STC7892-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7892-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2023-00032-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta el pasado 19 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Aracely Torrado Torrado y Jos\u00e9 del Carmen Torrado contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, obrando en causa propia, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdignidad humana, igualdad, buena fe, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, contradicci\u00f3n y defensa\u2026 protecci\u00f3n y asistencia de las personas de la tercera edad, propiedad privada y vivienda digna\u00bb. <\/p>\n
2. Refirieron, en s\u00edntesis, que al interior del proceso de restituci\u00f3n de tierras distinguido con radicaci\u00f3n 2019-00095 que se tramit\u00f3 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de C\u00facuta a favor de Eduvin Mora Sarabia y Mariela Jim\u00e9nez, el 7 de abril de 2022 se dict\u00f3 sentencia a trav\u00e9s de la cual se orden\u00f3 la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material del predio reclamado, neg\u00e1ndose la condici\u00f3n de segundo ocupante de Fabio Vega Galeano, excompa\u00f1ero permanente de Aracely Torrado. <\/p>\n
Agregaron que, posteriormente, por virtud de una acci\u00f3n de tutela incoada por ellos1, la c\u00e9lula judicial cognoscente profiri\u00f3 fallo complementario el pasado 15 de mayo en el que neg\u00f3, tambi\u00e9n, la ocupaci\u00f3n secundaria de la \u00faltima mencionada. <\/p>\n
3. Para los gestores, esta \u00faltima providencia adolece de defecto f\u00e1ctico por cuanto, a su juicio, se valoraron de forma incorrecta las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n las cuales daban cuenta de la buena fe cualificada con la que Fabio Vega y Aracelly Torrado adquirieron el predio restituido, adem\u00e1s de que vers\u00f3 sobre \u00absituaciones contrarias a la realidad dentro de caso que realmente ocupaba la atenci\u00f3n, con la finalidad de no reconocer [su] condici\u00f3n de segunda ocupante de buena fe exenta de culpa\u00bb y, por \u00faltimo, no fue reconocida su condici\u00f3n de v\u00edctimas del conflicto armado. <\/p>\n
Asimismo, acusaron la incursi\u00f3n en un defecto procedimental pues \u00abnunca se [le] permiti\u00f3 que [se] hiciera al proceso en la calidad que ostento a la fecha y la calidad que ostente hasta inicios del 2019 cuando [se] separ[\u00f3] de Fabio Vega [sic]\u00bb <\/p>\n
4. Por lo anterior solicitaron disponer la invalidaci\u00f3n de todo lo actuado en el proceso cuestionado para que, a trav\u00e9s de una nueva sentencia, se declare que \u00abnuestra casa de habitaci\u00f3n fue comprada de buena fe, exentos de culpa, sin ning\u00fan vicio y sin ning\u00fan aprovechamiento indebido hacia los solicitantes\u00bb o, en su defecto, sean reconocidos como ocupantes secundarios, brind\u00e1ndoles, como medida de compensaci\u00f3n, que se les \u00abpermita seguir habitando [su] \u00fanica casa de habitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
Y DEM\u00c1S VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del juzgado convocado, luego de hacer un breve recuento del devenir procesal, recalc\u00f3 que como los accionantes \u00abno figura[n] como titular[es] inscrit[os] de derechos reales sobre el\u2026 predio solicitado en restituci\u00f3n, el traslado de la solicitud\u2026 se surti\u00f3 en los t\u00e9rminos previstos en el inciso segundo del art\u00edculo 87 de la Ley 1448 de 2011\u00bb con quien s\u00ed exhib\u00eda la condici\u00f3n de propietario, es decir con Fabio Vega Galeano; situaci\u00f3n diferente es que esta persona no hubiera participado en el tr\u00e1mite, siendo que tal conducta no es imputable a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, pese a que a los accionantes no se les reconoci\u00f3 la ocupaci\u00f3n secundaria, convoc\u00f3 a diferentes entidades y organismos del orden municipal, departamental y nacional a efectos de que, en el marco de sus competencias, prestaran la atenci\u00f3n que las personas desalojadas llegaren a requerir. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, inform\u00f3 que la entrega del bien se realiz\u00f3 efectivamente el pasado 13 de julio sin novedad alguna y de forma voluntaria y pidi\u00f3 desestimar el ruego por cuanto, a su juicio, no existi\u00f3 la vulneraci\u00f3n aducida por los promotores. <\/p>\n
2. La Procuradora Diecinueve Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta cuestion\u00f3 la competencia del Tribunal Superior para dirimir este resguardo por cuanto los accionantes lo relacionan \u00abcomo vinculado\u00bb dado que conoci\u00f3 y fall\u00f3 la acci\u00f3n de tutela a trav\u00e9s de la que se orden\u00f3 al juzgado de conocimiento proferir el fallo complementario respecto de la condici\u00f3n de segundo ocupante de Aracely Torrado, de all\u00ed que \u00abla competencia para tramitar la presente acci\u00f3n\u2026 radica en la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
3. Por su parte, la jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la UARIV, el coordinador del Grupo Jur\u00eddico de la Regional de Norte de Santander del ICBF y la directora jur\u00eddica de restituci\u00f3n de la UAEGRTD solicitaron la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esas entidades por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Comenz\u00f3 por declarar la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de Jos\u00e9 del Carmen Torrado habida consideraci\u00f3n que no le asist\u00eda inter\u00e9s para formular el resguardo, pues no fue reconocido como parte o interviniente en el proceso sobre el que recay\u00f3 la queja. <\/p>\n
