STC7893-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7893-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-13-000-2023-00124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 11 de julio de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Dosul Rojas Polanco contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Sexto Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el hipotecario n\u00ba 2018-00562. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la gestora invoc\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del hipotecario seguido en su contra por el Banco Davivienda SA, su \u00abprimera intervenci\u00f3n\u00bb fue proponer la nulidad de todo lo actuado por indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, la que fue desestimada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Villavicencio por auto del 29 de agosto de 2022, determinaci\u00f3n que apelada, fue confirmada el 16 de junio del a\u00f1o en curso por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, incurriendo en v\u00eda de hecho, pues \u00abtanto el juez de primera como el de segunda instancia, no se dieron a la tarea de leer minuciosamente, la solicitud de cr\u00e9dito personal hecho a la entidad bancaria y menos de la escritura p\u00fablica No. 5453 del 10 de diciembre del a\u00f1o 2010, donde obviamente, aparece como direcci\u00f3n la anterior donde viv\u00eda y pagaba arriendo , la ubicada en el Barrio la Alborada de esta ciudad (\u2026), puesto que sin mayor esfuerzo deb\u00eda ser esa, ya que no hab\u00eda recibido la posesi\u00f3n de la vivienda adquirida precisamente con el cr\u00e9dito que se me otorgaba\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se \u00abDECRET[E] LA NULIDAD\u00bb de los autos que negaron la solicitud de invalidez presentada, y en su lugar, \u00abproferir [decisi\u00f3n] acorde con el material oportunamente allegado al incidente de nulidad propuesto dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto Civil Municipal de Villavicencio, tras realizar la trazabilidad del cobro cuestionado, pidi\u00f3 denegar el amparo, dado que \u00abque todas y cada una de las decisiones adoptadas al interior del proceso que hoy es objeto de estudio por el se\u00f1or magistrado, fueron tomadas con apego a las normas de car\u00e1cter constitucional y las establecidas en el normativo procesal que regula su tr\u00e1mite. <\/p>\n
En igual sentido, se garantiz\u00f3 el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n de la aqu\u00ed accionante, pues n\u00f3tese que se procur\u00f3 su notificaci\u00f3n en la direcci\u00f3n se\u00f1alada tanto en el escrito de demanda como en los documentos presentados para su ejecuci\u00f3n, esto es la Carrera 26 A # 5 -16 de la nomenclatura urbana de esta ciudad, sin que se estableciera otra direcci\u00f3n donde pudiese ser notificada la orden de pago emitida en contra de Martha Dosul Rojas Polanco, tal como lo se\u00f1ala el inciso segundo del numeral 3 del art\u00edculo 291 de la codificaci\u00f3n procesal. Y por ello en aras de garantizar su derecho de defensa, le fue designada curador ad l\u00edtem, quien en su oportunidad procesal formulo medios exceptivos en contra de las pretensiones elevadas por la ejecutante\u00bb. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma localidad precis\u00f3, que \u00abla decisi\u00f3n optada por esta Funcionaria Judicial se encuentra fundada jur\u00eddicamente, teniendo en cuenta que se cumplieron con los presupuestos legales para surtirse la notificaci\u00f3n por intermedio del curador designado. Por ende, se solicita comedidamente, se niegue el amparo, toda vez que no se ha incurrido en ninguna anomal\u00eda respecto a los derechos fundamentales alegados\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, al advertir que la decisi\u00f3n adoptada por al superior lejos est\u00e1 de poder catalogarse como caprichosa o arbitraria, pues est\u00e1 soportad[a] en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada despleg\u00f3 sobre la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n y las premisas normativas aplicables amen (sic) de analizar en conjunto los medios de prueba recaudados, ejercicio que le permiti\u00f3 concluir que la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago se surti\u00f3 conforme a las previsiones normativas, vale decir notificaci\u00f3n indirecta por curador ad litem, am\u00e9n del conocimiento que tuvo la accionante en la diligencia de remate, aunque un a\u00f1o despu\u00e9s promovi\u00f3 el incidente de nulidad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue interpuesta por la gestora, se\u00f1alando que \u00abEl se\u00f1or Magistrado si[n] argumentos diferentes o haber hecho un an\u00e1lisis profundo y real que amerite en verdad una decisi\u00f3n acorde con el material probatorio allegado con esta tutela concluy\u00f3 que no se hab\u00eda vulnerado el derecho fundamental al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al no declarar la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, dentro del proceso coercitivo adelantado por el Banco Davivienda SA contra la gestora (n\u00b0 2018-00562), por