STC7876-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7876-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2023-01267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 4 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carmen Arroyo Ru\u00edz, Rufina Sinisterra y Pedro Sol\u00eds Arroyo contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, la Alcald\u00eda Distrital de esa ciudad, la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio del Trabajo y los Sindicatos de Trabajadores Oficiales -Sintraoficiales y de Trabajadores de Buenaventura, as\u00ed como las partes e intervinientes en el asunto n.\u00ba 2017-00151. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los convocantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que promovieron ordinario laboral contra el Municipio de Buenaventura, para obtener el reajuste de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n \u00abconforme a lo establecido en el art\u00edculo 14 de la Convenci\u00f3n Colectiva vigente para los a\u00f1os 1994 y 1995\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad, quien \u00abneg\u00f3 las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que la referida providencia fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga pues coligi\u00f3 que \u00abno existen pruebas o documentos que ofrezcan par\u00e1metros para establecer las diferencias en el monto de las pensiones pagadas a los actores por el Distrito de Buenaventura\u00bb. <\/p>\n
Precisaron que, la decisi\u00f3n de segundo grado \u00abviol\u00f3 la esencia del art\u00edculo 283 contenido en el C.G.P., cuya finalidad es concretar la condena a que haya lugar, y en su lugar, sumi\u00f3 el derecho invocado en una sentencia negativa, porque seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, no existe en el plenario la prueba exigida para ese reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
Destacaron que, respecto de la anterior determinaci\u00f3n interpusieron casaci\u00f3n, sin embargo, el mismo no fue concedido; por tal motivo, presentaron queja, la cual fue estudiada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien consider\u00f3 que \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n estuvo bien denegado\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden, que se revoquen los pronunciamientos desfavorables y se ordene a la colegiatura ad quem \u00abdict[ar] [un fallo] nuevo (\u2026) con las pruebas oficiosas correspondientes o se reconozcan las consideraciones econ\u00f3micas contenidas en la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la \u00abdecisi\u00f3n fue emitida por la Sala, con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y la jurisprudencia; luego, no resulta arbitraria, ni desconocedora de derecho fundamental alguno, como puede advertirse de los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos all\u00ed consignados\u00bb. <\/p>\n
2. El tribunal encartado reliev\u00f3 que \u00aben la providencia refutada, no se vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante; pues la misma estuvo apegada a la normatividad y jurisprudencia aplicables al asunto\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buga se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas situaciones (\u2026) descritas [en la tutela] no pueden ser atribuibles a este despacho, al menos en forma de culpa o dolo\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al advertir que \u00ablas autoridades judiciales accionadas actuaron en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de los recurrentes para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal en el fallo de tutela atacado, al igual que la Sala (\u2026) Laboral [del tribunal], no tuvo en cuenta las disposiciones normativas del derecho sustantivo sobre el deber de ordenar pruebas de oficio, esto es, desconoci\u00f3 plenamente, la norma sustancial contenida en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso, dejando en sombra hechos y pruebas que bien pudieron dilucidarse de haber actuado diligentemente en defensa de un derecho constitucional\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, indicaron que \u00aben las pruebas aportadas, se pueden establecer las diferencias econ\u00f3micas argumentadas y no solo simples porcentajes, (\u2026) cifras que al ser comparadas con los decretos, resoluciones y certificaci\u00f3n aportadas, se pueden obtener los montos a reconocer a los aqu\u00ed accionantes\u00bb. <\/p>\n
Agregaron que \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal mezcla en un mismo fardel, la sentencia de la Sala de Decisi\u00f3n Laboral accionada con la providencia emanada de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, sobre la cual solo se pidi\u00f3, de manera especial, que se declarara impedida por conocimiento y pronunciamiento previo del tema medula de la tutela elevada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
1.1. Preliminarmente, se precisa que, si bien, en la demanda inicial tambi\u00e9n se cuestion\u00f3 la determinaci\u00f3n de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de queja presentado por los querellantes; lo cierto es que la impugnaci\u00f3n se formul\u00f3 exclusivamente respecto de las consideraciones expuestas en el fallo del tribunal ad quem, de modo que, el an\u00e1lisis de la Sala se circunscribir\u00e1 a dicha disposici\u00f3n. <\/p>\n
