STC7911-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7911-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-02852-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Alberto Restrepo Zapata contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Pereira. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00150. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad referida en la acci\u00f3n popular de radicado 66001-31-03-001-2022-00150-01. Narra que, el Tribunal de Pereira incumple los t\u00e9rminos consagrados en la ley 472 de 1998 por cuanto el tr\u00e1mite referido lleva m\u00e1s de 5 meses sin tener un pronunciamiento de fondo. Asimismo, manifiesta que la accionada dilata injustificadamente la resoluci\u00f3n del proceso, pues ordena la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de origen en lugar de resolver la segunda instancia. <\/p>\n
2. Depreca que se \u00abACEPTE INMEDIATAMENTE MI DESISTIMIENTO DE TODAS LAS ACCIONES POPULARES [Y DE] LA APELACI\u00d3N Y DE LA ACCI\u00d3N ANTE LA MORA JUDICIAL\u00bb. Adem\u00e1s, insta la intervenci\u00f3n de la Corte Constitucional a fin de que ordene -a quien corresponda- \u00abPRESENTE ACCI\u00d3N DE REPARACI\u00d3N DIRECTA A MI NOMBRE CONTRA LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA POR FALLA EN LA PRESTACI\u00d3N DEL SERVICIO\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado realiz\u00f3 un recuento de las acciones surtidas en su instancia y resalt\u00f3 que no se puede acusar por mora toda vez que el expediente fue devuelto al juzgado de conocimiento \u00abpara que surta la actuaci\u00f3n omitida\u00bb. Lo mismo que \u00abno existe petici\u00f3n de desistimiento de la acci\u00f3n popular, pendiente por resolver\u00bb. <\/p>\n
2. La Corte Constitucional expuso que \u00abno est\u00e1 llamada a responder por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, en tanto que no tiene la aptitud procesal para resolver las pretensiones por \u00e9l formuladas\u00bb. Por su parte, la Procuradur\u00eda inform\u00f3 que \u00abno act\u00faa en nombre de ninguna de las personas en calidad de litigante, luego no promover\u00e1 acciones judiciales en procura de los intereses del actor\u00bb. La Defensor\u00eda del Pueblo de Risaralda, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, y escrutado el material probatorio, esta Sala -en calidad de juez constitucional- considera que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad. Ciertamente, se destaca que -a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo1- el proceso cuestionado se encontraba en curso. En concreto, estaba corriendo el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto proferido por la Corporaci\u00f3n accionada el 18 de julio de 2023, con el cual orden\u00f3 devolver el expediente al Juzgado de origen a fin de que se pronunciara sobre la concesi\u00f3n del recurso presentado por la parte coadyuvante2. En ese orden, observa la Sala que la tutela interpuesta fue prematura, pues se present\u00f3 antes de que la decisi\u00f3n cuestionada estuviera debidamente ejecutoriada. Sobre el particular, se ha dicho que cuando \u00ablas personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiente su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (Ver en CSJ STC1544-2023 y STC5234-2023). <\/p>\n
2. De cara a la presunta mora judicial del Colegiado enjuiciado, se evidencia que esta es inexistente por cuanto -a diferencia de lo afirmado por el promotor- el expediente fue remitido a esa Corporaci\u00f3n hasta el 28 de junio de 20233 y se obtuvo un pronunciamiento el 18 de julio de 2023, es decir, menos de un mes desde que ingres\u00f3 el asunto a esa autoridad. <\/p>\n
3. Finalmente, con respecto a que se \u00abACEPTE INMEDIATAMENTE MI DESISTIMIENTO DE TODAS LAS ACCIONES POPULARES [Y DE] LA APELACI\u00d3N Y DE LA ACCI\u00d3N\u00bb as\u00ed como de aquellos requerimientos dirigidos a la Corte Constitucional, basta se\u00f1alar que el actor no acredit\u00f3 haber elevado solicitudes en esos sentidos frente a las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 24 de julio de 2023. <\/p>\n
2\u0002 Documento pdf30RecursoReposicionCoadyv. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Documento 004ActaReparto. Carpeta C02Apelaci\u00f3nSentencia. Expediente digital. <\/p>\n
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