STC7891-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7891-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02981-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Alfonso M\u00e1rquez Y\u00e1\u00f1ez y Gloria Mar\u00eda Acosta de M\u00e1rquez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta ciudad, y los intervinientes en el proceso verbal de responsabilidad contractual radicado n\u00ba 2019-00362. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, a trav\u00e9s de apoderado, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abcontradicci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n
2. Exponen en s\u00edntesis que promovieron demanda de responsabilidad contractual contra Rafael Antonio Cepeda Arbel\u00e1ez, pretendiendo se declarara el incumplimiento y la consecuente resoluci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa contenido en un acta de conciliaci\u00f3n (acta n\u00ba 09235 de 28 de octubre de 2017). <\/p>\n
Refieren que el incumplimiento consisti\u00f3 en que, el demandado se neg\u00f3 a suscribir la escritura p\u00fablica de la compraventa de un lote de reserva subdividido en 11 lotes (ubicado en la vereda Chuntame, del municipio de Cajic\u00e1) conforme se hab\u00eda estipulado en la conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
El 19 de octubre de 2022 el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones, esto es, orden\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa y conden\u00f3 al pago de \u00ab$99\u2019476.372.\u00bb, decisi\u00f3n contra la cual, este \u00faltimo, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Destacan que los motivos de inconformidad planteados por el apelante fueron: (i) que contrario a lo manifestado por los demandantes, s\u00ed se present\u00f3 en la fecha y hora acordadas en la conciliaci\u00f3n para la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica, y que, quienes no comparecieron fueron los vendedores-demandantes; (ii) que el acto administrativo (resoluci\u00f3n 990 de 2 de diciembre de 2015) que dispuso la divisi\u00f3n del predio de mayor extensi\u00f3n del cual se derivaron los 11 lotes, era falsa; (iii) que no existi\u00f3 perjuicio, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar al pago de ninguna suma; (iv) que los demandantes habr\u00edan vendido el inmueble a un tercero; y, (v) que existi\u00f3 mala fe. <\/p>\n
Empero, resaltan que, ignorando dicha argumentaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil con fallo del 20 de febrero de 2023, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo para declarar, de oficio, la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa por carecer de uno de sus elementos esenciales, esto es, la determinaci\u00f3n plena de los bienes negociados, ya que en \u00e9l \u00abno se transcribieron los linderos de los inmuebles objeto de la compraventa, ni tampoco se hizo referencia expresa a la escritura p\u00fablica de divisi\u00f3n en la que estos estaban descritos\u00bb. <\/p>\n
Pese a que formularon casaci\u00f3n, el tribunal se abstuvo de conceder dicho recurso al no advertir cumplido el requisito de la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir (en sede de recurso de queja, la Sala de Casaci\u00f3n Civil declar\u00f3 bien denegado el remedio extraordinario). <\/p>\n
Dirigen sus cuestionamientos contra el fallo del ad quem; concretamente critican que, existi\u00f3 una extralimitaci\u00f3n en su competencia, por cuanto, la nulidad no hizo parte de las censuras expuestas en la alzada, incurriendo en defecto procedimental; adem\u00e1s, que la nulidad no se observa de manifiesto en el contrato como lo exige el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil para declararla oficiosamente, lo que constituye una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo. <\/p>\n
De otro lado, aducen que hubo defecto f\u00e1ctico porque el tribunal ignor\u00f3 las pruebas documentales obrantes en el expediente y los hechos que fueron aceptados por las partes en el proceso que demostraban que \u00abnunca hubo duda sobre la identificaci\u00f3n, determinaci\u00f3n y ubicaci\u00f3n de los inmuebles objeto del contrato\u00bb. En este particular, detallan que al plenario fueron aportados los respectivos certificados de libertad y tradici\u00f3n de todos los predios, que contienen la descripci\u00f3n precisa de los mismos y en los que se hace referencia a la escritura p\u00fablica de divisi\u00f3n n\u00ba 158 de 14 de marzo de 2016. <\/p>\n
