STC7917-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC7917-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de agosto de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Esta Sala decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 2 de mayo de 2023, con la cual se deneg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Georgina Cardona de Rodr\u00edguez, contra los Juzgados Veintisiete Civil del Circuito y Cincuenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple (antes Setenta y Uno Civil Municipal), ambos de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2013-00016-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades censuradas. <\/p>\n
2. Del expediente allegado se resalta lo que viene. La sociedad Inversiones Lanceros Ltda promovi\u00f3 en contra de la accionante proceso ejecutivo hipotecario. Repartida la demanda, el Juzgado de Peque\u00f1as Causas atacado \u2013con providencia del 29 de enero de 2013- libr\u00f3 orden de pago y decret\u00f3 el embargo del inmueble hipotecado. <\/p>\n
2.1. La actora refiri\u00f3 que en dicha causa actu\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado hasta la adjudicaci\u00f3n del inmueble por remate a una tercera persona -el 24 de septiembre de 2014-. Sin embargo, narr\u00f3 que su apoderado falleci\u00f3 en diciembre de 2014 y, ante la falta de representaci\u00f3n, el 12 de agosto de 2015, el Juzgado declar\u00f3 la nulidad de lo actuado desde la fecha del fallecimiento de su apoderado, concedi\u00f3 el amparo de pobreza y design\u00f3 como abogada a Myriam Ardila de Brice\u00f1o, quien ejerci\u00f3 su defensa desde el 12 de octubre de 2015 hasta enero de 2017. <\/p>\n
2.2. Afirm\u00f3 que dicha togada solo actu\u00f3 una vez, solicitando pruebas que no ten\u00edan relaci\u00f3n con los intereses de la ejecutada, pedimento que no atendi\u00f3 el Juzgado, diferente a la forma en que resolvi\u00f3 las solicitudes elevadas por la parte demandante y adjudicataria del inmueble rematado. Pese a ello, dicha autoridad, al considerar que la representaci\u00f3n era suficiente y que se hab\u00eda respetado el derecho de contradicci\u00f3n, impuls\u00f3 el desalojo del predio. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 que posteriormente estuvo representada por diferentes abogados de pobreza que no ejercieron una defensa t\u00e9cnica y efectiva, por lo que desde la fecha de la declaratoria de nulidad hasta el reconocimiento del curador ad litem, el 4 de octubre de 2019, el proceso sigui\u00f3 su curso sin contar con una debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Inform\u00f3 que el 19 de noviembre de 2019, el togado Rodrigo Pombo Cajiao, impetr\u00f3 incidente de nulidad por indebida representaci\u00f3n. No obstante, el juzgado de peque\u00f1as causas accionado \u2013con providencia del 11 de febrero de 2022- lo declar\u00f3 improcedente por una \u00abfalta de diligencia de la ejecutada para ejercer su defensa en debida forma dentro del proceso, pues se recalca que a pesar de que este plenario en innumerables autos inst\u00f3 y requiri\u00f3 a la demandada a presentar sus solicitudes mediante apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
2.5. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidi\u00f3 apelaci\u00f3n. El mismo juzgado \u2013con prove\u00eddo del 23 de septiembre de 2022- mantuvo su postura. Y el Juzgado del Circuito censurado \u2013con auto del 13 de febrero de 2023- confirm\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2.6. En su sentir, los Juzgados cuestionados desestimaron que la ausencia de diligencia de la abogada no solo afect\u00f3 el resultado de sus intereses, que fue desfavorable, sino que tambi\u00e9n afect\u00f3 su derecho de contradicci\u00f3n, el cual nunca pudo ejercer plenamente por falta de una asesor\u00eda y un acompa\u00f1amiento id\u00f3neo en cada etapa procesal, que tambi\u00e9n vulner\u00f3 su garant\u00eda al debido proceso. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3 \u00abdejar sin efecto las providencias que resolvieron el incidente de nulidad, por indebida representaci\u00f3n, dictados por los accionados, y ordenarle al juzgado de primera instancia que dirima de nuevo la nulidad alegada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Cincuenta y Tres de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que las actuaciones al interior del proceso ejecutivo \u00abse realizaron con apego a las diferentes etapas procesales, siendo relevante manifestar que la quejosa fue notificada personalmente del mandamiento de pago el 5 de marzo de 2013; y, en vista de que no present\u00f3 oposici\u00f3n a las pretensiones, se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por auto de 14 de mayo de 2013\u00bb. Agreg\u00f3 que las diligencias de remate y entrega se encuentran culminadas conforme a lo resuelto en auto de 5 de mayo de 2016. