STC7916-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7916-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02428-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide la tutela promovida por el Banco de Occidente S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Elkin Rodr\u00edguez Huyke, Eulalia Jim\u00e9nez Ruiz y Manuel Rodr\u00edguez D\u00edaz. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora, mediante apoderado, demanda la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados en el juicio de radicado 08001310301120160016200 (01). <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El Banco de Occidente S.A. promovi\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado por leasing financiero contra Elkin Jos\u00e9 Rodr\u00edguez Huyke, Eulalia Jim\u00e9nez Ruiz y Manuel Rodr\u00edguez D\u00edaz <\/p>\n
2.2. Notificado por conducta concluyente el demandado Manuel Rodr\u00edguez D\u00edaz y, mediante curador ad litem, los dem\u00e1s accionados, el Juzgado Once Civil del Circuito profiri\u00f3 sentencia el 22 de noviembre de 20171, en la que dio por terminado el contrato de arrendamiento y orden\u00f3 la restituci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
2.3. Elkin Rodr\u00edguez Huyke solicit\u00f3 la nulidad del asunto, por indebida notificaci\u00f3n, la cual fue decretada en auto del 13 de mayo de 20192, con efectos desde el prove\u00eddo de 23 de marzo de 2017, que orden\u00f3 su emplazamiento; en consecuencia, se le tuvo por notificado de la demanda y se le corri\u00f3 traslado para contestarla. <\/p>\n
2.4. Reanudado el tr\u00e1mite, el 9 de septiembre de 2019 inici\u00f3 la diligencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, que fue suspendida por petici\u00f3n de las partes, hasta el 20 de noviembre siguiente3. <\/p>\n
2.5. En la audiencia del 2 de septiembre de 2020 se decretaron pruebas y, por auto del 25 de noviembre posterior4, se ampli\u00f3 la competencia del Juzgado de conocimiento hasta por seis meses para emitir sentencia. El 11 de diciembre del mismo a\u00f1o5 se fij\u00f3 para el 10 de febrero del 2021 la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento <\/p>\n
2.6. El 27 de enero de 20216, la demandante radic\u00f3 un memorial solicitando la remisi\u00f3n del video contentivo de la audiencia del 2 de septiembre de 2020. <\/p>\n
2.7. El 10 de febrero del 20217, la parte accionante alleg\u00f3 poder para acudir a la diligencia. En la misma fecha, el Juzgado levant\u00f3 un acta en la que se consign\u00f3 que la diligencia programada para esa fecha no se pudo llevar a cabo de forma virtual, por \u00abproblemas de conectividad\u00bb, lo cual se puso en conocimiento de los apoderados \u00aba quienes se les inform\u00f3 de manera telef\u00f3nica, que el despacho proceder\u00eda a se\u00f1alar nueva fecha para la audiencia, lo cual har\u00e1 por auto\u00bb. <\/p>\n
2.8. En prove\u00eddo del 7 de marzo de 20228 se declar\u00f3 terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, dado que el proceso hab\u00eda estado en la secretar\u00eda inactivo por m\u00e1s de un a\u00f1o. Frente a esa decisi\u00f3n la sociedad demandante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.9. El 28 de julio de 20229, el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n, en raz\u00f3n a que, si bien el fallador deb\u00eda fijar nueva fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, seg\u00fan lo indicado en la diligencia del 10 de febrero de 2021, la demandante debi\u00f3 pedir el impulso del asunto. En ese sentido, advirti\u00f3 que cuando \u00abel despacho no realiza una actuaci\u00f3n que es de su resorte, corresponde a la parte interesada solicitar y hasta requerir, que dicha actuaci\u00f3n procesal se realice\u00bb y no lo hizo, omisi\u00f3n que configuraba el presupuesto del numeral segundo del art\u00edculo 317; adem\u00e1s, precis\u00f3 que el Despacho anualmente recib\u00eda por reparto alrededor de 340 procesos, incluyendo los asuntos constitucionales, que eran prioritarios, siendo \u00abpr\u00e1cticamente imposible que de manera oficiosa adelantemos todos y cada uno de los tr\u00e1mites pendientes en los innumerables procesos civiles (\u2026), por lo que se requiere de la participaci\u00f3n activa y arm\u00f3nica de los apoderados de las partes, lo que no ocurri\u00f3 en el caso que nos ocupa\u00bb10. <\/p>\n
2.10. El 16 de marzo de 202311, el Tribunal accionado confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. <\/p>\n
