STC7913-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7913-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02444-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la tutela promovida por Wenceslao Estupi\u00f1\u00e1n Murillo contra la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP, la Sala Penal Tribunal Superior de Bogot\u00e1 -para FONCOLPUERTOS-, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 -para FONCOLPUERTOS- y la Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, extensible a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, dignidad humana y a la salud. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Mediante Resoluci\u00f3n 000502 del 5 de febrero de 1993, al accionante le fue reconocida la pensi\u00f3n proporcional de jubilaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo vigente del Terminal Mar\u00edtimo de Buenaventura para el a\u00f1o 1991-1992, efectiva a partir del 16 de junio de 1992. Posteriormente, por Resoluci\u00f3n 1914 del 18 de diciembre de 1997, se reajust\u00f3 esa la mesada pensional. <\/p>\n
2.2. De otro lado, contra Manuel Heriberto Zabaleta se adelant\u00f3 el proceso penal de radicado 110013104016201300061001, por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, en el cual, en decisi\u00f3n del 20 de diciembre de 2011, confirmada el 7 de noviembre de 2012 por la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal de Bogot\u00e1, se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos de las actas de conciliaci\u00f3n y de las resoluciones de pago relacionadas en el pliego de cargos2. <\/p>\n
2.2.1. En sentencia de primera instancia del 18 de septiembre de 2019, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 conden\u00f3 al procesado y decret\u00f3 como acci\u00f3n de restablecimiento de derechos, entre otros, levantar las medidas provisionales. <\/p>\n
2.2.2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 fallo de segundo grado el 9 de diciembre de 2021, modificando la sentencia de primera instancia, entre otros, para condenar al procesado por la Resoluci\u00f3n \u00ab1914 de 18\/12\/1997 (no. 757)\u00bb, que reajust\u00f3 la pensi\u00f3n del tutelante; asimismo, aclar\u00f3 la medida de restablecimiento del derecho adoptada por el a quo, disponiendo que deb\u00edan quedar sin efectos jur\u00eddicos, entre otras, la referida Resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.3. El 2 de noviembre de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem. <\/p>\n
2.4. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social -UGPP- inici\u00f3 una acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho contra Wenceslao Estupi\u00f1\u00e1n Murillo, para que se declarara la nulidad del acto administrativo de reconocimiento pensional. <\/p>\n
2.4.1. El asunto fue tramitado bajo el radicado 76001233300520150009500 y, en sentencia de primera instancia del 30 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedi\u00f3 a las pretensiones y declar\u00f3 la nulidad de los actos administrativos, adem\u00e1s, neg\u00f3 el reintegro de los dineros pagados. <\/p>\n
2.4.2. Mediante Resoluci\u00f3n RDP 006067 del 9 de marzo de 2021, la UGPP cumpli\u00f3 el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.4.3. Contra esa decisi\u00f3n judicial, el accionante promovi\u00f3 una tutela conocida por el Consejo de Estado bajo el radicado 11001031500020220337401, en la cual se profiri\u00f3 fallo de segunda instancia el 10 de noviembre de 2022, que confirm\u00f3 la improcedencia del ruego, al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, dado que el actor no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia censurada. <\/p>\n
3. El promotor sostiene que en el proceso penal 2013-00061 seguido contra Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez, que tuvo incidencia en la Resoluci\u00f3n 1914 del 18 de diciembre de 1997, por la cual se reajust\u00f3 su mesada, no fue vinculado, de manera que \u00abno pudo reclamar sus derechos\u00bb ni aportar pruebas, no obstante, se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n definitiva de su pensi\u00f3n \u00absin adelantar un estudio profundo y anal\u00edtico\u00bb de su espec\u00edfica situaci\u00f3n. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el cargo desempe\u00f1ado no era de confianza y manejo y, por tanto, era trabajador oficial y no empleado p\u00fablico, de manera que su reconocimiento penal no fue objeto de un hecho delictivo y no debi\u00f3 dejarse sin efectos. A su vez, aleg\u00f3 que la UGPP lo excluy\u00f3 de la n\u00f3mina de pensionados desde el 25 de enero de 2021, dej\u00e1ndolo sin lo necesario para su subsistencia y la de su familia y sin servicio m\u00e9dico, pese a tener ochenta a\u00f1os, lo cual afecta sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el gestor solicita que se levante la nulidad sobre las resoluciones 000502 de 16 de febrero de 1993 y la 1914 de 18 de diciembre de 1997, \u00ablas cuales la fiscal\u00eda 22 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en providencia de fecha 07 de noviembre de 2012, orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de los efectos jur\u00eddicos\u00bb y, en consecuencia, se ordene a la UGPP restablecer su vigencia y retribuir de manera indexada las mesadas pensionales dejadas de pagar. <\/p>\n