Tambi\u00e9n afirman que la colegiatura acusada interpret\u00f3 de forma restrictiva la jurisprudencia relacionada con la tem\u00e1tica, es decir, la que se refiere al requisito de la determinaci\u00f3n del contrato prometido como elemento esencial, pues la Sala de Casaci\u00f3n Civil en pronunciamiento en sede de ordinaria dijo que, \u00ablas partes pueden usar diferentes medios de identificaci\u00f3n del inmueble, siempre que permitan determinar con claridad cu\u00e1l es el inmueble objeto de la negociaci\u00f3n\u00bb (citan la sentencia SC004-2015, 14 ene. Rad. 2006-00256-01). Aseguran que, de acuerdo a lo se\u00f1alado en ese precedente, la transcripci\u00f3n de los linderos no es la \u00fanica manera de identificar el inmueble, y en su caso, aquello estaba cumplido con la referencia al n\u00famero de folio de matr\u00edcula inmobiliaria de cada lote. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sostienen que, seg\u00fan el proferimiento de la Corte, \u00abpara concluir que se incumpli\u00f3 este requisito [el de la determinaci\u00f3n del contrato] no basta con leer el contrato y ver que las partes no describieron o transcribieron con detalle la ubicaci\u00f3n y linderos del inmueble objeto de negociaci\u00f3n, sino que debe el fallador determinar si el inmueble fue claramente identificado [\u2026] independientemente de la forma en que las partes lo hayan hecho (sea transcribiendo la direcci\u00f3n y los linderos, sea haciendo la referencia a la escritura p\u00fablica o sea haciendo referencia al folio de matr\u00edcula inmobiliaria)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, alegan que, el tribunal omiti\u00f3 decidir sobre las pretensiones subsidiarias, que ten\u00edan que ver con la declaratoria de incumplimiento del acta de conciliaci\u00f3n, es decir, \u00abdej\u00f3 de analizar elementos esenciales de la relaci\u00f3n entre las partes\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que, se revoque \u00abla sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Sexta Civil de Decisi\u00f3n, el 20 de febrero de 2023, radicaci\u00f3n [2019-00362-01]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Juez Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 hizo un recuento de las incidencias procesales en el juicio declarativo de resoluci\u00f3n de contrato en cuesti\u00f3n en la que, mediante fallo del 19 de octubre de 2022, dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que ser\u00eda revocada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 15 de febrero de este a\u00f1o, para en su lugar decretar la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa. Sostuvo que, se respetaron a lo largo del juicio las prerrogativas legales y constitucionales de las partes y que la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 en primera instancia \u00abse fundament\u00f3 en la valoraci\u00f3n, apreciaci\u00f3n, calificaci\u00f3n de las pruebas practicadas y actuaciones desplegadas en el tr\u00e1mite declarativo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Rafael Antonio Cepeda Arbel\u00e1ez, vinculado, y quien fungi\u00f3 como demandado en el litigio en discusi\u00f3n aleg\u00f3 que, existe temeridad de los accionantes, pues ya hab\u00edan presentado anteriormente una tutela id\u00e9ntica, que fue conocida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil (rad. 2023-02667) la cual resolvi\u00f3 no amparar los derechos invocados, decisi\u00f3n que adem\u00e1s no fue impugnada. Solicit\u00f3 se compulsen copias dirigidas a la autoridad disciplinaria a fin de que se investigue la actuaci\u00f3n de la apoderada de los tutelantes. <\/p>\n
3. Adriana L\u00f3pez Mart\u00ednez, abogada de los accionantes se opuso a la petici\u00f3n del vinculado Cepeda Arbel\u00e1ez de que se le compulsen copias ante las autoridades disciplinarias por un supuesto ejercicio temerario de la acci\u00f3n de tutela, frente a lo cual explic\u00f3 que, la anterior demanda tutelar fue declarada improcedente por prematura, y que la actual se present\u00f3 porque \u00abocurrieron hechos sobrevinientes a la interposici\u00f3n de la primera acci\u00f3n de tutela, que tornaron necesaria, oportuna y urgente la interposici\u00f3n de la que se tramita actualmente (\u2026) es claro que no hubo decisi\u00f3n de fondo, porque, estaba pendiente de resolverse la queja por ellos interpuesta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. La providencia cuestionada. <\/p>\n
Al examinar el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte la improcedencia del resguardo, dado que la decisi\u00f3n del tribunal no se aprecia arbitraria, producto de una respetable hermen\u00e9utica del contexto procesal analizado, de la normativa espec\u00edfica aplicable y de los medios probatorios allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, el tribunal anticip\u00f3 que revocar\u00eda la decisi\u00f3n del a quo, pero no por los motivos ni con el alcance pretendido por el apelante, sino porque hall\u00f3 que el contrato de promesa de compraventa en discusi\u00f3n carec\u00eda de validez por la falta de determinaci\u00f3n de los linderos especiales de los lotes materia de la negociaci\u00f3n, debiendo declarar de oficio la nulidad absoluta, de conformidad con el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, en virtud de ese control de legalidad excepcional, por tratarse de un defecto sustancial del acto o contrato, al margen de otros elementos de juicio, no era menester explorar otros puntos de la controversia propuestos en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 que la juez de primera instancia no estuvo acertada al declarar la resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) puesto que el \u00e9xito de esa espec\u00edfica clase de pedimento, seg\u00fan lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia (en sentencia del 18 de diciembre de 2009, exp. 09616), est\u00e1 supeditado, entre otras cosas, a que la parte actora demuestre la existencia de un contrato bilateral, v\u00e1lidamente celebrado. Tal presupuesto que aqu\u00ed no cabe tener por satisfecho, como quiera que en el escrito privado que recogi\u00f3 la rese\u00f1ada negociaci\u00f3n preliminar, las partes no especificaron, y menos con la claridad requerida los linderos especiales de los 11 lotes prometidos en venta. <\/p>\n