3. La parte actora sostiene que la carga procesal era responsabilidad del Despacho Judicial y no de las partes, pues ten\u00eda la obligaci\u00f3n de proferir auto fijando nueva fecha para la audiencia pendiente en los diez d\u00edas siguientes a la diligencia fallida, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso y lo definido el 10 de febrero de 2021 por el mismo juez. Adicionalmente, destac\u00f3 que el expediente no estaba en la Secretar\u00eda como lo exige el art\u00edculo 317 ibidem, sino que se encontraba al Despacho, por lo que los t\u00e9rminos no corr\u00edan y no pod\u00eda configurarse la perenci\u00f3n, m\u00e1xime que el memorial presentado el 27 de enero de 2021 y la posterior audiencia del 10 de febrero de 2021 interrump\u00edan el conteo del t\u00e9rmino que, seg\u00fan los autos censurados, inici\u00f3 en diciembre de 2020. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicita que se ordene revocar las providencias del 7 de marzo de 2022 y del 16 de marzo de 2023, para que, en su lugar, se profiera una nueva decisi\u00f3n que fije fecha para agotar audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado accionado dio cuenta de las principales actuaciones en el proceso censurado y se\u00f1al\u00f3 que procedi\u00f3 en cumplimiento del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala conceder\u00e1 el amparo reclamado por la sociedad tutelante, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
2. Las piezas procesales allegadas a este tr\u00e1mite revelan que el Tribunal accionado, en providencia del 16 de marzo de 2023, decidi\u00f3 confirmar el auto que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, porque, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abes la inactividad objetiva del juicio por un plazo de un (1) a\u00f1o o de dos (2) a\u00f1os, seg\u00fan sea el caso\u00bb12, lo que conlleva a la terminaci\u00f3n del proceso, sin que, para el efecto, sea necesario \u00absiquiera el requerimiento previo a las partes para su impulso\u00bb. <\/p>\n
Sobre la situaci\u00f3n particular analizada, el Tribunal destac\u00f3 que se deb\u00eda evaluar la eficaz colaboraci\u00f3n de las partes e intervinientes del proceso, en procura de evitar su par\u00e1lisis y con ello prevenir la congesti\u00f3n de los despachos y, tras citar la postura de esta Sala de Casaci\u00f3n, referente a que la actuaci\u00f3n que interrumpe los t\u00e9rminos es aquella que impulse el proceso para cumplir la finalidad con la que se promovi\u00f3, concluy\u00f3 que \u00abEn palabras simples, a la interpretaci\u00f3n de esta Sala, el plazo en este tipo de casos es objetivo\u00bb13. <\/p>\n
En tal sentido, indic\u00f3 que, el proceso hab\u00eda estado en Secretar\u00eda, en situaci\u00f3n de inactividad, por un periodo superior a un a\u00f1o, \u00abcontado a partir de la fecha en que deb\u00eda ser llevada a cabo audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, esto es, desde el 10 de febrero del 2021\u00bb, oportunidad en la que Despacho de conocimiento determin\u00f3 que, por auto separado se\u00f1alar\u00eda nueva fecha, \u00absin que se evidencie actuaci\u00f3n posterior por parte de \u00e9ste \u00faltimo, ni petici\u00f3n por alguna de las partes, motivo suficiente para considerar que el plazo de la inactividad de que trata la norma del articulo 317 numeral 2 del C\u00f3digo General del Proceso, se presenta de manera objetiva\u00bb. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino que contempla el numeral segundo del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, para efectos de la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito, lo primero que debe resaltarse es que esta Sala ha considerado que no puede contabilizarse de manera objetiva, sino que deben analizarse las circunstancias de cada caso concreto (CSJ STC152-2023), en particular, la causa de la inactividad y el responsable del impulso del proceso. Ello es as\u00ed, dado que, sin perjuicio de los fines que justifican la figura en comento, no por esa raz\u00f3n puede vulnerarse el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En ese sentido, la Sala ha sostenido que, <\/p>\n
al margen de haber transcurrido el lapso ah\u00ed establecido, no es dable imponer dicha sanci\u00f3n cuando el estancamiento de la encuadernaci\u00f3n proviene de una negligencia del funcionario que la tiene a cargo, por cuanto la contabilizaci\u00f3n no es de manera objetiva, sino que es de cara a las particularidades de cada caso (CSJ STC4818-2023). <\/p>\n
3.1. Pues bien, en el sub examine, la \u00faltima actuaci\u00f3n, previa a la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito, se adelant\u00f3 el 10 de febrero de 2021, fecha que se hab\u00eda programado para llevar a cabo audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, la cual no pudo realizarse por \u00abproblemas de conectividad\u00bb, circunstancia que el Juzgado, el mismo d\u00eda, puso en conocimiento de los apoderados \u00aba quienes se les inform\u00f3 de manera telef\u00f3nica, que el despacho proceder\u00eda a se\u00f1alar nueva fecha para la audiencia, lo cual har\u00e1 por auto\u00bb14. <\/p>\n
