STC7908-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7908-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-01319-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 22 de junio de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo solicitado por Denis Roc\u00edo Navarro Cepeda, Luis Eduardo Rojas Reinoso y Edgar Rojas en contra del Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, BBVA Colombia S.A. y la Alcald\u00eda Local de Rafael Uribe Uribe. Al tramite se dispuso vincular a la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, Seccional Bogot\u00e1 \u2013Grupo de Archivo. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los promotores demandaron la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales de petici\u00f3n, vivienda digna, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. inici\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra Denis Roc\u00edo Navarro Cepeda, demanda que fue admitida por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 24 de septiembre de 20181 bajo el radicado 11001310302220180050100. <\/p>\n
2.3. El 12 de julio de 2019, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de leasing habitacional suscrito entre las partes, orden\u00f3 a la demandada la restituci\u00f3n del bien en disputa y comision\u00f3 al Juzgado Municipal de Descongesti\u00f3n o Reparto o, en su defecto, a la Alcald\u00eda Local para que practicaran la diligencia de entrega3. <\/p>\n
2.4. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Juzgado libr\u00f3 despacho comisorio el 30 de septiembre del mismo a\u00f1o4, que se reiter\u00f3 el 14 de marzo de 2022 (009-2012)5. <\/p>\n
3. Al respecto, los gestores alegan que no conocieron el proceso atacado, hasta que se enteraron del Despacho Comisorio 009-2012, por lo que no es admisible que procedan a la restituci\u00f3n del inmueble, m\u00e1xime que cuando acudieron al Juzgado para conocer el asunto les informaron que el proceso estaba archivado. Destacaron que se debe tener en cuenta que son desplazados y v\u00edctimas de la violencia y que las obligaciones reclamadas por el Banco hab\u00edan caducado y estaba prescritas. Aducen que en marzo de 2017 presentaron un derecho de petici\u00f3n ante la entidad financiera, que fue contestado parcialmente, lo cual les impidi\u00f3 tener claridad del tipo de cr\u00e9dito y de las cuotas a cancelar. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicitan que se ordene la nulidad de todas las actuaciones procesales y que se deje sin efectos el Despacho Comisorio 009-2012, que dispuso la diligencia de entrega del bien inmueble en disputa. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que se sujetaba a las actuaciones surtidas en el proceso de restituci\u00f3n y que hab\u00eda solicitado desarchivar el expediente. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva e inform\u00f3 que los tutelantes Denis Roc\u00edo Navarro Cepeda y Luis Eduardo Rojas Reinoso no estaban incluidos en el Registro \u00danico de Victimas, mientras que Edgar Rojas se encontraba registrado por un hecho de desplazamiento forzado, seg\u00fan lo previsto en la Ley 387 de 1997. <\/p>\n
3. El Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Bogot\u00e1 \u2013 Grupo de Archivo manifest\u00f3 que no ha vulnerado los derechos invocados y que realiz\u00f3 las gestiones pertinentes para desarchivar el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo solicitado, por improcedente, dado que los actores no demostraron haber agotado los mecanismos de defensa en el juicio cuestionado, tenientes a cuestionar la indebida notificaci\u00f3n de la demanda. Tambi\u00e9n neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada frente a la autoridad administrativa accionada, porque estaba actuando en cumplimiento de una orden del Juzgado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impulsaron los accionantes, quienes reiteraron sus alegaciones iniciales y argumentaron que no se analiz\u00f3 de fondo el debate planteado, pese a que nadie contest\u00f3 la acci\u00f3n constitucional. De otro lado, pusieron de presente que la tutela se radic\u00f3 el 6 de junio del a\u00f1o en curso y el fallo de primera instancia les fue notificado el 23 posterior, mediante correo electr\u00f3nico al cual accedieron el 26 de junio, por lo cual se vulneraron los t\u00e9rminos previstos para decidir, circunstancia que, en su criterio, constituye falta disciplinaria. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala confirmar\u00e1 el fallo impugnado, porque la tutela es improcedente, dado que no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio allegado, se advierte que las censuras planteadas en esta sede constitucional, referentes a la indebida notificaci\u00f3n de la demanda, la falta de informaci\u00f3n del cr\u00e9dito y de las obligaciones cobradas, as\u00ed como su caducidad y prescripci\u00f3n, entre otras, no fueron formuladas por los tutelantes ante el Juzgado del Circuito accionado. <\/p>\n
En ese sentido, es menester se\u00f1alar que el juez de tutela no est\u00e1 facultado para reemplazar al cognoscente, ni para anticipar sus decisiones, ni para indicarle la forma de resolver los asuntos que deben ser sometidos a su consideraci\u00f3n, de manera que los tutelantes deben exponer previamente ante el juez de la causa los argumentos en los que sustentan su petici\u00f3n de amparo constitucional. Sobre el particular, ha sostenido la Sala que esta especial v\u00eda no <\/p>\n
(\u2026) se instituy\u00f3 con el prop\u00f3sito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan impl\u00edcitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las dise\u00f1adas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular (CSJ STC4303-2018). <\/p>\n
3. Por otro lado, frente a la petici\u00f3n referida a la suspensi\u00f3n de la diligencia de restituci\u00f3n, resulta pertinente se\u00f1alar que esta Sala tiene decantado que la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una sentencia en firme (CSJ STC038-2020 y CSJ STC12527-2022, entre otras); m\u00e1xime que, para el caso concreto, la orden de restituci\u00f3n del inmueble se emiti\u00f3 desde que se profiri\u00f3 el fallo del 12 de julio de 2019, de manera que respecto de dicha providencia la tutela no cumple con el presupuesto de la inmediatez, lo cual impide analizar el fondo de lo all\u00ed decidido. <\/p>\n
4. Finalmente, en torno al reproche formulado en la impugnaci\u00f3n, porque la tutela no se resolvi\u00f3 en t\u00e9rmino por parte del a quo constitucional, basta se\u00f1alar que, si bien el asunto se radic\u00f3 el 7 de junio de 2023, fue remitido por competencia al Tribunal el 9 de junio siguiente, que lo fall\u00f3 el pasado 22 de junio, decisi\u00f3n que la parte actora pudo impugnar oportunamente, de manera que el proceso ha surtido el tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 175 Documento PDF. 2018-501. <\/p>\n
2\u0002 Folio 181-185, 191. Documento PDF. 2018-501. <\/p>\n
3\u0002 Folio 203. Documento PDF. 2018-501. <\/p>\n
4\u0002 Folio 211. Documento PDF. 2018-501. <\/p>\n
5\u0002 Documento PDF. 12AnexoJuzgado22CivilCircuito DESPACHO COMISORIO N.009 PROCESO 2018-501 -. <\/p>\n
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