Simplemente, en la cl\u00e1usula segunda del contrato de promesa de compraventa (acta de conciliaci\u00f3n extraprocesal No. 09235 de 28 de octubre de 2017) se consign\u00f3: <\/p>\n
\u201cel inmueble prometido en venta FMI No. 176-84473, hoy corresponde a 11 lotes, identificados con los siguientes folios de matr\u00edcula inmobiliarias: <\/p>\n
-176-153984: Lote 1 <\/p>\n
-176-153985: Lote 2 <\/p>\n
-176-153986: Lote 3 <\/p>\n
-176-153987: Lote 4 <\/p>\n
-176-153988: Lote 5 <\/p>\n
-176-153989: Lote 6 <\/p>\n
-176-153990: Lote 7 <\/p>\n
-176-153991: Lote 8 <\/p>\n
-176-153992: Lote 9 <\/p>\n
-176-153993: Lote 10 <\/p>\n
-176-153994: Lote 11 Zona Com\u00fan <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la cl\u00e1usula 1\u00aa del acta de conciliaci\u00f3n se indicaron los linderos generales del predio con FMI 176-84473, pero como deviene de lo consignado en el mismo documento privado, ese folio de matr\u00edcula no existe por la divisi\u00f3n que de \u00e9l tuvo lugar, en 11 lotes independientes (fl. 12 C.1). <\/p>\n
Expresado con otras palabras, de acuerdo con la documentaci\u00f3n que se comenta y, a partir de lo que se consign\u00f3 en el documento que recoge la conciliaci\u00f3n extraprocesal en referencia, es ostensible que los promitentes contratantes apenas indicaron las \u00e1reas o medidas externas de un bien ra\u00edz que jur\u00eddicamente ya no existe, con motivo de la segregaci\u00f3n que de este se produjo con ocasi\u00f3n de la escritura p\u00fablica de \u201cdivisi\u00f3n material\u201d No. 00158 de 14 de marzo de 2016 (fls. 505 a 518). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, frente a escenarios parecidos, esta Corte ya hab\u00eda explicado que, el requisito de la determinaci\u00f3n del contrato no tiene el alcance de, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) exigir la presencia en el convenio preparatorio de todos los elementos que debe contener una escritura p\u00fablica (\u2026) la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha exigido la inclusi\u00f3n en la promesa de su ubicaci\u00f3n y alindamiento, pues tal informaci\u00f3n constituye la forma natural de procurar la requerida precisi\u00f3n en la determinaci\u00f3n del objeto que reclama el precepto en comento\u201d. <\/p>\n
Tales exigencias, como viene de verse, no se acometieron a cabalidad en el contrato de promesa de compraventa (acta de conciliaci\u00f3n No. 09235) allegado con la demanda con la que tuvo su inicio el litigio, ni tampoco con la ayuda de alg\u00fan otro documento anexo, al cual all\u00ed se hubiera hecho remisi\u00f3n (seg\u00fan, tambi\u00e9n, la CSJ ha precisado que es viable, por v\u00eda de ejemplo, en sentencia de 12 de febrero de 2007, exp. 2000 00492). <\/p>\n
Es palmario que la promesa de compraventa en estudio no cumpli\u00f3 con la carga de se\u00f1alar los linderos de los lotes de terreno materia de negociaci\u00f3n. Vale la pena a\u00f1adir que la Corte Suprema de Justicia (sentencia de 12 de febrero de 2007, exp. 2000 00492,) ha puntualizado que es factible que los promitentes contratantes hagan remisi\u00f3n expresa a las escrituras p\u00fablicas que contengan la exacta identificaci\u00f3n del bien, para que se tengan como parte integral del negocio preparatorio o que estas se anexen al contrato con ese espec\u00edfico fin (set. 16 de abril de 2002, exp. 7255. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno). <\/p>\n
M\u00e1s adelante el tribunal aclar\u00f3 que, estudiado el convenio contenido en el acta de conciliaci\u00f3n, no observ\u00f3 que en aqu\u00e9l se hubiera hecho referencia a la escritura p\u00fablica 158 de 14 de marzo de 2016 en la cual se encuentran los linderos de los 11 lotes en venta, ni tampoco se especific\u00f3 que dicha escritura deb\u00eda entenderse anexa a la promesa. <\/p>\n
Seguidamente, se apoy\u00f3 en la sentencia SC004-2015 en la que se precis\u00f3 que, <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que, ante la comprobada ausencia del elemento sustancial referido en el contrato de promesa de compraventa \u2013 plena identificaci\u00f3n de los bienes (art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil) \u2013 era la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta de oficio. <\/p>\n
3.2. De conformidad con lo anterior, como se anticip\u00f3, la protecci\u00f3n constitucional no puede prosperar, toda vez que, contrario sensu a lo manifestado por los quejosos, el fallo recriminado no alberga anomal\u00eda que imponga prima facie la salvaguarda suplicada, respecto del desenlace que les fue desfavorable. <\/p>\n
