STC7902-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7902-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-02991-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jair Sarmiento Gonz\u00e1lez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Viviana Andrea Piedrahita Alarc\u00f3n, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en la causa rad. n.\u00ba 2017-00033. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Afirma el promotor que, ante el juzgado cuestionado, Viviana Andrea Piedrahita Alarc\u00f3n adelanta ejecuci\u00f3n en su contra, asunto en el que \u00ab[se] libr\u00f3 la orden ejecutiva en prove\u00eddo del 23 de febrero de 2017, por la suma de $700.000.000, como capital incorporado en los pagar\u00e9s acompa\u00f1ados a la demanda, m\u00e1s los intereses moratorios causados a partir del 22 de mayo de 2016\u00bb. <\/p>\n
Aduce que formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abfalta de congruencia entre el importe del negocio su[b]yacente que les dio origen y la val\u00eda total de los t\u00edtulos valores objeto de recaudo (\u2026); temeridad o mala fe del ejecutante (\u2026) [y] cobro de lo no debido\u00bb; sin embargo, las mismas fueron desestimadas en primera instancia, toda vez que, mediante sentencia, el estrado a cargo dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala que \u00abpresent\u00f3 recurso de alzada, reiterando los argumentos que soportaron los medios exceptivos y controvirtiendo la decisi\u00f3n del iudex a quo, por considerar que contiene incongruencias y falta de an\u00e1lisis probatorio\u00bb, pero el tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene que \u00ablos fallos de ambas instancias dentro del proceso Radicado. 05001-31-03-016-2017-00033-00, no fueron en derecho, pues las pruebas arrimadas y practicadas son anfibol\u00f3gicas a las conclusiones de los falladores\u00bb, como quiera que \u00ab[l]as aludidas pruebas documentales concernientes al negocio causal (\u2026), no fueron derruidas eficazmente por la parte ejecutante, la cual jam\u00e1s demostr\u00f3 haber desembolsado los $700.000.000 pretendidos en el cobro ejecutivo, sus testigos fueron gaseosos, y la actora ni siquiera demostr\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica para tener en su peculio la cantidad de $700.000.000, sin embargo ambos falladores (\u2026), pasaron por alto los [referidos] documentos (\u2026), que indicaban que el negocio que dio nacimiento a los pagar\u00e9s era por $109.000.000, imponi\u00e9ndole a la parte ejecutada (\u2026) demostrar lo imposible que es: no haber recibido la cantidad de $700.000.000 como injustamente l[o] interpretaron\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno compareci\u00f3 directamente al Proceso Ejecutivo (\u2026) porque me encontraba purgando una condena de car\u00e1cter penal (\u2026), y si bien el art\u00edculo 205 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra la Confesi\u00f3n Ficta o Presunta, cuando el demandado no se presenta al proceso, no es menos cierto [lo previsto en] el art\u00edculo 197 del mismo c\u00f3digo\u00bb, por lo que \u00abal existir pruebas del negocio causal, y ausencia total de pruebas del ejecutado para desvirtuar los valores contenidos en el citado negocio causal, quedaba desvirtuada la prueba de caj\u00f3n (sic) de confesi\u00f3n ficta\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abdejar sin efectos las sentencias objeto de cuestionamiento, ordenando en su lugar que se profiera el fallo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn inform\u00f3 que el asunto objeto de queja fue remitido a su hom\u00f3logo Quince para ser acumulado al proceso 05001-31-03-015-2018-00304-00 y trajo copia del expediente digital. <\/p>\n
2. La magistratura accionada dijo que, en la providencia que ahora es cuestionada, \u00abse expusieron los argumentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que soportan la misma, por lo que no puede calificarse como arbitraria o caprichosa\u00bb y pidi\u00f3 que sea negado el amparo deprecado. <\/p>\n
3. El titular del Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn hizo referencia a las actuaciones adelantadas en el asunto rad. n.\u00b0 2017-00033 y precis\u00f3 que \u00abel aludido proceso fue remitido (\u2026) para ser acumulad[o] a la demanda Ejecutiva (\u2026) radicada bajo el n\u00famero 050013103015-2018-00304-00\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, comparti\u00f3 el link de acceso al expediente digital a su cargo y afirm\u00f3 que no se advierte vulneraci\u00f3n alguna a los derechos invocados por el reclamante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el tribunal convocado lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales del gestor, en el juicio ejecutivo que se promueve en su contra (rad. n.\u00ba 2017-000331), por cuanto decidi\u00f3 confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Medell\u00edn el 19 de septiembre de 2018, que resolvi\u00f3 \u00abdeclarar impr\u00f3speras las excepciones planteadas por el [demandado y], en consecuencia, (\u2026) seguir adelante la ejecuci\u00f3n (\u2026), en los t\u00e9rminos indicados en el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que, si bien el reclamo se dirige contra los pronunciamientos de primera y segunda instancia, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 24 de julio de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Sobre el particular, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no se advierte la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
