STC7899-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7899-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2023-00114-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. El accionante demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. En el juicio de alimentos 1998-00975-00, el actor solicit\u00f3 el \u00ablevantamiento de la cuota alimentaria establecida [\u2026] donde ha estado aportando la cuota alimentaria de su hija Paula Andrea Rojas P\u00e9rez [\u2026] quien cumpli\u00f3 el pasado 20 de abril de [2021] 25 a\u00f1os de edad\u00bb1. En consecuencia, el Juzgado Quinto de Familia de Neiva, con auto del 17 de junio de 2021, resolvi\u00f3 negar la petici\u00f3n2. Posteriormente, con memorial del 9 de agosto de 2022, el gestor requiri\u00f3 la terminaci\u00f3n de la causa, \u00aby enmendar el desatino de imprimirle efectos jur\u00eddicos en la mayor de edad, a la sentencia de alimentos pronunciada a favor de la menor de edad\u00bb, pues est\u00e1 \u00ablegalmente concluido\u00bb3. Frente a ello, el Despacho, con prove\u00eddo del 19 de octubre de 2022, dispuso que \u00abse advierte que lo que se pretende es que no se siga descontando la cuota de alimentos porque la alimentaria ya llego a su mayor\u00eda de edad, la solicitud se debe adecuar a la clase de proceso previstos en el Art. 390 del C.G. del P. con el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de los art\u00edculos 391 y ss de la misma norma\u00bb4. <\/p>\n
2.2. Censur\u00f3 que hace 9 a\u00f1os ces\u00f3 la \u00abincapacidad relativa y representaci\u00f3n de la menor de edad al cumplir 18 a\u00f1os\u00bb. Por tanto, no es procedente el decret\u00f3 que se le impuso, relativo al \u00abembargo y secuestro de [su] mesada pensional\u00bb. As\u00ed las cosas, el Despacho contin\u00faa con \u00ablos descuentos y entregas en la normalidad procesal y jur\u00eddica\u00bb y desconoce el tr\u00e1mite que le informa el juzgado inicie al respecto. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se suspendan los descuentos que se hacen de su mesada pensional, como consecuencia de la cuota alimentaria que se le impuso cancelar. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
El Despacho acusado arrim\u00f3 el enlace del expediente digital del juicio sub examine. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo. Para ello, estim\u00f3 \u00ablas decisiones que aduce la parte accionante como vulneradoras de su derecho fundamental al debido proceso datan de 17 de junio de 2021 y 19 de octubre de 2022 [\u2026]. Por lo que han transcurrido un poco m\u00e1s de 7 meses, sin acudir al amparo constitucional\u00bb. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00ablas decisiones aqu\u00ed atacadas no fueron recurridas por el interesado a trav\u00e9s de los recursos ordinarios con los que contaba\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N. <\/p>\n
El actor fund\u00f3 su inconformidad bajo argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, el fallo impugnado habr\u00e1 de ser confirmado. Por lo que viene. Ciertamente, la Sala advierte la improcedencia del resguardo, pues no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez5. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la \u00faltima de las determinaciones cuestionadas el \u00ab19 de octubre de 2022\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab29 de mayo de 2023\u00bb6. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida7. Sin que, al respecto, el actor haya probado que estaba inmerso en alguna de las causales de flexibilizaci\u00f3n -tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras-8 que justificaran su inactividad para impetrar la presente s\u00faplica9. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, lo reglado por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 390, 391 y siguientes del C.G.P., no puede ser sustituido por el debate tutelar: este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado como tr\u00e1mite paralelo para subsanar el descuido en el ejercicio de las acciones ordinarias. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab002Solicitalevantarmedida\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab003NiegaExonerarMayor 1998-00975\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab005SolicitanLevantarMedidas\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
6\u0002 Seg\u00fan se identifica del acta de reparto respectiva. <\/p>\n
7\u0002 Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
8\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
9\u0002 Agr\u00e9guese que en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
<\/p>\n
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