incurrir, supuestamente, en v\u00eda de hecho, dado que seg\u00fan su criterio, \u00absu residencia de siempre es la ubicada en la casa 5b bifamiliar 5 manzana 33 bosques de rosa blanca, y actual nomenclatura calle 4 bis No. 28-64 y donde he recibido correspondencia y contratado los servicios b\u00e1sicos domiciliarios y de telefon\u00eda y otros\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra las determinaciones de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida el 16 de junio de 2023 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Villavicencio, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto al confirmar la decisi\u00f3n de negar la nulidad invocada por la ejecutada, tomada el 29 de agosto de 2022 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
4. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal constitucional de primer grado, en tanto que, del examen del prove\u00eddo censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, la autoridad judicial acusada, para mantener la decisi\u00f3n de \u00abDECLARAR INFUNDADA la solicitud de nulidad\u00ab invocada por la obligada, aqu\u00ed interesada, comenz\u00f3 por precisar que aunque la solicitante soporta su inconformidad, en que la notificaci\u00f3n de la orden de pago fue adelantada en una direcci\u00f3n diferente a su lugar de residencia, descendiendo al caso concreto, y, de conformidad con lo previsto en el num. 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, y los num. 3\u00b0 y 4\u00b0 del art\u00edculo 291 ib\u00eddem, lo que muestra la realidad procesal es lo siguiente: <\/p>\n
\u00aben el escrito de demanda, el ejecutante aport\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de la demandada la \u201ccra 26 A- 5-16\u201d, misma direcci\u00f3n donde remiti\u00f3 las comunicaciones para surtir la notificaci\u00f3n. Al revisar el certificado expedido por la empresa de correo Inter rapid\u00edsimo se tiene que fue devuelta por la causal destinatario desconocido. A folio 30 C1 se evidencia el formulario de solicitud de cr\u00e9dito realizada por Martha Dosul y en la casilla de localizaci\u00f3n se llen\u00f3 como direcci\u00f3n de residencia la cra 26A – 5-16 de esta ciudad; a folio 301 el banco remiti\u00f3 la aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito a esa misma direcci\u00f3n (cra 26 A – 5-16); a folio 310 al suscribir la escritura p\u00fablica No 5.463 donde consta el gravamen hipotecario, se observa igualmente como direcci\u00f3n de Rojas Polanco la cra 26 A – 5-16\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00abDe acuerdo al plenario, se colige que: i) al momento de remitirse la comunicaci\u00f3n de notificaci\u00f3n personal a la direcci\u00f3n de residencia otorgada por la demandada, esto es, la cra 26 A – 5-16 Villavicencio, seg\u00fan consta, fue devuelta por la causal destinatario desconocido; circunstancia que habilita al interesado a solicitar el emplazamiento y al juzgado a decretarlo, como efectivamente ocurri\u00f3 en este caso. ii) en efecto el inmueble hipotecado se encuentra ubicado en Bosques de Rosa Blanca, propiedad horizontal casa 5 B bifamiliar 5 mz 33 de esta ciudad, lugar donde no se intent\u00f3 la notificaci\u00f3n de la demandada, por cuanto la direcci\u00f3n que reposaba en la entidad bancaria para efectos de notificaci\u00f3n de la deudora era la cra 26 A- 5-16 Villavicencio, el hecho de que el juzgado no agotara el intento de notificar en el inmueble hipotecado, no es \u00f3bice para generar nulidad, puesto que s\u00f3lo se conoc\u00eda como lugar de residencia para efectos de notificaci\u00f3n, la que en efecto se agot\u00f3, ello en la medida que la misma demandada en la solicitud del cr\u00e9dito que hoy se ejecuta, indic\u00f3 como residencia para notificaciones la cra 26 A – 5-16 Villavicencio, mismo lugar al que la entidad bancaria le remiti\u00f3 la correspondiente aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito y se entreg\u00f3 con \u00e9xito, direcci\u00f3n que se indic\u00f3 por la apoderada demandante en el libelo genitor para efectos de notificaci\u00f3n de la ejecutada. iii) Bajo la gravedad del juramento la apoderada demandante dijo desconocer correo electr\u00f3nico de Martha Dosul Rojas Polanco y oteado el expediente por esta instancia, no se evidencia direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada por la demandada antes de otorgar poder al abogado aqu\u00ed incidentante, donde pudiera haberse intentado notificaci\u00f3n. iv) es de precisar que, en el poder otorgado por la entidad demandante para ejercer la ejecuci\u00f3n, s\u00f3lo se hizo referencia al lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble hipotecado y la correspondiente escritura p\u00fablica donde consta el gravamen, m\u00e1s no, a la direcci\u00f3n para surtir notificaci\u00f3n a la demandada\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, entonces, la juzgadora precis\u00f3, que \u00abel primer reparo referente a que no se dio validez a los documentos aportados en el incidente de nulidad, para verificar la ausencia de notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, porque la direcci\u00f3n registrada en la demanda difiere del lugar donde deb\u00eda surtirse la notificaci\u00f3n, no puede salir avante, conforme a las consideraciones precedentes\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la censura relativa a la prueba testimonial pedida por la incidentante y no decretada por el juez cognoscente, se\u00f1al\u00f3 que \u00absi bien en los incidentes de nulidad se podr\u00e1n decretar pruebas, tambi\u00e9n lo es, que las mismas se tornen como necesarias para resolver el debate. Veamos si la solicitud de escuchar a los vecinos de Rojas Polanco, es necesaria para determinar la falta de notificaci\u00f3n de aquella. <\/p>\n