A partir de lo anterior precis\u00f3 que, en el caso examinado, \u00abpara invocar la ejecuci\u00f3n se presentaron trece (13) pagar\u00e9s: once (11), por valor de $50.000.000; uno (1), por $109.500.000 y el \u00faltimo por $40.500.000, respecto de los cuales se propuso la discrepancia del monto contenido en los mismos, con el que realmente hab\u00eda sido el objeto del negocio causal\u00bb que, seg\u00fan aduce, consta en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 1608 de 21 de mayo de 2014 de la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Medell\u00edn. <\/p>\n
As\u00ed, adentr\u00e1ndose al estudio de los reparos propuestos por el apelante, aval\u00f3 la aplicaci\u00f3n de las consecuencias previstas en el canon 205 del estatuto procesal definida por el a quo -a partir de la inasistencia del ejecutado al interrogatorio de parte programado, debido a que el hecho de encontrarse privado de la libertad \u00abno constitu\u00eda una fuerza mayor o caso fortuito\u00bb-, y ello, como quiera que \u00abel deber de procurar la comparecencia a interrogatorio recae sobre la parte que es citada (\u2026). Por tanto, era deber legal del demandado, a trav\u00e9s del profesional del derecho que asist\u00eda sus intereses, procurar rendir el interrogatorio al cual fue citado en estas diligencias, sin que se acreditara el agotamiento de tr\u00e1mite alguno tendiente a dicha finalidad, por lo que, dado el supuesto de hecho que contempla la norma, era procedente imponer las consecuencias o efectos jur\u00eddicos de ello se deriva\u00bb; aunado a ello, puntualiz\u00f3 que, \u00abtrat\u00e1ndose de una presunci\u00f3n, era factible que el ejecutado, a trav\u00e9s de otras pruebas desvirtuara la misma; sin embargo, no arrim\u00f3 pruebas suficientes para tal efecto, pues incluso la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia no se fundament\u00f3 simplemente en esta presunci\u00f3n, sino en la valoraci\u00f3n en conjunto del acervo probatorio, siendo la referida presunci\u00f3n solo una de ellas, por lo que, aun omitiendo la aplicaci\u00f3n de lo contemplado en esta normativa, la decisi\u00f3n ser\u00eda la misma\u00bb. <\/p>\n
Ahora, frente a la aducida discrepancia de los t\u00edtulos valores y la escritura p\u00fablica contentiva del negocio causal, propuesta igualmente como reproche frente a la sentencia, memor\u00f3 el tribunal que \u00abconsidera el impugnante que fue acreditado de manera fehaciente que el valor del negocio causal, esto es, del pr\u00e9stamo o cr\u00e9dito de consumo, celebrado entre las partes, ascendi\u00f3 a la suma de $109.500.000, como consta en la Escritura P\u00fablica 1608 del 21 de mayo de 2014 de la Notar\u00eda Sexta del C\u00edrculo de Medell\u00edn, y no a $700.000.000, como lo afirma la demandante y se represent\u00f3 en los t\u00edtulos suscritos por el demandado. Para tal efecto, alude a la prueba documental consistente en copia de la citada escritura y de la tutela que present\u00f3 la acreedora en contra de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, donde se hace referencia a que el valor del acto de la compraventa con pacto de retroventa, era por la suma de $109.500.000.\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, analiz\u00f3 que, \u00abcon el acervo probatorio qued\u00f3 acreditado que en la tutela se mencion\u00f3 dicha cuant\u00eda, por ser el contenido en la escritura p\u00fablica que se pretend\u00eda registrar, lo que se verific\u00f3 con este documento, y que dicho valor correspond\u00eda al valor catastral del inmueble objeto del acto, como se evidencia al final de su contenido, trat\u00e1ndose de una costumbre de vieja usanza, para efectos de minimizar los gastos notariales y de registro, que fue aceptada por el juez de primer grado de cara a las reglas de la experiencia, consideraci\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n tiene por acertada\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, a\u00f1adi\u00f3 que lo anterior se reafirma a partir de que \u00abse tuvo como estipulaci\u00f3n contra escritura, el p\u00e1rrafo incluido en cada uno de los pagar\u00e9s donde se indica \u201cEste pagar\u00e9 garantiza las obligaciones consignadas en la escritura p\u00fablica n\u00famero 1608 del 21 de Mayo de 2014, de la Notar\u00eda Sexta (6\u00aa) de Medell\u00edn con un valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L.C. ($700.000.000)\u201d\u00bb y adujo que las discordancias en algunos de los testimonios recaudados \u00abno resultan relevantes para el supuesto f\u00e1ctico que se pretende acreditar\u00bb, pues \u00abla discrepancia respecto al due\u00f1o de los dineros dados en pr\u00e9stamo (\u2026), as\u00ed como la ausencia de prueba frente a la procedencia de \u00e9stos, no desvirtuaba el monto plasmado en los t\u00edtulos valores arrimados como base de recaudo\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, \u00aben cuanto a la ausencia de prueba de haber recibido el demandado el dinero, as\u00ed como a la ausencia de prueba de que no lo recibi\u00f3\u00bb, el fallador colegiado se apart\u00f3 de tal conclusi\u00f3n, propuesta por el recurrente, pues \u00abs\u00ed est\u00e1 acreditado en este asunto, que el demandado recibi\u00f3 la suma de $700.000.000, con la suscripci\u00f3n de los t\u00edtulos valores, los cuales gozan de la presunci\u00f3n de autenticidad y veracidad de su contenido, conforme lo rese\u00f1ado en el precepto 244 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que en este caso concreto, como se expuso con antelaci\u00f3n, fuera desvirtuada por el ejecutado, sobre quien reca\u00eda la carga de probarlo al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 167 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al tribunal encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
Sobre tal tem\u00e1tica, la Sala ha dicho en precedencia que \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acumulado actualmente al asunto rad. n.\u00b0 2018-00304. <\/p>\n
<\/p>\n
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