STC7890-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7890-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00706-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, el 13 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Elisa Vives P\u00e9rez contra la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes \u2013 en liquidaci\u00f3n; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Corte Constitucional, esta Sala y la de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Pivijay (Magdalena) y Promiscuo del Circuito del mismo municipio, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en los asuntos n.\u00b0 2014-00097 y 2013-00199-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y patrimonio, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub lite: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Que \u00aben fecha 05 de junio de 1987 el Juzgado \u00danico Especializado del Magdalena, conoci\u00f3 investigaci\u00f3n penal (\u2026) en contra del se\u00f1or Jos\u00e9 Rafael Abello Silva\u00bb, del cual \u00abse desprendi\u00f3 que algunos bienes fueran objeto de inicio de acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A partir de lo anterior, aduce la promotora que, a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite incidental, obtuvo \u00abauto de fecha 19 de diciembre de 1990, ordenando la entrega en forma definitiva, y a [su] favor (\u2026), de los siguientes bienes: Apto. 400 edifico El Dorado, autom\u00f3vil marca Mercedes Benz, casa de habitaci\u00f3n trasversal 5\u00aa No. 5B-40 rodadero reservado, hoy trasversal 1\u00aa No. 5B-40, teatro Tayrona y locales comerciales, finca Bahamas, antes Play\u00f3n, finca Puerto Arturo o la Tragedia y finca Aguas Claras\u00bb; sin embargo, la entidad accionada \u00aba pesar de conocer la legitimidad de la propiedad por \u00f3rdenes judiciales debidamente ejecutoriadas se ha negado a pronunciarse respecto a su devoluci\u00f3n y entrega efectiva, incurriendo en una omisi\u00f3n injustificada e ilegal\u00bb y m\u00e1s cuando en el referido asunto penal que se promovi\u00f3 en contra de Abello Silva, \u00abrindi\u00f3 declaraci\u00f3n juramentada, en donde indica y aclara (\u2026) la forma como se adquirieron los predios objeto de esta solicitud\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, mencion\u00f3 que \u00abdurante toda esta actuaci\u00f3n judicial desde el a\u00f1o 2014 se han venido emitiendo fallos [a su] favor (\u2026), situaci\u00f3n est\u00e1 que por \u00faltimo fue atacada por la Direcci\u00f3n de Estupefacientes, en esa \u00e9poca por medio de una tutela manifestando que [se omiti\u00f3] notificar a algunos terceros\u00bb, pero lo cierto es que los bienes discutidos son de su propiedad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, \u00abpor medio del presente se reitera [se ordene] su devoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Pivijay, se refiri\u00f3 a las actuaciones surtidas a su cargo, al interior de la acci\u00f3n de tutela que la ahora gestora instaur\u00f3 igualmente en contra de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes (rad. n.\u00b0 2013-00199), precisando que, a partir de lo ordenado en otra acci\u00f3n de esa misma naturaleza, \u00abse deja sin efecto la sentencia (\u2026), desde su auto admisorio y se ordena el env\u00edo de la misma a la sala Penal\u00bb de esta corporaci\u00f3n, para su conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
Asimismo, inform\u00f3 que \u00abfrente al pronunciamiento que hizo (\u2026) en su momento, fue iniciado un proceso penal en [su] contra por el presunto delito de prevaricato\u00bb, aun cuando, con lo decidido, \u00absolo quiso amparar derechos fundamentales de la entonces accionante Ana Elisa Vives P\u00e9rez, no generar, ni declarar nuevos derechos, solo ordenar el cumplimiento de unas sentencias que en su momento no fueron atacadas por las autoridades correspondientes\u00bb y remiti\u00f3 copia de los documentos que reposan en el archivo del despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de ese mismo lugar, rindi\u00f3 informe indicando el tr\u00e1mite que, en sede de impugnaci\u00f3n, adelant\u00f3 dentro de la acci\u00f3n constitucional impetrada por Ana Elisa Vives P\u00e9rez en contra de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes y transcribi\u00f3 la decisi\u00f3n emitida al respecto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Fondo Nacional de Estupefacientes se\u00f1al\u00f3 que \u00abno es el llamado en la acci\u00f3n constitucional pues la misma refiere a competencias de la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes \u2013 DNE- la cual se suprimiera mediante el Decreto 3183 de 2011 y se ordenara su liquidaci\u00f3n, siendo que a la fecha se dispuso el traslado de sus funciones administrativas en cabeza del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado \u2013Frisco\u2013 adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho\u00bb, por lo que remiti\u00f3 por competencia el asunto a dicha entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia, a trav\u00e9s de la Directora de Pol\u00edtica de Drogas y Actividades Relacionadas, adujo