En ese orden, la actuaci\u00f3n que se encontraba pendiente de surtir, por indicaci\u00f3n del mismo Despacho en el acta referida, era exclusivamente de su competencia, sin que para ello fuera necesario gesti\u00f3n alguna de las partes a manera de impulso o recordatorio, incluso ante la existencia de la carga laboral argumentada por el a quo, pues, si bien esta pod\u00eda ser justificada, no deb\u00eda conllevar una sanci\u00f3n en contra de los intereses y derechos de los sujetos procesales, en este caso de la demandante, toda vez que, como lo ha considerado la Sala en asuntos similares, tal sanci\u00f3n no es procedente en aquellos eventos en los cuales la par\u00e1lisis no es imputable al actor. Recu\u00e9rdese que, <\/p>\n
\u2026en rigor, lo que aqu\u00ed plantearon los inconformes es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 la norma que regula el desistimiento t\u00e1cito y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos all\u00ed consagrados para acceder a la terminaci\u00f3n que deprecaron los ejecutados, comoquiera que la par\u00e1lisis a la que se vio sometido el proceso no era imputable a la parte actora, sino al despacho judicial de conocimiento. <\/p>\n
Tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias\u2026 (CSJ STC1646-2021, criterio reiterado en las sentencias CSJ STC4720-2022 y CSJ STC4202-2023). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, en otra oportunidad, la Sala concluy\u00f3 que <\/p>\n
el ad quem criticado err\u00f3 al confirmar la decisi\u00f3n del a quo de dar por terminado el proceso objeto de reproche constitucional, habida cuenta que desconoci\u00f3 que el juicio permanec\u00eda inactivo por causa atribuible al juzgado de conocimiento, teniendo en cuenta que la designaci\u00f3n de curador, para que representara a los demandados indeterminados, es una actuaci\u00f3n del resorte exclusivo del fallador, quien debi\u00f3 nombrar un nuevo auxiliar de la justicia, al percatarse que el designado no acept\u00f3 el encargo y as\u00ed poder proseguir con el curso del proceso (CSJ STC152-2023). <\/p>\n
3.2. Corolario de lo anterior, necesaria resulta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, dado que, en el sub examine, ninguna actuaci\u00f3n del demandante hubiera podido impulsar el proceso, toda vez que la citaci\u00f3n a la audiencia subsiguiente depend\u00eda exclusivamente del fallador, de manera que, como la par\u00e1lisis no era atribuible a la parte actora, est\u00e1 no pod\u00eda ser sancionada por la inactividad del Juzgado. As\u00ed las cosas, aunque en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede respecto de providencias judiciales, no es menos cierto que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (Ver cita en CSJ STC152-2023). <\/p>\n
4. Por lo referido, se dejar\u00e1 sin valor y efecto el prove\u00eddo del 16 de marzo de 2023, con el cual el ad quem confirm\u00f3 el auto del 7 de marzo de 2022, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste y se ordenar\u00e1 al Tribunal accionado que adopte una nueva decisi\u00f3n, en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONCEDE el auxilio implorado por el Banco de Occidente S.A. contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. En consecuencia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DEJAR sin efectos la providencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Colegiado querellado en el proceso de radicado 080013103011201600162001, as\u00ed como las dem\u00e1s que dependan de esta. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR al Tribunal accionado que, en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a resolver nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el Banco de Occidente S.A. contra el auto que declar\u00f3 terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 0021, expediente 2016-00162. <\/p>\n
2\u0002 Documento 0043, ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Documento 0036, ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Documento 0061, ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Documento 0062, ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Documento 0064, ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Documentos 0066, 0069, ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Documento 0058, ibidem. <\/p>\n
9\u0002 Documento 0079, ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Resalta la Sala. <\/p>\n
11\u0002 Documento 03, carpeta segunda instancia ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Resalta la Sala. <\/p>\n
13\u0002 Resalta la Sala. <\/p>\n
14\u0002 Resalta la Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC7916-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC7916-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-02428-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Sala decide la tutela promovida por el Banco de Occidente S.A. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[65],"tags":[],"class_list":["post-75504","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75504"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75504\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}