1.2. De conformidad con lo anterior, le corresponde a la Corte establecer si la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por los gestores (rad. 2017-00151), por mantener en firme la decisi\u00f3n desestimatoria del juzgado a quo, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3.1. Al estudiar la sentencia sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal enjuiciado dej\u00f3 inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n desestimatoria del juzgado a quo pues evidenci\u00f3 que \u00abno existen pruebas o documentos que ofrezcan par\u00e1metros para establecer las diferencias en el monto de las pensiones pagadas a los actores por el Distrito de Buenaventura\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar la apelaci\u00f3n propuesta por los actores, en la cual argumentaron que \u00abla diferencia entre lo que se les pag\u00f3 y lo que corresponde al valor que ha debido liquidarse no es materia de determinar en este proceso y tomarlo como base para negar la pretensi\u00f3n por el solo hecho de decir que esa diferencia no est\u00e1 plasmada en la demanda, si m\u00e1xime cuando esa solicitud fue al Municipio al que se le reclam\u00f3 y no la aport\u00f3 y as\u00ed se le hizo saber al Despacho, esa es una petici\u00f3n que tiene mas que ver con una liquidaci\u00f3n, mas no con el reconocimiento de un derecho\u00bb, la agencia judicial convocada anot\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abLa materia objeto de estudio, se contrae a establecer si los demandantes tienen derecho a los incrementos previstos en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre el Municipio de Buenaventura y Sindicato de Trabajadores de Buenaventura para el periodo 1994 y 1995\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, procedi\u00f3 a analizar las \u00abpruebas documentales arrimadas al plenario por la parte plural demandante\u00bb y sobre ellas, razon\u00f3 que, \u00abtanto la se\u00f1ora CARMEN TULIA ARROYO RUIZ, sustituta del se\u00f1or JOS\u00c9 HERNAN NIEVA, como la se\u00f1ora RUFINA SINISTERRA, re\u00fanen los requisitos para ser derechosas de las disposiciones de la convenci\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, destac\u00f3 que \u00abpor la deficiente carga probatoria que milita en el noticiario; no se puede determinar que para la \u00e9poca en que se les otorgaron las pensiones vitalicias de jubilaci\u00f3n, el monto de las mesadas era inferior al salario m\u00ednimo que ten\u00eda establecido el ente accionado para sus trabajadores activos\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Sobre la pretensi\u00f3n de Pedro Pablo Sol\u00eds Arroyo inform\u00f3 que \u00abla pensi\u00f3n vitalicia al que \u00e9ste accedi\u00f3 fue por invalidez a cargo del Municipio, la cual se reconoci\u00f3 en el a\u00f1o 2003, fecha en que ya hab\u00eda desaparecido de la vida jur\u00eddica la convenci\u00f3n colectiva, se reitera, solo era aplicable hasta el 31 de diciembre de 1995, pues as\u00ed qued\u00f3 determinado en el art\u00edculo 52 y revalidado en la nota de dep\u00f3sito\u00bb. <\/p>\n
Luego, refiri\u00f3 que \u00abse logr\u00f3 establecer que el demandado, fij\u00f3 su escala salarial y prestacional para los empleados y trabajadores del Municipio de conformidad con las competencias asignadas por el legislador en la Ley 4 de 1992, que cobra vigencia con la expedici\u00f3n de los respectivos acuerdos municipales para su cumplimiento, misma que se fija de conformidad con el \u00edndice de precios del consumidor, que tambi\u00e9n aplica para el caso de la actualizaci\u00f3n de las mesadas pensionales que hoy disfrutan los demandantes\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSe debe mantener inc\u00f3lume la decisi\u00f3n de primera instancia, en raz\u00f3n a que, adem\u00e1s, en las foliaturas no existen pruebas o documentos que ofrezcan par\u00e1metros para establecer las diferencias en el monto de las pensiones pagadas a los actores por el Distrito de Buenaventura, como las certificaciones aut\u00e9nticas de las mesadas percibidas en los interregnos reclamados y su cotejo con lo pagado por concepto de mesadas pensionales a los demandantes; requisitorias que permitir\u00edan, de haberse allegado, efectuar o consolidar los posibles reajustes anhelados. Es que la carga de la prueba en este caso correspond\u00eda a la parte demandante y como se verific\u00f3, \u00e9sta no cumpli\u00f3 con el deber procesal que le correspond\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de los gestores no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquellos frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento de los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que la sentencia cuestionada realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia confutada se advierte razonable, ya que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFRIMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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