>\n
2. Javier Francisco Contreras Vera manifest\u00f3 que su padre \u00abes el \u00fanico propietario y poseedor material de la camioneta, es la \u00fanica persona que ha ejercido tal condici\u00f3n de manera regular, p\u00fablica, pacifica e ininterrumpidamente con todas las facultades que confiere el dominio como \u00fanico amo y se\u00f1or del veh\u00edculo desde hace 5 a\u00f1os, veh\u00edculo que compro con sus ahorros y con su esposa\u00bb. <\/p>\n
3. La SIJIN se\u00f1al\u00f3 que \u00abconsultada su base de datos \u201cintegrada de automotores I2AUT de la Polic\u00eda Nacional el automotor (\u2026) Marca TOYOTA, Placa BLA271 (\u2026) Presenta solicitud vigente por embargo emanado por el juzgado 1 civil municipal de Pamplona – proceso No. 54518400300120120016300 de fecha 22\/03\/2022\u00bb. <\/p>\n
4. Danny Contreras Vera reliev\u00f3 que \u00abel accionante (\u2026) es el \u00fanico propietario de la camioneta Toyota prado color verde de placas BLA 271 de Bogot\u00e1, el cual es v\u00edctima de una injusticia\u00bb. <\/p>\n
5. Erika Fernanda Rodr\u00edguez Mogoll\u00f3n explic\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Juez accionada como el mismo accionante lo precisa en los momentos procesales por \u00e9l citados, adopt\u00f3 las decisiones correspondientes y que siempre se ci\u00f1eron a la ley\u00bb. <\/p>\n
6. La Direcci\u00f3n de Tr\u00e1nsito y Transporte Polic\u00eda Nacional indic\u00f3 que \u00abel 4 de agosto de 2022 el cuadrante vial No. 5 de Pamplona en actividades de registro y control al solicitar los antecedentes del veh\u00edculo de placas BLA-271 evidencia una solicitud vigente de inmovilizaci\u00f3n, por parte del JUZGADO PRIMERO CIVIL DE PAMPLONA N.S, mediante oficio 1068-022, solicitud de embargo y retenci\u00f3n ante lo cual JAVIER CONTRERAS VERA se hace responsable del veh\u00edculo y se realiza su inmovilizaci\u00f3n dej\u00e1ndose a disposici\u00f3n de la \u201cautoridad solicitante\u201d\u00bb. <\/p>\n
8. Samuel Santander Lopesierra Mej\u00eda refiri\u00f3 que \u00aben abril del 2017 vendi\u00f3 la camioneta TOYOTA Prado VX de placa BLA-271 por el valor de $30.000.000 a LUIS FRANCISCO CONTRERAS VERA, a quien le solicit\u00f3 paciencia para realizar el tr\u00e1mite de traspaso pues hab\u00eda interpuesto la apelaci\u00f3n de unos comparendos que [le] hab\u00edan sido impuestos injustamente (\u2026) los cuales fueron bajados del sistema hasta el 2021, (\u2026) adem\u00e1s \u00e9ste tiene una pignoraci\u00f3n de su propiedad a favor del banco Ganadero, (\u2026) posteriormente con la pandemia mundial del Covid 19 el tr\u00e1mite se posterg\u00f3\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 el auxilio tras advertir que \u00aba quien se le atribuy\u00f3 la posesi\u00f3n del bien neg\u00f3 expresamente tal ejercicio, reconociendo simult\u00e1neamente a su padre como propietario, y en obedecimiento al consolidado precedente jurisprudencial, el tema de prueba de las instancias no debi\u00f3 meramente pretender demostrar indiciariamente contra su dicho que s\u00ed lo era, sino, adem\u00e1s, acreditar que abrigaba un \u00e1nimo doloso en negarlo\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, dej\u00f3 sin efectos los autos proferidos en el tr\u00e1mite incidental y le orden\u00f3: (i) \u00abal JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PAMPLONA (\u2026) emitir nuevamente el auto que resuelva el incidente de levantamiento de medida cautelar (\u2026) efectuando consideraci\u00f3n expresa de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil SC5342 de 2018\u00bb; y (ii) \u00abal JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES DE PAMPLONA que (\u2026) en caso de ser apelada, proceda a emitir nuevamente el auto que resuelva el incidente (\u2026) efectuando consideraci\u00f3n expresa sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil SC5342 de 2018\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de Erika Fernanda Rodr\u00edguez Mogoll\u00f3n resaltando que \u00abde la lectura del expediente el INCIDENTANTE LUIS FRANCISCO CONTRERAS VERA es quien aduce la posesi\u00f3n material del veh\u00edculo y es quien tiene la carga de la prueba de demostrar la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda al momento con testimonios por ser la prueba \u00fatil, pertinente y conducente, no logrando probar la