STC7895-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7895-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2023-00175-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 28 de junio de 2023, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Enrique Mar\u00fan Nader -en calidad de gerente con funciones de liquidador y representante legal de la sociedad Rumbos Ltda.- contra el Tribunal de Arbitramento adscrito a la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de radicado 2022-20015962. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y los \u00abderechos adquiridos con arreglo a las leyes\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. Susana Esther Mar\u00fan Nader, socia de la sociedad Rumbos Ltda., solicit\u00f3 la integraci\u00f3n del Tribunal de Arbitramento ante la C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta, persiguiendo que se decretara la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n de dicha compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el Tribunal fue integrado por los abogados Blanca Doris Urbina Ayala, Carlos Alberto Quintero Torrado y Sergio Villamizar Mendoza, quienes en auto del 22 de marzo de 2023 admitieron a tr\u00e1mite la demanda. Mencion\u00f3 que el Colegiado atacado \u2013con providencia del 3 de abril de 2023, decret\u00f3 la totalidad de las medidas cautelares solicitadas en el escrito inicial. Determinaci\u00f3n frente a la cual present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, pues en su sentir, tal prove\u00eddo es ilegal y genera una verdadera v\u00eda de hecho. Sin embargo, aleg\u00f3 que el Tribunal \u2013con auto del 17 de mayo de 2023- mantuvo su postura. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 que se ordene al Tribunal debatido \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos el auto No. 3, inserto en el acta No. 3, ambos calendados el 3 de abril pr\u00f3ximo pasado, mediante el cual se decretaron las medidas cautelares censuradas mediante la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. En consecuencia, se proceda a \u00abemitir de inmediato las contra ordenes de rigor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La C\u00e1mara de Comercio de C\u00facuta aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no tiene potestad ni injerencia en las determinaciones adoptadas por los \u00e1rbitros. <\/p>\n
2. Los abogados integrantes del Tribunal de Arbitramento accionado expresaron que no han desconocido los derechos implorados por el gestor, pues en el transcurso del proceso han garantizado a las partes el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. Resaltaron que el art\u00edculo 32 Ley 1563 de 2012, establece que las partes en un arbitraje nacional podr\u00e1n solicitar las medidas cautelares desde el inicio del proceso arbitral. Indicaron que \u00abel presente amparo constitucional debe ser subestimado e improcedente, por carecer de argumentos jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
3. Jes\u00fas Alberto Dur\u00e1n Sanguino y Diego Alexander Su\u00e1rez D\u00edaz -quienes dicen actuar como apoderados de Sandra, Martha Patricia y Susana Esther Mar\u00fan- no aportaron el respectivo poder especial que los faculte para actuar en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional A-quo deneg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00absiendo viables las medidas cautelares dentro de los tr\u00e1mites liquidatorios de sociedades, cuyo prop\u00f3sito no es otro distinto que procurar la conservaci\u00f3n del patrimonio social a objeto de garantizar los derechos que a cada socio corresponden, en proporci\u00f3n a su cuota de participaci\u00f3n en la sociedad, de recibir una parte de esos bienes al fin de su existencia, su decreto por el Tribunal de Arbitramento se muestra ajustado a la normatividad legal, sin que pueda catalogarse, como lo hace el gestor del amparo, de abusivo, ni arbitrario, ni ilegal y muchos menos contrario a la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abel fallo en cuesti\u00f3n acoge los mismos argumentos de los se\u00f1ores \u00e1rbitros\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
1.1. Ciertamente, el Tribunal debatido \u2013con auto del 17 de mayo de 2023-1 resolvi\u00f3 no reponer el prove\u00eddo dictado el 3 de abril anterior, con el cual se decretaron las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante. Para ello, comenz\u00f3 por aclarar que \u00absi bien los socios al tomar la determinaci\u00f3n de disolver la sociedad no tienen la calidad de jueces para decretar el embargo y secuestro de los activos, ello no puede ser obst\u00e1culo para que si alguno de ellos al promover la etapa liquidatoria con el fin que se designe liquidador, no est\u00e9 legitimado o carezca de inter\u00e9s para solicitar la pr\u00e1ctica de dichas medidas, las cuales en el caso materia de litigio tienen cabida atendiendo lo previsto en los incisos 1, 2 y 3 del literal c) art. 590 del C. G. P., num. 6 art. 529 C. G. P., y art. 32 de la Ley 1563\/2012\u00bb. <\/p>\n
1.2. Respecto de lo alegado por el recurrente tocante con que \u00ablos bienes embargados son de una persona jur\u00eddica que no es parte en el proceso\u00bb, advirti\u00f3 que \u00absi bien ese [planteamiento es] cierto, la liquidaci\u00f3n que se persigue dentro del proceso que nos ocupa obligatoriamente vincula a la sociedad, toda vez que esta es el objeto del proceso seg\u00fan consta en la demanda, al sostener que la misma sociedad no se logr\u00f3 acuerdo entre sus socios para el respectivo nombramiento de liquidador\u00bb. <\/p>\n
1.3. Seguidamente, en lo concerniente a que los embargos y secuestros no son procedentes en este tipo de procesos (salvo en la sentencia que decreta la disoluci\u00f3n), aclar\u00f3 que \u00aben ning\u00fan momento se haya mutado la naturaleza del proceso liquidatorio en uno de \u00edndole declarativa. Ha de entenderse que el Tribunal tan solo hace referencia que cuando se est\u00e1 ante actuaci\u00f3n procesal de nulidad, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedades, se le ha de dar curso como si se tratara de un proceso verbal (art. 525 C.G.P.) que es el que se ha de seguir para procesos declarativos, pero en ning\u00fan momento la etapa de liquidaci\u00f3n en cuanto al nombramiento de liquidador, se afirme que est\u00e9 convirtiendo en declarativa. Lo declarativo en s\u00ed se presenta cuando se ventila una nulidad o una disoluci\u00f3n v\u00eda judicial o ya arbitral, m\u00e1s no la liquidaci\u00f3n la cual es consecuencia al declararse aquellas\u00bb. Por tanto, enfatiz\u00f3 en que \u00abal estar disuelta la sociedad como en el presente caso, por voluntad de los socios, el siguiente paso es liquidar obligatoriamente los activos y pasivos de \u00e9sta, lo cual, para dar seguridad a socios y acreedores, lo aconsejable y previsto es solicitar medidas cautelares tal como se prev\u00e9 en el num. 6 art. 529 del C. G. P., concordante con lo establecido en el art\u00edculo 32 de la Ley 1563\/2012\u00bb. <\/p>\n
2. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable2. Ello pues, fue proferida por el Juez natural, despu\u00e9s de haberse realizado un an\u00e1lisis normativo, probatorio y con argumentos que no lucen irrazonables ni carentes de fundamento objetivo. <\/p>\n
Se reitera, la razonabilidad es cuesti\u00f3n ancha: no se soporta -necesariamente- en la tesis \u00fanica. En gracia de discusi\u00f3n, podr\u00eda tambi\u00e9n apoyarse incluso sobre el disenso con respecto de aquello decidido por la autoridad natural, siempre que no se aprecie una ostensible v\u00eda de hecho \u2013lo que se descarta en el caso en concreto-. En efecto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-27. Anexo 0003Anexos.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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