Ahora bien, tras analizar a profundidad tanto la sentencia de 7 de abril de 2022, como la complementaria proferida el pasado 15 de mayo, la corporaci\u00f3n a quo concluy\u00f3 que el juzgado querellado realiz\u00f3 \u00abun pronunciamiento integral\u2026 con los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente frente a la segunda ocupancia de Aracely, lo cual se advirti\u00f3 en el auto que declar\u00f3 cumplida la sentencia de tutela que aquella inco\u00f3 en ese sentido, sin que el operador se hubiera apartado de las pautas normativas y jurisprudenciales que rigen la materia, que lleva a concluir en que hubo una debida sustentaci\u00f3n y criterio razonable\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la censura de la representante del Ministerio P\u00fablico en torno a la competencia para atender el presente resguardo, resalt\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n por cuanto el ataque no se dirigi\u00f3 contra las decisiones adoptadas por esa colegiatura en la tutela previa sino, exclusivamente, frente a lo resuelto por el juez especializado en restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Finalmente, en torno a las manifestaciones de la quejosa sobre su no vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite especial, dijo que ese tema hab\u00eda sido objeto del anterior amparo sin que se hubiera encontrado irregularidad alguna. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Aracely Torrado insistiendo en sus planteamientos iniciales relativos a la incorrecta valoraci\u00f3n probatoria efectuada en el fallo complementario y el desconocimiento del debido proceso por no haber sido convocada al juicio de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
Asimismo, agreg\u00f3 que, en su concepto, esta actuaci\u00f3n debi\u00f3 ser conocida por esta Sala de Casaci\u00f3n \u00abcomo quiera que en varios fundamentos de hechos se mencionan y hacen alusi\u00f3n a una anterior actuaci\u00f3n del mismo despacho\u00bb, al mostrarse en desacuerdo con la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de C\u00facuta de tener por cumplida la orden de tutela impartida en la salvaguarda anterior. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta lesion\u00f3 las prerrogativas superiores de Aracely Torrado Torrado al interior del juicio de restituci\u00f3n de tierras 2019-00095, con la expedici\u00f3n de la sentencia complementaria del pasado 15 de mayo a trav\u00e9s del cual no la reconoci\u00f3 como ocupante secundaria, porque, supuestamente valor\u00f3 incorrectamente el material probatorio que, en su concepto, acreditaba tal condici\u00f3n. <\/p>\n
Previamente, por su importancia en el tr\u00e1mite, se har\u00e1 una breve exposici\u00f3n en torno a la competencia del tribunal de primer grado para conocer este amparo. <\/p>\n
2. Cuesti\u00f3n previa. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de tutelas <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257 de 1996). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021 (que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015) dictado por el presidente de la Rep\u00fablica2, introdujo el \u00abfactor funcional\u00bb en dicha materia, que predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de variados aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
Cuando se trata de resguardos dirigidos contra juzgados o tribunales, el numeral 5 de la disposici\u00f3n normativa en cita establece que el mismo deber\u00e1 ser repartido \u00abpara su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. <\/p>\n
En el presente caso, la queja de Torrado Torrado se circunscribi\u00f3 exclusivamente a cuestionar las decisiones adoptadas por el Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta, por considerarlas manifiestamente contrarias a las pruebas recopiladas en el juicio especial, de all\u00ed que, efectivamente, la competencia para conocer, tramitar y resolver este resguardo, en primera instancia, recayera en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta como en efecto ocurri\u00f3. <\/p>\n
Si bien, aunque en el escrito introductor se hizo alusi\u00f3n a algunas determinaciones adoptadas por la Sala Civil Especializada de la aludida corporaci\u00f3n al interior de una acci\u00f3n de tutela previamente incoada por la ac\u00e1 impugnante, las mismas no constituyeron el n\u00facleo central de la presente reclamaci\u00f3n, al punto que ning\u00fan defecto se les atribuy\u00f3 ni se formul\u00f3 pretensi\u00f3n alguna en su contra, no pudi\u00e9ndose predicar que la simple menci\u00f3n de alguna autoridad es motivo suficiente para alterar la competencia que se encuentra reglada. <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Circunscrita a los planteamientos esbozados en la impugnaci\u00f3n, de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Civil Especializada del Tribunal Superior de C\u00facuta en primera instancia, observa la Corte que los cuestionamientos que sirvieron de sustento a la presente acci\u00f3n, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por la impugnante es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la herramienta supralegal pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite este instrumento de defensa contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, la censora, si bien aduce que la sentencia complementaria adoptada por el juzgado convocado adolece de defecto f\u00e1ctico, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en la presunta condici\u00f3n de segunda ocupante que dice tener respecto del predio restituido, tema que, como lo advirti\u00f3 la sala constitucional a quo, fue agotado y resuelto al interior del respectivo proceso por el funcionario competente, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
As\u00ed, se observa que la intenci\u00f3n de la querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento, as\u00ed como de las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una revisi\u00f3n de instancia, que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n especializada en restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que le est\u00e1 vedado al juez de tutela, so pretexto de examinar una presunta lesi\u00f3n de derechos fundamentales, entrar a revisar las decisiones adoptadas por los funcionarios ordinarios, las cuales se encuentran amparadas por los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, pues este instrumento no fue concebido como un medio de impugnaci\u00f3n adicional o paralelo a aquellos consagrados en el ordenamiento procedimental <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en la providencia objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre la quejosa y la autoridad cognoscente en torno a la presunta condici\u00f3n de ocupante secundaria que no fue reconocida. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado dada la improcedencia de lo pretendido por la demandante, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fallada favorablemente por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, rad. 2023-00015. <\/p>\n
2\u0002 En ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
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STC7892-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC7892-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2023-00032-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}