posesi\u00f3n dentro del incidente cuyo objeto es levantar la medida, no siendo quien niega la posesi\u00f3n el incidentante ni el prescribiente, luego corresponde al juzgador de segunda instancia en la presente acci\u00f3n [establecer] la aplicabilidad de los antecedentes jurisprudenciales al caso concreto referenciados en primera instancia y si le es dable revocar la sentencia ante la incongruencia de lo pedido y lo fallado por ser disimiles, abrog\u00e1ndose un fallo extra u ultrapetita para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales en especial en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad encartada vulner\u00f3 las prerrogativas reclamadas por el querellante en la ejecuci\u00f3n rad. n.\u00b0 2012-00163, por cuanto confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n por medio de la cual, el a quo declar\u00f3 improcedente \u00abel levantamiento de la medida cautelar solicitada por el se\u00f1or Luis Francisco Contreras Vera\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los prove\u00eddos del 2 de febrero y 23 de marzo de 2023, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del Juzgado Primero Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Pamplona, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Al revisar el prove\u00eddo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual, la autoridad censurada ratific\u00f3 la improcedencia del levantamiento de la cautela solicitada por Luis Francisco Contreras Vera (rad. n.\u00b0 2012-00163), no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar la apelaci\u00f3n propuesta por el gestor, en la cual argument\u00f3 que se \u00abincurri\u00f3 en un \u201cclaro defecto factico que vulnera el derecho fundamental al debido proceso por la ausencia del sustento probatorio para justificar la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que fundamenta su decisi\u00f3n, toda vez que en el ejercicio de la valoraci\u00f3n de las pruebas, no tiene en cuenta ni una sola de las aportadas para acreditar la posesi\u00f3n p\u00fablica pac\u00edfica, ininterrumpida (\u2026) sobre el veh\u00edculo por m\u00e1s de cinco a\u00f1os\u00bb, la agencia judicial convocada anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abContrario a lo que considera el recurrente los documentos que obran en el expediente no logran revelar suficientemente la posesi\u00f3n del aludido automotor en cabeza del incidentante, toda vez que, aunque es cierto que solo el SOAT expedido el 7 de enero de 2022, aparece a nombre de JAVIER FRANCISCO VERA CONTRERAS y que se aport\u00f3 una constancia emitida por el CDA PRADOS DEL ESTE S.A.S. con la que se busca que no se tenga en cuenta el certificado de la revisi\u00f3n t\u00e9cnico mec\u00e1nica del 3 de septiembre de 2021 donde aparece el antes citado como propietario, e incluso, que en los otros SOAT y certificados de revisiones t\u00e9cnico mec\u00e1nicas arrimados aparece el se\u00f1or SAMUEL SANTANDER LOPESIERRA MEJ\u00cdA como propietario del veh\u00edculo, tal hecho (\u2026) de ninguna forma pone en cabeza del incidentante la posesi\u00f3n sobre el automotor, pues solo revela a nombre de quien se expidieron los mencionados documentos, pero no, quien efectivamente los gestion\u00f3 con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
En lo relativo a \u00ablos testimonios de la familia del incidentante\u00bb precis\u00f3 que, el v\u00ednculo entre aquellos \u00abno conlleva a que sean desconocidos inmediatamente, no obstante, eso no implica que el Juez no tenga el deber de valorarlos con una mayor severidad\u00bb puesto que \u00abexist\u00edan razones para considerar que lo manifestado por los hijos y la esposa del incidentante en sus declaraciones no se ajustan a la realidad\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, inform\u00f3 que \u00abaunque el incidentante alega ser poseedor de la camioneta (\u2026) resulta determinante que (\u2026) desde el 11 de octubre de 2005 no contara con licencia de conducci\u00f3n, y m\u00e1s a\u00fan que sacara este documento (\u2026) solo poco tiempo despu\u00e9s de la fecha (\u2026) en que fue inmovilizado el veh\u00edculo materia de estas diligencias, siendo que efectu\u00f3 la compra del veh\u00edculo desde el mes de abril de 2017\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 \u00abel esfuerzo que hizo el