Se pretende con la prueba testimonial probar que la demandada reside en la casa 5 B bifamiliar 5 mz 33 Bosque de Rosa Blanca de esta ciudad, donde es ampliamente conocida por los vecinos llamados a testimoniar. Lo m\u00e1s probable es que afirmaran que conocen a la demandada por que vive en el mismo barrio, pero se itera, la \u00fanica direcci\u00f3n suministrada por la demandada y la entidad demandante para surtir la notificaci\u00f3n en aquel entonces era la cra 26 A- 5-16 Villavicencio, entonces o\u00edr a los vecinos s\u00f3lo dirig\u00eda al despacho a constatar que en la actualidad la demandada permanec\u00eda habitualmente en ese lugar, tal como lo afirm\u00f3 el recurrente, prueba innecesaria para determinar la falta de notificaci\u00f3n de la demandada, por cuanto dicha direcci\u00f3n no fue informada al despacho y la notificaci\u00f3n se surti\u00f3 con el Curador Ad Litem designado. Se concluye entonces, que no era necesario decretar la prueba testimonial solicitada por el extremo ejecutado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto al alegato de la recurrente relativo a que no se le puede tener por notificada por conducta concluyente, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abSe evidencia que el d\u00eda 18 de diciembre de 2020 se intent\u00f3 cumplir con la comisi\u00f3n de secuestro del inmueble involucrado en el litigio, pero la misma no pudo llevarse a cabo por que en el inmueble al parecer no hab\u00eda nadie; luego el 23 de junio de 2021 se hizo un segundo intento para cumplir la comisi\u00f3n, oportunidad en que fueron atendidos por la misma demandada y despu\u00e9s de hab\u00e9rsele explicado por el inspector el motivo de la diligencia, dijo que se encontraban aislados por tener covid, motivo por el que se suspendi\u00f3 dicha diligencia y se reprogram\u00f3 para el 28 de julio siguiente, llegada la fecha, nuevamente fueron atendidos por Martha Dosul y despu\u00e9s de reiterarle el motivo de la diligencia, manifest\u00f3 que en reiteradas oportunidades ha ido a las oficinas del banco Davivienda para poder hacer un acuerdo de pago con la abogada y dej\u00f3 la constancia en el acta de la diligencia, que tiene voluntad de pago y llegar a un acuerdo para realizar el deposito (sic) en el juzgado de lo que resulte el valor a cancelar (ver pdf029) <\/p>\n
Alega el incidentante que no se puede tener por notificada a su poderdante por conducta concluyente, por que (sic) para ello se deben tener en cuenta dos aspectos, primero que el inspector de polic\u00eda no tiene facultad para notificar, a menos que se le haya facultado expresamente en la comisi\u00f3n y, segundo, que la demandada haya expresado en forma clara, concreta y especifica dentro del proceso o en la diligencia de secuestro que conoce del mismo y act\u00faa. <\/p>\n
En efecto la regla 301 del estatuto adjetivo, antepone condiciones para tener por notificado por conducta concluyente que la parte debe manifestar que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia; pero en este caso, no se tuvo por notificada por conducta concluyente a Martha Dosul Rojas Polanco, porque la misma ya se hab\u00eda tenido por notificada a trav\u00e9s del Curador Ad Litem designado por el despacho, por lo que dicha figura no se consider\u00f3. Por lo que el reclamo, no es acogido en esta instancia judicial\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la decisi\u00f3n atacada no adolece de defecto sustantivo, procedimental, f\u00e1ctico o de cualquier otra \u00edndole; esto, en la medida en que la misma se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
En ese orden, el hecho que la actora disienta de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional deprecada, pues es necesario que la providencia se muestre arbitraria por contener errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha dicho que: \u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada en STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
Mas adelante agreg\u00f3 que: \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC646-2023, 1\u00b0. feb. 2023, rad. 01267-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que la decisi\u00f3n adoptada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda, al tiempo que la querellante pretende utilizar esta herramienta de protecci\u00f3n a modo de instancia adicional o paralela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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