Ello, habida cuenta que el ad quem acusado, acudi\u00f3 a la autonom\u00eda y soberan\u00eda que lo reviste como juzgador para calificar el acto jur\u00eddico controvertido, encontrando que carec\u00eda de un elemento sustancial para su validez, debiendo declarar oficiosamente la nulidad del mismo <\/p>\n
Y, en todo caso, esa declaratoria oficiosa relevaba al ad quem de detenerse a revisar los puntos de disenso planteados en la apelaci\u00f3n, pues, dada la nulidad del contrato, inane resultaba un pronunciamiento sobre la controversia que lo envuelve. En sede casaci\u00f3n, la Sala puntualiz\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Por consiguiente, disponiendo el Tribunal de la facultad oficiosa de decretar la nulidad del convenio base de la acci\u00f3n incoada, mal puede sostenerse que cuando us\u00f3 dicha atribuci\u00f3n, se abstuvo de fallar sobre las pretensiones planteadas por ambas partes, pues en primer lugar, el Tribunal desestim\u00f3 la procedencia de la acci\u00f3n reivindicatoria propuesta por el actor al advertir que hab\u00eda mediado un contrato que sirvi\u00f3 de t\u00edtulo a la posesi\u00f3n del causante Efra\u00edn Arcila. En segundo lugar, si las pretensiones de las reconvinientes ten\u00edan venero en un contrato a la saz\u00f3n nulo, impl\u00edcitamente decidi\u00f3 deneg\u00e1ndolas al privar de todo efecto la fuente de la que, para el actor, proven\u00eda el derecho que reclamaba. Y en tercer lugar, si por disposici\u00f3n legal tiene el deber de declarar la nulidad absoluta, con las restricciones anotadas, al proceder de ese modo no hace m\u00e1s que producir un fallo congruente, pues ha de recordarse que los art\u00edculos 305 y 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le ordenan, el primero, que su decisi\u00f3n guarde consonancia con \u201clas excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d, y el segundo, que cuando \u201challe probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia\u201d. Y la nulidad absoluta del contrato es justamente una excepci\u00f3n que enerva el cumplimiento del mismo, o por mejor decir, la prosperidad de las pretensiones, nulidad que de hallar probada el juez, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil debe declarar de oficio, pues de no hacerlo, ah\u00ed s\u00ed podr\u00eda producir un fallo disonante (SC9141-2014) Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Y, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la colegiatura acusada, como aquella, en principio se observa sensata, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando no se puede recurrir a esta v\u00eda para exigir al fallador una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable, de ser el caso, que coincida plenamente con el de los interesados, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. Al respecto, se ha indicado: <\/p>\n
al juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en ese particular tambi\u00e9n la Corte dijo, <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que, esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en \u00e9sa esfera, cuando, eventualmente, el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
En tal sentido, esta Corte \u2013 en sede ordinaria \u2013 esclareci\u00f3 que los linderos deben estar establecidos en el contrato en cuesti\u00f3n o por lo menos, tener clara una referencia de individualizaci\u00f3n y directa de los mismos y en d\u00f3nde est\u00e1n descritos; es decir, no basta una mera enunciaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando se trata, como en este evento, de varios lotes derivados de uno de mayor extensi\u00f3n. <\/p>\n
\u00abY no se diga, como lo sugiere el casacionista, que las referidas variables pod\u00edan esclarecerse verificando los registros y la documentaci\u00f3n catastral de los locales cuyas cuotas \u2013o porciones\u2013 se habr\u00edan prometido en venta, porque el contrato de promesa est\u00e1 sometido a la solemnidad de constar por escrito, de manera que los pactos de su esencia \u2013como lo es, a no dudarlo, \u00abdetermin[ar] de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradici\u00f3n de la cosa o las formalidades legales\u00bb\u2013 deben constar en el texto mismo de la convenci\u00f3n, lo que no ocurre en este caso\u00bb (SC1964-2022). <\/p>\n
Ahora, no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. En lo atinente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la colegiatura aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 el auxilio porque la decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por los querellantes es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC7891-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7891-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-02981-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Enrique Alfonso M\u00e1rquez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}