que \u00abla Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE), es una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional autorizada por la ley, de naturaleza \u00fanica y sometida al r\u00e9gimen del derecho privado, la cual actualmente no est\u00e1 adscrita ni vinculada dada su naturaleza, a ninguna cartera ministerial\u00bb, por lo que \u00abno es [el] competente para pronunciarse o hacer parte dentro del tr\u00e1mite constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Seg\u00fan se extrae de los antecedentes de la providencia impugnada, \u00ab[l]a Presidenta de la Corte Constitucional argument\u00f3 que esa Corporaci\u00f3n no ha vulnerado los derechos fundamentales de la demandante y destac\u00f3 que la emisi\u00f3n de la sentencia SU-626 de 1\u00b0 de octubre de 2015 se dio en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Jasson Estanislao Becerra Cossio y Mar\u00eda Mercedes Cecilia Montoya de Yepes, pidieron la remisi\u00f3n del link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio tras advertir que \u00ablos planteamientos y pretensiones que ahora [se] invoca[n] ya fueron analizados en otra acci\u00f3n de igual naturaleza por esta Corporaci\u00f3n. En efecto, en la sentencia de tutela STP12531-2014 de 18 de septiembre de 2014 (\u2026) se evidencia que ANA ELISA VIVES P\u00c9REZ ya hab\u00eda demandado a los aqu\u00ed accionados para que ordenaran a la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes \u2013 En liquidaci\u00f3n, la devoluci\u00f3n de los mismos bienes antes mencionados\u00bb, por lo que \u00abla demanda formulada por la actora re\u00fane las condiciones definidas por la jurisprudencia para considerar la temeridad en el ejercicio de la acci\u00f3n, pues (\u2026) el objeto, la causa y las partes en el presente proceso constitucional, guardan identidad con los ya conocidos y decididos con anterioridad en el fallo citado\u00bb, aun cuando, en esta nueva oportunidad, se presentaron algunos argumentos adicionales. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora reiterando lo expuesto en el libelo introductor y alegando que a pesar de que \u00ablos planteamientos y pretensiones que ahora invoca ya fueron analizados en otra acci\u00f3n de igual naturaleza\u00bb, lo cierto es que \u00abdesde mucha antelaci\u00f3n el proceso cuenta con un vicio de procedimiento\u00bb y \u00abpor parte de ning\u00fan operador de justicia se [tuvo] en cuenta la declaraci\u00f3n rendida (\u2026), en [l]a cual sustenta y justifica de manera clara y precisa la forma como adquiri\u00f3 sus bienes, declaraci\u00f3n que dio pie a la devoluci\u00f3n de los mismos en su momento; simplemente se tuvo un estudio preliminar sobre el proceso de Extradici\u00f3n [del] se\u00f1or Jos\u00e9 Rafael Abello Silva, donde se dio tramite a la extinci\u00f3n de dominio de unos predios del mismo y vinculando los de mi poderdante dentro del mismo proceso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno comparto la posici\u00f3n de que (\u2026) exista alg\u00fan tipo de temeridad, pues se tiene que se est\u00e1 recurriendo a las entidades estatales en aras a la protecci\u00f3n de unos derechos que en principio fueron protegidos por jueces constitucionales de la rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la promotora est\u00e1 actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si la entidad cuestionada lesion\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas, al abstenerse de devolver los bienes que, mediante sendas providencias, ordenaron la entrega definitiva de los mismos a su favor. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC9397-2019, 17 jul. rad. 2019-02151-00). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
La sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, al revelarse una actuaci\u00f3n temeraria de la gestora, respecto de los cuestionamientos planteados por la omisi\u00f3n de la accionada, a dar cumplimiento a la providencia de 19 de diciembre de 1990 que dispuso la entrega de varios bienes a su favor, pues dichas postulaciones ya fueron estudiadas en una tutela anterior conocida por esta Corporaci\u00f3n1 y definida mediante sentencia STC6567-2015, 28 may.2, que confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n del resguardo3; circunstancia que impide reabrir nuevamente el debate. <\/p>\n
Y es que, efectivamente, aquella salvaguarda se sustent\u00f3 en id\u00e9nticos reproches a los expuestos en el actual tr\u00e1mite, esto es, tal como se precis\u00f3 en esa oportunidad, \u00ab[c]iertamente, de acuerdo con los argumentos en que se funda el reproche que formula la actora en esta sede, la alegada vulneraci\u00f3n de sus derechos deprecados tendr\u00eda origen en el incumplimiento del prove\u00eddo de fecha 19 de diciembre de 1990, emitido por el Juzgado \u00danico Especializado de Magdalena que dispuso la entrega de varios inmuebles [a su favor] (\u2026)\u00bb, concluyendo al respecto, que la solicitud de protecci\u00f3n no atend\u00eda el principio de inmediatez, toda vez que, la referida decisi\u00f3n de 19 de diciembre, \u00abfue confirmada por el superior el 20 de enero de 1996, en tanto la acci\u00f3n constitucional se impetr\u00f3 el 11 de diciembre de 2013, esto es, despu\u00e9s de transcurridos m\u00e1s de diecisiete a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 el \u00faltimo pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se explic\u00f3 en aquella oportunidad, <\/p>\n