En escrito adicional solicit\u00f3 que se revoque el fallo del 30 de noviembre de 2021 emitido por el Tribunal Administrativo del Valle y la Resoluci\u00f3n RDP 006067 del 9 de marzo de 2021 proferida por la UGPP, en cumplimiento de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte se declar\u00f3 ajena a la declaratoria de nulidad de la resoluci\u00f3n que reconoci\u00f3 pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al accionante. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP solicit\u00f3 rechazar la tutela de plano por cuanto el actor present\u00f3 otra con los mismos hechos y pretensiones ante el Consejo de Estado. <\/p>\n
3. El Tribunal Administrativo del Valle destac\u00f3 que ya se present\u00f3 tutela contra la providencia que declar\u00f3 la nulidad y restablecimiento del derecho. <\/p>\n
4. El Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito inform\u00f3 que, con ocasi\u00f3n de la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, que dispuso no casar el fallo proferido en segunda instancia en el proceso 2013-00061, libr\u00f3 oficio dirigido a la UGPP el 12 de diciembre de 2022, para que procediera a cumplir las medidas de restablecimiento del derecho ordenadas. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abel extremo actor nada ha solicitado a este Estrado y que \u00e9ste acat\u00f3 las \u00f3rdenes judiciales contenidas en los fallos de instancia\u00bb. Respecto al proceso 2013-00003, indic\u00f3 que \u00abel accionante tampoco se hizo parte, por ejemplo, como tercero incidental\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dio cuenta de las principales actuaciones surtidas en el proceso 2013-00061 y se\u00f1al\u00f3 que el actor no intervino en el asunto como tercero incidental, \u00abestando habilitado para ello\u00bb. <\/p>\n
6. La Jefe de la Unidad de Fiscal\u00edas Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no tiene injerencia en las medidas adoptadas por la UGPP. <\/p>\n
7. Jaime Antonio L\u00f3pez Julio, quien dijo actuar en nombre de Manuel Zabaleta Rodr\u00edguez, sostuvo que no fue ilegal el reconocimiento de la indexaci\u00f3n a la primera mesada pensional dispuesto en la Resoluci\u00f3n 1914 del 18 de diciembre de 1997 y que con esa decisi\u00f3n no se incurri\u00f3 en delito alguno, como inicialmente lo reconoci\u00f3 el Juzgado de primera instancia en el proceso 2013-00061, por lo cual coadyuv\u00f3 la tutela. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La Sala declarar\u00e1 improcedente la salvaguarda propuesta, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En primer lugar, en cuanto a la censura enrostrada a las autoridades que adelantaron el proceso penal de radicado 2013-00061, porque, en criterio del actor, vulneraron sus derechos al no ser vinculado al tr\u00e1mite. Sobre el particular, se advierte que el ruego no cumple con el presupuesto de la inmediatez, pues el referido tr\u00e1mite se finiquit\u00f3 con la sentencia CSJ SP3754-2022 -proferida el 2 de noviembre de 2022-. Por su parte, la tutela fue presentada el 20 de junio de 2023. Esto es, se super\u00f3 el t\u00e9rmino que esta Sala ha considerado como razonable para la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional. A lo anterior se suma que el reproche formulado contra lo all\u00ed resuelto tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad: el actor no acredit\u00f3 haber elevado petici\u00f3n alguna ante los Jueces de conocimiento. <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a la controversia planteada frente a la UGPP y el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que reconocieron y reajustaron la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del actor, la Sala no emitir\u00e1 pronunciamiento alguno, en consideraci\u00f3n a que carece de competencia para pronunciarse sobre la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por ese Tribunal, por cuanto el numeral 5 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 1 del Decreto 333 de 2021, establece que \u00ablas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. Adicionalmente, no puede perderse de vista que, frente a esa decisi\u00f3n, ya se surti\u00f3 un debate constitucional por parte del Consejo de Estado, que declar\u00f3 improcedente la protecci\u00f3n reclamada, porque el tutelante desperdici\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que tuvo a su alcance, de manera que el asunto ya fue objeto de decisi\u00f3n en sede de tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cuyos hechos estaban relacionados con que el \u00abDirector General del Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia en liquidaci\u00f3n, entre el 23 de diciembre de 1996 y el 2 de febrero de 1998, dispuso el pago de numerosas conciliaciones, sentencias y mandamientos de pago, a raz\u00f3n de acreencias laborales presuntamente irregulares, reconocidas a favor de cientos de pensionados de los Terminales Mar\u00edtimos y Fluviales del pa\u00eds, con lo cual se expidieron cerca de novecientas nueve (909) resoluciones\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Entre estas, de acuerdo informaci\u00f3n suministrada por el Juzgado a quo y con el texto de la providencia, la Resoluci\u00f3n1914 de 18 de diciembre de 1997. <\/p>\n
3\u0002 Seg\u00fan el Juzgado a quo, ello correspondi\u00f3 a una ruptura de la unidad procesal decretada por la Fiscal\u00eda 28 Delegada ante el Tribunal. <\/p>\n
4\u0002 Por los hechos relativos a las Resoluciones 984 de 16 de mayo de 1995, 0447 de 8 de marzo de 1995, 0448 de 8 de marzo de 1995, 0550 de 15 de marzo de 1995, 1034 de 19 de mayo de 1995, 1099 de 25 de mayo de 1995 y 1290 de 12 de junio de 1995. <\/p>\n
<\/p>\n
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