STC7900-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7900-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-01152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 20 de junio de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo promovido por Sonia Roc\u00edo \u00c1vila Mu\u00f1oz contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de la misma ciudad, a Empresas P\u00fablicas de Neiva E.S.P. S.A. y a los dem\u00e1s intervinientes del proceso 41001310500120160001700. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, igualdad, legalidad, prevalencia del derecho sustancial, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la protecci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora demand\u00f3 a las Empresas P\u00fablicas de Neiva S.A. E.S.P., para que se declarara ineficaz la decisi\u00f3n unilateral de terminar su contrato de trabajo, se ordenara su reintegro al cargo que ocupaba o a uno de superior categor\u00eda y se condenara al pago de los salarios y dem\u00e1s emolumentos dejados de percibir, as\u00ed como de los perjuicios morales y el da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n causados. <\/p>\n
2.2. El 14 de febrero 2017, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Neiva exoner\u00f3 de responsabilidad a la accionada, con fundamento en que, si bien entre las partes existi\u00f3 un contrato de trabajo que rigi\u00f3 entre el 15 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, finaliz\u00f3 por la supresi\u00f3n de funciones que desempe\u00f1aba la trabajadora, acogiendo el plan de fortalecimiento institucional y de reorganizaci\u00f3n administrativa, determinaci\u00f3n que la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad confirm\u00f3 el 26 de enero de 2021. <\/p>\n
2.3. En sentencia CSJ SL4210 del 7 de diciembre de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral no cas\u00f3 el fallo del Tribunal. <\/p>\n
3. La tutelante sostiene que la sentencia anterior incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria y desconoci\u00f3 el precedente fijado en el fallo CSJ SL1973-2021. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado, pide dejar sin efectos la sentencia de casaci\u00f3n y que se ordene emitir otra, que atienda el material probatorio allegado al proceso y el precedente aplicable. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
Empresas P\u00fablicas de Neiva S.A. E.S.P. pidi\u00f3 negar la tutela, porque ning\u00fan derecho fundamental de la actora se vulner\u00f3. Destac\u00f3 que el precedente citado por la tutelante no era aplicable a su caso, dado que las controversias eran distintas, y que en las sentencias CSJ SL1407-2021, CSJ SL1089-2022, CSJ SL3262-2021, CSJ SL4287-2021, CSJ SL1103-2022, CSJ SL2780-2022 y CSJ SL3227-2022 tambi\u00e9n se negaron asuntos similares. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional no accedi\u00f3 al amparo invocado, porque no se desconoci\u00f3 el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, toda vez que lo resuelto se ajusta a lo definido en las sentencias CSJ SL1089-2022 y CSJ SL1103-2022, entre otras, proferidas en procesos de similares contornos. A su vez, destac\u00f3 que en el fallo invocado por la tutelante (CSJ SL1973-2021) se debatieron aspectos sustancialmente distintos a los analizados en sede de tutela. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, porque las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico y, por tanto, no se acredita la vulneraci\u00f3n de derechos invocada. <\/p>\n
2. En el fallo cuestionado, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada puso de presente, inicialmente, que no estaba en discusi\u00f3n que: i) las partes suscribieron un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido, que se extendi\u00f3 entre el 15 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, en cuya vigencia la se\u00f1ora \u00c1vila Mu\u00f1oz detent\u00f3 la calidad de trabajadora oficial; ii) la citada se\u00f1ora hizo parte del sindicato de la empresa; iii) la entidad demandada fue sometida a un proceso de modernizaci\u00f3n institucional y reorganizaci\u00f3n administrativa, que condujo a la supresi\u00f3n del cargo de auxiliar nivel 5, grado 16, desempe\u00f1ado por aqu\u00e9lla; iv) la existencia de la convenci\u00f3n colectiva, que contempl\u00f3 el reintegro peticionado por la demandante. <\/p>\n
Seguidamente, valor\u00f3 el material probatorio allegado, de lo cual la Sala de Casaci\u00f3n demandada estableci\u00f3 que el fundamento para dar por terminado el contrato de trabajo de la se\u00f1ora Sonia Roc\u00edo \u00c1vila Mu\u00f1oz no fue otro que la modernizaci\u00f3n de la entidad, cuyo sustento fue el Estudio T\u00e9cnico de Fortalecimiento Institucional, documento que, seg\u00fan lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, modificado por el art\u00edculo 28 del Decreto O19 de 2012, resulta esencial en estos procesos. <\/p>\n
En ese sentido, estableci\u00f3 que la entidad demandada implement\u00f3 y ofreci\u00f3 un plan de retiro voluntario compensado a sus trabajadores que fue difundido entre ellos, incluida Sonia Roc\u00edo \u00c1vila Mu\u00f1oz, y al que s\u00f3lo se acogi\u00f3 voluntariamente un trabajador, por lo que, ante la falta de aceptaci\u00f3n, no fue posible por esta v\u00eda llevar a cabo el plan de reestructuraci\u00f3n y modernizaci\u00f3n de la entidad, vi\u00e9ndose esta en la necesidad de implementar otras medidas, como los despidos sin justa causa, con el pago de las indemnizaciones establecidas convencionalmente, a fin de reducir la n\u00f3mina, que exig\u00eda el estudio t\u00e9cnico. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que la recurrente en casaci\u00f3n no logr\u00f3 acreditar los yerros que endilg\u00f3 al juzgador de segunda instancia, quien profiri\u00f3 una decisi\u00f3n que se ci\u00f1\u00f3 a la posici\u00f3n que ha sostenido la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente sobre la terminaci\u00f3n de los contratos de trabajo con ocasi\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n de las entidades p\u00fablicas (CSJ SL1089-2022). <\/p>\n
3. Pues bien, analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no luce irrazonable, pues se sustent\u00f3 en las pruebas allegadas, la normatividad aplicable y en jurisprudencia relacionada, con base en lo cual la Sala accionada encontr\u00f3 que la supresi\u00f3n del cargo de la accionante obedeci\u00f3 a un proceso de modernizaci\u00f3n institucional y reorganizaci\u00f3n administrativa de la entidad en la que laboraba. <\/p>\n
Ahora, sobre la sentencia CSJ SL1973-2021 resulta pertinente se\u00f1alar, de un lado, que fue emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral y no por la Sala permanente y, de otro, que se refiere a una situaci\u00f3n distinta a la rebatida, pues en esa oportunidad se accedi\u00f3 a las pretensiones, porque no se demostr\u00f3 que el cargo que desarrollaba la entonces demandante fue suprimido con ocasi\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n de las Empresas P\u00fablicas de Neiva, lo cual difiere del planteamiento analizado por la Sala accionada, referente a la supresi\u00f3n del empleo desempe\u00f1ado por la demandante. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, no cabe duda de que, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la parte accionante, se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00e1rbitro, para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador o de las partes resultan ser los m\u00e1s acertados, ni para realizar, con esa excusa, una revisi\u00f3n oficiosa del asunto, mucho menos para imponer el criterio de la actora sobre la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, m\u00e1xime que, como se indic\u00f3, la Sala estudi\u00f3 los elementos de juicio aportados y sustent\u00f3 detalladamente su determinaci\u00f3n. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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