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 implor\u00f3 no acoger en forma favorable las pretensiones de la quejosa, dado que \u00ablo transcurrido en la segunda instancia del proceso objeto de tutela, se ha encauso debidamente provey\u00e9ndose el pronunciamiento respectivo, sujetos a los derroteros legales, en salvaguarda del debido proceso de las partes e intervinientes, as\u00ed como en la autonom\u00eda que le reviste al juzgador para el estudio procesal y toma de decisiones sujetas a derecho, lo que deviene, en que este Despacho no ha trasgredido derecho fundamental alguno a la accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, el Tribunal \u00abse limit\u00f3 a citar lo decidido por los juzgados sin ninguna tratativa de las situaciones f\u00e1cticas y correspondientes al elemento material de los derechos vulnerados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sobre el particular, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
1.1. Ciertamente, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad -con prove\u00eddo del 13 de febrero de 2023-1 resolvi\u00f3 confirmar la improcedencia del incidente de nulidad por indebida representaci\u00f3n implorada. Para ello, comenz\u00f3 por expresar que la causal alegada no se configura en el proceso ejecutivo en raz\u00f3n a que \u00abla misma va enderezada a remediar la situaci\u00f3n cuando la persona demandada, comparece al proceso sin la debida representaci\u00f3n, sin embargo, en el presente asunto, la se\u00f1ora Ana Georgina Cardona, compareci\u00f3 personalmente y la misma confiri\u00f3 poder a un abogado de confianza\u00bb. Recalc\u00f3 que \u00abdicho abogado guard\u00f3 silencio dentro del traslado de la demanda conforme la normativa aplicable por lo que el despacho 71 Civil Municipal dicto el auto pertinente en la data del 14-05-13, esto dentro de los lineamientos procesales propios de los procesos ejecutivos\u00bb. <\/p>\n
1.2. Seguidamente, resalt\u00f3 que la accionante \u00abha presentado varios memoriales pretendiendo ser escuchada directamente, no obstante, por disposici\u00f3n legal en los procesos de menor y mayor cuant\u00eda se debe acudir a la jurisdicci\u00f3n con abogado, siendo permitido excepcionalmente por el Numeral 2\u00b0 del Art 28 del Decreto 196 de 1971 en concordancia con el Art 73 del CGP la defensa en nombre propio, circunstancia que aqu\u00ed no acontece\u00bb. <\/p>\n
1.3. Se\u00f1al\u00f3 que el despacho de origen, una vez se le dio a conocer el deceso del abogado de confianza de la demandada, \u00abprocur\u00f3 la salvaguarda de los derechos de la misma, design\u00e1ndole abogado de pobre, decretando la nulidad de lo actuado a partir del 12-12-14 e interrumpiendo el tr\u00e1mite procesal, mismo que se reanudo una vez se encontraba legalmente representada por la auxiliar Myriam Ardila, que si bien su actuaci\u00f3n no fue la m\u00e1s acertada en defensa de los intereses de la demandada, ello no quiere decir que no hubo debida representaci\u00f3n, como quiera que se reanud\u00f3 las actuaciones con dicha auxiliar de justicia y se continuo el regular tr\u00e1mite procesal conforme a los derroteros procesales pertinentes y m\u00e1xime que se dispuso el nombramiento de un nuevo abogado de pobre, quien representa actualmente a la Sra. Ana Georgina Cardona\u00bb. As\u00ed las cosas, confirm\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n
2. De lo expuesto, para esta Sala Civil y Agraria, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el Juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis probatorio, bajo una hermen\u00e9utica plausible y con argumentos que no lucen irrazonables ni carentes de fundamento objetivo. M\u00e1xime cuando respecto a la deficiente defensa t\u00e9cnica alegada por la gestora, esta Corporaci\u00f3n ha expresado que dicha circunstancia <\/p>\n
(\u2026) no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (CSJ STC, 22 ene. 1999, rad. 5715, CSJ STC3925-2017 reiterado en CSJ STC13941-2021). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, se debe destacar que el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente (ver en CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021). <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-27. Anexo 0003Anexos.pdf. <\/p>\n
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