\u00ab[i]ncluso, de aceptar que tal par\u00e1metro debe considerarse a partir de la sentencia proferida el 24 de junio de 2004 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 que declar\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre varios bienes, entre ellos, el de la actora y confirmada por el Tribunal Superior de esta ciudad el 29 de abril de 2005, la Sala advierte que desde esta calenda, pasaron m\u00e1s de ocho a\u00f1os. Lo anterior deja en evidencia que la peticionaria del amparo para interponer la tutela dej\u00f3 cumplir un per\u00edodo superior al que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que lo alegado como motivo de su tardanza, referente a que no hab\u00eda sido posible ubicar f\u00edsicamente las decisiones cuya materializaci\u00f3n persigue, constituya una justificaci\u00f3n suficiente, pues fue excesivo lapso que tom\u00f3 para recaudarlas, de tal suerte que no puede concluirse que existi\u00f3 una absoluta incapacidad para ejercer la defensa de sus derechos. <\/p>\n
(\u2026) Finalmente, es de reiterar conforme lo se\u00f1al\u00f3 el juez plural constitucional de primera instancia, que no es procedente solicitar la devoluci\u00f3n del bien de propiedad de la actora con fundamento en un prove\u00eddo fechado el 19 de diciembre de 1990 que hace parte del proceso penal adelantado contra su esposo, toda vez que ese es un tr\u00e1mite distinto al de la extinci\u00f3n de dominio, aut\u00f3nomo e independiente, cuyas decisiones no restringen o condicionan el resultado de este \u00faltimo como lo pretende hacer ver la tutelante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, es claro que aquel resguardo concuerda con el aqu\u00ed examinado en los puntos cardinales que lo motivaron, y pese a que difieren sutilmente en la forma de exponerlos4, se puede concluir que constituye la equivalencia de acciones que estructuran el indicado presupuesto de improcedencia de la acci\u00f3n constitucional y que revela el abuso en su ejercicio, reprochado por el ordenamiento jur\u00eddico como comportamiento temerario, pues las justificaciones propuestas al impugnar, alusivas a que \u00abno (\u2026) exist[e] alg\u00fan tipo de temeridad, pues se tiene que se est\u00e1 recurriendo a las entidades estatales en aras a la protecci\u00f3n de unos derechos que en principio fueron protegidos por jueces constitucionales de la rep\u00fablica\u00bb, en nada justifican la interposici\u00f3n de esta nueva acci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, como seg\u00fan lo discurrido, esta tutela es el reflejo injustificado de otra esencialmente similar, al revestir identidades subjetivas, objetivas y causales, sin que se observen hechos nuevos o pretensiones sobrevinientes que eventualmente desvirt\u00faen su uso paralelo, se impone declarar la manifiesta improcedencia de la protecci\u00f3n, a fin de detener la injustificada extensi\u00f3n del debate propuesto, pues \u00abadmitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 00517-01, reiterada en STC7704-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00275-01; y STC9397-2019, 17 jul., rad. 02151-00). <\/p>\n
Frente al citado criterio de procedibilidad ha precisado la Corte que, <\/p>\n
\u00ab\u2026la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (STC 21 oct. 2009, rad. 01841-00, reiterada en STC3202-2014, 13 jun. 2014, rad. 00075-01). <\/p>\n
4. De la sanci\u00f3n por temeridad. <\/p>\n
Pese a la clara duplicidad en el ejercicio de la acci\u00f3n, seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3, la Sala se abstendr\u00e1 de imponer multa alguna al abogado que la formul\u00f3, en consideraci\u00f3n a que, seg\u00fan los argumentos propuestos al impugnar el fallo de primera instancia, la promoci\u00f3n de esta nueva salvaguarda pudo obedecer a una errada comprensi\u00f3n de lo que considera como hechos y pretensiones nuevas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda, por evidenciarse el ejercicio temerario de la acci\u00f3n, en tanto el contenido de los reclamos expuestos en el amparo incoado y definido con anterioridad, frente al que en esta ocasi\u00f3n se invoca, no muestran variaci\u00f3n sustancial alguna. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Rad. n.\u00b0 11001-02-04-000-2014-01787-00. <\/p>\n
2\u0002 Que, tal como lo anot\u00f3 la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada al ser excluida de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Resuelta mediante fallo de primera instancia STP12531-2014, 18 sep. <\/p>\n
4\u0002 Al mencionar las actuaciones que ha desplegado con posterioridad a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar previa. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7890-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7890-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2023-00706-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}