incidentante para inicialmente negar que en su hogar existe por lo menos otro veh\u00edculo, el REANULT SIMBOL ROJO que despu\u00e9s acept\u00f3 es de su esposa y que de forma incoherente afirm\u00f3 ella se lo alquilaba cuando se le cuestion\u00f3 para que explicara porque se le hab\u00eda visto conduci\u00e9ndolo, no solo porque conforme a las reglas de la l\u00f3gica y la experiencia no es cre\u00edble que quien teniendo un veh\u00edculo suela de rentar otro y menos a\u00fan a su propia pareja, m\u00e1xime cuando incluso esta \u00faltima en su declaraci\u00f3n manifest\u00f3 claramente que depende econ\u00f3micamente de su esposo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abresulta coherente el planteamiento de la A Quo en cuanto a si era tan clara y evidente la posesi\u00f3n que el incidentante ten\u00eda sobre la camioneta, porque no solicit\u00f3 el testimonio de terceros ajenos a su n\u00facleo familiar que dieran cuenta de tales hechos, los cuales de ser ciertos no son complicados de demostrar\u00bb. <\/p>\n
Sobre la alegada falta de jurisdicci\u00f3n y competencia de los funcionarios de \u00abla Polic\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte del Departamento\u00bb que llevaron a cabo la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo, la c\u00e9lula judicial accionada razon\u00f3 que, la orden dirigida a la Sijin \u00abpuede ser cumplida por cualquier autoridad policial en virtud de lo establecido en el numeral 8 del art\u00edculo 10 de la ley 1801 de 2016\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, respecto de la sanci\u00f3n impuesta al promotor, el despacho fustigado se\u00f1al\u00f3 que \u00abquien solicit\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar decretada sobre la posesi\u00f3n de la camioneta (\u2026) lejos estuvo de acreditar sus dichos, y en ese sentido, resultaba justificable que le impusiera la sanci\u00f3n que contempla [el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso]\u00bb. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n, al margen de que se comparta o no, no luce antojadiza o caprichosa en relaci\u00f3n con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria resuelta en ese espec\u00edfico escenario. <\/p>\n
De forma que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello se abrir\u00eda camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo; sin que devenga procedente, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Al respecto esa Sala ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
En todo caso, ante contextos como el estudiado, la Corte ha resaltado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (Sentencia de 27 de septiembre de 2013, exp. 02177-00, reiterada en la STC8557-2017, 15 de junio, rad. 2017-00475-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s afirmaciones realizadas por el querellante \u2013v. gr., que \u00abel apoderado de la parte demandante DIEGO JOS\u00c9 BERNAL JAIMES, (\u2026) es hijo de quien para ese entonces fung\u00eda como sustanciador de ese despacho, [y adem\u00e1s] funge como apoderado de otro proceso en contra de [su] hijo bajo el radicado n\u00famero 2014-00809 tramitado en el mismo despacho\u00bb y que \u00abel intendente RAUL ANTONIO MORENO ESPINOZA, (\u2026) mant[iene] una enemistad grave con [su] hijo JAVIER CONTRERAS\u00bb\u2013, nada obsta para que el convocante acuda directamente ante las autoridades competentes para formular las denuncias que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo estimatorio de primer grado porque la resoluci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En su lugar, conforme a los razonamientos que anteceden, se NIEGA la tutela de la referencia y, en consecuencia, se dejan sin efectos las actuaciones que se hubieren desplegado en cumplimiento de la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC7869-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7869-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2023-00023-01 Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona el 5 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75470","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75470","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75470"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75470\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}